Gobierno advierte que Colombia podría enfrentar un incumplimiento de sus obligaciones financieras si no se aprueba la Ley de Rescate Fiscal

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendieron la denominada Ley de Rescate Económico y advirtieron sobre las consecuencias que, según el Gobierno, podría enfrentar Colombia si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de finalizar 2026. Los funcionarios señalaron que el país necesita realizar un ajuste en sus finanzas públicas para garantizar los recursos del Estado durante el próximo año y evitar dificultades en el cumplimiento de sus compromisos económicos.

En entrevistas concedidas a medios nacionales, Restrepo aseguró que el Gobierno está dispuesto a asumir el costo político que implique impulsar esta propuesta, pues considera que la situación fiscal requiere decisiones urgentes. El vicepresidente afirmó que, si el proyecto no avanza antes de terminar el año, Colombia podría entrar en un escenario de default en 2027, término que hace referencia a la imposibilidad o dificultad de cumplir oportunamente con las obligaciones financieras.

Según explicó, esa situación podría afectar el pago de los salarios de los servidores públicos y la financiación de diferentes programas estatales. Por su parte, el ministro Miguel Gómez sostuvo que el país necesita cubrir un déficit de entre 80 y 90 billones de pesos y que, sin un ajuste, el Gobierno tendría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación y mantener el funcionamiento de las instituciones.

Recortes al gasto público y venta de activos

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es que, de acuerdo con los funcionarios, el 70 % del ajuste fiscal provendría de medidas aplicadas al propio Estado. Entre ellas se encuentran la reducción de gastos burocráticos, la disminución de contratos de prestación de servicios, la revisión de transferencias y fondos públicos, así como la venta de bienes estatales que actualmente representan costos de mantenimiento.

El ministro de Hacienda explicó que el proyecto contempla reducir en un 50 % los recursos destinados a contratos de prestación de servicios durante 2027. También se propone revisar los gastos de funcionamiento de las entidades y limitar el crecimiento de las compras estatales, además de evaluar más de 250 transferencias para identificar posibles ineficiencias en la distribución de los recursos.

Dentro de las alternativas para obtener ingresos adicionales está la venta de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre los bienes mencionados por Gómez se encuentran embarcaciones, aeronaves, bodegas, apartamentos y centros comerciales que, según indicó, generan gastos para el Estado.

Cambios tributarios y devolución del IVA

El 30 % restante del ajuste estaría relacionado con modificaciones tributarias y mayores contribuciones de los sectores con mayor capacidad económica. La propuesta contempla cambios en las tarifas del IVA para algunos productos que actualmente tienen una tasa reducida del 5 %, entre ellos café, azúcar, aceites y pastas, que pasarían a estar gravados con la tarifa general del 19 %.

Sin embargo, el Gobierno plantea acompañar estos cambios con un mecanismo de devolución del impuesto para los hogares de menores ingresos. Según las cifras presentadas por los funcionarios, cerca de 19 millones de personas podrían recibir la devolución total del IVA, mientras que otras 16,5 millones accederían a una compensación de hasta el 50 % de lo pagado. En conjunto, el mecanismo alcanzaría a aproximadamente 36,5 millones de colombianos.

La devolución comenzaría a implementarse en enero de 2028 y utilizaría herramientas como la factura electrónica y los medios de pago digitales para identificar a los beneficiarios. También se contemplan alternativas para las personas que no tengan acceso a estos mecanismos.

En materia de impuesto de renta, la iniciativa propone ampliar el grupo de personas naturales obligadas a declarar, incluyendo a quienes reciban ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales. Al mismo tiempo, plantea reducir gradualmente la tarifa de renta para las empresas, del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028.

El proyecto también incluye modificaciones en los aportes al sistema de salud. De acuerdo con lo expuesto por el ministro, quienes reciban hasta dos salarios mínimos conservarían el aporte del 4 %, mientras que para los ingresos superiores se establecería un incremento progresivo hasta alcanzar el 8 %. Gómez estimó que las medidas permitirían destinar cerca de 30 billones de pesos adicionales al sistema de salud.

El futuro del proyecto en el Congreso

El Gobierno busca que la Ley de Rescate Económico sea aprobada antes de que termine 2026, por lo que el trámite legislativo será determinante para su entrada en vigencia. Aunque inicialmente el Ejecutivo optó por el procedimiento ordinario, el ministro de Hacienda dejó abierta la posibilidad de solicitar un mensaje de urgencia si los tiempos del Congreso no permiten avanzar con la rapidez esperada.

La iniciativa, que fue presentada ante la Cámara de Representantes, reúne propuestas de reducción del gasto público, cambios en los impuestos y mecanismos de compensación para determinados sectores de la población. Su discusión también ha generado reparos entre integrantes de distintas colectividades políticas, especialmente por los posibles efectos de las modificaciones tributarias sobre los hogares y los consumidores.

Mientras el Gobierno insiste en que el proyecto es necesario para evitar mayores dificultades en las finanzas nacionales, su aprobación dependerá del debate y las decisiones que adopte el Congreso. Por ahora, Restrepo y Gómez mantienen el llamado a respaldar la propuesta y advierten que no contar con esos recursos podría comprometer la financiación del Estado durante 2027.