Contraloría pone bajo la lupa $4,1 billones destinados a Equipos Básicos de Salud: cobertura no habría alcanzado el 40 % de la población prevista

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud (EBS), uno de los programas centrales de la estrategia de atención primaria impulsada por el Gobierno nacional. Un informe del organismo de control advierte dificultades para establecer con claridad cómo se utilizaron los dineros asignados y qué resultados se obtuvieron en los territorios, pese a que las transferencias superaron los 4,1 billones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos conocidos por Noticias RCN y divulgados por El Colombiano, entre diciembre de 2022 y junio de 2026 un total de 2.927 entidades recibieron recursos para financiar estos equipos. Sin embargo, la información disponible no permite reconstruir de manera precisa el recorrido de todo el dinero ni comprobar plenamente si la atención llegó a las comunidades que estaban contempladas como beneficiarias.

Los Equipos Básicos de Salud están conformados por profesionales y trabajadores del sector, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios. Su propósito es llevar servicios de prevención, promoción y atención primaria directamente a los hogares y comunidades, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde el acceso a los centros médicos puede ser limitado.

Cifras millonarias y recursos pendientes de ejecución

El reporte técnico de la Contraloría señala que las asignaciones realizadas a las entidades superaron los $4,1 billones durante el periodo evaluado. De ese total, los pagos efectuados se acercaron a los $3,9 billones, mientras que los compromisos reportados por las instituciones sumaron aproximadamente $1,5 billones.

Adicionalmente, el informe identificó reintegros por $15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones. Estas cifras evidencian la necesidad de revisar cómo avanzó la utilización de los recursos y qué parte de la financiación se tradujo efectivamente en actividades y servicios para la población.

La diferencia entre los montos asignados, pagados, comprometidos y pendientes de ejecución es uno de los aspectos que requiere mayor seguimiento. Para el organismo de control, es necesario contar con información verificable que permita determinar qué entidades desarrollaron las actividades previstas y cuál fue el destino de los dineros transferidos.

Los equipos habrían llegado a menos del 40 % de la población prevista

Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con la cobertura del programa. La Contraloría encontró indicios de que los Equipos Básicos de Salud aprobados y financiados habrían alcanzado a menos del 40 % de la población que se tenía proyectada atender.

Esto significa que existiría una diferencia considerable entre la cantidad de personas que se esperaba beneficiar y aquellas que posiblemente recibieron los servicios de los equipos en sus territorios. La cifra plantea interrogantes sobre la capacidad de implementación del programa y la efectividad de los recursos destinados a fortalecer la atención primaria.

No obstante, el porcentaje corresponde a indicios identificados por el organismo de control y no debe interpretarse como una medición definitiva de todos los servicios prestados en el país. Precisamente, las dificultades en los registros impiden establecer con mayor exactitud el alcance real de la estrategia.

Problemas en los sistemas de información dificultan el seguimiento

La Contraloría también identificó debilidades en la calidad, oportunidad y consistencia de los datos que las entidades responsables deben reportar en diferentes plataformas institucionales.

Entre los sistemas mencionados se encuentran el SECOP, utilizado para registrar información relacionada con la contratación pública; el SIAPS y el SISPRO, herramientas de información del sector salud.

Según el reporte, las inconsistencias y los retrasos en el cargue de información dificultan verificar los movimientos financieros, las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por los Equipos Básicos de Salud. Esta situación limita la posibilidad de establecer con precisión cómo se ejecutaron los recursos y si las instituciones cumplieron los objetivos para los cuales recibieron financiación.

La falta de información completa también complica la identificación de posibles diferencias entre los servicios reportados y la atención que realmente llegó a las comunidades.

La Contraloría pide fortalecer la vigilancia de los recursos

Ante este panorama, el organismo de control considera necesario reforzar el seguimiento financiero y operativo del programa, con el propósito de establecer cuánto dinero se ha ejecutado, qué actividades se han realizado y cuál ha sido la cobertura efectiva en las diferentes regiones del país.

El caso pone nuevamente bajo discusión la ejecución de los recursos públicos destinados al sistema de salud y la necesidad de que las inversiones se reflejen en servicios concretos para la ciudadanía. Aunque los Equipos Básicos de Salud fueron concebidos para acercar la atención médica a las comunidades más apartadas, los hallazgos muestran que todavía existen dificultades para comprobar el alcance de la estrategia y el uso de los recursos asignados.

Por ahora, la información conocida no establece por sí sola que exista apropiación irregular del dinero ni identifica responsables de un posible detrimento patrimonial. Lo que advierte la Contraloría son dificultades de trazabilidad, ejecución y cobertura que requieren verificaciones adicionales para determinar qué ocurrió con los más de $4,1 billones destinados al programa.