⚖️🚨 La justicia volvió a fijar una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La diligencia quedó programada para el próximo 10 de septiembre a las 2:30 de la tarde, después de que la audiencia prevista para el 31 de agosto no pudiera avanzar debido a una objeción presentada por la defensa sobre el despacho encargado del proceso. 🇨🇴🏛️
La nueva cita judicial será ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. Se trata de la cuarta fecha establecida para realizar la audiencia, en la que la Fiscalía pretende formular cargos contra Quintero y otros tres investigados por presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA.
La diligencia del pasado lunes había comenzado después de que el proceso fuera trasladado temporalmente a otro despacho debido a la incapacidad médica de la jueza titular del Juzgado 27. Por esta razón, la audiencia pasó al Juzgado 39 Penal Municipal de Medellín, donde finalmente se presentó el inconveniente que terminó impidiendo la imputación.
Durante la instalación de la audiencia, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, cuestionó el procedimiento utilizado para asignar el caso al nuevo juzgado. El jurista argumentó que debían respetarse las reglas establecidas para la distribución y asignación de este tipo de diligencias judiciales.
La defensa sostuvo que el traslado del proceso no podía hacerse de manera inmediata bajo las circunstancias en las que se produjo y solicitó que se revisara la competencia del despacho que había recibido la audiencia.
La jueza 39 analizó los argumentos planteados por el abogado y consultó la posición de las demás partes involucradas. Aunque la Fiscalía, la Procuraduría y el representante del Área Metropolitana se opusieron a la solicitud y pidieron que la audiencia continuara, la jueza terminó acogiendo los argumentos relacionados con el procedimiento de asignación.
En consecuencia, determinó que el expediente debía regresar al despacho correspondiente y que la audiencia tenía que ser programada nuevamente ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.
La decisión significa que, por ahora, Miguel Quintero no ha recibido formalmente los cargos que la Fiscalía pretende formular en su contra. La próxima diligencia será entonces la cuarta oportunidad en la que las autoridades judiciales intentarán avanzar con la imputación.
¿De qué investigación hace parte Miguel Quintero?
El proceso está relacionado con una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el periodo 2020-2021.
Según la hipótesis del ente acusador, se habrían presentado actuaciones irregulares alrededor de seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto supera los 17.000 millones de pesos.
Dentro del proceso también aparecen Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; y Sebastián de Dios Ortega, quienes fueron citados junto con Miguel Quintero a la audiencia de imputación.
La Fiscalía busca atribuirles, de acuerdo con la responsabilidad que establezca para cada uno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación sostiene que algunos contratos habrían sido direccionados para beneficiar intereses particulares y que alrededor de estas actuaciones se habrían producido presuntas comisiones económicas.
El caso ha avanzado por diferentes vías judiciales y ya cuenta con personas que han aceptado responsabilidad dentro de investigaciones relacionadas. Esto ha permitido a la Fiscalía obtener testimonios y elementos que ahora hacen parte del expediente contra los nuevos investigados.
Fiscalía también busca una medida de aseguramiento
Además de la imputación de cargos, la Fiscalía tiene previsto solicitar una medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y los demás investigados. Esto significa que, una vez se realice la audiencia y se presenten formalmente las acusaciones, el ente investigador podrá solicitar al juez que determine si existen razones suficientes para imponer una medida restrictiva de la libertad.
La decisión final, sin embargo, corresponderá al juez de control de garantías y dependerá de los argumentos presentados por la Fiscalía, las defensas y las demás partes que intervengan durante la diligencia.
El proceso ha adquirido especial relevancia política debido a que Miguel Quintero es hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado públicamente el proceso judicial contra su familiar.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha manifestado su respaldo a que las investigaciones avancen y ha señalado en diferentes oportunidades la importancia de que se establezcan responsabilidades frente a las presuntas irregularidades ocurridas durante administraciones anteriores.
Una audiencia que ha sido aplazada en varias oportunidades
La audiencia contra Miguel Quintero inicialmente había sido programada para el 3 de agosto. Posteriormente fue trasladada al 25 de agosto y después al 31 de agosto, debido a diferentes situaciones relacionadas con la preparación del proceso y solicitudes presentadas por las partes.
La diligencia del 31 de agosto finalmente comenzó, pero no pudo continuar debido al cuestionamiento presentado por la defensa sobre la competencia del juzgado que había asumido temporalmente el caso.
