⚖️ La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició la ejecución de las sanciones impuestas a los siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por su responsabilidad en la política de secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pablo Catatumbo, quienes deberán cumplir ocho años de sanciones restaurativas. Las medidas no contemplan el ingreso a prisión, pero sí incluyen restricciones a la movilidad, vigilancia electrónica y la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.

La decisión hace parte del macrocaso 01, en el que la JEP investigó los secuestros, las privaciones de la libertad y otros delitos relacionados con la política implementada por las extintas Farc. El tribunal determinó la responsabilidad de los antiguos integrantes del Secretariado como máximos responsables de estos hechos.

Los tiempos de sanción establecidos para cada compareciente son los siguientes: Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.

Como parte de las primeras actividades restaurativas, varios de los sancionados participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en labores de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. El proceso estará dirigido técnicamente por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Los comparecientes realizarán labores de apoyo físico y logístico, como adecuación de terrenos, excavación manual y tamizado. Sin embargo, no tendrán responsabilidades relacionadas con las labores forenses, que estarán a cargo del personal especializado.

La JEP también estableció una serie de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sanciones. Los siete exintegrantes del Secretariado deberán permanecer en las zonas asignadas para cada etapa de ejecución, cumplir una jornada de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y portar de manera permanente dispositivos electrónicos de monitoreo.

Además, tendrán prohibido salir del país durante el periodo de la sanción y no podrán cambiar de residencia sin autorización previa de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. También deberán solicitar permiso para desplazarse fuera del departamento donde desarrollen sus actividades restaurativas.

La sentencia contempla 79 actividades distribuidas en siete regiones y 12 departamentos. Estas labores buscan contribuir a la reparación de las víctimas mediante acciones relacionadas con la búsqueda de desaparecidos, el medioambiente, el desminado humanitario y proyectos de infraestructura.

Con la activación de estas medidas, la JEP avanza en la fase de cumplimiento de su primera sentencia contra el antiguo Secretariado de las Farc por los hechos relacionados con el secuestro. Las autoridades correspondientes estarán encargadas de realizar el seguimiento a las condiciones y obligaciones impuestas a los sancionados.

🚨 Una tragedia se registró este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca, donde Cristian Garzón, un guarda de seguridad de 27 años, murió tras ser atacado con un arma blanca mientras realizaba labores de control para evitar el ingreso irregular de usuarios al sistema.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando una pareja habría intentado ingresar a la estación sin pagar el pasaje. Garzón, quien trabajaba para la empresa Top Guard Ltda. y hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir que las personas accedieran de manera irregular.

Según los testimonios conocidos sobre el caso, durante el procedimiento uno de los involucrados habría intentado agredir a una guarda de seguridad. En medio de la situación, Garzón se habría interpuesto para proteger a su compañera y recibió dos heridas en el pecho.

Una de las trabajadoras que se encontraba en el lugar relató a Blu Radio los momentos posteriores al ataque. Según su testimonio, el guarda inicialmente le manifestó que se encontraba bien, pero luego ella observó las heridas que tenía debajo de su chaleco de protección.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones, que presuntamente habrían comprometido uno de sus órganos vitales.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre y una mujer, quienes son señalados como presuntos responsables del ataque. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de los detenidos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y aseguró que se brindará apoyo a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, también rechazó el crimen y destacó la labor de los organismos de seguridad y justicia.

TransMilenio S.A. y la empresa Top Guard Ltda. expresaron sus condolencias por la muerte del trabajador y reiteraron el llamado a respetar las normas de ingreso al sistema. La empresa de transporte señaló que la vida de los usuarios y trabajadores debe estar por encima de cualquier situación relacionada con la evasión del pasaje.

El caso ha generado preocupación por las agresiones que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso a las estaciones y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad dentro del sistema de transporte público.

🚨 Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió desarticular una estructura criminal que habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico entre 2018 y 2026, utilizando empresas, operaciones bancarias y transacciones con criptoactivos.

El operativo se desarrolló en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en el entramado financiero. Las autoridades también ocuparon bienes que superarían los 10,2 millones de dólares en valor preliminar.

De acuerdo con la investigación, la organización habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

Sin embargo, los investigadores encontraron que varias de estas empresas presuntamente no contaban con la infraestructura ni la capacidad operativa necesarias para desarrollar las actividades registradas. También se habrían identificado inconsistencias entre sus movimientos bancarios y la información reportada en sus estados financieros.

Otro de los mecanismos que habría utilizado la estructura era el manejo de criptoactivos, especialmente transacciones en USDT. Según la Fiscalía, se detectaron operaciones con empresas relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales presuntamente eran convertidos y retirados rápidamente. Parte del dinero habría sido invertida posteriormente en inmuebles y vehículos de alta gama, con el propósito de incorporarlo a la economía legal.

Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte. Además, tres inmuebles ubicados en Envigado, Antioquia, y Barranquilla, valorados en aproximadamente 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado. Este grupo estaba conformado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

La Fiscalía indicó que las cinco personas capturadas serían presuntas responsables de facilitar el ingreso, la movilización y el ocultamiento de recursos de origen ilícito mediante el uso de empresas y herramientas financieras digitales.

La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades judiciales, que deberán establecer la responsabilidad individual de los detenidos y determinar las consecuencias legales correspondientes.