Iván Cepeda anuncia acciones judiciales contra Abelardo de la Espriella y llevará sus denuncias ante autoridades de Estados Unidos

El senador Iván Cepeda anunció nuevas acciones judiciales contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien señaló de presuntos vínculos con personas relacionadas con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista aseguró que acudirá a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y que también enviará los documentos y hallazgos de su investigación a las autoridades de Estados Unidos, teniendo en cuenta que el mandatario cuenta con ciudadanía de ese país.

El anuncio fue realizado el lunes 2 de noviembre, luego del debate de control político que Cepeda adelantó el 27 de octubre en el Senado, centrado en lo que denominó una posible “contrarreforma agraria” durante el actual Gobierno. Según explicó, la investigación reúne documentos relacionados con operaciones empresariales, movimientos de tierras, registros inmobiliarios, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales que, a su juicio, permitirían identificar posibles conexiones entre capitales ilegales, negocios rurales y funcionarios del sector agropecuario.

Cepeda manifestó que presentará una denuncia contra De la Espriella por el presunto delito de concierto para delinquir en beneficio de narcotraficantes y grupos paramilitares. Además, anunció actuaciones disciplinarias y penales relacionadas con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a quien atribuyó posibles irregularidades como fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado.

Los señalamientos sobre negocios y relaciones empresariales

Durante su intervención en el Senado, el congresista expuso varios casos que, según su investigación, mostrarían relaciones comerciales y societarias entre personas vinculadas al entorno empresarial de De la Espriella y otras señaladas por actividades relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Uno de los asuntos mencionados fue la empresa Dominio De la Espriella, distribuidora de Ron Defensor. Cepeda aseguró que una parte importante de sus aportes de capital habría provenido de familiares y compañías relacionadas con Hugues Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de “Barbie”, quien fue condenado por narcotráfico y promoción de grupos paramilitares.

También hizo referencia a Daniel Peñarredonda, antiguo socio de la firma De la Espriella Lawyers, a quien relacionó con una acusación federal en Tampa, Florida, por un caso de lavado de activos. A partir de estos antecedentes, el senador pidió que se examinen las operaciones empresariales y las relaciones que, según su denuncia, podrían superar el ámbito de la representación jurídica.

El congresista aclaró que su exposición se apoyó en siete casos y diferentes hechos documentales que considera relevantes para solicitar investigaciones. A ese conjunto de relaciones entre capitales ilegales, propiedades rurales y estructuras de poder lo denominó “narcorrentismo”.

Las denuncias también apuntan al sector de tierras

Otro de los ejes del debate fue la política de administración y recuperación de predios rurales. Cepeda cuestionó decisiones relacionadas con bienes sometidos a procesos de extinción de dominio, restitución de tierras y adjudicación de terrenos, al considerar que podrían existir conflictos de interés dentro de algunas entidades estatales.

En ese contexto, mencionó la participación de antiguos integrantes de la firma De la Espriella Lawyers en cargos públicos vinculados con la administración de activos y la gestión de tierras. Según el senador, habría identificado a 14 funcionarios cuyas trayectorias profesionales o comerciales podrían tener relación con personas o empresas mencionadas durante su investigación.

Entre las entidades señaladas aparecen la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras. Cepeda anunció que solicitará a los organismos de control revisar posibles conflictos de interés y actuaciones administrativas relacionadas con predios y bienes bajo responsabilidad del Estado.

Asimismo, cuestionó la congelación de recursos destinados a la compra de tierras para campesinos y algunas decisiones del Ministerio de Agricultura que, desde su perspectiva, afectarían los procesos de acceso y restitución de predios rurales.

La información será remitida a Estados Unidos

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la decisión de trasladar los hallazgos de la investigación a autoridades estadounidenses. Cepeda explicó que esta determinación está relacionada con la ciudadanía estadounidense que De la Espriella habría adquirido en febrero de 2023.

El senador indicó que enviará los documentos y soportes recopilados a las autoridades de ese país y a congresistas demócratas, con el propósito de que se evalúe si existen hechos que puedan ser investigados dentro de su jurisdicción.

La iniciativa busca ampliar el alcance de las denuncias más allá de las instituciones colombianas y solicitar que los organismos competentes revisen la información presentada. Sin embargo, el envío de documentos no significa que las autoridades estadounidenses hayan abierto una investigación ni que exista una decisión judicial sobre los señalamientos.

El ministro de Justicia pidió que se presenten pruebas

Las acusaciones también provocaron una reacción desde el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió que los señalamientos formulados por Cepeda estén respaldados por pruebas verificables y sostuvo que las denuncias políticas no pueden reemplazar las actuaciones judiciales ni desconocer la presunción de inocencia.

El funcionario cuestionó que se utilicen documentos empresariales, escrituras y relaciones comerciales como elementos concluyentes de responsabilidad penal sin que exista una valoración de las autoridades judiciales. También afirmó que el Gobierno está dispuesto a entregar los soportes de sus propias denuncias ante las entidades competentes.

El enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella se suma a las tensiones políticas alrededor de la política agraria, la administración de bienes incautados y las relaciones entre el sector privado y las instituciones estatales.

Por ahora, las acciones anunciadas por el senador deberán avanzar ante las instancias correspondientes, que tendrán la responsabilidad de evaluar los documentos, determinar si existen elementos para abrir investigaciones y establecer eventuales responsabilidades. Los señalamientos contra el presidente y el ministro no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.