Reclutamiento de menores aumentó 152 % y los registros de terrorismo se cuadruplicaron durante los primeros 90 días del Gobierno de De la Espriella

El balance de seguridad de los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella muestra un incremento en varios indicadores relacionados con la violencia y la actividad de los grupos armados ilegales en Colombia. Entre los datos que más llaman la atención se encuentra el aumento del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, que pasó de 52 a 131 registros, así como el crecimiento de los casos de terrorismo, que subieron de 84 a 339, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

El informe compara el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 con los mismos días del Gobierno de Gustavo Petro. Los resultados reflejan un panorama con comportamientos diferentes: mientras aumentaron los hechos relacionados con el confinamiento, el secuestro, la extorsión y las afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública, otros indicadores, como los hurtos, el desplazamiento y las masacres, registraron disminuciones.

Aumentó el reclutamiento de menores y el confinamiento de comunidades

Uno de los datos más preocupantes corresponde al reclutamiento ilícito de menores de edad. Durante los primeros tres meses de la actual administración se contabilizaron 131 casos, frente a los 52 registrados en el periodo de comparación, lo que representa un incremento del 152 %.

La situación también se refleja en el número de personas afectadas por el confinamiento, una problemática que impide a las comunidades desplazarse libremente por sus territorios debido a la presencia de grupos armados, amenazas, enfrentamientos y restricciones impuestas por estructuras ilegales. Según el Ministerio de Defensa, la cifra pasó de 8.436 a 21.482 personas, un aumento del 155 %.

Por su parte, los registros de terrorismo crecieron de 84 a 339, lo que equivale a una variación del 304 %. También apareció un indicador de control criminal que pasó de no registrar casos en el periodo anterior a contabilizar 34 durante los primeros 90 días del nuevo Gobierno.

En contraste, el desplazamiento individual y masivo disminuyó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54 %. Las amenazas individuales y colectivas también bajaron, al pasar de 117 a 91 registros, mientras que los enfrentamientos entre actores criminales descendieron de 48 a 27.

Homicidios contra la población y ataques a la Fuerza Pública

Otro de los aspectos incluidos en el balance tiene que ver con los homicidios relacionados con la actividad de los grupos armados organizados. Aunque el total de homicidios intencionales presentó una reducción del 4,6 %, al pasar de 3.303 a 3.151 casos, algunas modalidades mostraron incrementos considerables.

Los homicidios de personas atacadas por grupos armados organizados aumentaron de 124 a 515, lo que representa un crecimiento del 315,3 %. Asimismo, los hechos clasificados como enfrentamientos entre estructuras criminales pasaron de 15 a 85, mientras que los homicidios asociados con enfrentamientos entre grupos armados organizados subieron de 16 a 26.

Las afectaciones contra integrantes de la Fuerza Pública también encendieron las alertas. El consolidado reportó 38 uniformados asesinados y 213 heridos durante el periodo analizado. De ese total, el Ejército Nacional registró 21 militares muertos y 131 lesionados; la Policía Nacional contabilizó 16 uniformados asesinados y 78 heridos, mientras que la Armada reportó un integrante fallecido y cuatro lesionados.

Estas cifras incluyen las consecuencias del ataque con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, donde murieron tres militares y otros 16 resultaron heridos.

Operaciones contra el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

El reporte también presentó resultados de las operaciones adelantadas contra las principales estructuras armadas ilegales del país. En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las afectaciones pasaron de 120 a 294, un incremento del 145 %. Las capturas de integrantes de esa guerrilla aumentaron de 99 a 238, mientras que los miembros muertos en operaciones militares pasaron de tres a 41.

Frente a los grupos armados organizados residuales, las afectaciones subieron de 406 a 469, lo que representa un crecimiento del 16 %. Sin embargo, las cifras correspondientes al Clan del Golfo mostraron un comportamiento diferente: las afectaciones a esa estructura disminuyeron de 707 a 321, una reducción del 55 %.

Al reunir los resultados operacionales contra los diferentes grupos armados organizados, el balance pasó de 1.233 a 1.187 registros, lo que representa una disminución general del 4 %.

Más incautaciones de cocaína, pero menor erradicación de cultivos ilícitos

En la lucha contra las economías ilegales también se presentaron resultados contrastantes. La incautación de clorhidrato de cocaína aumentó de 146.406 a 196.559 kilogramos, un crecimiento del 34 %. En las operaciones internacionales, los decomisos pasaron de 65.053 a 114.452 kilogramos, lo que representa un incremento del 76 %.

Las acciones contra la minería ilegal también mostraron aumentos. Las minas intervenidas pasaron de 531 a 1.700, mientras que la incautación de maquinaria amarilla subió de 77 a 223 unidades.

No obstante, la erradicación de cultivos ilícitos presentó una reducción del 66 %, al pasar de 13.696 a 4.591 hectáreas. La destrucción de laboratorios para la producción de drogas disminuyó de 1.519 a 1.105, mientras que los decomisos de pasta y base de coca bajaron un 23 % y los de hoja de coca un 34 %.

Secuestro y extorsión aumentaron, mientras disminuyeron los hurtos

En materia de delitos contra la libertad y el patrimonio, el secuestro pasó de 54 a 84 casos, un incremento del 56 %. La extorsión también presentó un aumento, aunque más moderado, al pasar de 2.437 a 2.571 registros, equivalente al 5 %.

Por otro lado, la trata de personas registró una reducción del 79 %, al pasar de 241 a 50 casos. Los hurtos a personas disminuyeron de 103.329 a 56.030, mientras que los robos a establecimientos comerciales bajaron de 11.900 a 5.501 y los hurtos a residencias pasaron de 9.801 a 5.343.

Las masacres también presentaron una disminución: los casos bajaron de 27 a 22 y el número de víctimas pasó de 101 a 72, una reducción del 29 %.

Un balance con resultados contrastantes

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que los primeros tres meses de la administración de Abelardo de la Espriella estuvieron acompañados de aumentos importantes en problemáticas como el reclutamiento de menores, el confinamiento, el terrorismo y las afectaciones a la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, se registraron reducciones en delitos como el hurto, la trata de personas y el desplazamiento.

Los datos permiten comparar el comportamiento de distintos indicadores durante dos periodos de gobierno, pero por sí solos no determinan las causas de cada variación ni permiten atribuir todos los cambios a las decisiones de una administración. Para evaluar el impacto de la política de seguridad será necesario observar su evolución durante un periodo más amplio y analizar las condiciones territoriales y las acciones de los grupos armados.

El balance vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente frente a la protección de niños, niñas y adolescentes, la libertad de las comunidades rurales y las garantías para los integrantes de la Fuerza Pública.