🚨🇨🇴 La Unidad Nacional de Protección, UNP, ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral, tres personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro que habían recibido medidas de protección durante la anterior administración. La decisión se tomó después de una nueva revisión de sus condiciones de riesgo, en la que la entidad determinó que no existían razones suficientes para mantener los esquemas. ⚖️
De acuerdo con la información conocida este viernes 28 de agosto, la revisión de los casos hizo parte de un proceso adelantado por la UNP para verificar si las condiciones que habían dado lugar a las medidas de protección continuaban vigentes.
Los esquemas representaban un costo cercano a 40 millones de pesos mensuales para el Estado, según fuentes citadas en la información. La decisión ha generado una nueva discusión sobre la manera en que fueron asignadas estas medidas durante el gobierno anterior y sobre los criterios utilizados para determinar quiénes requieren protección estatal.
Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el de Gabriela Muñoz, quien había recibido un esquema de seguridad después de denunciar amenazas. El expresidente Gustavo Petro se había referido públicamente a su situación y aseguró que la joven había sido objeto de amenazas de muerte.
Muñoz también había sido cuestionada por su cercanía con sectores del anterior Gobierno y por su presunta influencia en decisiones relacionadas con la Aeronáutica Civil, situación que generó críticas desde diferentes sectores políticos.
En el caso de Juliana Guerrero, la situación tiene una particularidad. Aunque varias informaciones señalaron inicialmente que la UNP había ordenado retirar su esquema, la propia Guerrero desmintió que su protección hubiera sido levantada de manera definitiva.
La exfuncionaria explicó que actualmente se encuentra en curso un estudio de seguridad para determinar las condiciones de riesgo que enfrenta y establecer qué medidas de protección deben mantenerse. Por esta razón, aseguró que su esquema continúa en evaluación y que no se trata de una decisión definitiva de retiro.
Guerrero había recibido protección durante el Gobierno Petro y posteriormente quedó involucrada en una investigación de la Fiscalía por la presunta utilización de títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes. También enfrenta otras denuncias relacionadas con presuntos beneficios económicos derivados de trámites de contratos estatales.
Por su parte, el activista Beto Coral también quedó incluido en la decisión de la UNP. Su caso había sido objeto de controversia desde que recibió medidas de protección después de regresar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos.
En julio, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, había confirmado que la entidad adelantaba un estudio sobre el nivel de riesgo de Coral, aunque en ese momento evitó revelar detalles sobre las medidas específicas para no comprometer su seguridad.
La asignación de protección a Coral había sido cuestionada por el sindicato de trabajadores de la UNP, Analtraseg, que manifestó dudas sobre la rapidez con la que se habría realizado el procedimiento. El entonces director de la entidad defendió que existía un proceso técnico para evaluar las condiciones de seguridad del activista.
Con la nueva decisión, Guerrero y Coral tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y controvertir el retiro de sus esquemas. La determinación, por tanto, todavía puede ser objeto de una nueva evaluación por parte de la entidad.
El debate también se extiende a los familiares de Beto Coral. Este viernes se conoció que la UNP solicitó levantar las medidas de protección que tenían su madre y su hermano, luego de que el activista saliera nuevamente del país. La familia cuestionó la decisión y manifestó preocupación por las condiciones de seguridad de los beneficiarios.
La controversia ocurre en medio de una revisión más amplia de los esquemas de seguridad otorgados durante los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro. La discusión enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes consideran que algunas medidas fueron asignadas sin que existiera un riesgo extraordinario suficiente y, por otro, quienes advierten que las amenazas denunciadas por los beneficiarios deben ser evaluadas de manera individual y técnica.
La UNP sostiene que las medidas de protección deben responder a estudios de riesgo y a criterios establecidos por la entidad, independientemente de la cercanía política de los beneficiarios con uno u otro sector.
Por ahora, la situación de los tres casos no es exactamente igual. Mientras las informaciones conocidas señalan el retiro de las medidas para Beto Coral y Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero asegura que su caso continúa en evaluación y que su protección no ha sido retirada de manera definitiva.
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que apuntaría a que la orden de asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República. Según su declaración, el material recibido incluye nombres propios y fotografías que actualmente deben ser examinados por las autoridades para determinar su autenticidad y relevancia dentro de la investigación. 🚨
En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona explicó que, antes del atentado contra el dirigente político, una persona les habría enviado una advertencia a través de su teléfono celular. De acuerdo con su relato, esa fuente señaló que Miguel Uribe Turbay y otros precandidatos presidenciales del Centro Democrático podrían ser blanco de ataques.
