El senador Iván Cepeda anunció nuevas acciones judiciales contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien señaló de presuntos vínculos con personas relacionadas con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista aseguró que acudirá a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y que también enviará los documentos y hallazgos de su investigación a las autoridades de Estados Unidos, teniendo en cuenta que el mandatario cuenta con ciudadanía de ese país.
El anuncio fue realizado el lunes 2 de noviembre, luego del debate de control político que Cepeda adelantó el 27 de octubre en el Senado, centrado en lo que denominó una posible “contrarreforma agraria” durante el actual Gobierno. Según explicó, la investigación reúne documentos relacionados con operaciones empresariales, movimientos de tierras, registros inmobiliarios, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales que, a su juicio, permitirían identificar posibles conexiones entre capitales ilegales, negocios rurales y funcionarios del sector agropecuario.
Cepeda manifestó que presentará una denuncia contra De la Espriella por el presunto delito de concierto para delinquir en beneficio de narcotraficantes y grupos paramilitares. Además, anunció actuaciones disciplinarias y penales relacionadas con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a quien atribuyó posibles irregularidades como fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado.
Los señalamientos sobre negocios y relaciones empresariales
Durante su intervención en el Senado, el congresista expuso varios casos que, según su investigación, mostrarían relaciones comerciales y societarias entre personas vinculadas al entorno empresarial de De la Espriella y otras señaladas por actividades relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Uno de los asuntos mencionados fue la empresa Dominio De la Espriella, distribuidora de Ron Defensor. Cepeda aseguró que una parte importante de sus aportes de capital habría provenido de familiares y compañías relacionadas con Hugues Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de “Barbie”, quien fue condenado por narcotráfico y promoción de grupos paramilitares.
También hizo referencia a Daniel Peñarredonda, antiguo socio de la firma De la Espriella Lawyers, a quien relacionó con una acusación federal en Tampa, Florida, por un caso de lavado de activos. A partir de estos antecedentes, el senador pidió que se examinen las operaciones empresariales y las relaciones que, según su denuncia, podrían superar el ámbito de la representación jurídica.
El congresista aclaró que su exposición se apoyó en siete casos y diferentes hechos documentales que considera relevantes para solicitar investigaciones. A ese conjunto de relaciones entre capitales ilegales, propiedades rurales y estructuras de poder lo denominó “narcorrentismo”.
Las denuncias también apuntan al sector de tierras
Otro de los ejes del debate fue la política de administración y recuperación de predios rurales. Cepeda cuestionó decisiones relacionadas con bienes sometidos a procesos de extinción de dominio, restitución de tierras y adjudicación de terrenos, al considerar que podrían existir conflictos de interés dentro de algunas entidades estatales.
En ese contexto, mencionó la participación de antiguos integrantes de la firma De la Espriella Lawyers en cargos públicos vinculados con la administración de activos y la gestión de tierras. Según el senador, habría identificado a 14 funcionarios cuyas trayectorias profesionales o comerciales podrían tener relación con personas o empresas mencionadas durante su investigación.
Entre las entidades señaladas aparecen la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras. Cepeda anunció que solicitará a los organismos de control revisar posibles conflictos de interés y actuaciones administrativas relacionadas con predios y bienes bajo responsabilidad del Estado.
Asimismo, cuestionó la congelación de recursos destinados a la compra de tierras para campesinos y algunas decisiones del Ministerio de Agricultura que, desde su perspectiva, afectarían los procesos de acceso y restitución de predios rurales.
La información será remitida a Estados Unidos
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la decisión de trasladar los hallazgos de la investigación a autoridades estadounidenses. Cepeda explicó que esta determinación está relacionada con la ciudadanía estadounidense que De la Espriella habría adquirido en febrero de 2023.
El senador indicó que enviará los documentos y soportes recopilados a las autoridades de ese país y a congresistas demócratas, con el propósito de que se evalúe si existen hechos que puedan ser investigados dentro de su jurisdicción.
La iniciativa busca ampliar el alcance de las denuncias más allá de las instituciones colombianas y solicitar que los organismos competentes revisen la información presentada. Sin embargo, el envío de documentos no significa que las autoridades estadounidenses hayan abierto una investigación ni que exista una decisión judicial sobre los señalamientos.
El ministro de Justicia pidió que se presenten pruebas
Las acusaciones también provocaron una reacción desde el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió que los señalamientos formulados por Cepeda estén respaldados por pruebas verificables y sostuvo que las denuncias políticas no pueden reemplazar las actuaciones judiciales ni desconocer la presunción de inocencia.
