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Polémica por traslado de la hija de Abelardo de la Espriella en una lancha de la Armada: Gobierno defendió el procedimiento

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Una controversia política se desató luego de que se difundieran imágenes de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella, movilizándose en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena. El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, en medio de las celebraciones por las Fiestas de Independencia de la ciudad, y generó cuestionamientos sobre el posible uso de bienes públicos para actividades particulares. 🚤

El video fue divulgado por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien puso en duda las razones por las que la joven se encontraba a bordo de una lancha oficial junto a un grupo de amigas. La congresista publicó las imágenes en su cuenta de X y preguntó si la hija del mandatario estaba utilizando una embarcación de la institución para participar en una actividad recreativa en la bahía de Cartagena.

Las publicaciones provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales y sectores políticos, que cuestionaron si se estaban destinando recursos de la Fuerza Pública para facilitar actividades privadas de integrantes de la familia presidencial.

Gobierno aseguró que se trató de un traslado por razones de seguridad

Ante las críticas, Miller Soto, vocero de la Presidencia, salió en defensa del procedimiento y explicó que la embarcación de la Armada fue utilizada únicamente para garantizar el desplazamiento marítimo de Lucía de la Espriella.

Según la versión oficial, la joven llegó al lugar en la lancha institucional, posteriormente se trasladó al bote hacia el que se dirigía y, una vez finalizada su actividad, regresó a la misma embarcación para salir de la zona.

Soto sostuvo que, al tratarse de la hija del presidente y requerirse un desplazamiento por vía marítima, correspondía utilizar los medios de transporte y seguridad disponibles de la Armada Nacional. Por esta razón, rechazó que se tratara de un paseo o una celebración a bordo de una embarcación militar y aseguró que no existió ninguna irregularidad.

El funcionario también cuestionó la difusión de imágenes de la joven, señalando que se trata de una menor de edad y que su exposición pública, acompañada de afirmaciones que consideró difamatorias, no era apropiada. Además, defendió las medidas de protección destinadas a los integrantes de la familia presidencial.

Congresistas solicitaron explicaciones sobre el uso de recursos públicos

La respuesta del Gobierno no detuvo los cuestionamientos. La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y también integrante del Pacto Histórico, anunció la presentación de un derecho de petición para solicitar información sobre las circunstancias del traslado.

La congresista busca conocer quién autorizó el uso de la embarcación, cuál fue el propósito del desplazamiento y bajo qué criterios se permitió utilizar un recurso de la Armada Nacional en este contexto. Su preocupación se centra en establecer si los bienes de la institución fueron empleados para una actividad de carácter privado.

A las críticas también se sumó el exfuncionario Esteban Restrepo, quien pidió que la Procuraduría General de la Nación examine la actuación de los oficiales que participaron en el procedimiento y determine si hubo un uso inadecuado de recursos estatales.

Por ahora, los cuestionamientos se mantienen como solicitudes de explicación y señalamientos políticos. No se ha establecido oficialmente que exista una irregularidad en el traslado.

El debate sobre el uso de bienes del Estado

La controversia también recordó otros episodios en los que integrantes de familias presidenciales o personas cercanas al poder han sido cuestionados por utilizar medios de transporte oficiales. Entre ellos se encuentran los desplazamientos en aeronaves estatales que generaron discusiones durante anteriores administraciones.

En este caso, el punto central será determinar si el uso de la lancha respondió exclusivamente a necesidades de seguridad y transporte o si existieron condiciones que ameriten una revisión sobre la utilización de recursos públicos.

Mientras el Gobierno insiste en que el procedimiento fue legítimo y necesario para proteger a la hija del mandatario, sectores de la oposición consideran que deben conocerse los detalles de la autorización y las condiciones en las que se realizó el recorrido.

La polémica continúa abierta y se espera que las respuestas a las solicitudes de información permitan esclarecer cómo se organizó el traslado y si se ajustó a los protocolos establecidos para el uso de las embarcaciones de la Armada Nacional.

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