Exfuncionario de Cenit denunció presiones para borrar información sobre contratos de empresa vinculada a familiar de Verónica Alcocer

🚨 Una nueva denuncia puso bajo cuestionamiento la contratación de servicios en el Grupo Ecopetrol, luego de que Kevin Jair Beltrán Rojas, antiguo trabajador de Cenit, filial de la petrolera estatal, asegurara que recibió presiones para eliminar registros, documentos y conversaciones relacionadas con contratos otorgados a Antropos Consultores S. A. S., empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la ex primera dama Verónica Alcocer. Según su testimonio, la solicitud habría sido realizada por una directiva de la compañía y su negativa habría desencadenado una serie de decisiones laborales que terminaron con su traslado y posterior despido. Cenit, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que se hubiera impartido una instrucción de esa naturaleza.

El exfuncionario relató que los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026, cuando fue citado a una reunión con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. De acuerdo con su versión, antes de ingresar a la oficina le solicitaron dejar su teléfono celular en otro espacio, bajo el argumento de que tratarían un asunto confidencial.

Durante el encuentro, según Beltrán, le hablaron de contratos que habían sido entregados a una persona cercana al Gobierno del expresidente Gustavo Petro y le pidieron colaborar para eliminar cualquier registro que tuviera sobre esos negocios. El objetivo, de acuerdo con lo que denunció, habría sido evitar que quedaran rastros de la contratación de la empresa relacionada con el familiar de Alcocer.

Beltrán aseguró que se negó a cumplir la solicitud porque consideraba que la información debía conservarse. Posteriormente, afirmó que fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición, situación que interpretó como una consecuencia de su decisión.

Los contratos de Antropos Consultores

La empresa mencionada en la denuncia es Antropos Consultores S. A. S., sociedad constituida el 24 de abril de 2024 con un capital inicial de 25 millones de pesos. En sus registros, Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente.

Según la información conocida durante la investigación periodística, los activos de la compañía pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a cerca de 1.983 millones al finalizar 2025, lo que representa un crecimiento considerable en ese periodo.

En relación con sus negocios con el Grupo Ecopetrol, Cenit reconoció que Antropos prestó servicios durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., empresa contratada para desarrollar programas de formación. En particular, Antropos habría participado en la ejecución del programa denominado Negociación Consciente, entre septiembre y diciembre de ese año.

Además, la firma aparece vinculada en Ecopetrol al contrato 5207277, por un valor de 75 millones de pesos, relacionado con servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial.

Por su parte, Alberto Merlano Alcocer confirmó que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol durante 2024, los cuales, según indicó, le generaron ingresos por 157 millones de pesos en un periodo de seis meses. El familiar de la ex primera dama defendió la contratación al señalar que respondía a su trayectoria profesional y explicó que los servicios se prestaron a través de una empresa debido a las sanciones que había recibido de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de la competencia.

Cenit rechazó las acusaciones del exfuncionario

Ante los señalamientos, la filial de Ecopetrol negó que alguna de sus directivas hubiera solicitado a Kevin Beltrán eliminar información relacionada con los contratos de Antropos Consultores. La empresa aseguró que esa instrucción no se impartió ni durante la reunión del 15 de enero de 2026 ni en otra fecha.

Cenit también explicó que la gestión de los procesos contractuales corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que, según su versión, Beltrán no tenía acceso a la administración de esa información.

Frente a su desvinculación laboral, la compañía señaló que la terminación del contrato y el vencimiento del periodo de protección relacionado con una negociación sindical fueron acontecimientos diferentes. Por ello, sostuvo que la cercanía entre ambas fechas no demuestra que el despido estuviera relacionado con las denuncias del extrabajador.

Denunció persecución y acudió a organismos nacionales e internacionales

Beltrán manifestó que, después de negarse a eliminar los registros, su situación laboral comenzó a cambiar. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, terminó el 31 de julio de 2026 y, el 10 de agosto, recibió la notificación de su desvinculación.

Tras intentar obtener su reintegro mediante una acción de tutela que no prosperó, presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expuso los hechos que considera una persecución por no haber acatado la presunta instrucción.

El exfuncionario también contó que atravesaba una situación económica difícil junto con su familia. Según relató, en noviembre de 2025 sufrieron un desplazamiento forzado y perdieron la inversión que tenían en una finca ganadera donde residían.

Auditoría sobre los negocios del entorno de Verónica Alcocer

El caso se conoce mientras avanzan revisiones sobre contratos y relaciones dentro del Grupo Ecopetrol que involucran a personas cercanas al entorno de la ex primera dama. La participación de Alberto Merlano Alcocer en negocios con empresas vinculadas a la petrolera forma parte de los asuntos que han despertado cuestionamientos y que están siendo examinados mediante una auditoría forense.

Por ahora, existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en la reunión denunciada por Beltrán: mientras el exfuncionario sostiene que recibió presiones para borrar información contractual, Cenit niega que esa solicitud se hubiera realizado. La documentación sobre los contratos, las decisiones laborales y las comunicaciones mencionadas será relevante para establecer qué ocurrió.

La denuncia abre nuevos interrogantes sobre los procedimientos de contratación en las empresas del Grupo Ecopetrol y los posibles vínculos de personas cercanas a figuras del anterior Gobierno con negocios financiados mediante recursos de la compañía. Las autoridades tendrán que determinar si existieron irregularidades y si las actuaciones denunciadas pueden dar lugar a responsabilidades.