Una serie de amenazas y exigencias económicas atribuidas a estructuras armadas ilegales puso en alerta a Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que la compañía revelara que el proyecto Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín habrían sido señalados como objetivos de intimidaciones por parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Según un documento enviado por la empresa a la Cámara de Representantes, las exigencias alcanzaron los 5.000 millones de pesos como pago inicial y otros 500 millones mensuales a cambio de no atentar contra estas infraestructuras. 🚨

La información fue conocida a través de una comunicación remitida el 28 de octubre de 2026 por el área de Seguridad de EPM al Congreso, como respuesta a una invitación para participar en un debate de control político sobre la situación de orden público y los riesgos para la infraestructura estratégica en Medellín y Antioquia.

De acuerdo con el informe, las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta los primeros meses de 2026. La compañía señaló que, para presionar el pago de las extorsiones, integrantes del Frente 36 habrían instalado dos cilindros explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. Como consecuencia de estos hechos, un sargento del Ejército perdió la vida y un soldado resultó herido.

La situación también habría afectado el funcionamiento logístico del proyecto hidroeléctrico, que permaneció cerca de una semana sin recibir carga crítica necesaria para sus actividades. EPM indicó que las exigencias fueron puestas en conocimiento del Gaula de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El Metro y la Alcaldía también habrían sido amenazados

Uno de los aspectos más delicados revelados en el documento es que las intimidaciones no estaban dirigidas únicamente contra Hidroituango. Según EPM, el Frente 36 también habría mencionado al Metro de Medellín y a la Alcaldía de la ciudad dentro de las amenazas relacionadas con las exigencias económicas.

La revelación generó preocupación por los posibles riesgos sobre la infraestructura de transporte y las instituciones públicas de la capital antioqueña, especialmente por tratarse de servicios esenciales para millones de personas.

En el mismo reporte, EPM relacionó otros hechos violentos contra la infraestructura energética. La empresa informó sobre atentados contra tres torres de transmisión ubicadas en Medellín y Bello, además de sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango durante marzo de 2026.

Ante las condiciones de seguridad, la compañía tuvo que restringir temporalmente el ingreso de sus trabajadores a sectores rurales de Briceño y al menos 17 veredas, con el propósito de proteger al personal que desarrolla labores técnicas y operativas en la zona.

Alertas por el control territorial del Clan del Golfo

El informe presentado al Congreso también expone las dificultades que enfrenta EPM en territorios donde tiene presencia el Clan del Golfo, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño.

La compañía advirtió que, durante los acuerdos de Doha, suscritos en diciembre de 2025 entre el Gobierno nacional y esa organización armada, se habrían fortalecido mecanismos de control territorial que afectaron el desarrollo de sus actividades.

Según la comunicación, integrantes de esta estructura imponían permisos escritos para permitir el ingreso de trabajadores a determinadas zonas, realizaban retenciones y expulsaban cuadrillas que adelantaban labores relacionadas con la prestación de servicios públicos.

EPM señaló que, tras la terminación de esos acuerdos y el retorno de las operaciones militares contra el grupo, se presentaron nuevos paros armados y bloqueos que incrementaron los riesgos para sus empleados, las inversiones y la continuidad de sus operaciones en diferentes municipios.

La empresa también advirtió sobre situaciones relacionadas con el suministro de agua en el sector de Granizal, en Bello. De acuerdo con el reporte y las alertas de la Defensoría del Pueblo, estructuras criminales estarían cobrando por el acceso al agua cruda y revendiendo agua potable a comunidades que no cuentan con conexión convencional al acueducto.

Además, se mencionaron amenazas contra conductores de carrotanques y líderes sociales que han intervenido frente a las conexiones ilegales y las irregularidades en la distribución del recurso hídrico.

Minería ilegal también amenaza la infraestructura energética

Otro de los problemas expuestos por EPM está relacionado con el crecimiento de la minería ilegal en las áreas de influencia de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III.

