🚨🇨🇴 El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva estrategia de seguridad en Colombia con la que su Gobierno pretende eliminar las diferencias entre las distintas organizaciones armadas ilegales. Durante una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, el mandatario aseguró que todos estos grupos serán tratados como terroristas y enfrentarán una respuesta unificada por parte del Estado. ⚔️🚔
De la Espriella afirmó que su administración no establecerá categorías diferentes dependiendo del nombre, estructura o actividad de las organizaciones ilegales. Según explicó, la Fuerza Pública tendrá una misma línea de actuación frente a estos grupos.
“Aquí se acabó esa división”, manifestó el presidente al defender su decisión. Aseguró que el Estado no hará distinciones al momento de combatir las estructuras criminales y sostuvo que todas serán enfrentadas con la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia.
La nueva política contempla una coordinación más estrecha entre el Ejército Nacional, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El mandatario planteó que estas instituciones deben funcionar de manera articulada, sin rivalidades internas y bajo una misma directriz.
De acuerdo con el Gobierno, esta coordinación busca mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones que participan en diferentes actividades ilegales y que tienen presencia en varias regiones del país.
Uno de los anuncios principales fue la creación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta estructura reunirá capacidades del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con participación de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
La intención es concentrar esfuerzos para identificar a los responsables de las extorsiones, perseguir a quienes realizan las amenazas y afectar las estructuras que se benefician económicamente de este delito.
La estrategia también contempla atacar las finanzas de las organizaciones criminales. Para ello, el Gobierno anunció una mayor articulación de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, con la Policía y el sistema financiero.
La administración pretende utilizar el seguimiento de los movimientos económicos para identificar recursos provenientes de actividades como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras economías criminales.
De la Espriella también ordenó reactivar el sistema de recompensas, fortalecer la red de cooperantes y realizar operativos de redada contra las estructuras ilegales.
Otro de los puntos anunciados está relacionado con las cárceles. El Gobierno plantea realizar traslados penitenciarios urgentes con el objetivo de evitar que los centros carcelarios continúen siendo utilizados como lugares desde los cuales se coordinan actividades de extorsión y otras acciones delictivas.
En materia judicial, la estrategia contempla la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad. La intención es acelerar las investigaciones y fortalecer los procesos de judicialización contra las organizaciones criminales.
El Gobierno considera que las operaciones militares y policiales deben estar acompañadas de una respuesta judicial que permita llevar ante los tribunales a los responsables de las actividades ilegales.
La estrategia anunciada también incluye medidas relacionadas con el denominado “cartel de tierras” y el combate contra el préstamo informal conocido como “gota a gota”, actividad que el presidente calificó como una forma de explotación que afecta a millones de colombianos.
En el frente migratorio, el mandatario impartió instrucciones a Migración Colombia para desarrollar operativos coordinados con la Policía en Barranquilla contra la migración irregular y la delincuencia asociada a algunas de estas estructuras.
La decisión de utilizar una misma categoría para todos los grupos armados representa un cambio frente a los enfoques diferenciados que tradicionalmente han utilizado los gobiernos colombianos para abordar a las organizaciones ilegales.
El anuncio se produce además en un momento en el que la seguridad ocupa uno de los principales lugares en la agenda del nuevo Gobierno. Desde antes de asumir la Presidencia, De la Espriella había advertido que los grupos armados tendrían un plazo para someterse a la justicia y que su administración no ofrecería concesiones que considerara inaceptables.
Durante sus primeras semanas de Gobierno, la administración también ha informado sobre operaciones militares contra integrantes de estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.
Ahora, con esta nueva directriz, el Ejecutivo busca consolidar una política de seguridad en la que las diferentes instituciones actúen de manera coordinada y en la que las organizaciones criminales sean enfrentadas mediante operaciones militares, policiales, judiciales y financieras.
El presidente indicó además que las próximas reuniones con las autoridades no estarán enfocadas únicamente en elaborar nuevos diagnósticos sobre la inseguridad, sino en verificar que las órdenes impartidas ya estén siendo ejecutadas.
