🚨 Un nuevo episodio quedó bajo investigación de la Fiscalía luego de que se conociera que 36 integrantes del Ejército Nacional participaron en el procedimiento para trasladar y posteriormente devolver a la zona de captura a un hombre señalado de transportar 4,5 kilos de pasta base de cocaína. El caso ocurrió en enero de 2024 en el Cauca y está relacionado con decisiones atribuidas al general Federico Mejía, quien para ese momento estaba al frente del Comando Específico del Cauca. ⚖️🇨🇴

El hecho se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas que adelantaban operaciones contra el narcotráfico en la vereda El Diamante, en el municipio de El Plateado, interceptaron a Melciades Guaca Armero, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder lo que serían 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. Los militares procedieron a realizar la captura y, según los testimonios incorporados a la investigación, le informaron sus derechos al detenido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en un helicóptero del Ejército hasta Popayán con el propósito de ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso de judicialización.

Sin embargo, una vez el detenido llegó a la capital del Cauca, se habría producido un cambio en el procedimiento. De acuerdo con la información conocida por la Fiscalía y reconstruida por medios de comunicación, los militares recibieron instrucciones para dejarlo en libertad y trasladarlo nuevamente hasta el mismo sector donde había sido capturado.

Para realizar el retorno se habría utilizado nuevamente capacidad aérea del Ejército, incluyendo helicópteros Black Hawk y un Arpía artillado, situación que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.

El Ejército confirmó que en todo el procedimiento participaron 36 militares, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. La cifra generó cuestionamientos debido a la cantidad de recursos humanos y materiales empleados para una operación que terminó con la liberación del hombre que había sido capturado con la sustancia estupefaciente. 

La investigación también busca establecer cuánto dinero público se destinó al despliegue. Según los cálculos citados en la denuncia, únicamente la movilización aérea para devolver al detenido al lugar donde había sido interceptado habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la decisión habría sido el riesgo de que se produjera una asonada en la zona después de la captura. La hipótesis planteaba que la liberación y el retorno del hombre permitirían evitar una situación de violencia con habitantes del sector.

No obstante, varios de los soldados que participaron directamente en el operativo entregaron una versión diferente ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, la situación se encontraba bajo control y no existía una amenaza inmediata que justificara modificar el procedimiento de captura.

Los testimonios también señalarían que parte de la comunidad ya se había retirado después de dialogar con los uniformados, por lo que la existencia de una situación que pudiera desencadenar una asonada está siendo analizada dentro de la investigación.

El nombre del general Federico Mejía aparece en el centro del caso. El oficial ha negado haber ordenado la liberación del presunto traficante y sostiene que no tenía competencia funcional directa sobre el procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, existiría un documento firmado por el propio general y dirigido al entonces comandante del Ejército, Emilio Cardozo, en el que se hace referencia a la decisión y se describen aspectos relacionados con la liberación del detenido. 

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer quién tomó la decisión, qué funcionarios conocieron la situación y si las actuaciones realizadas por los militares se ajustaron a la ley y a los protocolos establecidos para este tipo de capturas.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y de capacidades militares en una actuación que terminó favoreciendo al hombre que había sido detenido con una cantidad considerable de pasta base de cocaína.

El general Federico Mejía enfrenta además otras indagaciones ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos relacionados con concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. 

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en la decisión de liberar al detenido y si otros integrantes de la cadena de mando tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.

🏠🇨🇴 El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país, entre ellas la entrega de subsidios de arrendamiento y la posibilidad de congelar temporalmente los incrementos en los cánones de alquiler. Las medidas buscan aliviar la situación de los hogares que perdieron sus viviendas o que enfrentan dificultades para acceder a un lugar donde vivir mientras avanza la reconstrucción. 🤝

El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo durante su visita a Pereira, donde participó en un Puesto de Mando Unificado para revisar la situación de Risaralda después del sismo registrado el pasado 10 de agosto.

Restrepo explicó que el Gobierno está preparando varios decretos relacionados con la emergencia económica, con los que se pretende disponer de recursos adicionales y acelerar la respuesta en los territorios que resultaron afectados.

Una de las medidas que se encuentra en preparación contempla la expedición de un decreto legislativo que permitiría congelar los incrementos de los cánones de arrendamiento en Pereira. La propuesta busca impedir que las familias damnificadas tengan que asumir aumentos en los precios de los alquileres en medio de la emergencia.

El vicepresidente fue enfático al referirse a la posibilidad de que los arriendos aumenten como consecuencia de la situación generada por el terremoto. “Eso no se puede permitir”, manifestó al explicar la necesidad de proteger a los hogares que actualmente buscan una vivienda temporal.

La medida no estaría limitada únicamente a Pereira. Restrepo señaló que los compromisos relacionados con los subsidios de arrendamiento y la revisión de los precios también están siendo considerados en otras ciudades que han resultado afectadas por el terremoto.

El Gobierno busca de esta manera brindar una respuesta inmediata a las familias que quedaron sin vivienda o cuyas casas presentan daños que impiden que puedan regresar a ellas mientras se realizan las respectivas evaluaciones y reparaciones.

La situación de la vivienda es uno de los principales desafíos que dejó el movimiento telúrico. El vicepresidente llamó especialmente la atención sobre la destrucción registrada en las zonas rurales, donde numerosas familias perdieron sus hogares y requieren alternativas mientras se define la reconstrucción.

