🚨🏠 Un adulto mayor de 83 años fue víctima de un violento asalto en el barrio El Tabora, en la localidad de Engativá, Bogotá, luego de que un hombre vestido como supuesto funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado utilizara un engaño para ingresar a la vivienda. El hecho ocurrió en la mañana del viernes 21 de agosto y dejó al hombre con graves heridas en el rostro. 😔🚔

De acuerdo con la denuncia conocida por las autoridades, el falso funcionario llegó hasta la vivienda aproximadamente a las 7:50 de la mañana y aseguró que necesitaba revisar el medidor del agua.

El adulto mayor, confiando en que se trataba de un trabajador de la empresa de servicios públicos, salió de la vivienda para atenderlo. Posteriormente, el sujeto le manifestó que debía ingresar para cerrar el registro del agua.

Fue en ese momento cuando el supuesto funcionario habría aprovechado para hacer una señal a sus cómplices, quienes se encontraban cerca del lugar esperando la oportunidad para entrar.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una camioneta Chevrolet se estacionó en inmediaciones de la vivienda. De allí descendieron varios hombres que, según el relato de la familia, estaban armados y cubrían sus rostros.

Los sujetos ingresaron al inmueble y sometieron al adulto mayor, a quien golpearon mientras exigían información sobre dinero en efectivo y objetos de valor que pudieran encontrarse dentro de la casa.

La situación se volvió aún más violenta cuando los delincuentes comenzaron a revisar diferentes espacios de la vivienda. Posteriormente, otra camioneta, esta vez de marca Kia, llegó hasta el lugar y otros dos hombres se habrían unido al asalto.

En total, la familia calcula que al menos seis individuos participaron directamente en el hecho.

Durante el ataque, el adulto mayor sufrió lesiones en el rostro y en la boca. Como consecuencia de la agresión perdió su caja dental y tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

Los delincuentes también habrían intentado intimidar a otros integrantes de la familia que llegaron durante el asalto. Según el relato entregado por la nieta del afectado, los hombres incluso se identificaron falsamente como integrantes de la Sijín para generar mayor temor.

La llegada de familiares habría evitado que el robo terminara en una tragedia mayor. El esposo de la nieta de la víctima, quien es militar retirado, se encontraba en el lugar y solicitó ayuda de la Policía.

Al percatarse de que las autoridades habían sido alertadas, los delincuentes decidieron abandonar rápidamente la vivienda y escaparon a bordo de los vehículos en los que se movilizaban.

Aunque los asaltantes no habrían logrado llevarse objetos de valor, la agresión contra el adulto mayor dejó consecuencias físicas importantes. Los médicos evalúan la realización de un procedimiento quirúrgico debido a las lesiones que sufrió.

La familia también manifestó su preocupación porque, según sus denuncias, este no sería un caso aislado. La nieta del hombre aseguró que habría identificado características similares en otros hechos ocurridos recientemente y pidió a las autoridades revisar si existe una banda que estaría utilizando vehículos similares para cometer este tipo de robos.

El caso ya está siendo investigado por la Policía de Bogotá, que adelanta la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que puedan ayudar a identificar a los responsables. 

La familia del adulto mayor también pidió colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer quiénes participaron en el asalto. Incluso ofrecieron una recompensa a quienes puedan aportar datos útiles para ubicar a los responsables.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la modalidad utilizada. El delincuente habría aprovechado la confianza que generan los uniformes de empresas de servicios públicos para acercarse a la víctima y conseguir que le abriera voluntariamente la puerta.

Las autoridades deberán establecer si el objetivo de los delincuentes era únicamente cometer un hurto o si, como sospecha la familia, también existía la intención de secuestrar al adulto mayor.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en evidencia el riesgo de las modalidades de robo en las que delincuentes se hacen pasar por funcionarios de empresas o entidades para ingresar a viviendas.

La recomendación para los ciudadanos es verificar siempre la identidad de cualquier persona que se presente en nombre de una empresa de servicios públicos y evitar permitir el ingreso a la vivienda sin confirmar previamente que exista una visita programada.

🚨🇨🇴 La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos detalles de la investigación contra el coronel activo del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, capturado el pasado 20 de agosto en Bogotá. Según la hipótesis del ente acusador, el oficial habría recibido $30 millones semanales de la Segunda Marquetalia entre enero y junio de 2026, a cambio de presuntamente entregar información sobre los movimientos de la Fuerza Pública y retardar u omitir actuaciones militares. ⚖️💰

La captura del coronel se produjo en una vivienda ubicada dentro del Cantón Norte del Ejército, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento estuvo acompañado por funcionarios de la Fiscalía, integrantes del Ejército y personal del Gaula Militar Arauca. Posteriormente, el oficial quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por las conductas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el caso tendría antecedentes en diferentes momentos de la trayectoria militar de Pérez Amorocho y estaría relacionado con presuntos acercamientos con organizaciones armadas ilegales que operan en Arauca y Nariño.

Uno de los episodios investigados se remonta a 2020, cuando el coronel habría tenido responsabilidades militares en Arauca. Según la Fiscalía, en ese momento presuntamente habría recibido $15 millones para disminuir la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauquita.