“La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”, afirmó Tarazona al referirse a la información que recibió. La viuda indicó que decidió poner esos datos en conocimiento de la Fiscalía mediante los procedimientos correspondientes y aseguró que espera que el grupo especializado encargado del caso logre verificar la información.
La mujer insistió en que el contenido entregado no debe asumirse como una conclusión definitiva, pues todavía está pendiente de corroboración. Según manifestó, los documentos y registros que recibió contienen referencias concretas a personas que podrían estar relacionadas con los hechos, aunque no presentó públicamente sus nombres ni las fotografías mencionadas.
Durante la entrevista, Tarazona también se refirió a la posibilidad de que el asesinato constituya un crimen de Estado. Explicó que, según la información que conoce, esa hipótesis hace parte de las líneas que espera que se examinen dentro de la investigación. Sin embargo, aclaró que corresponde a las autoridades establecer si existen pruebas suficientes para respaldarla.
La viuda cuestionó que las explicaciones sobre el magnicidio se limiten a señalar a la Segunda Marquetalia, grupo al que se ha relacionado con el crimen. En su opinión, la investigación debe avanzar hasta identificar a quienes habrían ordenado el ataque y establecer el origen de los recursos utilizados para ejecutarlo.
El caso también ha generado declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, quien ha responsabilizado públicamente al expresidente Gustavo Petro y ha pedido que se investigue su posible relación con los hechos. Estas afirmaciones constituyen señalamientos del familiar y no equivalen a una determinación judicial sobre la responsabilidad de Petro.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025, continúa bajo investigación para esclarecer quiénes participaron en la planeación y financiación del atentado, además de las personas que lo ejecutaron materialmente. Aunque las autoridades han avanzado en la identificación de algunos implicados, la determinación de los posibles autores intelectuales sigue siendo uno de los puntos centrales del caso.
Tarazona manifestó que espera que las pruebas técnicas, los registros y la información entregada permitan reconstruir el recorrido de la supuesta orden y establecer si existieron advertencias previas que no fueron atendidas. También insistió en la importancia de que el proceso avance con rigor y que las conclusiones estén respaldadas por evidencia verificable.
Por ahora, las afirmaciones sobre una posible orden proveniente del Congreso y el presunto origen venezolano del dinero deben entenderse como hipótesis comunicadas por Tarazona, cuya veracidad no ha sido establecida públicamente. La Fiscalía será la encargada de comprobar los datos, determinar si hay personas involucradas y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, terminó con un balance preocupante para las autoridades de salud: dos personas fallecieron después de presentar graves complicaciones médicas y 107 asistentes recibieron atención por intoxicaciones relacionadas con sustancias psicoactivas. Las circunstancias de ambos decesos continúan bajo investigación. 🚨
Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, informó que durante las dos jornadas se realizaron 193 atenciones médicas por diferentes situaciones. Siete personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales y dos de ellas murieron. Además de las intoxicaciones, los equipos de atención recibieron casos de ataques epilépticos asociados con los efectos de las luces de los escenarios y de complicaciones relacionadas con enfermedades preexistentes.
Una de las víctimas fue Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años, quien presentó dificultades respiratorias y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe durante la primera jornada del evento. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, falleció durante la madrugada del domingo 11 de octubre.
Según los reportes médicos conocidos por El Colombiano, el joven ingresó en estado crítico y presentó un cuadro que sugería una posible intoxicación. Aunque inicialmente logró estabilizarse, posteriormente sufrió nuevas complicaciones metabólicas y respiratorias. Las autoridades manejan como hipótesis una posible sobredosis, pero la causa definitiva de su muerte deberá establecerse mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.
La segunda víctima fue Ajay Bhatnagar, un médico de 51 años, de origen indio-británico, reconocido por su trayectoria como oncólogo y radioterapeuta en Estados Unidos. El profesional asistió a la segunda jornada del festival y comenzó a presentar problemas de salud durante el evento. Sus acompañantes lo llevaron a un punto de atención médica y posteriormente fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde murió el lunes festivo 12 de octubre.
En el caso de Bhatnagar, los reportes preliminares apuntaron a posibles complicaciones asociadas con el consumo de anfetaminas y bebidas alcohólicas. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento también deberán ser esclarecidas por las autoridades. Los dos casos están relacionados con emergencias médicas ocurridas durante el festival, pero las hipótesis iniciales no reemplazan los resultados definitivos de las investigaciones.