El funcionario cuestionó que se utilicen documentos empresariales, escrituras y relaciones comerciales como elementos concluyentes de responsabilidad penal sin que exista una valoración de las autoridades judiciales. También afirmó que el Gobierno está dispuesto a entregar los soportes de sus propias denuncias ante las entidades competentes.
El enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella se suma a las tensiones políticas alrededor de la política agraria, la administración de bienes incautados y las relaciones entre el sector privado y las instituciones estatales.
Por ahora, las acciones anunciadas por el senador deberán avanzar ante las instancias correspondientes, que tendrán la responsabilidad de evaluar los documentos, determinar si existen elementos para abrir investigaciones y establecer eventuales responsabilidades. Los señalamientos contra el presidente y el ministro no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.
Una serie de amenazas y exigencias económicas atribuidas a estructuras armadas ilegales puso en alerta a Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que la compañía revelara que el proyecto Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín habrían sido señalados como objetivos de intimidaciones por parte del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Según un documento enviado por la empresa a la Cámara de Representantes, las exigencias alcanzaron los 5.000 millones de pesos como pago inicial y otros 500 millones mensuales a cambio de no atentar contra estas infraestructuras. 🚨
La información fue conocida a través de una comunicación remitida el 28 de octubre de 2026 por el área de Seguridad de EPM al Congreso, como respuesta a una invitación para participar en un debate de control político sobre la situación de orden público y los riesgos para la infraestructura estratégica en Medellín y Antioquia.
De acuerdo con el informe, las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta los primeros meses de 2026. La compañía señaló que, para presionar el pago de las extorsiones, integrantes del Frente 36 habrían instalado dos cilindros explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. Como consecuencia de estos hechos, un sargento del Ejército perdió la vida y un soldado resultó herido.
La situación también habría afectado el funcionamiento logístico del proyecto hidroeléctrico, que permaneció cerca de una semana sin recibir carga crítica necesaria para sus actividades. EPM indicó que las exigencias fueron puestas en conocimiento del Gaula de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
El Metro y la Alcaldía también habrían sido amenazados
Uno de los aspectos más delicados revelados en el documento es que las intimidaciones no estaban dirigidas únicamente contra Hidroituango. Según EPM, el Frente 36 también habría mencionado al Metro de Medellín y a la Alcaldía de la ciudad dentro de las amenazas relacionadas con las exigencias económicas.
La revelación generó preocupación por los posibles riesgos sobre la infraestructura de transporte y las instituciones públicas de la capital antioqueña, especialmente por tratarse de servicios esenciales para millones de personas.
En el mismo reporte, EPM relacionó otros hechos violentos contra la infraestructura energética. La empresa informó sobre atentados contra tres torres de transmisión ubicadas en Medellín y Bello, además de sobrevuelos de drones sobre la central Hidroituango durante marzo de 2026.
Ante las condiciones de seguridad, la compañía tuvo que restringir temporalmente el ingreso de sus trabajadores a sectores rurales de Briceño y al menos 17 veredas, con el propósito de proteger al personal que desarrolla labores técnicas y operativas en la zona.
Alertas por el control territorial del Clan del Golfo
El informe presentado al Congreso también expone las dificultades que enfrenta EPM en territorios donde tiene presencia el Clan del Golfo, particularmente en el Bajo Cauca antioqueño.
La compañía advirtió que, durante los acuerdos de Doha, suscritos en diciembre de 2025 entre el Gobierno nacional y esa organización armada, se habrían fortalecido mecanismos de control territorial que afectaron el desarrollo de sus actividades.
Según la comunicación, integrantes de esta estructura imponían permisos escritos para permitir el ingreso de trabajadores a determinadas zonas, realizaban retenciones y expulsaban cuadrillas que adelantaban labores relacionadas con la prestación de servicios públicos.
EPM señaló que, tras la terminación de esos acuerdos y el retorno de las operaciones militares contra el grupo, se presentaron nuevos paros armados y bloqueos que incrementaron los riesgos para sus empleados, las inversiones y la continuidad de sus operaciones en diferentes municipios.
La empresa también advirtió sobre situaciones relacionadas con el suministro de agua en el sector de Granizal, en Bello. De acuerdo con el reporte y las alertas de la Defensoría del Pueblo, estructuras criminales estarían cobrando por el acceso al agua cruda y revendiendo agua potable a comunidades que no cuentan con conexión convencional al acueducto.
Además, se mencionaron amenazas contra conductores de carrotanques y líderes sociales que han intervenido frente a las conexiones ilegales y las irregularidades en la distribución del recurso hídrico.
