🚨 La emergencia por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva y sectores cercanos mantiene en alerta a las comunidades, debido a que las llamas han alcanzado áreas rurales, amenazan fuentes hídricas y ponen en riesgo zonas naturales, establecimientos turísticos y terrenos destinados a la agricultura.

El incendio comenzó el sábado en el sector de La Marmolera, en inmediaciones del cerro San Marcos. Para el domingo, el fuego ya había consumido aproximadamente 180 hectáreas, según los reportes conocidos por las autoridades. Las condiciones climáticas, especialmente los fuertes vientos y la vegetación seca, han dificultado las labores de control.

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de hasta 45 millones de pesos para quienes entreguen información que permita esclarecer el origen del incendio e identificar a los responsables. Los datos podrán suministrarse de manera confidencial a la Sijín, el Gaula Boyacá o la línea 123.

Uno de los principales motivos de preocupación para los habitantes es el impacto sobre los nacimientos y acuíferos que abastecen de agua a diferentes comunidades. Mireya López, residente de la vereda Ritoque, en Záchica, aseguró que las llamas afectaron la zona del acuífero principal que suministra agua a la vereda y al municipio.

La habitante también mencionó sectores como La Castellana, Aqua Palma, la quebrada San Francisco, La Mesopotamia, La Colorada y Chaina, áreas que estarían expuestas a los efectos del incendio. La preocupación se relaciona tanto con el daño ambiental como con la posible afectación de la calidad y continuidad del suministro de agua.

Riesgo para el turismo y la economía local

El incendio también ha generado consecuencias para el sector turístico de Villa de Leyva. La emergencia provocó la cancelación de la Carrera del Amor y ocasionó la salida de visitantes, en un fin de semana en el que los comerciantes esperaban una alta ocupación hotelera.

Hoteles, restaurantes y negocios dedicados a la venta de productos tradicionales han visto reducido el movimiento comercial. López explicó que la disminución de turistas afecta directamente a quienes dependen de la actividad económica del municipio.

La situación también repercute en los productores agrícolas de la región, quienes suelen llevar alimentos y otros productos durante los fines de semana para abastecer hoteles, bares y restaurantes.

Habitantes de las zonas afectadas han permanecido atentos a la evolución del fuego, mientras algunas familias se han trasladado a lugares considerados más seguros y otras se han organizado para proteger sus viviendas y animales.

La comunidad también ha expresado cuestionamientos sobre la respuesta inicial de las autoridades y ha solicitado mayores recursos para atender este tipo de emergencias. Mientras continúan las labores de control, los residentes mantienen la alerta por el riesgo para sus viviendas, los cultivos, las fuentes hídricas y el patrimonio natural de la región.

El origen del incendio continúa bajo investigación. Las autoridades deberán establecer si hubo intervención humana y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras los organismos de socorro trabajan para controlar los diferentes focos activos.

🚨 Un operativo adelantado por el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dejó como resultado la imposición de medidas cautelares sobre 38 inmuebles ubicados en Bogotá y Cundinamarca, algunos de ellos relacionados con establecimientos comerciales de las marcas Koaj y Lili Pink.

Los bienes intervenidos están avaluados en aproximadamente 379.873 millones de pesos y, según las autoridades, estarían vinculados con una estructura investigada por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando de mercancías.

El procedimiento se desarrolló este lunes 21 de septiembre, bajo la coordinación de la Décima Tercera Brigada del Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la SAE. Del total de propiedades, 21 se encuentran en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín.

Los otros 17 inmuebles están ubicados en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Las medidas buscan impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o utilizados mientras avanzan las investigaciones judiciales.

¿Qué relación tienen Koaj y Lili Pink con el proceso?

Entre los inmuebles intervenidos se encuentran locales donde funcionan establecimientos comerciales de Koaj y Lili Pink. Sin embargo, las autoridades aclararon que las medidas cautelares recaen sobre propiedades específicas y no significan que se haya decretado la extinción de dominio de las marcas en su totalidad.

El procedimiento se suma a una investigación que la Fiscalía adelanta alrededor de Fast Moda S. A. S., sociedad que opera las tiendas Lili Pink y Joy, y otras empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para respaldar operaciones de importación y abastecimiento de mercancía.

Dentro del proceso también aparece Elephant Import & Export S. A. S., empresa que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría participado en el suministro de productos pese a que presuntamente no contaba con la capacidad económica suficiente para desarrollar dichas operaciones.

Los investigadores han revisado movimientos financieros, relaciones comerciales y operaciones de importación que podrían estar vinculadas con el ingreso de mercancía de origen extranjero.

Investigación por contrabando y lavado de activos

La Fiscalía también ha señalado que parte de la mercancía investigada habría ingresado desde China a través de Panamá. En diligencias anteriores fueron identificados contenedores con productos que ya contaban con etiquetas destinadas al mercado colombiano.

Además, el ente acusador investiga presuntas operaciones financieras entre empresas, entre ellas un préstamo de 64.000 millones de pesos y una deuda registrada por 126.000 millones de pesos, movimientos que deberán ser analizados para establecer si hicieron parte de un esquema irregular.

Las medidas cautelares no representan una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal de las personas o empresas mencionadas. El proceso continúa en manos de las autoridades, que deberán valorar las pruebas y establecer si existieron delitos y quiénes serían responsables.

🚨 La familia de Ana Lucía González, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Bogotá, enfrenta una nueva dificultad. La hermana mayor de la menor, de 24 años, fue desalojada del apartamento en Mosquera, Cundinamarca, donde vivía junto a José Rojas Lárez, señalado por las autoridades en el caso.

Daniel Solarte, abogado de la familia, explicó que la joven solo pudo permanecer una última noche en la vivienda después de que el propietario tomara la decisión de solicitarle que la abandonara. La situación habría dejado a la mujer sin un lugar estable para residir, en medio del proceso judicial por la muerte de su hermana.

Según el representante legal, la familia atraviesa una situación de gran vulnerabilidad económica y habitacional. La joven vivía en ese inmueble con Rojas Lárez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte de la menor.

El abogado manifestó que la situación de la hermana de Ana Lucía se volvió aún más compleja después de los hechos y aseguró que sus representados se encuentran desprotegidos. Ahora, sus allegados buscan alternativas para que la mujer pueda establecerse nuevamente en un lugar seguro.

La familia también busca trasladar el cuerpo a Venezuela

A las dificultades de vivienda se suma el proceso para recibir el cuerpo de Ana Lucía y trasladarlo a Venezuela, donde sus familiares esperan darle sepultura.

La entrega de los restos depende de los procedimientos de identificación y de las actuaciones de Medicina Legal. El abogado señaló que la situación económica de la familia representa un obstáculo adicional para cubrir los gastos de repatriación.

Ana Lucía, de aproximadamente ocho años, había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Por estos hechos, José Rojas Lárez fue capturado y permanece bajo medida de aseguramiento. La Fiscalía continúa recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La defensa de la familia ha insistido en la necesidad de que se esclarezca completamente lo ocurrido, mientras los allegados de la niña enfrentan tanto el impacto de la tragedia como las dificultades para garantizar su estabilidad y realizar el traslado de sus restos a Venezuela.