La compañía reportó la identificación de 26 socavones, una draga y dos campamentos en los que habría aproximadamente 124 personas desarrollando actividades mineras. Estas intervenciones representan riesgos para el entorno de las centrales, debido a las posibles afectaciones sobre los terrenos, los cauces y la estabilidad de las zonas intervenidas.

En estos territorios, según la empresa, tienen presencia estructuras como el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que disputan el control de economías ilegales.

Piden reforzar la seguridad en Antioquia

Las denuncias de EPM fueron presentadas como insumo para un debate de control político en la Cámara de Representantes, en el que se busca analizar las condiciones de seguridad del departamento y las amenazas que enfrentan los proyectos de infraestructura pública.

La información pone de manifiesto los desafíos que afrontan las empresas de servicios públicos para garantizar sus operaciones en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, extorsiones, minería ilegal y restricciones a la movilidad de sus trabajadores.

El caso también reabre la discusión sobre la protección de infraestructuras consideradas estratégicas para el país, como Hidroituango, las redes de transmisión eléctrica y el sistema Metro de Medellín, cuya operación resulta fundamental para el suministro de energía y la movilidad de la población.

Mientras las autoridades avanzan en las acciones de seguridad e investigación, EPM mantiene la alerta sobre las condiciones de riesgo en diferentes territorios de Antioquia y la necesidad de garantizar que sus trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin intimidaciones ni presiones de organizaciones ilegales.

Un nuevo procedimiento de la Policía Nacional permitió hacer efectiva una orden de captura contra un hombre conocido con el alias de “Soldado”, señalado por el delito de hurto calificado y agravado en Yopal. La detención fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), como parte de las labores investigativas adelantadas para identificar a personas presuntamente involucradas en hechos que afectan la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. 🚔

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre estaría relacionado con varios hurtos cometidos bajo la modalidad de atraco. Las investigaciones también permitieron establecer que registra dos anotaciones como indiciado por el delito de hurto calificado y agravado, relacionadas con casos de robo de motocicletas.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Yopal, donde los investigadores materializaron la orden judicial que pesaba sobre el señalado. Posteriormente, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y responder por los hechos que se le atribuyen.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, indicó que este resultado hace parte del trabajo investigativo que desarrolla la institución para identificar y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en conductas delictivas, especialmente aquellas relacionadas con el hurto de vehículos.

Las autoridades reiteraron que continuarán adelantando acciones operativas y judiciales para combatir el hurto en Yopal y otros municipios del departamento. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que pueda aportar información a las investigaciones y contribuir a la prevención de nuevos hechos delictivos.

🚨 Una nueva denuncia puso bajo cuestionamiento la contratación de servicios en el Grupo Ecopetrol, luego de que Kevin Jair Beltrán Rojas, antiguo trabajador de Cenit, filial de la petrolera estatal, asegurara que recibió presiones para eliminar registros, documentos y conversaciones relacionadas con contratos otorgados a Antropos Consultores S. A. S., empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la ex primera dama Verónica Alcocer. Según su testimonio, la solicitud habría sido realizada por una directiva de la compañía y su negativa habría desencadenado una serie de decisiones laborales que terminaron con su traslado y posterior despido. Cenit, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que se hubiera impartido una instrucción de esa naturaleza.

El exfuncionario relató que los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026, cuando fue citado a una reunión con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. De acuerdo con su versión, antes de ingresar a la oficina le solicitaron dejar su teléfono celular en otro espacio, bajo el argumento de que tratarían un asunto confidencial.

Durante el encuentro, según Beltrán, le hablaron de contratos que habían sido entregados a una persona cercana al Gobierno del expresidente Gustavo Petro y le pidieron colaborar para eliminar cualquier registro que tuviera sobre esos negocios. El objetivo, de acuerdo con lo que denunció, habría sido evitar que quedaran rastros de la contratación de la empresa relacionada con el familiar de Alcocer.