Ahora, con la nueva programación, la atención estará puesta en el 10 de septiembre, fecha en la que la Fiscalía buscará finalmente avanzar con la imputación ante el despacho que inicialmente tenía asignado el proceso.
La audiencia será clave para determinar si el caso logra superar los obstáculos procesales que han impedido hasta ahora la formulación formal de cargos contra Miguel Quintero y los otros investigados.
Mientras llega la nueva fecha, el proceso continúa abierto y las autoridades deberán resolver los aspectos de competencia y procedimiento que generaron el último aplazamiento. La expectativa estará centrada en si esta cuarta programación permitirá finalmente que la Fiscalía exponga ante un juez las acusaciones que mantiene dentro de la investigación por los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
🚨 La reconocida cadena colombiana de hamburguesas Presto atraviesa una nueva crisis financiera que llevó a la apertura de un proceso de liquidación judicial. La decisión afecta a Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa responsable de la operación de la marca en el país, luego de que incumpliera los compromisos establecidos en su acuerdo de reorganización empresarial. Sin embargo, el objetivo de la liquidadora es encontrar un comprador que permita mantener los restaurantes en funcionamiento.
La determinación quedó en firme el 13 de octubre de 2026, después de que la compañía solicitara formalmente la liquidación el 30 de septiembre. La Superintendencia de Sociedades ordenó terminar el proceso de reorganización y dar paso a la liquidación, al identificar dificultades que comprometían la continuidad de la empresa como negocio en marcha.
Entre los principales problemas financieros se encuentran la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de los gastos administrativos. Estas dificultades impidieron que la compañía cumpliera adecuadamente sus obligaciones, pese a los esfuerzos anteriores por reorganizar sus deudas y recuperar la estabilidad económica.
La situación representa un retroceso frente al proceso iniciado en julio de 2023, cuando Presto acudió a la reorganización empresarial para negociar sus compromisos con los acreedores y evitar llegar a una liquidación. En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había confirmado un acuerdo que contemplaba la reorganización de pasivos por aproximadamente 31.000 millones de pesos, con un plazo de pago de seis años.
Pese a ese acuerdo, la empresa no logró sostener las condiciones financieras necesarias para continuar con el plan. El incumplimiento de obligaciones posteriores a su aprobación terminó por llevar a la compañía a solicitar la apertura del nuevo proceso judicial.
Buscan comprador para preservar la marca
La liquidación no implica necesariamente que todos los restaurantes deban cerrar de inmediato. Mónica Macías, designada como liquidadora por la Superintendencia de Sociedades, busca un comprador interesado en adquirir la empresa y mantener su operación. La intención es conservar el valor comercial de la marca, proteger los establecimientos y reducir el impacto sobre los trabajadores.
De acuerdo con la información divulgada por medios económicos, los puntos de venta continuarán atendiendo hasta nueva orden mientras se adelantan las gestiones para encontrar una salida viable. No obstante, la continuidad de la cadena dependerá de los resultados del proceso y de que se concrete una negociación que permita preservar el negocio.
Cuando se aprobó el acuerdo de reorganización en abril, la compañía reportaba el propósito de proteger 694 empleos directos y mantener el funcionamiento de 180 puntos de venta en el territorio nacional. Estas cifras corresponden a esa etapa del proceso y no necesariamente reflejan la situación actual de la empresa.
Un nuevo desafío para la cadena de hamburguesas
Presto es una de las marcas tradicionales del mercado colombiano de comidas rápidas y durante años ha competido en el segmento de las hamburguesas con otras cadenas nacionales e internacionales. La crisis actual evidencia las dificultades que enfrenta la compañía para sostener sus operaciones y atender sus compromisos financieros.
Ahora, la búsqueda de un inversionista o comprador será determinante para definir el futuro de la marca. Mientras avanza la liquidación judicial, la prioridad anunciada es conservar la operación durante el proceso y evitar que la crisis termine con el cierre definitivo de sus restaurantes.
Por el momento, no se ha confirmado la venta de la compañía ni la identidad de un eventual comprador. El desenlace dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso de liquidación y de las posibilidades de mantener la actividad comercial bajo una nueva propiedad.
🚨 La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales de la ciudad, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y evitar emergencias durante la temporada de lluvias. La estrategia contempla trabajos sobre cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial, con labores de limpieza, inspección y mantenimiento de los sistemas de drenaje.
De acuerdo con la Administración Distrital, cinco de los puntos priorizados ya fueron intervenidos, mientras continúan los trabajos en los demás corredores. Las jornadas se realizan durante la noche para disminuir las afectaciones al tránsito vehicular y permitir que las cuadrillas avancen sin generar mayores dificultades para quienes se movilizan por la ciudad.