🚨⚡ Colombia atraviesa una situación crítica en su sistema eléctrico y ya registra un escenario de “racionamiento técnico”, especialmente en la región Caribe. Entre enero y el 19 de agosto, el operador del sistema XM emitió 304 órdenes de desconexión de carga para evitar una afectación mayor de la red, de las cuales 289 correspondieron al Caribe. La situación también genera preocupación por el posible déficit de energía en Bogotá y otras zonas del oriente del país durante los próximos meses. 🇨🇴🔌
La alerta fue planteada por el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, luego de conocer los datos más recientes entregados por XM. El organismo confirmó que el Sistema Interconectado Nacional atraviesa una etapa de alta exigencia, provocada por el crecimiento de la demanda, los retrasos en nuevos proyectos de generación y transmisión y las condiciones climáticas que podrían intensificarse durante el próximo fenómeno de El Niño.
La región Caribe es actualmente la más afectada. De las 304 órdenes de desconexión registradas en el país hasta el 19 de agosto, el 95 % se concentró en esta zona. Entre el primero de abril y el 19 de agosto, la demanda no atendida en el Caribe alcanzó 20,83 gigavatios-hora.
Los cortes se han presentado con mayor frecuencia durante los últimos meses. En mayo hubo afectaciones durante 29 de los 31 días, mientras que en julio se registraron durante 23 días. En agosto, los problemas de suministro se presentaron prácticamente de manera continua en diferentes jornadas.
Entre las zonas con mayores dificultades aparecen sectores del Cesar, Bolívar, Sucre y otras áreas de la Costa Caribe, donde las limitaciones de las redes de transmisión y distribución dificultan transportar suficiente energía hacia los puntos que registran mayor demanda.
A esta situación se suma el aumento del consumo eléctrico en Colombia. El uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado debido a las altas temperaturas llevó la demanda del Sistema Interconectado Nacional a niveles récord durante agosto, con picos de hasta 262,67 gigavatios-hora diarios.
El panorama podría complicarse todavía más por el fenómeno de El Niño. Según las proyecciones citadas por XM, existe una probabilidad del 100 % de que se consolide un nuevo episodio de El Niño durante la temporada 2026-2027, mientras que la posibilidad de que alcance una categoría considerada muy fuerte entre octubre y diciembre llega al 95 %.
El fenómeno climático representa una amenaza para la generación hidroeléctrica, que actualmente constituye cerca del 61 % de la capacidad efectiva de generación del país. Una reducción significativa de las lluvias podría disminuir los aportes a los embalses y aumentar la presión sobre las plantas térmicas.
De hecho, los aportes de los ríos se encuentran por debajo de sus niveles históricos. Durante agosto alcanzaron apenas el 68,69 % del caudal promedio registrado para este periodo, completando varios meses en condiciones deficitarias.
Aunque el nivel agregado de los embalses todavía se encuentra alrededor del 79,40 %, XM advierte que el almacenamiento ya está por debajo de la senda de seguridad establecida para el sistema. Además, los modelos de mediano plazo proyectan escenarios mucho más complejos si las condiciones secas se mantienen.
Otro de los problemas identificados es el retraso de los nuevos proyectos de generación. Colombia esperaba incorporar durante 2026 alrededor de 4.475 megavatios de nueva capacidad, pero hasta el 20 de agosto solamente habían entrado en operación 724,8 megavatios, equivalentes al 16,2 % de la meta prevista.
La situación también se presenta en las líneas de transmisión. De acuerdo con XM, existen 42 proyectos considerados críticos y aproximadamente el 60 % registra retrasos frente a las fechas inicialmente previstas para su entrada en funcionamiento.
Estos retrasos son especialmente importantes porque las redes de transmisión permiten trasladar energía de una región a otra cuando existen problemas de generación o aumentos extraordinarios de la demanda.
La preocupación no se limita al Caribe. XM también advierte sobre posibles dificultades para atender la demanda de energía en el área Oriental, que comprende Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare, entre diciembre de 2026 y abril de 2027.
