Un video viral ha generado debate sobre el trato policial y las regulaciones ambientales en Colombia, luego de que un domiciliario fuera detenido por tres policías mientras intentaban inmovilizar su bicimotor de dos tiempos.
📌 El incidente 🔹 Ocurrió el 5 de febrero de 2025 y muestra a tres agentes forcejeando con el joven repartidor, quien gritaba pidiendo ayuda. 🔹 Un cuarto hombre, aparentemente del operativo, sube el vehículo a una grúa mientras el trabajador se resiste. 🔹 El video ha generado una ola de críticas, con usuarios señalando un uso excesivo de la fuerza.
📜 La ley detrás del caso La Ley 1972 de 2021 establece que las motocicletas con motores de dos tiempos deben cumplir con la norma Euro 3 de emisiones contaminantes. 🔸 Vehículos fabricados antes de 2021 deben ser adaptados o retirados de circulación. 🔸 Estos motores, que mezclan gasolina y aceite, generan más contaminación que los de cuatro tiempos.
💬 Reacciones y debate 🔥 Críticas a la aplicación de la norma: Usuarios señalan que afecta a trabajadores de bajos recursos que no pueden cambiar de vehículo. 👮 Cuestionamientos al operativo: Las imágenes han sido interpretadas como un uso desmedido de la fuerza. 🌍 Medio ambiente vs. economía: Mientras la ley busca reducir la contaminación, muchos exigen un enfoque más inclusivo que considere la realidad económica de los ciudadanos.
📣 ¿Qué opinas? Es una medida necesaria o debe haber alternativas para los trabajadores afectados? 🤔
🚨🇨🇴 La periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, Naylea Barros, denunció haber sido víctima de un atentado armado durante la noche del lunes 24 de agosto en Santa Marta. La dirigente política se movilizaba en un vehículo junto a una prima cuando varios disparos impactaron el automotor. Ambas resultaron ilesas, aunque el ataque generó preocupación entre sus familiares y sectores políticos. 🚔⚠️
Según el relato entregado por Barros, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando se desplazaba por el sector del puente del Minuto de Dios, en Santa Marta. En ese momento, sujetos desconocidos habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba.
Uno de los impactos alcanzó el vidrio trasero izquierdo del automóvil, precisamente detrás del asiento que la excandidata había ocupado minutos antes. Barros explicó que poco antes del ataque había cambiado de posición dentro del vehículo, circunstancia que pudo haber evitado que alguno de los disparos la alcanzara directamente.
Tras escuchar las detonaciones y observar los daños en el automóvil, Barros y su acompañante continuaron la marcha para alejarse rápidamente del lugar y solicitaron ayuda a las autoridades.
Posteriormente, la excandidata compartió imágenes del vehículo, en las que se pueden observar los impactos provocados por los disparos. El material permitió dimensionar la gravedad del ataque y se convirtió en uno de los elementos difundidos públicamente mientras avanzan las investigaciones.
Barros aseguró además que este episodio no sería un hecho completamente aislado. Según manifestó, durante los últimos tres meses habría recibido mensajes amenazantes, insultos e intimidaciones a través de redes sociales y WhatsApp, algunas de ellas relacionadas también con personas de su entorno.
La periodista y dirigente política rechazó el ataque y expresó preocupación por el ambiente de hostigamiento que, según su denuncia, ha enfrentado durante los últimos meses.
El caso provocó pronunciamientos de diferentes sectores políticos. Integrantes del Pacto Histórico manifestaron su solidaridad con Barros y exigieron que las autoridades esclarezcan quiénes estuvieron detrás del atentado y cuáles fueron las razones que motivaron el ataque.
La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que activó las labores investigativas para establecer la trazabilidad y los movimientos de los responsables antes, durante y después del atentado. También hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar y ubicar a los responsables.
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el caso. El mandatario aseguró que se comunicó con el comandante de la Policía de Santa Marta y solicitó una investigación exhaustiva para determinar lo ocurrido.
De la Espriella indicó además que, mientras se esclarecen las circunstancias del ataque, se garantizarán las medidas de protección necesarias para Barros. El presidente señaló que el Gobierno actuará sin anticipar conclusiones y que se deberán establecer los hechos antes de determinar responsabilidades.
Las autoridades deberán determinar ahora quiénes efectuaron los disparos, si el ataque estaba dirigido específicamente contra la excandidata y si existe alguna relación entre el atentado y las amenazas que ella asegura haber recibido durante los últimos meses.
La investigación también deberá establecer si los responsables actuaron por motivos políticos o si detrás del ataque existía otra razón. Por el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad de los autores ni el móvil del atentado.
El hecho vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad de dirigentes políticos, periodistas y líderes sociales en diferentes regiones del país, especialmente cuando existen antecedentes de amenazas o intimidaciones.
Naylea Barros, quien fue candidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena en las pasadas elecciones legislativas, salió ilesa del ataque. Sin embargo, el daño causado al vehículo y la cantidad de disparos efectuados mantienen la atención sobre el caso.
🚨🇨🇴 El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Wilmar de Jesús Mejía, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. La decisión quedó formalizada este 25 de agosto mediante el Decreto 1289 de 2026, en medio de los cuestionamientos que rodearon al funcionario por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc. ⚖️🏛️
La salida de Mejía se produce apenas unos meses después de su llegada a la UIAF. El funcionario había sido designado en abril de 2026 por el entonces presidente Gustavo Petro, luego de la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez, quien había dejado la dirección de la entidad en medio de controversias relacionadas con filtraciones de información y presuntas interceptaciones ilegales.
Antes de asumir la dirección de la UIAF, Mejía había ocupado cargos de importancia durante el Gobierno Petro. Entre ellos estuvo la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, además de haber sido delegado de la Presidencia de la República ante la Universidad de Antioquia.
