🚨 Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió realizar cuatro diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Orocué, Casanare, donde las autoridades afectaron una estructura que presuntamente se dedicaba a la distribución de estupefacientes bajo la modalidad de venta puerta a puerta.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron capturadas en flagrancia y quedaron vinculadas a investigaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína, 190 gramos de marihuana y 23 papeletas de bazuco. También fueron encontrados un arma de fuego de fabricación hechiza, 15 cartuchos calibre .38 y 100 cartuchos calibre .22.

El operativo permitió además la incautación de ocho teléfonos celulares, dos computadores portátiles, dos grameras y diferentes elementos que, según las autoridades, serían utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes. También fueron encontrados $200.000 en efectivo y cuatro motocicletas.

De las cinco personas capturadas, tres registran antecedentes como indiciadas en investigaciones por diferentes delitos, entre ellos acceso carnal violento, hurto calificado y agravado y tráfico de estupefacientes.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, destacó el trabajo conjunto desarrollado con la Fiscalía y señaló que este tipo de procedimientos buscan afectar las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el departamento.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir la situación jurídica de los detenidos dentro de los respectivos procesos.

🚨 En Yopal, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a tres personas que estarían involucradas en el delito de hurto calificado y agravado, según las investigaciones adelantadas por las autoridades.

De acuerdo con el proceso investigativo, los detenidos presuntamente conformaban un grupo dedicado al hurto de viviendas bajo la modalidad conocida como ‘ventosa’. Esta práctica consiste en ingresar a los inmuebles cuando sus habitantes se encuentran ausentes para apoderarse de objetos de valor.

Entre los elementos que, al parecer, eran sustraídos de las residencias se encuentran joyas, dinero en efectivo, televisores y otros artículos de valor. Las autoridades avanzaron en la investigación hasta lograr la identificación y captura de los tres señalados.

La Policía informó que los capturados registran un total de 21 anotaciones como indiciados por diferentes delitos. Entre ellos se encuentran hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y amenazas.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación jurídica y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

🚨 Un informe pericial de informática forense reveló conversaciones que la exconsejera presidencial Eva Ferrer sostuvo con Gustavo Petro entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En los mensajes, Ferrer habría alertado al entonces presidente sobre presuntas irregularidades relacionadas con reuniones, contratos y asignación de cargos en el entorno de la Casa de Nariño.

Las conversaciones, conocidas por la revista Semana y divulgadas por Infobae, mencionan al exrepresentante a la Cámara Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer. Las afirmaciones hacen parte de los mensajes intercambiados a través de la aplicación Line y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Según el informe, una de las primeras advertencias de Ferrer ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando le escribió a Petro para informarle que, de acuerdo con una fuente que no identificó, algunos medios estarían preparando una investigación sobre una presunta trama de corrupción relacionada con el supuesto reparto de cargos por parte de familiares de Verónica Alcocer y Agmeth Escaf.

Posteriormente, Ferrer habría expresado al entonces mandatario sus diferencias con Carlos Ramón González, quien en ese momento estaba al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). También manifestó que su relación con Verónica Alcocer se había deteriorado y señaló a Mario Fernández Alcocer por su presunta intención de involucrarla en reuniones y contratos.

Entre los temas mencionados en los mensajes aparece la compañía de gas de Barranquilla. Ferrer aseguró que Fernández Alcocer habría intentado incluirla en asuntos relacionados con reuniones y contratación, aunque los chats no establecen por sí mismos que se hubiera cometido un delito.

En otro intercambio, la exasesora afirmó que estaría enfrentando situaciones de acoso laboral y aislamiento dentro del círculo de la entonces primera dama. Según su versión, estas presiones estarían relacionadas con su negativa a colaborar con Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer.

Ante los señalamientos, Petro le habría respondido: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. La conversación también refleja el deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, así como las diferencias que surgieron dentro del entorno presidencial.

Los mensajes abarcan varios años de comunicación y exponen denuncias sobre presuntos manejos irregulares, además de conflictos personales y laborales. Sin embargo, las acusaciones deben ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes y contrastadas con las versiones de las personas mencionadas.

La divulgación del informe vuelve a poner bajo la atención pública las relaciones políticas y administrativas que rodearon al Gobierno de Gustavo Petro, aunque hasta el momento el contenido de las conversaciones no equivale a una sentencia ni demuestra de manera definitiva la existencia de una red de corrupción.

Las autoridades competentes deberán determinar si los señalamientos cuentan con elementos suficientes para dar lugar a investigaciones formales y establecer eventuales responsabilidades individuales.