En este caso, los mantenimientos programados de centrales como Chivor y Guavio podrían reducir la capacidad disponible durante algunos meses. Si estos trabajos coinciden con una sequía fuerte o con una falla inesperada, la región podría enfrentar dificultades para cubrir su demanda mínima.
Bogotá también depende de infraestructura de generación y transmisión que actualmente presenta diferentes niveles de riesgo, mientras algunos proyectos destinados a fortalecer la conexión eléctrica de la capital y la región continúan retrasados.
Para evitar un escenario de mayor gravedad, las centrales térmicas tendrán que asumir una mayor participación en la generación eléctrica, especialmente durante los periodos en los que la generación hidráulica disminuya.
XM estima que las plantas térmicas podrían necesitar producir entre 80 y 100 gigavatios-hora diarios durante varios meses, una exigencia que podría extenderse durante buena parte de la temporada seca.
Sin embargo, este respaldo también enfrenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de gas natural y combustibles líquidos necesarios para mantener operativas las plantas térmicas.
A todo esto se suma una situación financiera compleja dentro del mercado eléctrico. La deuda acumulada en el Mercado de Energía Mayorista llegó a $4,06 billones al 21 de agosto, mientras que alrededor de $2,34 billones ya se encontraban en mora.
El escenario plantea un desafío para el Gobierno y para las empresas del sector, que deberán garantizar el suministro mientras se enfrentan simultáneamente problemas de infraestructura, crecimiento de la demanda, condiciones climáticas adversas y dificultades financieras.
Por ahora, los cortes más frecuentes se concentran en la Costa Caribe, pero las autoridades y el operador del sistema mantienen la vigilancia sobre otras regiones, especialmente Bogotá y el oriente del país.
El llamado de los expertos es a acelerar los proyectos de generación y transmisión, garantizar el suministro de combustibles para las plantas térmicas y adoptar medidas que permitan reducir el consumo durante los periodos de mayor demanda.
🚨🇨🇴 La periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, Naylea Barros, denunció haber sido víctima de un atentado armado durante la noche del lunes 24 de agosto en Santa Marta. La dirigente política se movilizaba en un vehículo junto a una prima cuando varios disparos impactaron el automotor. Ambas resultaron ilesas, aunque el ataque generó preocupación entre sus familiares y sectores políticos. 🚔⚠️
Según el relato entregado por Barros, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando se desplazaba por el sector del puente del Minuto de Dios, en Santa Marta. En ese momento, sujetos desconocidos habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba.
Uno de los impactos alcanzó el vidrio trasero izquierdo del automóvil, precisamente detrás del asiento que la excandidata había ocupado minutos antes. Barros explicó que poco antes del ataque había cambiado de posición dentro del vehículo, circunstancia que pudo haber evitado que alguno de los disparos la alcanzara directamente.
Tras escuchar las detonaciones y observar los daños en el automóvil, Barros y su acompañante continuaron la marcha para alejarse rápidamente del lugar y solicitaron ayuda a las autoridades.
Posteriormente, la excandidata compartió imágenes del vehículo, en las que se pueden observar los impactos provocados por los disparos. El material permitió dimensionar la gravedad del ataque y se convirtió en uno de los elementos difundidos públicamente mientras avanzan las investigaciones.
Barros aseguró además que este episodio no sería un hecho completamente aislado. Según manifestó, durante los últimos tres meses habría recibido mensajes amenazantes, insultos e intimidaciones a través de redes sociales y WhatsApp, algunas de ellas relacionadas también con personas de su entorno.
La periodista y dirigente política rechazó el ataque y expresó preocupación por el ambiente de hostigamiento que, según su denuncia, ha enfrentado durante los últimos meses.
El caso provocó pronunciamientos de diferentes sectores políticos. Integrantes del Pacto Histórico manifestaron su solidaridad con Barros y exigieron que las autoridades esclarezcan quiénes estuvieron detrás del atentado y cuáles fueron las razones que motivaron el ataque.
La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que activó las labores investigativas para establecer la trazabilidad y los movimientos de los responsables antes, durante y después del atentado. También hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar y ubicar a los responsables.
