🚨 Un campesino y electricista de Boyacá enfrenta una difícil situación económica y judicial después de quedar condenado por una deuda tributaria que, según sus cálculos, supera los 600 millones de pesos. El hombre, identificado con el nombre ficticio de Daniel para proteger su identidad, asegura que terminó asumiendo obligaciones derivadas de un negocio de alumbrados navideños que realizó en 2017 y en el que señala al político César Pachón de incumplir los compromisos económicos acordados.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Cambio y retomada por El Colombiano, el negocio consistía en instalar alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas. Daniel afirma que puso su empresa y sus conocimientos técnicos a disposición del proyecto, mientras que Pachón se encargaría de gestionar el contrato y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos correspondientes.

El campesino relató que, una vez finalizados los trabajos, revisó las cuentas con su contador y encontró que no había recibido el dinero necesario para cubrir las obligaciones tributarias. Como la responsabilidad fiscal estaba a nombre de su empresa, las deudas comenzaron a acumularse y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició los requerimientos de pago.

La situación llegó a los estrados judiciales y, el 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja lo condenó por el delito de omisión de agente retenedor. Según el reportaje, la deuda relacionada con el impuesto al valor agregado (IVA) asciende aproximadamente a 350 millones de pesos, cifra que ha aumentado con los intereses y otros compromisos económicos que el hombre atribuye al negocio.

Un salario que, según denuncia, no pudo utilizar

Daniel aseguró que, cuando César Pachón llegó a la Cámara de Representantes en 2018, le dijeron que tendría nuevas oportunidades de contratación para solucionar sus dificultades financieras. Posteriormente, fue vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista como asesor uno, con un salario mensual superior a los seis millones de pesos.

Sin embargo, el hombre afirmó que no podía disponer libremente de esos ingresos, pues, según su testimonio, el dinero se destinaba a cubrir compromisos políticos y personales ajenos. También sostuvo que su vinculación laboral se prolongó durante más de un año, pero que finalmente dejó de recibir respuesta y perdió ese ingreso.

A este problema se sumó un crédito por libranza de 80 millones de pesos que, según Daniel, le solicitaron tramitar a su nombre. El campesino aseguró que el préstamo estaba destinado a terceros y que, después de terminar su vinculación con la UTL, tuvo que asumir el saldo pendiente, que calculó en cerca de 50 millones de pesos, más los intereses.

Al sumar la deuda con la DIAN y los demás compromisos que dice haber adquirido como consecuencia del negocio, Daniel estima que el monto supera los 600 millones de pesos. Actualmente cumple prisión domiciliaria y afirma que esta condición le ha impedido continuar con su trabajo en instalaciones eléctricas y montajes de alumbrados, actividad a la que dedicó cerca de dos décadas.

Denuncias, documentos y una versión pendiente

En la entrevista, Daniel manifestó que ha intentado llegar a acuerdos de pago con la DIAN, pero que las cuotas que puede asumir no resultan suficientes frente al monto de la obligación. También dijo que teme por su seguridad y la de su familia, razón por la cual aseguró haber dejado constancia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre sus preocupaciones.

El campesino relató, además, que firmó un documento de confidencialidad que, según su versión, le presentó personalmente Pachón. Afirmó que lo hizo porque todavía esperaba recibir el dinero que consideraba pendiente. La investigación periodística menciona la existencia de conversaciones y audios incorporados al expediente que reposa en la Corte Suprema de Justicia.

Es importante precisar que las acusaciones sobre los compromisos económicos y el supuesto incumplimiento corresponden al testimonio de Daniel y a los elementos mencionados en el reportaje. La condena del campesino por omisión de agente retenedor no equivale, por sí sola, a una decisión judicial que establezca la responsabilidad de Pachón en los hechos denunciados.

Según Cambio, al cierre de la publicación César Pachón no había respondido las preguntas enviadas por el medio para conocer su versión. Por tanto, las afirmaciones del denunciante deberán contrastarse con los documentos y las actuaciones de las autoridades competentes.

Mientras tanto, Daniel asegura que su principal objetivo es recuperar su libertad, volver a trabajar y reconstruir la clientela que perdió durante el proceso. Su caso ha generado cuestionamientos sobre los riesgos que puede enfrentar una persona cuando asume obligaciones contractuales y tributarias sin contar con garantías suficientes para responder por ellas.

🚨 Las manifestaciones frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, terminaron en nuevos momentos de tensión entre ciudadanos y la Fuerza Pública este domingo 18 de octubre. La protesta surgió por la decisión del Gobierno nacional de retirar más de 30 piezas de las exposiciones del recinto, relacionadas con movimientos feministas, la población LGBTIQ+ y figuras políticas asesinadas en el país. La jornada estuvo marcada por la presencia de unidades antidisturbios y el uso de chorros de agua para dispersar a quienes permanecían en el sector.

La concentración comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana y reunió a personas que llegaron con pancartas, banderas y expresiones artísticas para rechazar el retiro de los elementos. Los manifestantes argumentaron que las piezas forman parte de la memoria política y social de Colombia y que su salida de las salas limita la posibilidad de conocer diferentes perspectivas de la historia nacional.

Durante la jornada circularon videos en redes sociales en los que se observa el despliegue de uniformados y vehículos de la Policía, incluida una tanqueta que lanzó chorros de agua sobre la carrera Séptima. Las imágenes también muestran a varios asistentes intentando protegerse y apoyándose entre sí mientras avanzaba la intervención de las autoridades.

La controversia se originó después de que el Gobierno ordenara desmontar decenas de objetos y materiales exhibidos en distintas salas del museo. Entre las piezas retiradas se encuentran elementos vinculados con las luchas feministas, los derechos de la población LGBTIQ+, el proceso de paz y la memoria de dirigentes políticos como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.

