Hernán Cadavid defiende la Ley de Sometimiento y advierte que su aplicación dependerá de una política de seguridad efectiva

⚖️ La aprobación de la nueva Ley de Sometimiento representa un cambio en la estrategia del Gobierno nacional frente a las organizaciones criminales. Así lo sostuvo el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien tuvo un papel central en el trámite legislativo de la iniciativa y aseguró que el país pasa de un modelo de negociación con grupos armados a un mecanismo en el que el Estado establece las condiciones para que sus integrantes se sometan a la justicia.

En entrevista con El Colombiano, el congresista explicó que la norma busca ofrecer una alternativa jurídica a quienes decidan abandonar las estructuras ilegales, entregar información y cumplir los compromisos establecidos con las autoridades. Sin embargo, insistió en que no se trata de un acuerdo de paz ni de una negociación política, sino de un procedimiento de sometimiento ante la justicia ordinaria.

Según Cadavid, uno de los principales propósitos de esta legislación es responder a problemas que afectan directamente a la población, como la extorsión, los secuestros y los atentados terroristas. En su opinión, el anterior modelo de paz total no consiguió los resultados esperados en materia de seguridad y permitió que diferentes organizaciones armadas continuaran fortaleciendo sus capacidades.

¿Qué beneficios contempla la nueva ley?

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa son las reducciones de las penas para quienes cumplan las condiciones del proceso. De acuerdo con la explicación del senador, los cabecillas de las organizaciones podrían acceder a una rebaja de hasta el 30 % de sus condenas, mientras que los integrantes que no ocupen posiciones de mando podrían obtener reducciones de hasta el 50 %.

Estos beneficios estarían condicionados al cumplimiento de compromisos con la justicia, entre ellos la colaboración para desmontar las estructuras criminales y la contribución a la reparación de las víctimas.

Cadavid también aclaró que la norma no contempla excarcelaciones automáticas ni la suspensión de órdenes de captura o procesos de extradición. Además, aseguró que quienes hayan participado anteriormente en procesos de justicia transicional no podrán acceder a los beneficios establecidos en este nuevo mecanismo.

Otro de los puntos destacados es la exclusión de beneficios para los responsables del reclutamiento de menores de edad, especialmente cuando las víctimas son niños y niñas menores de 14 años.

Las víctimas tendrán participación en el proceso

El congresista defendió que la nueva legislación incorpora mecanismos para evitar que las personas afectadas por los grupos armados queden relegadas durante los procedimientos judiciales.

Según explicó, las víctimas tendrán participación directa en el proceso y sus observaciones serán tenidas en cuenta al momento de evaluar la concesión de beneficios a los postulados. Aunque su posición no constituye un veto automático, Cadavid señaló que la falta de satisfacción de sus derechos y las inconformidades expresadas ante la justicia pueden dificultar que el procesado obtenga las reducciones de pena.

Asimismo, indicó que las personas afectadas estarán cobijadas por la Ley de Víctimas para efectos de reparación, protección y reconocimiento de sus derechos.

El senador también respondió a los cuestionamientos del magistrado Alejandro Ramelli, expresidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien había señalado posibles similitudes entre algunos beneficios de ambos modelos. Cadavid sostuvo que se trata de mecanismos diferentes, pues la nueva ley no crea una jurisdicción especial ni reemplaza los procedimientos de la justicia ordinaria.

La seguridad será determinante para que funcione

Pese a defender la aprobación de la iniciativa, el senador reconoció que la ley por sí sola no garantiza la desarticulación de las organizaciones criminales. Según manifestó, su efectividad dependerá de que el Gobierno implemente una política de seguridad consistente, con presencia de la Fuerza Pública y acciones diferenciadas de acuerdo con las problemáticas de cada territorio.

Entre las medidas que considera necesarias mencionó la erradicación de cultivos ilícitos, la lucha contra la extorsión y las acciones para impedir el reclutamiento de menores. También anticipó que el Gobierno presentará al Congreso un estatuto antiterrorista como parte de los instrumentos que busca implementar para enfrentar a las estructuras ilegales.

La posición de Cadavid es que las organizaciones que decidan someterse deberán cumplir las condiciones establecidas por el Estado, mientras que aquellas que rechacen esa posibilidad tendrán que enfrentar la acción de las autoridades.

Centro Democrático también fija posición frente a la reforma fiscal

Durante la entrevista, el senador se refirió a la discusión de la Ley de Rescate Fiscal y a las conversaciones que su partido ha sostenido con el expresidente Álvaro Uribe y expertos económicos para definir una postura frente al proyecto.

Cadavid explicó que la colectividad creó una subcomisión encargada de dialogar con el Gobierno y presentar observaciones sobre las medidas tributarias propuestas. Entre sus principales reparos mencionó la posibilidad de modificar el IVA de alimentos, bebidas, café y productos relacionados con la cadena de abastecimiento agropecuario, debido al impacto que podrían tener esos cambios sobre los consumidores y el sector productivo.

En contraste, señaló que el partido considera necesario avanzar primero en una reducción más profunda del gasto público, la burocracia y los costos de funcionamiento del Estado antes de implementar nuevos gravámenes sobre productos de consumo.

La bancada del Centro Democrático tenía previsto continuar el análisis y definir una posición frente a la iniciativa en una nueva reunión.

La aprobación de la Ley de Sometimiento marca así un nuevo capítulo en la política de seguridad del Gobierno. No obstante, como reconoció el propio Cadavid, el verdadero desafío estará en llevar sus disposiciones a la práctica, garantizar los derechos de las víctimas y conseguir que las organizaciones criminales efectivamente abandonen sus actividades ilegales.