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el caso. El mandatario aseguró que se comunicó con el comandante de la Policía de Santa Marta y solicitó una investigación exhaustiva para determinar lo ocurrido.
De la Espriella indicó además que, mientras se esclarecen las circunstancias del ataque, se garantizarán las medidas de protección necesarias para Barros. El presidente señaló que el Gobierno actuará sin anticipar conclusiones y que se deberán establecer los hechos antes de determinar responsabilidades.
Las autoridades deberán determinar ahora quiénes efectuaron los disparos, si el ataque estaba dirigido específicamente contra la excandidata y si existe alguna relación entre el atentado y las amenazas que ella asegura haber recibido durante los últimos meses.
La investigación también deberá establecer si los responsables actuaron por motivos políticos o si detrás del ataque existía otra razón. Por el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad de los autores ni el móvil del atentado.
El hecho vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad de dirigentes políticos, periodistas y líderes sociales en diferentes regiones del país, especialmente cuando existen antecedentes de amenazas o intimidaciones.
Naylea Barros, quien fue candidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena en las pasadas elecciones legislativas, salió ilesa del ataque. Sin embargo, el daño causado al vehículo y la cantidad de disparos efectuados mantienen la atención sobre el caso.
🚨💔 Una mujer fue asesinada durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá. El hecho ocurrió en el pabellón 13 del centro penitenciario y el principal señalado por las autoridades es el interno William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, quien habría reconocido su responsabilidad en el crimen. ⚖️🚔
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la mujer ingresó al centro penitenciario para visitar a Martínez Alvarino. Hacia las 12:30 del mediodía fue encontrada sin signos vitales dentro del pabellón.
Según la información preliminar entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el propio interno habría manifestado ser responsable de la muerte de la visitante. Tras lo ocurrido, Martínez Alvarino fue aislado y el caso quedó en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El señalado agresor ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una condena de 21 años y cuatro meses de prisión. La sentencia está relacionada con un intento de feminicidio cometido en 2015 contra la madre de sus tres hijos.
En ese caso anterior, de acuerdo con el expediente judicial, Martínez Alvarino atacó a la mujer con un arma blanca y le ocasionó más de 20 heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen.
El proceso judicial de aquel momento estableció que no se trató simplemente de una riña familiar, como había argumentado inicialmente su defensa, y por esa razón fue enviado a prisión.
Ahora, el hombre deberá enfrentar una nueva investigación por la muerte ocurrida dentro de La Modelo. La Fiscalía deberá determinar los elementos que permitan establecer las circunstancias exactas del crimen y definir los delitos que serán imputados por estos nuevos hechos.
Uno de los elementos que ha llamado la atención de las autoridades es que Martínez Alvarino había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria el pasado 18 de agosto. Sin embargo, la petición fue rechazada poco antes de que ocurriera el nuevo asesinato.
La investigación también deberá establecer cómo se produjo la agresión y qué controles existían durante la visita conyugal en la que ocurrió el crimen.
El Ministerio de Justicia rechazó públicamente el asesinato y aseguró que los establecimientos penitenciarios no pueden convertirse en espacios donde se permita actuar al margen de la ley. La cartera señaló que quien resulte responsable deberá responder ante las autoridades judiciales.
Tras conocerse el homicidio, el interno fue separado de los demás privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones. La Policía y la Fiscalía adelantan los actos urgentes y recopilan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.
Por ahora, los investigadores están a la espera del informe de necropsia, que permitirá establecer oficialmente la causa de muerte de la mujer y aportar información adicional para el proceso penal.
El caso también abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios y los mecanismos de control durante las visitas conyugales. Familiares de la víctima y organizaciones sociales han pedido que se esclarezca si existieron fallas que pudieron permitir el asesinato.
La eventual responsabilidad de Martínez Alvarino por este nuevo crimen será determinada dentro del proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, continúa privado de la libertad por la condena que ya cumple y deberá afrontar las actuaciones judiciales derivadas de la muerte de la mujer en La Modelo.