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Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años a Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa

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La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, con destitución e inhabilidad general por ocho años para ejercer cargos públicos. La decisión se produjo después de que el organismo de control encontrara que Caicedo desconoció el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos al mantener simultáneamente un cargo como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y un contrato de prestación de servicios con una institución universitaria pública.

El fallo fue emitido el 13 de noviembre de 2026 por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y se conoció públicamente este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la investigación, Caicedo se desempeñaba como asesor código 1020, grado 08, adscrito a la Dirección General del Invías, en un cargo de libre nombramiento y remoción.

Sin embargo, mientras ejercía esas funciones, también mantenía una relación contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo, ubicada en Medellín. El contrato de prestación de servicios estuvo vigente entre el 30 de enero y el 17 de octubre de 2023, situación que, según la Procuraduría, configuró una vulneración de las normas que impiden a los servidores públicos mantener determinadas vinculaciones contractuales con otras entidades estatales.

La investigación comenzó por revelaciones periodísticas

El caso se remonta a junio de 2023, cuando el medio La Silla Vacía publicó un informe sobre los contratos estatales de la pareja de Ricardo Roa, quien para ese momento presidía Ecopetrol. La publicación expuso que Caicedo habría asumido funciones en el Invías sin haber resuelto previamente su situación contractual con la institución universitaria.

A partir de estas revelaciones, la Procuraduría inició una indagación preliminar el 14 de junio de 2023 para establecer si existían irregularidades. Posteriormente, el 9 de noviembre del mismo año, abrió formalmente una investigación disciplinaria en su contra.

El proceso avanzó durante varios años hasta que, en junio de 2025, se formularon cargos por el presunto desconocimiento del régimen de incompatibilidades. Finalmente, el organismo de control concluyó que estaban acreditados los elementos necesarios para declarar su responsabilidad disciplinaria.

En la decisión, la Procuraduría consideró que Caicedo asumió el cargo de asesor del Invías sin solucionar primero el vínculo contractual que mantenía con Pascual Bravo, incumpliendo así las obligaciones que debía observar por su condición de servidor público.

Una sanción que todavía puede ser apelada

Aunque la Procuraduría determinó imponer ocho años de inhabilidad general y destitución, la decisión corresponde a un fallo de primera instancia y todavía no se encuentra en firme. Por esta razón, Caicedo tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la providencia.

El recurso deberá ser sustentado por escrito y será evaluado por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento correspondiente. Mientras se resuelve esta etapa, la sanción permanece suspendida en sus efectos, de acuerdo con las condiciones establecidas para este procedimiento.

Una vez la decisión quede ejecutoriada, el Invías deberá adelantar las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la destitución y la inhabilidad, además de realizar los registros correspondientes en los sistemas de sanciones disciplinarias.

El caso vuelve a poner bajo atención el entorno de Ricardo Roa

La decisión también adquiere relevancia por la relación de Caicedo con Ricardo Roa, quien estuvo al frente de Ecopetrol y ha sido mencionado en diferentes controversias relacionadas con su gestión y su entorno personal y profesional.

Las revelaciones sobre las vinculaciones contractuales de Caicedo con entidades estatales ya habían generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento de las normas aplicables a quienes ocupan cargos públicos.

Con este fallo, la Procuraduría establece una responsabilidad disciplinaria específica por la simultaneidad de sus vinculaciones con el Invías y la Universidad Pascual Bravo. No obstante, la decisión aún puede ser controvertida mediante los recursos legales correspondientes y será necesario esperar su resolución definitiva para conocer las consecuencias jurídicas del caso.

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