La declaratoria de emergencia económica será uno de los mecanismos utilizados por el Ejecutivo para disponer de recursos adicionales destinados a atender las consecuencias del desastre. De acuerdo con Restrepo, la reconstrucción deberá llegar a Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y otros departamentos afectados.

En total, el Gobierno ha identificado 14 departamentos con afectaciones relacionadas con la emergencia, por lo que la respuesta tendrá que abarcar diferentes frentes, entre ellos vivienda, infraestructura pública, servicios y atención a las familias damnificadas. 

Además de los recursos nacionales, las administraciones locales también han comenzado a anunciar medidas para apoyar a sus habitantes. En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar confirmó que el municipio destinará recursos propios para atender a las personas que perdieron bienes como consecuencia del terremoto.

Entre las ayudas anunciadas por la Alcaldía de Pereira se encuentran apoyos para el pago de servicios públicos domiciliarios, subsidios de arrendamiento y capital semilla para las personas que necesiten recuperar sus actividades económicas.

La estrategia busca atender tanto la emergencia inmediata como las consecuencias económicas que enfrentan las familias que perdieron sus viviendas, negocios y pertenencias.

El presidente Abelardo de la Espriella también había anunciado previamente que su Gobierno trabajaría en subsidios de arrendamiento para las personas que quedaron sin hogar después del terremoto.

El mandatario señaló además que la reconstrucción deberá incluir las viviendas afectadas y diferentes edificaciones públicas, entre ellas escuelas y hospitales que sufrieron daños durante el sismo.

La administración nacional pretende que estas medidas permitan avanzar de manera paralela en la atención de emergencia y en la recuperación de los territorios. Mientras se entregan ayudas temporales, se deberán adelantar evaluaciones para determinar cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles tendrán que ser reconstruidas.

El posible congelamiento de los alquileres representa además una medida preventiva frente a un eventual incremento de los precios de los arriendos en las zonas donde aumentó la demanda de vivienda temporal debido al terremoto.

Con los subsidios y las medidas económicas que prepara el Gobierno, las autoridades buscan reducir la presión que actualmente enfrentan miles de familias damnificadas y facilitar las condiciones para que puedan superar esta primera etapa de la emergencia.

🚨 Un vehículo que transportaba ayuda humanitaria hacia el departamento del Chocó fue atacado con disparos mientras transitaba por el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. De acuerdo con la información preliminar, cuatro impactos de bala alcanzaron el furgón durante el recorrido, aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. La Policía acompañó posteriormente a los viajeros para reforzar su seguridad y permitir que el traslado de las ayudas pudiera continuar. 🇨🇴🆘

El hecho ocurrió en medio del despliegue de diferentes iniciativas de solidaridad destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó.

Desde diferentes regiones de Colombia se han movilizado alimentos, elementos de primera necesidad, agua, medicamentos y otros suministros para atender a las familias que resultaron damnificadas por la emergencia.

Uno de los recorridos hacia el Chocó tuvo como punto de paso el municipio de Ciudad Bolívar, donde el vehículo que transportaba parte de estas donaciones fue blanco de un ataque armado.

Según el reporte conocido hasta el momento, cuatro disparos impactaron directamente el furgón. A pesar de la gravedad de la situación, las personas que se encontraban en el vehículo lograron salir ilesas.

Tras conocerse el ataque, unidades de la Policía Nacional intervinieron para garantizar la seguridad de los ocupantes y acompañar el desplazamiento del vehículo durante el trayecto. La presencia de los uniformados buscó evitar nuevos riesgos para quienes transportaban las ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

El ataque genera preocupación debido a que los vehículos humanitarios están siendo utilizados para trasladar suministros indispensables hacia uno de los departamentos que enfrenta mayores necesidades como consecuencia del terremoto.

El Chocó fue una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico debido a su cercanía con el epicentro. Varias comunidades resultaron damnificadas y numerosas familias requieren asistencia para acceder a alimentos, elementos de alojamiento y otros productos básicos.

La situación también se presenta mientras continúa un amplio operativo para llevar ayuda desde Bogotá y otras ciudades hacia los territorios afectados. Solo desde la capital del país se habían enviado más de 1.100 toneladas de donaciones mediante decenas de envíos destinados a Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

La movilización de estas ayudas se ha convertido en una de las principales expresiones de solidaridad con las personas que perdieron sus viviendas, pertenencias o fuentes de sustento como consecuencia del terremoto.

Sin embargo, el ataque contra uno de los vehículos evidencia las dificultades de seguridad que pueden presentarse durante el traslado terrestre de las donaciones hacia las zonas afectadas.

Las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables de los disparos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ataque. Por ahora, no se reportan capturas relacionadas con el hecho.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen el acompañamiento a los vehículos que transportan ayuda humanitaria para reducir los riesgos durante los recorridos y garantizar que los suministros puedan llegar a las comunidades que los necesitan.

El incidente no dejó personas heridas, pero encendió las alarmas sobre la seguridad de las rutas utilizadas para transportar las donaciones en medio de la emergencia. Las ayudas continúan siendo enviadas hacia el Chocó, donde miles de personas esperan asistencia después del terremoto.