🚨 Eva Ferrer, exasesora de la Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, al señalarla de presuntamente liderar una estructura con intereses económicos y políticos que habría estado relacionada con actividades ilícitas durante la campaña presidencial de 2022 y el periodo de gobierno. Sus declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la revista Semana y recogidas por medios nacionales.

Entre los señalamientos, Ferrer mencionó supuestos vuelos hacia Venezuela en los que, según su versión, se habrían transportado dinero en efectivo y sustancias ilícitas utilizando aeronaves oficiales. La exfuncionaria afirmó que Carolina Plata, cercana a Alcocer, habría participado en la coordinación de esos desplazamientos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su relato y no constituyen por sí mismas pruebas de que los hechos hayan ocurrido.

Ferrer también aseguró que en enero de 2023 habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. De acuerdo con su versión, parte de esos recursos estaría destinada a financiar actividades políticas relacionadas con Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Asimismo, afirmó que durante ese periodo se habrían presentado movimientos de dinero en efectivo dentro de espacios vinculados con la Casa de Nariño y personas cercanas al círculo político de Alcocer.

Otro de los asuntos expuestos por la exasesora tiene que ver con un presunto esquema de lavado de activos mediante la adquisición de propiedades en el extranjero y el uso de intermediarios para administrar recursos. En sus declaraciones, mencionó posibles operaciones en España e Italia, así como la participación de empresarios y personas cercanas a la exprimera dama que, según ella, habrían contribuido a financiar gastos personales y alojamientos de alto costo.

Las acusaciones también incluyen presuntos vínculos con el tráfico internacional de armas. Ferrer señaló a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino y aseguró que recibió advertencias sobre posibles actividades ilegales relacionadas con su entorno. Además, relacionó a Romagnoli con gestiones vinculadas a la adquisición de aeronaves militares Gripen. Estas afirmaciones requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

En materia política, la exfuncionaria habló de una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Petro en 2022. En su entrevista mencionó presuntos aportes en efectivo, intermediarios que habrían facilitado encuentros con posibles financiadores y recursos que, según su versión, no habrían sido reportados oficialmente. También sostuvo que se habrían solicitado pagos a cambio de nombramientos en entidades estatales, entre ellas ProColombia, Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones públicas.

Ferrer mencionó a distintas figuras políticas, empresarios y antiguos funcionarios, entre ellos Ricardo Roa, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Xavier Vendrell. A cada uno le atribuyó posibles vínculos o funciones dentro de la estructura que describe. No obstante, la inclusión de sus nombres en las declaraciones no demuestra participación en delitos, y cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales.

La exasesora también afirmó que Alcocer habría ejercido presión sobre funcionarios del Gobierno y relató un supuesto episodio de agresión contra Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según Ferrer, el entonces presidente Gustavo Petro habría conocido parte de las tensiones entre ambas. Estas afirmaciones también forman parte de su testimonio y requieren corroboración independiente.

Los señalamientos se conocen después de que la Fiscalía General de la Nación abriera, en agosto de 2026, una indagación preliminar relacionada con audios anteriores de Ferrer sobre presuntas irregularidades en el manejo de dinero y el direccionamiento de contratos. Esa actuación busca determinar si existen elementos que permitan establecer la posible comisión de delitos; no equivale a una declaración de culpabilidad.

Las nuevas declaraciones han generado atención pública por la gravedad de las conductas mencionadas y por la cantidad de personas vinculadas en el relato. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las pruebas que puedan recaudar las autoridades, la verificación de los movimientos financieros y los registros de los viajes señalados, así como de las actuaciones judiciales que correspondan.

🚨 La Fiscalía General de la Nación acusó a Juan David Cruz Larrarte, copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, por su presunta participación en una estafa que habría afectado a 45 personas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2026 y el dinero involucrado superaría los $865 millones.

De acuerdo con el ente acusador, el señalado habría utilizado diferentes negocios relacionados con la administración, el arrendamiento y la venta de inmuebles para obtener recursos de propietarios e interesados en alquilar viviendas. El procesado presuntamente contactaba a sus clientes mediante redes sociales y llamadas telefónicas, y presentaba documentación comercial y bancaria para generar confianza durante las negociaciones.

Una de las modalidades identificadas consistía en firmar contratos con propietarios que le confiaban la administración de sus inmuebles. La empresa se comprometía a recaudar el dinero de los arrendamientos y transferirlo a los dueños; sin embargo, según las denuncias, aunque los inquilinos pagaban puntualmente, los recursos no eran entregados. Los incumplimientos se habrían justificado con supuestas fallas bancarias o dificultades contables.

La investigación también señala que el gerente habría ofrecido descuentos a cambio de recibir por adelantado el pago de varios meses de alquiler, sin contar con la autorización correspondiente de los propietarios. Además, presuntamente habría celebrado contratos de arrendamiento sobre inmuebles que la empresa no administraba o para los cuales no tenía autorización de comercialización.

Otra de las prácticas denunciadas consistía en solicitar anticipadamente varios cánones de arrendamiento como garantía para que los interesados no tuvieran que presentar un codeudor. A cambio, se habría prometido devolver el dinero al finalizar el contrato. No obstante, algunas personas afectadas denunciaron que no recibieron las propiedades ofrecidas ni recuperaron los recursos entregados.