Tras la muerte del joven costarricense, su padre pidió que se esclarecieran los hechos y rechazó que se señalara a su hijo como una persona adicta. La familia espera conocer los resultados de los exámenes correspondientes para establecer qué provocó la emergencia médica que terminó con su vida.
El balance genera interrogantes sobre la prevención y la respuesta ante emergencias en eventos multitudinarios. De acuerdo con la información publicada, el dispositivo logístico del festival contó con 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de Espacio Público y 60 gestores operativos, distribuidos para apoyar la seguridad y el control en las zonas habilitadas.
La organización informó que el EDC reunió a 94.000 personas durante las dos jornadas, con aproximadamente 47.000 asistentes por día. Del total, unos 23.000 eran visitantes internacionales, mientras que más de 14.000 llegaron desde otras ciudades de Colombia. El evento también generó un impacto económico estimado en $110.000 millones, asociado a actividades como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.
Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud de Medellín hizo un llamado a priorizar el cuidado de la vida y mantener medidas de prevención durante este tipo de celebraciones. Las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de las dos muertes y en la evaluación de las emergencias registradas durante el festival, mientras los casos siguen bajo investigación.
El exsoldado profesional Henry Camargo llegó a Colombia el 13 de octubre en un vuelo medicalizado procedente de Nueva York, Estados Unidos, luego de que el Gobierno nacional gestionara su repatriación debido a su delicado estado de salud. El exintegrante de las Fuerzas Militares necesita un trasplante de ambos pulmones y continuará su atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá. 🇨🇴
El traslado se realizó por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella y fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de Colombia en Nueva York. Para hacer posible la operación, se autorizó de manera excepcional el uso de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, destinado a brindar apoyo humanitario a colombianos en situaciones de especial vulnerabilidad.
La situación de Camargo se hizo conocida después de que difundiera un video desde Estados Unidos en el que solicitaba ayuda para regresar a su país y recibir el tratamiento que necesita. El exmilitar permanecía hospitalizado en el Hospital Elmhurst, en Queens, mientras enfrentaba las complicaciones de su enfermedad pulmonar y las dificultades para avanzar en el proceso de trasplante.
Camargo prestó servicio durante 22 años en el Ejército Nacional y, según sus propios relatos, resultó herido en tres ocasiones durante su trayectoria militar. Después de retirarse de la institución, viajó a Estados Unidos con la intención de buscar oportunidades laborales y apoyar económicamente a su familia. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando comenzó a experimentar problemas respiratorios que deterioraron progresivamente su salud.
De acuerdo con declaraciones que había entregado anteriormente a medios de comunicación, el exsoldado llevaba más de un año esperando una alternativa para el trasplante. Su situación migratoria en Estados Unidos habría dificultado la continuidad del procedimiento, por lo que regresar a Colombia se convirtió en una opción para continuar su atención médica.
Tras conocer su caso, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó activar las gestiones necesarias para facilitar el regreso. El mandatario se comunicó con Camargo y le manifestó su disposición de ayudarlo a regresar al país para que pudiera continuar con el tratamiento. La solicitud fue atendida por la Cancillería y el consulado, que mantuvieron contacto con el paciente y coordinaron las condiciones del traslado con el hospital estadounidense y las instituciones colombianas.
A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por personal del Hospital Militar Central, donde seguirá su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. La Cancillería indicó que el acompañamiento consular permitió organizar el retorno en condiciones adecuadas para sus necesidades clínicas.
Karen Camargo, hija del exmilitar, expresó su agradecimiento al Gobierno por las gestiones que hicieron posible el viaje. Señaló que la familia se siente feliz de tener nuevamente a su padre en Colombia y reconoció el apoyo recibido para facilitar su llegada al centro hospitalario.
Además de continuar su tratamiento, se espera que Henry pueda reencontrarse con su madre, Nora Guzmán, con quien había perdido contacto durante varios años. Para su familia, el regreso representa una oportunidad de acompañarlo de cerca mientras los especialistas evalúan los siguientes pasos de su atención.
Aunque la repatriación ya se concretó, el traslado no significa que el trasplante pulmonar se haya realizado. Camargo deberá continuar bajo valoración médica y cumplir las etapas necesarias para determinar las opciones de tratamiento. Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el tiempo estimado de recuperación ni sobre la fecha de un eventual procedimiento quirúrgico.
La Cancillería reiteró que continuará brindando asistencia consular a los colombianos en el exterior que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, dentro de sus competencias y de los recursos disponibles. La llegada de Camargo marca el cierre de las gestiones diplomáticas para su retorno y el inicio de una nueva etapa de atención médica en Colombia.