⚖️📄 El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó nuevas pruebas ante la Corte Suprema de Justicia para fortalecer la denuncia penal que interpuso contra la exrepresentante Lina María Garrido, el senador Jota Pe Hernández y el exrepresentante Miguel Polo Polo. El proceso busca que el alto tribunal determine si existen méritos para abrir una investigación formal por los pronunciamientos públicos en los que los dirigentes pidieron una intervención militar de Estados Unidos en Colombia que incluyera la captura del presidente Gustavo Petro.

El nuevo material entregado por Sanguino incluye una recopilación de publicaciones realizadas en redes sociales, entre ellas mensajes en X, videos y comentarios difundidos en plataformas digitales después de los hechos que originaron la denuncia. Según el ministro, estas evidencias permiten sustentar la gravedad de las declaraciones y ampliar el expediente que actualmente estudia la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La diligencia se realizó luego de que el alto tribunal solicitara al funcionario ampliar la información y aportar nuevos elementos de prueba. Con este material, la Corte deberá decidir si abre una investigación formal contra Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo por los hechos denunciados.

La denuncia tiene origen en los mensajes publicados por los tres dirigentes políticos tras la operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En ese contexto, los ahora denunciados solicitaron públicamente que se ejecutara una acción similar en Colombia para capturar al entonces presidente Gustavo Petro, una postura que Sanguino calificó como un llamado a una intervención extranjera contra el país.

El ministro sostiene que esas actuaciones podrían constituir los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, previstos en los artículos 455 y 458 del Código Penal. A su juicio, promover una intervención militar extranjera trasciende el debate político y podría representar una afectación a la soberanía nacional y al orden constitucional colombiano.

«Es un ataque contra el presidente, contra la unidad nacional y contra la integridad del territorio de Colombia«, afirmó Sanguino al explicar el alcance de la denuncia. El ministro insistió en que la libertad de expresión no ampara conductas que, según su interpretación, promuevan acciones hostiles contra el Estado colombiano.

Los dirigentes denunciados han rechazado las acusaciones. Lina María Garrido y Jota Pe Hernández respondieron con denuncias por presunta injuria y calumnia contra Antonio Sanguino, mientras que Miguel Polo Polo también desestimó el proceso y cuestionó la actuación del ministro. Ahora será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la encargada de evaluar las nuevas pruebas y decidir si el expediente avanza a una investigación formal.

⚖️🏛️ Una demanda de nulidad electoral fue presentada ante el Consejo de Estado para solicitar la anulación de la elección de los senadores Wadith Manzur, Daniel Restrepo y Luis Eduardo Díaz, al considerar que habrían incurrido en una presunta inhabilidad constitucional al pasar de la Cámara de Representantes al Senado en el mismo periodo legislativo. La acción judicial fue interpuesta por Juan Carlos Calderón España, en representación de la veeduría Ver-Control.

De acuerdo con la demanda, los tres congresistas no podían aspirar al Senado para el periodo 2026-2030 porque ejercían como representantes a la Cámara durante el periodo legislativo 2022-2026. El recurso sostiene que esa situación vulnera el artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe ser elegido para más de una corporación pública cuando los periodos coinciden, incluso de manera parcial.

El documento también solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del formulario E-26 expedido por la autoridad electoral, mediante el cual se oficializó la elección de los tres senadores. Según el demandante, la renuncia a una curul no elimina la coincidencia de los periodos, debido a que estos tienen un carácter institucional y no dependen de la permanencia o voluntad del elegido.

Como respaldo jurídico, la acción cita la Sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional, en la que se señala que los periodos de los cargos de elección popular son institucionales y que la renuncia no modifica su duración ni elimina una eventual incompatibilidad derivada de la coincidencia entre mandatos.

Sin embargo, el trámite aún no entra al estudio de fondo. La magistrada Gloria María Gómez Montoya, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, inadmitió la demanda por errores de carácter formal y otorgó un plazo de tres días para que el demandante corrija las inconsistencias detectadas. Entre las observaciones, el despacho señaló que la acción acumuló indebidamente las pretensiones contra los tres congresistas en un solo proceso, por lo que deberá presentarlas de manera separada si se pretende continuar con el trámite.

Uno de los nombres incluidos en la demanda es el de Wadith Manzur, quien permanece privado de la libertad por el proceso que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia por el presunto escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En días recientes, además, el Senado negó su solicitud de posesionarse desde prisión, al considerar que la legislación colombiana no contempla esa posibilidad.

Por ahora, la elección de Wadith Manzur, Daniel Restrepo y Luis Eduardo Díaz sigue vigente, ya que el Consejo de Estado no ha emitido una decisión sobre el fondo del caso. Solo si el demandante corrige los errores señalados y la demanda es admitida, el alto tribunal analizará si existió o no la presunta inhabilidad constitucional que podría afectar la elección de los tres congresistas.

🚔⚖️ La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a cinco personas que serían responsables del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país. Los operativos se realizaron de manera simultánea en Cali y Tuluá, Valle del Cauca, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de la bebé, que aún no ha sido localizada.

De acuerdo con la Fiscalía, las capturas fueron posibles gracias a varias diligencias de allanamiento e investigación adelantadas durante los últimos días. Entre los detenidos se encuentra la mujer que habría transportado a María Camila en una motocicleta el día de su desaparición, considerada una de las principales sospechosas del caso. Los otros cuatro capturados también estarían vinculados con la planeación y ejecución del crimen.

Durante los operativos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta que, según las investigaciones, habría sido utilizada para movilizar a la víctima. Estos elementos serán sometidos a análisis técnicos con el fin de reconstruir los hechos e identificar si existen más personas involucradas en el homicidio.

La Fiscalía informó que los cinco capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas y la imputación de cargos. De manera preliminar, enfrentarían procesos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elemento material probatorio, aunque la calificación jurídica podría modificarse conforme avance la investigación.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el resultado de la operación y aseguró que las autoridades continuarán trabajando hasta esclarecer completamente el caso. El mandatario reiteró que ninguno de los responsables quedará en la impunidad y enfatizó que el siguiente objetivo es establecer qué ocurrió con la bebé que esperaba María Camila.

María Camila Potosí desapareció el 16 de julio, luego de salir de la vivienda de unos familiares y abordar una motocicleta. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en una zona cercana al río Meléndez, en Cali, con múltiples signos de violencia y sin la bebé que llevaba en su vientre, un hecho que generó indignación a nivel nacional. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el paradero de la menor y mantienen vigente una recompensa para quien suministre información que permita encontrarla.