Minería ilegal también amenaza la infraestructura energética
Otro de los problemas expuestos por EPM está relacionado con el crecimiento de la minería ilegal en las áreas de influencia de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III.
La compañía reportó la identificación de 26 socavones, una draga y dos campamentos en los que habría aproximadamente 124 personas desarrollando actividades mineras. Estas intervenciones representan riesgos para el entorno de las centrales, debido a las posibles afectaciones sobre los terrenos, los cauces y la estabilidad de las zonas intervenidas.
En estos territorios, según la empresa, tienen presencia estructuras como el Frente 36, el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que disputan el control de economías ilegales.
Piden reforzar la seguridad en Antioquia
Las denuncias de EPM fueron presentadas como insumo para un debate de control político en la Cámara de Representantes, en el que se busca analizar las condiciones de seguridad del departamento y las amenazas que enfrentan los proyectos de infraestructura pública.
La información pone de manifiesto los desafíos que afrontan las empresas de servicios públicos para garantizar sus operaciones en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, extorsiones, minería ilegal y restricciones a la movilidad de sus trabajadores.
El caso también reabre la discusión sobre la protección de infraestructuras consideradas estratégicas para el país, como Hidroituango, las redes de transmisión eléctrica y el sistema Metro de Medellín, cuya operación resulta fundamental para el suministro de energía y la movilidad de la población.
Mientras las autoridades avanzan en las acciones de seguridad e investigación, EPM mantiene la alerta sobre las condiciones de riesgo en diferentes territorios de Antioquia y la necesidad de garantizar que sus trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin intimidaciones ni presiones de organizaciones ilegales.
El pesista colombiano Yeison López volvió a hacer historia en el escenario internacional al conquistar una medalla de oro, una de plata y establecer un nuevo récord mundial durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se desarrolla en Ningbo, China. El deportista chocoano consiguió levantar 178 kilogramos en la modalidad de arranque, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la prueba y superar su propia marca en la categoría de los 85 kilogramos. 🇨🇴
La destacada presentación tuvo lugar este lunes 2 de noviembre, en una competencia que reunió a algunos de los mejores exponentes de la halterofilia mundial. López, de 27 años y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, protagonizó una intensa disputa por los primeros puestos frente al egipcio Mohamed Younes Elsayed Abdelrahman y el moldavo Marin Robu.
El colombiano inició su participación intentando levantar 175 kilogramos, pero su primera salida no fue válida. Lejos de detenerse, regresó a la plataforma y consiguió completar el levantamiento en su segundo intento. Para su última presentación aumentó la exigencia hasta los 178 kilogramos, peso que logró levantar y con el que aseguró el oro, además de establecer un nuevo récord mundial.
Con esta marca superó al egipcio Abdelrahman, quien registró 177 kilogramos, y al moldavo Robu, que alcanzó los 176. La prueba estuvo marcada por una sucesión de registros mundiales, pues los competidores elevaron varias veces las marcas de referencia durante la jornada.
Plata en la clasificación general
La competencia continuó con la modalidad de envión, en la que López también tuvo una actuación destacada. El colombiano consiguió levantar inicialmente 205 kilogramos y posteriormente alcanzó los 209, resultados que le permitieron mantenerse en la disputa por el título absoluto.
Sin embargo, en su último intento buscó elevar 213 kilogramos, pero no consiguió completar el movimiento. Esta situación fue aprovechada por el egipcio Abdelrahman, quien logró levantar ese mismo peso y alcanzó un acumulado de 390 kilogramos, suficiente para quedarse con el campeonato mundial en la clasificación total.
López finalizó con 387 kilogramos, producto de sus registros de 178 en arranque y 209 en envión, por lo que obtuvo la medalla de plata en el total. El chino Jiangqing Lei completó el podio con 382 kilogramos.
Aunque el colombiano no consiguió repetir el título absoluto que había alcanzado en el Mundial de 2025, su presentación en Ningbo dejó una nueva marca para la historia de la halterofilia nacional y dos preseas para el medallero colombiano.
Colombia sigue sumando medallas en el Mundial
La actuación de Yeison López se suma a los resultados obtenidos por otros integrantes de la delegación nacional. Hugo Fernando Montes consiguió la medalla de bronce en el arranque de los 75 kilogramos masculinos, tras levantar 158 kilos, mientras que Karen Tatiana Mosquera obtuvo la plata en el arranque de los 61 kilogramos femeninos, con un registro de 111 kilos.
