Después de una extensa investigación de dos años sobre posibles irregularidades en la adquisición de un avión jet VIP por parte de la Policía Nacional por un valor de 12 millones de dólares, la Contraloría ha concluido que no hubo irregularidades en la renovación de la flota de la institución en mayo de 2022.
A pesar de que la Contraloría inicialmente determinó errores en la compra del avión de lujo, poniendo en riesgo los recursos públicos, revocó su propia decisión y decidió cerrar la investigación bajo la orden del entonces contralor departamental José Ignacio Arango.
La Policía Nacional interpuso un recurso de revisión, llevando a una sorprendente orden de cierre de la investigación por parte del contralor Arango, desestimando todos los hallazgos encontrados en el informe original de la delegada de Defensa de la Contraloría.
Entre las irregularidades encontradas se cuestionó la capacidad del avión ejecutivo, adaptado para 13 personas, que no cumplía con las condiciones del convenio firmado con la CIAC. Se observó una incoherencia entre la adquisición de este tipo de aeronave y los modelos de planeación de la fuerza pública, así como una indebida estructuración y ejecución del proyecto.
A pesar de los hallazgos, la Contraloría decidió revocar su decisión inicial, generando controversia y dejando preguntas sobre la transparencia en la adquisición de activos por parte de la Policía Nacional.