La Fiscalía considera que los hechos corresponderían al delito de estafa en modalidad masa, una figura relacionada con múltiples actos de engaño que hacen parte de un mismo plan y afectan el patrimonio de varias personas. El monto estimado y el número de denunciantes reflejan el alcance que habría tenido la operación investigada.

Tras las actuaciones judiciales, un fiscal de la Seccional Medellín trasladó el escrito de acusación contra Cruz Larrarte. El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó que cumpla medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Este caso se suma a otras investigaciones por presuntas irregularidades en negocios inmobiliarios en el Valle de Aburrá, donde compradores y arrendatarios han denunciado pérdidas económicas por contratos incumplidos y proyectos que no se concretaron.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para establecer las responsabilidades correspondientes. Entretanto, se recuerda a los ciudadanos la importancia de verificar la documentación de las inmobiliarias, confirmar que estén autorizadas para administrar u ofrecer los inmuebles y revisar cuidadosamente las condiciones de los contratos antes de entregar dinero.

La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse dentro del proceso judicial, pues la acusación presentada por la Fiscalía no equivale a una condena.

⚡ Colombia enfrenta una creciente presión sobre su sistema eléctrico ante la reducción de los aportes de agua a los embalses, el aumento del consumo y las dificultades para garantizar suficiente generación durante los próximos meses. Un informe de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, advierte que el país podría tener problemas para atender toda la demanda entre febrero y abril de 2027 si coinciden condiciones climáticas adversas y una generación térmica insuficiente.

La alerta está relacionada con el fenómeno de El Niño, que puede disminuir las lluvias y reducir la cantidad de agua disponible para las centrales hidroeléctricas, una de las principales fuentes de electricidad del país. El escenario planteado por XM contempla una sequía similar a la registrada entre 2015 y 2017, periodo en el que los bajos aportes hídricos pusieron a prueba la capacidad de generación nacional.

Según el reporte, los aportes de agua que alimentan los embalses se ubicaban en 51,15 % de su promedio histórico y acumulaban un déficit de 4.208 gigavatios hora frente a los registros observados durante El Niño de 2015-2016. Aunque al 9 de octubre los embalses estaban en el 74,96 % de su capacidad, las proyecciones advertían que el almacenamiento podría descender hasta el 30,77 % en abril de 2027 bajo el escenario analizado.

Uno de los factores decisivos para evitar un déficit será el funcionamiento de las plantas termoeléctricas. XM considera necesario mantener una generación superior a 85 gigavatios hora diarios, mientras que el análisis técnico señala que se requeriría una operación cercana a la capacidad máxima del parque térmico para garantizar el suministro bajo condiciones críticas. Esto dependerá, entre otros aspectos, de la disponibilidad de gas natural y combustibles líquidos.

El abastecimiento de estos recursos también representa un desafío. Las centrales térmicas necesitarían contar con combustibles suficientes para operar de manera continua, en un contexto en el que las dificultades logísticas o la falta de producto podrían reducir su capacidad de respuesta. A esta situación se suma una cartera de aproximadamente $4,29 billones dentro del mercado eléctrico, un factor que genera preocupación por sus posibles efectos sobre la estabilidad financiera del sector.

Otro elemento que incrementa el riesgo es el crecimiento de la demanda. Durante 2026, el consumo eléctrico alcanzó máximos históricos y registró incrementos frente al año anterior. Esta tendencia aumenta la presión sobre las reservas de agua y obliga a disponer de una mayor capacidad de generación para responder a los momentos de mayor consumo.

El informe también advierte sobre retrasos en la construcción de infraestructura energética. Cerca de la mitad de los proyectos de transmisión presentaba demoras frente a sus fechas iniciales de entrada en operación, mientras que solo una parte de la nueva capacidad de generación prevista había comenzado a funcionar. Estos atrasos pueden limitar la posibilidad de transportar electricidad y disponer oportunamente de nuevos recursos para atender la demanda.

La región Caribe también enfrenta dificultades operativas. Según XM, el sistema acumula 201 restricciones de operación, con una concentración importante de alertas relacionadas con la capacidad de transformación en esa zona. Estas limitaciones representan un desafío adicional para garantizar un suministro confiable y atender las necesidades de los usuarios.

Frente a este panorama, el operador considera fundamental que las plantas de generación estén disponibles, que se garantice el suministro de combustibles y que se acelere la entrada en operación de los proyectos pendientes. También se plantea la necesidad de promover el ahorro de energía y gestionar de manera eficiente el consumo, con el fin de reducir la presión sobre el sistema durante el periodo de menor disponibilidad hídrica.

El Gobierno, por su parte, anunció medidas para fortalecer la preparación frente a El Niño, entre ellas facilitar el abastecimiento de combustibles para las termoeléctricas e incentivar la reducción del consumo eléctrico. Estas acciones buscan aumentar la capacidad de respuesta del sistema y prevenir un eventual desabastecimiento.

Aunque el informe identifica un riesgo concreto para los primeros meses de 2027, no significa que los apagones sean inevitables. La evolución de las lluvias, el nivel de los embalses, la operación de las plantas térmicas, la disponibilidad de combustibles y la entrada en funcionamiento de nueva infraestructura serán determinantes para establecer si Colombia logra cubrir la demanda durante ese periodo.