Los primeros trabajos se desarrollaron en el soterrado de Villanueva, en ambos sentidos, así como en los de La Alpujarra, Los Músicos y Suramericana. Estos espacios son considerados estratégicos para la movilidad urbana y requieren mantenimiento periódico, especialmente cuando aumentan las precipitaciones.
Las intervenciones incluyen la revisión y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, estructuras encargadas de recoger y conducir el agua lluvia. También se adelanta la recolección de residuos sólidos, el barrido manual y mecánico de las superficies y el mantenimiento de los sistemas de iluminación.
El propósito es evitar que la acumulación de basura, sedimentos y otros materiales impida el flujo adecuado del agua. Cuando los drenajes presentan obstrucciones, las lluvias intensas pueden generar acumulaciones en las vías, dificultar el tránsito y aumentar los riesgos para conductores, motociclistas y peatones.
Según explicó Mario Ramírez, subsecretario de Gestión Ambiental de Medellín, las jornadas actuales se extenderán hasta el 4 de noviembre. El funcionario destacó la importancia de realizar estas labores en horario nocturno para avanzar en el mantenimiento sin ocasionar mayores contratiempos en la movilidad.
El plan hace parte de las acciones de prevención del riesgo y adaptación al cambio climático que adelanta la ciudad. Las intervenciones tienen una periodicidad trimestral y se coordinan a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato, vinculado al Sistema de Gestión Ambiental de Medellín.
En las labores participan Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emvarias, las secretarías distritales de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, además de la Policía Nacional. La coordinación entre estas entidades busca mejorar las condiciones de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura.
La Alcaldía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar papeles, vasos plásticos y otros residuos a las calles. Estos elementos pueden terminar en los sistemas de drenaje y provocar taponamientos, por lo que la disposición adecuada de las basuras es fundamental para complementar las acciones institucionales.
Con la intervención progresiva de los 15 soterrados, Medellín busca prepararse ante nuevos episodios de lluvias y disminuir las posibilidades de emergencias en corredores viales estratégicos. Las autoridades reiteraron que el mantenimiento preventivo y la colaboración ciudadana son necesarios para proteger la infraestructura y mantener la movilidad en condiciones seguras.
🚨 Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal de material de guerra que, según las autoridades, pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hallazgo se produjo en zona rural de Hato Corozal, al norte de Casanare, durante operaciones militares dirigidas a contrarrestar la presencia y las acciones de grupos armados organizados en el departamento.
De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante el procedimiento los uniformados encontraron 15 barras de Indugel, un explosivo de uso industrial que representa un riesgo cuando es almacenado o manipulado de manera inadecuada. Su presencia en un depósito clandestino encendió las alertas por las posibles consecuencias que este material podría tener para la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura de la región.
Además de los explosivos, en el lugar fueron hallados 30 cartuchos de calibre 7,62 milímetros, elementos de intendencia y equipos que, según el reporte oficial, estarían relacionados con las capacidades logísticas de la estructura armada ilegal.
Entre los materiales encontrados también había un radio de comunicaciones marca Motorola, dos cargadores para radio, un equipo de sonido y aproximadamente 20 metros de guaya acerada. Estos elementos quedaron registrados dentro del balance de la operación militar adelantada en el municipio casanareño.
El Ejército señaló que la ubicación del depósito constituye un resultado importante para las labores de control territorial, pues permite retirar de circulación material que podría ser utilizado en actividades ilícitas. No obstante, la información divulgada no detalla públicamente las circunstancias exactas en las que se almacenaban los elementos ni identifica a personas capturadas durante el procedimiento.
Las autoridades también advirtieron sobre el peligro que representa la presencia de explosivos en zonas rurales, especialmente por el riesgo de manipulación accidental y la posibilidad de que sean empleados en acciones contra la población o los integrantes de la Fuerza Pública.
La operación fue desarrollada por tropas del Grupo de Caballería Montado N.° 16 Guías de Casanare, unidad adscrita a la Décima Sexta Brigada. La institución militar indicó que continuará adelantando acciones para detectar depósitos clandestinos y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que operan en el departamento.
Con este resultado, el Ejército reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades de Casanare e hizo énfasis en la importancia de prevenir el uso ilegal de explosivos. La presencia de este tipo de materiales mantiene la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en Hato Corozal y otros sectores rurales de la región.