🚨 Eugenio Montoya Sánchez, hermano de Diego León Montoya, alias “Don Diego”, regresó a Colombia luego de cumplir 19 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y la obstrucción a la justicia.

Montoya llegó este viernes 11 de septiembre al aeropuerto El Dorado de Bogotá en calidad de deportado y quedó inmediatamente a disposición de la Policía Nacional y la Dijín, debido a que aún tiene requerimientos judiciales pendientes en el país.

El regreso del exintegrante del extinto cartel del Norte del Valle se produjo después de que cumpliera una condena que inicialmente había sido fijada en 30 años por la justicia estadounidense. Sin embargo, obtuvo una reducción de 11 años, lo que permitió su salida anticipada en 2026.

De acuerdo con Migración Colombia, Montoya cuenta actualmente con una Circular Roja de Interpol por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de falsedad en documento público. También existe una orden del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Buga para que cumpla una pena pendiente de 50 meses por falsedad material.

El hombre, conocido dentro de la organización criminal con el alias de “Don Hugo”, fue capturado en enero de 2007 en El Dovio, Valle del Cauca. Posteriormente, el 16 de junio de 2008, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena por conspiración para el tráfico de drogas y obstrucción a la justicia.

Según los antecedentes del caso, Montoya habría desempeñado un papel financiero dentro de la estructura del cartel del Norte del Valle, encargándose de administrar importantes cantidades de dinero en efectivo. Las autoridades estadounidenses señalaron que estos recursos eran utilizados para financiar laboratorios de cocaína, transporte de droga, seguridad y operaciones de lavado de activos.

Su llegada a Bogotá marca así el cierre de casi dos décadas bajo custodia en Estados Unidos, pero también el inicio de una nueva etapa judicial en Colombia, donde deberá responder por los requerimientos que permanecen activos en su contra.

El director de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, destacó que la entrega fue posible gracias al trabajo coordinado entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a uno de los antiguos integrantes de la estructura criminal del Norte del Valle, mientras las autoridades colombianas avanzan con los procedimientos judiciales correspondientes.

🗳️ El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda volvió a pronunciarse sobre las acusaciones realizadas por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, quien lo señaló de estar relacionado con una estrategia de presión armada conocida como el “voto fusil” en algunas regiones del país durante las elecciones presidenciales.

Cepeda rechazó nuevamente estas afirmaciones y aseguró que el ministro no ha presentado pruebas que sustenten la acusación. El senador considera que estos señalamientos estigmatizan a las comunidades rurales que respaldaron su candidatura y podrían generar riesgos para quienes participaron en las elecciones.

La controversia se originó después de que Mora afirmara, en una entrevista publicada el pasado 5 de septiembre, que el denominado “voto fusil” habría respondido a una estrategia diseñada durante el anterior Gobierno y aplicada en territorios donde Cepeda obtuvo respaldo electoral.

Ante estas declaraciones, el senador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro por el presunto delito de calumnia agravada. Cepeda sostiene que las afirmaciones hacen parte de una campaña de señalamientos contra él y contra el expresidente Gustavo Petro.

El dirigente también defendió el comportamiento electoral de las comunidades rurales y señaló que la participación en estas zonas llegó al 65%, cifra que atribuyó a datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). Según su interpretación, esta participación responde a procesos de organización y ejercicio de los derechos políticos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Cepeda aseguró además que el respaldo obtenido en diferentes territorios estuvo relacionado con las propuestas de su campaña y con el balance que sectores rurales hacen de los últimos cuatro años, especialmente frente a la reforma agraria y otras transformaciones sociales.

Como parte de sus argumentos, el senador mencionó informes de la MOE y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, organismos que, según su versión, no encontraron elementos que permitieran establecer una injerencia armada determinante sobre el resultado de las elecciones.

Cepeda también sostuvo que existen territorios con presencia de grupos armados ilegales donde el resultado electoral favoreció ampliamente al presidente electo Abelardo de la Espriella, incluso con porcentajes cercanos al 70%. Para el senador, este comportamiento electoral cuestionaría la idea de que una estructura armada hubiera impuesto de manera generalizada el voto a favor del Pacto Histórico.

El debate continúa en medio de las fuertes tensiones políticas posteriores a las elecciones presidenciales. Mientras el Gobierno y sus sectores afines defienden la legitimidad del respaldo obtenido en las zonas rurales, desde el Ministerio de Defensa se han planteado preocupaciones sobre la posible influencia de grupos armados en determinados territorios.

Por ahora, las afirmaciones sobre el llamado “voto fusil” continúan siendo objeto de controversia política y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial sobre una estrategia de coacción electoral.

⚖️ La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), puso en conocimiento de las autoridades una posible irregularidad en el manejo del celular que el exfuncionario entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la entidad.

El abogado de López expresó preocupación por la posibilidad de que se haya presentado una ruptura de la cadena de custodia del dispositivo y pidió que cualquier información extraída o utilizada dentro del proceso sea contrastada con los archivos originales que reposan en poder de la defensa.

La advertencia cobra relevancia debido a que el teléfono contiene información que podría ser utilizada como elemento de prueba dentro de las investigaciones. Según la defensa, cualquier alteración, manipulación o extracción de contenidos sin los procedimientos correspondientes podría afectar la forma en que estos elementos son valorados dentro del proceso judicial.

El abogado también llamó la atención sobre la eventual divulgación de fragmentos de conversaciones o archivos contenidos en el dispositivo. Señaló que, incluso cuando se trate de material auténtico, presentar únicamente determinados extractos y fuera de su contexto podría modificar la interpretación de lo ocurrido.

Por esta razón, la defensa solicitó que los contenidos que eventualmente sean incorporados al proceso sean revisados frente a los archivos originales, con el propósito de establecer su autenticidad, integridad y contexto.

Hasta el momento, la advertencia corresponde a un planteamiento realizado por la defensa de Olmedo López y no significa que las autoridades hayan confirmado una ruptura de la cadena de custodia. Será la investigación y las verificaciones técnicas correspondientes las que permitan determinar si existió alguna irregularidad en el manejo del teléfono o de la información contenida en él.

El caso se mantiene relacionado con las investigaciones por las presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de la UNGRD, proceso en el que López ha entregado información y elementos a la Fiscalía.