Beltrán aseguró que se negó a cumplir la solicitud porque consideraba que la información debía conservarse. Posteriormente, afirmó que fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición, situación que interpretó como una consecuencia de su decisión.

Los contratos de Antropos Consultores

La empresa mencionada en la denuncia es Antropos Consultores S. A. S., sociedad constituida el 24 de abril de 2024 con un capital inicial de 25 millones de pesos. En sus registros, Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente.

Según la información conocida durante la investigación periodística, los activos de la compañía pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a cerca de 1.983 millones al finalizar 2025, lo que representa un crecimiento considerable en ese periodo.

En relación con sus negocios con el Grupo Ecopetrol, Cenit reconoció que Antropos prestó servicios durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., empresa contratada para desarrollar programas de formación. En particular, Antropos habría participado en la ejecución del programa denominado Negociación Consciente, entre septiembre y diciembre de ese año.

Además, la firma aparece vinculada en Ecopetrol al contrato 5207277, por un valor de 75 millones de pesos, relacionado con servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial.

Por su parte, Alberto Merlano Alcocer confirmó que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol durante 2024, los cuales, según indicó, le generaron ingresos por 157 millones de pesos en un periodo de seis meses. El familiar de la ex primera dama defendió la contratación al señalar que respondía a su trayectoria profesional y explicó que los servicios se prestaron a través de una empresa debido a las sanciones que había recibido de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de la competencia.

Cenit rechazó las acusaciones del exfuncionario

Ante los señalamientos, la filial de Ecopetrol negó que alguna de sus directivas hubiera solicitado a Kevin Beltrán eliminar información relacionada con los contratos de Antropos Consultores. La empresa aseguró que esa instrucción no se impartió ni durante la reunión del 15 de enero de 2026 ni en otra fecha.

Cenit también explicó que la gestión de los procesos contractuales corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que, según su versión, Beltrán no tenía acceso a la administración de esa información.

Frente a su desvinculación laboral, la compañía señaló que la terminación del contrato y el vencimiento del periodo de protección relacionado con una negociación sindical fueron acontecimientos diferentes. Por ello, sostuvo que la cercanía entre ambas fechas no demuestra que el despido estuviera relacionado con las denuncias del extrabajador.

Denunció persecución y acudió a organismos nacionales e internacionales

Beltrán manifestó que, después de negarse a eliminar los registros, su situación laboral comenzó a cambiar. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, terminó el 31 de julio de 2026 y, el 10 de agosto, recibió la notificación de su desvinculación.

Tras intentar obtener su reintegro mediante una acción de tutela que no prosperó, presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expuso los hechos que considera una persecución por no haber acatado la presunta instrucción.

El exfuncionario también contó que atravesaba una situación económica difícil junto con su familia. Según relató, en noviembre de 2025 sufrieron un desplazamiento forzado y perdieron la inversión que tenían en una finca ganadera donde residían.

Auditoría sobre los negocios del entorno de Verónica Alcocer

El caso se conoce mientras avanzan revisiones sobre contratos y relaciones dentro del Grupo Ecopetrol que involucran a personas cercanas al entorno de la ex primera dama. La participación de Alberto Merlano Alcocer en negocios con empresas vinculadas a la petrolera forma parte de los asuntos que han despertado cuestionamientos y que están siendo examinados mediante una auditoría forense.

Por ahora, existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en la reunión denunciada por Beltrán: mientras el exfuncionario sostiene que recibió presiones para borrar información contractual, Cenit niega que esa solicitud se hubiera realizado. La documentación sobre los contratos, las decisiones laborales y las comunicaciones mencionadas será relevante para establecer qué ocurrió.

La denuncia abre nuevos interrogantes sobre los procedimientos de contratación en las empresas del Grupo Ecopetrol y los posibles vínculos de personas cercanas a figuras del anterior Gobierno con negocios financiados mediante recursos de la compañía. Las autoridades tendrán que determinar si existieron irregularidades y si las actuaciones denunciadas pueden dar lugar a responsabilidades.