EPM denuncia extorsiones millonarias contra Hidroituango y revela amenazas al Metro y la Alcaldía de Medellín

Una serie de amenazas y exigencias económicas atribuidas a estructuras armadas ilegales puso en alerta a Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que la compañía revelara que el proyecto Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín habrían sido señalados como objetivos de intimidaciones por parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Según un documento enviado por la empresa a la Cámara de Representantes, las exigencias alcanzaron los 5.000 millones de pesos como pago inicial y otros 500 millones mensuales a cambio de no atentar contra estas infraestructuras. 🚨

La información fue conocida a través de una comunicación remitida el 28 de octubre de 2026 por el área de Seguridad de EPM al Congreso, como respuesta a una invitación para participar en un debate de control político sobre la situación de orden público y los riesgos para la infraestructura estratégica en Medellín y Antioquia.

De acuerdo con el informe, las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta los primeros meses de 2026. La compañía señaló que, para presionar el pago de las extorsiones, integrantes del Frente 36 habrían instalado dos cilindros explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. Como consecuencia de estos hechos, un sargento del Ejército perdió la vida y un soldado resultó herido.

La situación también habría afectado el funcionamiento logístico del proyecto hidroeléctrico, que permaneció cerca de una semana sin recibir carga crítica necesaria para sus actividades. EPM indicó que las exigencias fueron puestas en conocimiento del Gaula de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El Metro y la Alcaldía también habrían sido amenazados

Uno de los aspectos más delicados revelados en el documento es que las intimidaciones no estaban dirigidas únicamente contra Hidroituango. Según EPM, el Frente 36 también habría mencionado al Metro de Medellín y a la Alcaldía de la ciudad dentro de las amenazas relacionadas con las exigencias económicas.

La revelación generó preocupación por los posibles riesgos sobre la infraestructura de transporte y las instituciones públicas de la capital antioqueña, especialmente por tratarse de servicios esenciales para millones de personas.

En el mismo reporte, EPM relacionó otros hechos violentos contra la infraestructura energética. La empresa informó sobre atentados contra tres torres de transmisión ubicadas en Medellín y Bello, además de sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango durante marzo de 2026.

Ante las condiciones de seguridad, la compañía tuvo que restringir temporalmente el ingreso de sus trabajadores a sectores rurales de Briceño y al menos 17 veredas, con el propósito de proteger al personal que desarrolla labores técnicas y operativas en la zona.

Alertas por el control territorial del Clan del Golfo

El informe presentado al Congreso también expone las dificultades que enfrenta EPM en territorios donde tiene presencia el Clan del Golfo, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño.

La compañía advirtió que, durante los acuerdos de Doha, suscritos en diciembre de 2025 entre el Gobierno nacional y esa organización armada, se habrían fortalecido mecanismos de control territorial que afectaron el desarrollo de sus actividades.

Según la comunicación, integrantes de esta estructura imponían permisos escritos para permitir el ingreso de trabajadores a determinadas zonas, realizaban retenciones y expulsaban cuadrillas que adelantaban labores relacionadas con la prestación de servicios públicos.

EPM señaló que, tras la terminación de esos acuerdos y el retorno de las operaciones militares contra el grupo, se presentaron nuevos paros armados y bloqueos que incrementaron los riesgos para sus empleados, las inversiones y la continuidad de sus operaciones en diferentes municipios.

La empresa también advirtió sobre situaciones relacionadas con el suministro de agua en el sector de Granizal, en Bello. De acuerdo con el reporte y las alertas de la Defensoría del Pueblo, estructuras criminales estarían cobrando por el acceso al agua cruda y revendiendo agua potable a comunidades que no cuentan con conexión convencional al acueducto.

Además, se mencionaron amenazas contra conductores de carrotanques y líderes sociales que han intervenido frente a las conexiones ilegales y las irregularidades en la distribución del recurso hídrico.

Minería ilegal también amenaza la infraestructura energética

Otro de los problemas expuestos por EPM está relacionado con el crecimiento de la minería ilegal en las áreas de influencia de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III.

La compañía reportó la identificación de 26 socavones, una draga y dos campamentos en los que habría aproximadamente 124 personas desarrollando actividades mineras. Estas intervenciones representan riesgos para el entorno de las centrales, debido a las posibles afectaciones sobre los terrenos, los cauces y la estabilidad de las zonas intervenidas.

En estos territorios, según la empresa, tienen presencia estructuras como el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que disputan el control de economías ilegales.

Piden reforzar la seguridad en Antioquia

Las denuncias de EPM fueron presentadas como insumo para un debate de control político en la Cámara de Representantes, en el que se busca analizar las condiciones de seguridad del departamento y las amenazas que enfrentan los proyectos de infraestructura pública.

La información pone de manifiesto los desafíos que afrontan las empresas de servicios públicos para garantizar sus operaciones en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, extorsiones, minería ilegal y restricciones a la movilidad de sus trabajadores.

El caso también reabre la discusión sobre la protección de infraestructuras consideradas estratégicas para el país, como Hidroituango, las redes de transmisión eléctrica y el sistema Metro de Medellín, cuya operación resulta fundamental para el suministro de energía y la movilidad de la población.

Mientras las autoridades avanzan en las acciones de seguridad e investigación, EPM mantiene la alerta sobre las condiciones de riesgo en diferentes territorios de Antioquia y la necesidad de garantizar que sus trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin intimidaciones ni presiones de organizaciones ilegales.