Un informe reveló que 326 integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales y suboficiales, dejaron la institución durante los primeros tres meses del Gobierno de Gustavo Petro, una cifra que ha generado preocupación entre analistas y expertos en seguridad, quienes califican el fenómeno como inusual por su magnitud. Según los especialistas, la salida de personal con amplia experiencia podría afectar la capacidad operativa y el liderazgo dentro de la Fuerza.

De acuerdo con el reporte, entre los retirados se encuentran oficiales con trayectoria en áreas estratégicas, inteligencia y operaciones militares. Varios expertos consideran que esta renovación acelerada puede provocar pérdida de conocimiento institucional y dificultades para garantizar la continuidad en la planeación de operaciones y el entrenamiento del personal.

Algunos analistas consultados señalaron que los cambios obedecerían a una reorganización impulsada por el Gobierno, mientras que otros advirtieron que el elevado número de retiros podría generar incertidumbre al interior de las Fuerzas Militares. También indicaron que este tipo de decisiones suelen tener efectos en la moral del personal y en la estabilidad de la estructura de mando.

Desde el Gobierno nacional se ha defendido la reestructuración de la cúpula militar como parte de una estrategia para implementar su política de seguridad y fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el debate continúa entre quienes respaldan la renovación y quienes consideran que el retiro masivo de mandos experimentados puede representar un riesgo para la capacidad institucional del Ejército.

El colapso de varios conjuntos residenciales construidos por el Estado durante los recientes terremotos en Venezuela ha desatado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionan la calidad de las edificaciones levantadas por el chavismo y denuncian presuntas fallas en los procesos de construcción.

En sectores de La Guaira y Caracas, donde numerosos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela quedaron destruidos o con graves daños estructurales, sobrevivientes y familiares de las víctimas aseguraron que las construcciones presentaban problemas desde hace años. “Lo construyeron todo mal”, fue una de las frases que más se repitió entre los afectados, quienes afirmaron que existían grietas, filtraciones y deficiencias que nunca fueron atendidas por las autoridades.

Las críticas también apuntan a la falta de supervisión técnica y mantenimiento de los proyectos habitacionales. Especialistas han advertido que, aunque Venezuela cuenta con normas antisísmicas, muchas edificaciones pudieron haber presentado vulnerabilidades debido a problemas de ejecución, materiales de baja calidad o ausencia de controles durante su construcción.

Mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros, miles de familias permanecen sin vivienda y exigen respuestas sobre las causas del colapso de los edificios, así como investigaciones que determinen posibles responsabilidades por las fallas estructurales que quedaron al descubierto tras los sismos.

Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal de la Estructura 28 de las disidencias de las Farc en zona rural de Támara, Casanare, donde fueron incautados explosivos, material de guerra, elementos de intendencia e insumos médicos utilizados, al parecer, por este grupo armado organizado.

Durante la operación militar fueron encontrados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos que, según las autoridades, serían empleados para la ejecución de acciones terroristas. También fueron hallados insumos médicos que presuntamente eran utilizados para atender a integrantes de la estructura armada que resultaban heridos en combates.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue la modalidad utilizada para ocultar explosivos improvisados dentro de objetos de uso cotidiano, como termos, los cuales contenían metralla y estaban acondicionados para ser activados mediante sistemas de cable telemando.

El Ejército advirtió que esta práctica representa un grave riesgo para la población civil, especialmente para campesinos, niños y adultos mayores que transitan diariamente por caminos rurales, fincas y espacios comunitarios, donde estos objetos podrían ser confundidos con elementos de uso común.

Según la institución, esta modalidad convierte cualquier objeto aparentemente inofensivo en una amenaza potencial para la seguridad de las comunidades, incrementando el riesgo de accidentes con explosivos improvisados.

Los artefactos hallados fueron destruidos de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) de la Octava División del Ejército Nacional, mediante protocolos especializados que permitieron neutralizar el material sin generar afectaciones a la población ni al entorno.

Con este resultado operacional, las Fuerzas Militares aseguraron que afectan las capacidades logísticas y criminales de la Estructura 28 y evitan que este material fuera utilizado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró el llamado a la comunidad para mantener las medidas de autoprotección y reportar de inmediato a las autoridades cualquier objeto o situación sospechosa, evitando manipular elementos abandonados que puedan representar un peligro.