Los críticos de la decisión consideran que retirar estas piezas de la exhibición pública puede afectar la pluralidad de relatos que debe ofrecer un museo nacional. Para artistas, gestores culturales y organizaciones sociales, conservar estos elementos a la vista permite abordar episodios complejos de la historia colombiana y comprender las luchas políticas y sociales que han marcado al país.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó preocupación por la actuación de la Fuerza Pública y señaló que, de acuerdo con la información recibida, la manifestación había transcurrido pacíficamente antes de la intervención. La funcionaria recordó que las afectaciones a la movilidad, por sí solas, no justifican automáticamente la disolución de una protesta, y pidió que cualquier actuación policial respete los principios de necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, ha defendido el retiro de las piezas bajo el argumento de que el Museo Nacional debe concentrarse en preservar, proteger y divulgar el patrimonio colombiano, sin convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político. Esta postura ha generado un debate sobre los criterios curatoriales, la autonomía de las instituciones culturales y el papel del Gobierno en las decisiones sobre las exposiciones.

La discusión también trascendió las calles. Varios museos de arte moderno del país expresaron su preocupación por la salida de las obras y pidieron que se garantice la autonomía de las instituciones culturales. Entre sus planteamientos señalaron la importancia de revisar estas decisiones con criterios técnicos y mediante la participación de los equipos curatoriales y las comunidades relacionadas con las piezas.

La jornada del domingo se sumó a las manifestaciones del día anterior, cuando cientos de personas se congregaron frente al museo para exigir explicaciones. La continuidad de las protestas evidencia que el retiro de los objetos no solo abrió una discusión sobre la programación de las exposiciones, sino también sobre la representación de la diversidad y la conservación de la memoria histórica.

Mientras continúan las reacciones, el debate permanece abierto entre quienes respaldan la decisión del Gobierno y quienes advierten posibles afectaciones a la pluralidad cultural. Por ahora, la controversia mantiene la atención sobre el futuro de las piezas retiradas y sobre las garantías para que las instituciones culturales puedan presentar distintas perspectivas de la historia colombiana.

🚨 Las autoridades de Medellín encendieron las alertas por el aumento de los robos cometidos mediante el uso de escopolamina y otras sustancias que reducen la capacidad de reacción de las víctimas. Según las cifras divulgadas por la Administración Distrital, los casos pasaron de 275 a 556 en menos de un año, un incremento cercano al 102 %, situación que llevó a reforzar las investigaciones para identificar y desarticular las redes responsables.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, señaló que las autoridades sospechan que detrás de varios de estos hechos existen estructuras delincuenciales cuyos integrantes mantienen contacto entre sí. Por esta razón, las investigaciones buscan establecer si los responsables actúan de manera coordinada, cómo seleccionan a sus víctimas y qué conexiones existen entre los diferentes casos denunciados.

El funcionario explicó que las pesquisas no se están concentrando únicamente en hechos individuales, sino también en identificar posibles organizaciones que estarían relacionadas con varios robos. La intención es reconstruir el funcionamiento de estas redes, establecer las responsabilidades de sus integrantes y avanzar en acciones que permitan prevenir nuevos ataques.

El incremento resulta especialmente preocupante porque se presenta en medio de una reducción general de los hurtos reportada por la Alcaldía. Mientras las cifras globales muestran una tendencia a la baja, los delitos en los que se utilizan sustancias para someter a las víctimas continúan aumentando y representan un desafío particular para las autoridades de seguridad.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra la estructura conocida como ‘Las Barbies’, relacionada con investigaciones por robos mediante el uso de escopolamina. Las autoridades también recordaron el caso de un trabajador de American Airlines que murió en circunstancias vinculadas al suministro de sustancias, por el cual fueron capturados los presuntos responsables, según los reportes oficiales.

Como parte de la estrategia para combatir esta modalidad delictiva, la Alcaldía comenzó a trabajar con Homeland Security Investigations, agencia de Estados Unidos, y con representantes de la Embajada estadounidense. Esta cooperación busca fortalecer las investigaciones, particularmente en los casos que involucran a ciudadanos extranjeros que han sido víctimas de estos delitos en Medellín.

La colaboración internacional permitirá apoyar las labores de identificación de posibles responsables y el análisis de los vínculos entre distintos episodios. Las autoridades buscan establecer si algunas personas se encargan de contactar a las víctimas, mientras otras participan en los robos, así como determinar si existen patrones comunes en la forma de actuar de los grupos investigados.

El uso de escopolamina representa un riesgo grave porque puede provocar desorientación, alteraciones de la memoria y pérdida de la capacidad para tomar decisiones. Los delincuentes aprovechan estos efectos para apoderarse del dinero, los teléfonos y otros objetos de valor, e incluso pueden acceder a viviendas o cuentas personales de las víctimas.

Las autoridades recomiendan mantener precauciones al interactuar con desconocidos, especialmente en contextos de entretenimiento nocturno o cuando se reciben bebidas y alimentos de personas cuya procedencia no se puede verificar. Ante síntomas repentinos como confusión, somnolencia intensa o pérdida de memoria, es importante buscar atención médica inmediata y pedir ayuda a alguien de confianza.

La Administración Distrital reiteró que las investigaciones continúan y que el propósito es identificar a quienes estarían detrás de los ataques y desarticular las redes que los facilitan. El reto será traducir el análisis de los casos en resultados judiciales y reducir una modalidad de hurto que durante 2026 ha mostrado un crecimiento significativo en la capital antioqueña.