De esta manera, Colombia continúa destacándose en el campeonato que se disputa en territorio chino, con resultados que reflejan el nivel competitivo de sus representantes en esta disciplina.
Un nuevo paso hacia Los Ángeles 2028
La presentación de López también representa un impulso para su proceso deportivo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El chocoano ya cuenta con una medalla de plata olímpica conseguida en París 2024 y ha mantenido una temporada de importantes resultados, con récords y títulos en competencias internacionales.
Durante 2026 también sobresalió en el Campeonato Panamericano y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose entre los principales referentes de la halterofilia colombiana.
Con el oro en arranque y la plata en el total obtenidos en China, Yeison López reafirma su protagonismo en el levantamiento de pesas mundial y vuelve a poner la bandera colombiana en lo más alto del podio.
La grave emergencia provocada por un atentado con explosivos en el municipio de Planadas, al sur del Tolima, llevó a las autoridades departamentales a declarar la alerta roja hospitalaria en todo el territorio. El ataque, ocurrido durante la noche del domingo 1 de noviembre, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad y una bebé de apenas dos meses, además de 18 personas heridas. La explosión también ocasionó daños considerables en viviendas y en la infraestructura del centro asistencial del municipio. 🚨
De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Tolima, el atentado se registró en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de una instalación militar. Según los reportes oficiales, fueron detonados tres artefactos explosivos hacia las 9:45 de la noche. La onda expansiva afectó diferentes sectores residenciales y dejó 177 viviendas con daños de distinta consideración.
La emergencia generó momentos de angustia entre los habitantes, quienes salieron a auxiliar a las personas afectadas y buscar a sus familiares entre los escombros. Entre las víctimas se encuentra una bebé de dos meses, cuya muerte causó especial conmoción en el municipio.
Hospital de Planadas sufrió graves afectaciones
Uno de los aspectos más preocupantes del atentado fue el impacto sobre el Hospital Centro de Planadas, cuya infraestructura resultó afectada por la explosión. La farmacia del establecimiento también sufrió daños y se reportaron dificultades para mantener la prestación habitual de los servicios médicos.
Ante esta situación, fue necesario reorganizar la atención de los pacientes y habilitar espacios alternativos para recibir a las personas lesionadas. El colegio Domingo Savio fue utilizado temporalmente para brindar asistencia a los heridos, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad y funcionamiento del centro médico.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, rechazó el ataque y señaló que la violencia también afectó a la Misión Médica, poniendo en riesgo tanto a los pacientes como al personal sanitario. La funcionaria recordó que los hospitales, las ambulancias y los trabajadores de la salud cuentan con protección especial bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Alerta roja hospitalaria en todo el departamento
La Secretaría de Salud del Tolima declaró la alerta roja hospitalaria por tiempo indefinido, hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios médicos en Planadas.
La medida implica que hospitales, clínicas y demás instituciones de salud públicas y privadas del departamento deben activar sus planes de emergencia, mantener disponibles sus servicios de urgencias y estar preparadas para apoyar la atención de pacientes que puedan requerir traslados o asistencia especializada.
De igual manera, las autoridades departamentales comenzaron a coordinar la búsqueda de una sede temporal que permita mantener los servicios asistenciales mientras se atienden los daños ocasionados en el hospital municipal. Tres de las personas heridas tuvieron que ser remitidas a otros centros médicos para recibir atención especializada.
Autoridades investigan a los responsables
Tras el atentado, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario con la participación del ministro de Defensa, representantes de las Fuerzas Militares, organismos de socorro y mandatarios de municipios del sur del departamento.
Durante el encuentro se analizó la situación de orden público y se revisaron las acciones necesarias para atender a las familias afectadas, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y avanzar en las investigaciones. La mandataria señaló que, de acuerdo con la información preliminar, en el ataque habrían participado conjuntamente las estructuras Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, pertenecientes a las disidencias de las Farc.
Por su parte, el Ejército Nacional anunció el fortalecimiento de las operaciones militares en la región, con el propósito de proteger a la población civil y establecer quiénes estarían detrás de los hechos.
La emergencia en Planadas se suma a otros ataques con explosivos registrados durante el mismo fin de semana en diferentes departamentos del país, entre ellos Cauca y Huila, que también dejaron víctimas y afectaciones a la infraestructura.
Mientras continúan las investigaciones y las labores de recuperación, las autoridades mantienen la atención sobre las personas lesionadas y las familias que perdieron sus viviendas. La prioridad inmediata es garantizar la asistencia médica, restablecer los servicios de salud y brindar protección a los habitantes de esta zona del sur del Tolima.