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Fiscalía archivó investigación contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos denunciado por Iván Cepeda

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La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionada con señalamientos sobre posibles pagos y ofrecimientos económicos a exintegrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus testimonios. La decisión, fechada el 12 de noviembre de 2026, se produjo dentro de un expediente en el que el senador Iván Cepeda figuraba como denunciante.

El organismo investigador concluyó que, después de agotar las hipótesis y revisar los elementos probatorios recopilados, no encontró evidencias suficientes para establecer que los hechos denunciados hubieran ocurrido. Por esa razón, dispuso el archivo de las diligencias bajo la causal de inexistencia del hecho, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

¿Qué encontró la Fiscalía durante la investigación?

Dentro de las actuaciones se examinaron presuntas entregas de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, quienes habrían recibido ofrecimientos económicos a cambio de entregar declaraciones favorables o modificar sus versiones dentro de procesos judiciales.

Uno de los elementos revisados fue un negocio inmobiliario relacionado con Gabriel Muñoz Ramírez y el levantamiento de una hipoteca. Según la valoración de la Fiscalía, estas operaciones se realizaron entre 2009 y 2011 y respondían a un acuerdo comercial con justificación económica.

La entidad también tuvo en cuenta que las declaraciones que supuestamente habrían motivado los pagos fueron realizadas en 2015. Con base en el análisis de las fechas y los elementos disponibles, no encontró una relación probatoria que permitiera vincular las operaciones comerciales con un eventual soborno.

Asimismo, el despacho señaló que parte de la información sobre las supuestas entregas de dinero no contaba con respaldo suficiente y provenía de comentarios o rumores conocidos por uno de los declarantes durante su permanencia en un centro de reclusión.

En consecuencia, la Fiscalía determinó que no era posible establecer la existencia de los hechos denunciados ni acreditar la conducta de soborno en actuación penal.

La reacción de Álvaro Uribe

Tras conocerse la determinación, el expresidente celebró el resultado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Uribe manifestó que el archivo de esta investigación complementaba la absolución que había obtenido anteriormente del Tribunal Superior de Bogotá.

Su defensa también destacó la decisión como un resultado favorable dentro de las controversias judiciales que han rodeado los señalamientos sobre manipulación de testigos.

Por su parte, el caso se enmarca en una prolongada disputa judicial y política entre Uribe e Iván Cepeda, relacionada con las declaraciones de antiguos integrantes de estructuras paramilitares y los señalamientos sobre presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas.

El archivo no cierra definitivamente la posibilidad de reabrir el expediente

Aunque la Fiscalía ordenó el archivo de esta investigación, la determinación no impide que las diligencias puedan retomarse. La entidad dejó establecido que, si aparecen nuevas evidencias capaces de modificar las conclusiones, podrá reabrir la actuación mientras la acción penal continúe vigente.

También es importante diferenciar este expediente de otros procesos relacionados con Álvaro Uribe. La investigación archivada no equivale a una decisión general sobre todos los señalamientos que han sido formulados contra el exmandatario.

Por ejemplo, el caso principal por presunta manipulación de testigos tuvo un recorrido judicial independiente: el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena de primera instancia y esa decisión fue objeto de recursos de casación.

De igual manera, continúa siendo distinto el expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990, cuya investigación permanece en la Fiscalía.

Así, la decisión conocida el 14 de noviembre representa el cierre de una investigación concreta por presunto soborno a testigos y fraude procesal, pero no pone fin a todos los asuntos judiciales que han involucrado al expresidente.

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