La investigación también contempla un segundo periodo, correspondiente a los primeros seis meses de 2026, cuando el oficial se encontraba relacionado con operaciones militares en Nariño.

Según la hipótesis presentada por el ente acusador, entre enero y junio de este año Pérez Amorocho habría establecido un supuesto acuerdo con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.

La Fiscalía sostiene que el coronel habría recibido de esa organización $30 millones cada semana. A cambio, presuntamente debía retrasar o dejar de realizar determinadas actuaciones propias de sus funciones y mantener informada a la estructura ilegal sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Las autoridades investigan si la información supuestamente suministrada permitió a integrantes de la organización armada anticiparse a operaciones militares y facilitar el desplazamiento de cargamentos de estupefacientes, armas, municiones y dinero.

El expediente, por lo tanto, analiza dos posibles momentos y dos estructuras armadas diferentes. El primero estaría relacionado con el ELN en Arauca y el segundo con la Segunda Marquetalia en Nariño.

La Fiscalía busca determinar qué tipo de información habría sido entregada, cuáles operaciones militares pudieron verse afectadas y si los supuestos pagos realmente fueron efectuados.

Además, la investigación pretende establecer si otras personas, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Militares, habrían participado en los posibles acuerdos.

Entre los delitos que se le atribuyen al coronel se encuentran concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico, fabricación o porte de armas o municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. 

El delito de cohecho propio está relacionado con la conducta de un servidor público que presuntamente recibe dinero o beneficios a cambio de realizar, retrasar u omitir actuaciones relacionadas con sus funciones.

El Ejército Nacional confirmó la captura del oficial y señaló que el procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial de la Fiscalía. La institución también indicó que facilitará las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

La detención del coronel ha generado especial atención debido a que se trata de un oficial activo y con experiencia en zonas donde existe una fuerte presencia de organizaciones armadas ilegales.

🚨 Un nuevo episodio quedó bajo investigación de la Fiscalía luego de que se conociera que 36 integrantes del Ejército Nacional participaron en el procedimiento para trasladar y posteriormente devolver a la zona de captura a un hombre señalado de transportar 4,5 kilos de pasta base de cocaína. El caso ocurrió en enero de 2024 en el Cauca y está relacionado con decisiones atribuidas al general Federico Mejía, quien para ese momento estaba al frente del Comando Específico del Cauca. ⚖️🇨🇴

El hecho se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas que adelantaban operaciones contra el narcotráfico en la vereda El Diamante, en el municipio de El Plateado, interceptaron a Melciades Guaca Armero, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder lo que serían 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. Los militares procedieron a realizar la captura y, según los testimonios incorporados a la investigación, le informaron sus derechos al detenido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en un helicóptero del Ejército hasta Popayán con el propósito de ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso de judicialización.

Sin embargo, una vez el detenido llegó a la capital del Cauca, se habría producido un cambio en el procedimiento. De acuerdo con la información conocida por la Fiscalía y reconstruida por medios de comunicación, los militares recibieron instrucciones para dejarlo en libertad y trasladarlo nuevamente hasta el mismo sector donde había sido capturado.

Para realizar el retorno se habría utilizado nuevamente capacidad aérea del Ejército, incluyendo helicópteros Black Hawk y un Arpía artillado, situación que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.

El Ejército confirmó que en todo el procedimiento participaron 36 militares, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. La cifra generó cuestionamientos debido a la cantidad de recursos humanos y materiales empleados para una operación que terminó con la liberación del hombre que había sido capturado con la sustancia estupefaciente. 

La investigación también busca establecer cuánto dinero público se destinó al despliegue. Según los cálculos citados en la denuncia, únicamente la movilización aérea para devolver al detenido al lugar donde había sido interceptado habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la decisión habría sido el riesgo de que se produjera una asonada en la zona después de la captura. La hipótesis planteaba que la liberación y el retorno del hombre permitirían evitar una situación de violencia con habitantes del sector.

No obstante, varios de los soldados que participaron directamente en el operativo entregaron una versión diferente ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, la situación se encontraba bajo control y no existía una amenaza inmediata que justificara modificar el procedimiento de captura.

Los testimonios también señalarían que parte de la comunidad ya se había retirado después de dialogar con los uniformados, por lo que la existencia de una situación que pudiera desencadenar una asonada está siendo analizada dentro de la investigación.

El nombre del general Federico Mejía aparece en el centro del caso. El oficial ha negado haber ordenado la liberación del presunto traficante y sostiene que no tenía competencia funcional directa sobre el procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, existiría un documento firmado por el propio general y dirigido al entonces comandante del Ejército, Emilio Cardozo, en el que se hace referencia a la decisión y se describen aspectos relacionados con la liberación del detenido. 

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer quién tomó la decisión, qué funcionarios conocieron la situación y si las actuaciones realizadas por los militares se ajustaron a la ley y a los protocolos establecidos para este tipo de capturas.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y de capacidades militares en una actuación que terminó favoreciendo al hombre que había sido detenido con una cantidad considerable de pasta base de cocaína.

El general Federico Mejía enfrenta además otras indagaciones ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos relacionados con concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. 

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en la decisión de liberar al detenido y si otros integrantes de la cadena de mando tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.