Empresas podrán terminar contratos de aprendices del SENA durante el período de prueba: Consejo de Estado reactivó esta posibilidad

Una decisión del Consejo de Estado abrió nuevamente la posibilidad de que las empresas den por terminados contratos de aprendizaje durante un período de prueba, una medida que podría afectar a miles de estudiantes vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a otras instituciones educativas. El alto tribunal suspendió provisionalmente la norma que impedía establecer esta condición en los contratos, al considerar que el Gobierno habría excedido sus facultades al eliminar una posibilidad contemplada en la legislación laboral.

La determinación se produjo el 10 de noviembre de 2026, en medio de una demanda de nulidad contra una disposición del Decreto 223 de 2026, mediante el cual el Gobierno reglamentó aspectos relacionados con los contratos de aprendizaje. La decisión permite que empleadores y aprendices acuerden por escrito un período inicial de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado el vínculo sin previo aviso, siempre que se respeten las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

La noticia genera preocupación entre los estudiantes que actualmente desarrollan su etapa práctica en empresas, debido a que esta posibilidad podría facilitar la terminación de algunos contratos. Sin embargo, el pronunciamiento judicial no significa que todas las compañías puedan despedir libremente a sus aprendices ni que los contratos vigentes queden automáticamente sometidos a un período de prueba.

¿Por qué intervino el Consejo de Estado?

La controversia tiene su origen en la reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025, que modificó las condiciones del contrato de aprendizaje y estableció que esta modalidad tendría carácter de contrato laboral especial y a término fijo.

La legislación también dispuso que estos vínculos se rigieran por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de esas disposiciones se encuentra la posibilidad de establecer un período de prueba mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 223 de 2026, que incorporó una disposición para excluir expresamente el período de prueba de los contratos de aprendizaje. Esta restricción fue cuestionada por los demandantes Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado, quienes solicitaron que se anulara parcialmente la norma y que sus efectos fueran suspendidos mientras se resolvía el proceso.

Al estudiar la solicitud, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que el Gobierno no podía eliminar mediante un decreto una posibilidad que había sido reconocida por el Congreso en la reforma laboral. Por esta razón, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó suspender provisionalmente la disposición cuestionada.

Las empresas podrán pactar un período de prueba de hasta dos meses

Con la decisión, las compañías podrán establecer esta condición en los contratos de aprendizaje, pero deberán cumplir requisitos específicos. El primero es que el período de prueba quede expresamente estipulado por escrito, pues no se presume por el simple inicio de la relación contractual.

Como regla general, el Código Sustantivo del Trabajo establece que el período de prueba no puede superar los dos meses. Cuando se trata de contratos a término fijo inferiores a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente pactado, sin superar el límite máximo permitido.

Por ejemplo, una empresa y un aprendiz podrían acordar por escrito un período de prueba de un mes. Durante ese tiempo, cualquiera de las partes tendría la posibilidad de finalizar el contrato de manera unilateral y sin necesidad de presentar un aviso previo, conforme a las disposiciones legales.

Esto significa que la medida no autoriza a las empresas a terminar cualquier contrato de aprendizaje sin condiciones. Si no existe una cláusula escrita que establezca el período de prueba, el vínculo no puede considerarse automáticamente sometido a esa etapa.

¿Qué pasará con los aprendices que ya tienen contrato con el SENA?

La decisión tiene especial importancia para el SENA, debido al número de estudiantes que participan en programas de formación con prácticas empresariales. Según los datos citados por Infobae, con corte a junio de 2026 la entidad registraba 260.351 contratos de aprendizaje activos y suscritos durante ese año.

La cifra evidencia la cantidad de personas que podrían estar relacionadas con esta modalidad de vinculación, aunque no significa que todos esos contratos puedan finalizarse por la decisión judicial. Para que exista un período de prueba debe haberse pactado expresamente y deben respetarse los límites establecidos en la legislación.

Además, los aprendices conservan sus derechos laborales durante ese tiempo. La suspensión de la prohibición no elimina las garantías de seguridad social, prestaciones y demás condiciones reconocidas por la reforma laboral.

No regresará el antiguo período de prueba de tres meses

Otro aspecto importante del pronunciamiento es que el Consejo de Estado aclaró que la suspensión provisional no revive automáticamente la antigua regla que contemplaba un período de prueba de tres meses para los contratos de aprendizaje.

La decisión tampoco establece que todos los aprendices deban pasar por esa etapa. Lo que permite es recuperar la posibilidad de que las partes la acuerden por escrito, bajo las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo.

El tribunal recordó que las disposiciones anteriores sobre el contrato de aprendizaje fueron objeto de modificaciones legislativas y que la Ley 789 de 2002 reguló integralmente esta modalidad de formación.

La decisión todavía no es definitiva

Aunque la suspensión ya permite pactar períodos de prueba mientras avanza el proceso, el Consejo de Estado todavía deberá estudiar de fondo la demanda de nulidad para determinar si la disposición del Decreto 223 de 2026 se ajusta o no al ordenamiento jurídico.

Por ahora, las empresas recuperan la posibilidad de incluir esta condición en los contratos de aprendizaje, siempre que exista un acuerdo escrito y se respeten los límites legales. Para los estudiantes, el cambio representa un aspecto adicional que deberán revisar al momento de firmar sus contratos, especialmente porque la terminación durante el período de prueba puede producirse sin previo aviso.

El caso vuelve a poner en discusión el alcance de la reforma laboral y las garantías de los aprendices en Colombia, en particular el equilibrio entre las facultades de contratación de las empresas y la protección de quienes desarrollan sus prácticas como parte de su formación académica.