El Decreto 1289 establece que el nombramiento ordinario de Wilmar de Jesús Mejía como director general de la UIAF queda declarado insubsistente. El documento fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y señala que la decisión entra en vigencia desde la fecha de su expedición.
La determinación se conoce en medio de los señalamientos que habían rodeado al funcionario desde meses atrás. El nombre de Mejía apareció en archivos incautados a alias ‘Calarcá’, documentos que fueron revisados por las autoridades y que generaron cuestionamientos sobre posibles contactos entre integrantes de las disidencias y funcionarios estatales.
Según las informaciones conocidas sobre esos archivos, Mejía habría sido mencionado como un supuesto enlace entre integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones criminales. Incluso, en algunos de los testimonios relacionados con el caso se le habría atribuido el alias de ‘El Chulo’.
Sin embargo, es importante señalar que estos señalamientos corresponden a acusaciones y menciones que han sido objeto de investigación. Mejía ha negado cualquier vínculo con las disidencias de las Farc y ha asegurado públicamente que no conoce personalmente a alias ‘Calarcá’.
El caso había generado especial controversia debido a que, pese a los cuestionamientos, Mejía fue trasladado desde la DNI a una entidad considerada estratégica para el Estado, debido a que la UIAF maneja información financiera utilizada para detectar operaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.
La permanencia de Mejía en el cargo también había sido cuestionada durante los últimos días, especialmente después de que se conociera que había presentado su renuncia al presidente Abelardo de la Espriella.
En una carta dirigida al mandatario, el funcionario manifestó que su renuncia era voluntaria y dejó en manos del presidente determinar cuándo debía hacerse efectiva. También aseguró que estaba dispuesto a facilitar el proceso de empalme con el nuevo Gobierno para garantizar la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera.
Mejía explicó además que su permanencia temporal en el cargo obedecía a su intención de evitar que una entidad tan sensible quedara sin dirección mientras se adelantaba el proceso para designar a su reemplazo.
Finalmente, el Gobierno decidió formalizar su salida mediante la declaratoria de insubsistencia, con lo que terminó su periodo al frente de la UIAF.
La decisión representa uno de los primeros movimientos del nuevo Gobierno frente a funcionarios que ocuparon cargos estratégicos durante la administración anterior y que han estado rodeados de cuestionamientos.
Ahora deberá definirse quién asumirá la dirección de la UIAF, una entidad clave para el seguimiento de operaciones financieras sospechosas y para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las economías ilegales.
La salida de Mejía también vuelve a poner bajo la lupa los cuestionamientos surgidos alrededor de los archivos incautados a alias ‘Calarcá’ y las investigaciones que buscan determinar si existieron contactos indebidos entre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios o miembros de la Fuerza Pública. Hasta que las autoridades competentes establezcan responsabilidades, los señalamientos contra el exdirector de la UIAF deben entenderse como parte de investigaciones y no como una condena judicial.
🚨🇨🇴 Un importante operativo de seguridad permitió la captura de Arley Antonio Velázquez Suárez, conocido con el alias de ‘El Mello’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. La operación se desarrolló en el municipio de Cáceres y contó con la participación coordinada de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía. 🚔⚖️
La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial contra Velázquez Suárez, quien es señalado de pertenecer a la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, que hace parte de la organización criminal ‘Roberto Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo.
Según la información entregada por las autoridades, ‘El Mello’ habría adquirido un papel cada vez más importante dentro de esta estructura durante los últimos años. Entre 2021 y 2023 habría integrado su componente criminal y posteriormente habría escalado posiciones hasta convertirse en uno de sus principales responsables en la zona.
Su ascenso dentro de la organización habría cobrado mayor relevancia después de la captura de alias ‘Carlos Way’, registrada en julio de este año. Tras ese procedimiento, Velázquez Suárez habría asumido el liderazgo del componente criminal focalizado de la estructura.
Las autoridades sostienen que bajo su mando operaban aproximadamente 32 integrantes, quienes estarían encargados de ejercer intimidaciones, realizar extorsiones y mantener mecanismos de control sobre habitantes de diferentes sectores del Bajo Cauca.
La operación para lograr su captura requirió la coordinación de varias instituciones. En el procedimiento participaron unidades del Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
El despliegue permitió ubicar al señalado cabecilla en Cáceres, donde finalmente fue detenido. Durante el procedimiento fueron incautados una motocicleta Yamaha XTZ 250 y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso judicial.
Los investigadores buscan establecer si la información almacenada en los dispositivos puede aportar datos sobre el funcionamiento de la estructura criminal, sus integrantes y las actividades de extorsión que presuntamente se desarrollaban en la región.
De acuerdo con el expediente, ‘El Mello’ habría tenido un nivel importante de confianza dentro del Clan del Golfo, situación que le habría permitido asumir responsabilidades de mayor jerarquía después de la captura de otros integrantes de la organización.
Las autoridades también lo relacionan con hechos de violencia registrados en la zona, entre ellos homicidios y acciones de intimidación contra personas que se negaban a cumplir las denominadas normas impuestas ilegalmente por la estructura.
Además de la investigación por concierto para delinquir agravado, la orden de captura estaría relacionada con un proceso por un delito de carácter sexual. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad frente a cada una de las acusaciones.
Durante el procedimiento, los uniformados le comunicaron sus derechos como persona capturada y posteriormente quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes.
La captura representa un nuevo golpe a la estructura del Clan del Golfo en Antioquia, particularmente en una zona donde esta organización mantiene presencia y desarrolla actividades relacionadas con el control territorial y las rentas ilegales.
Uno de los aspectos que ahora deberán establecer los investigadores es si la detención de ‘El Mello’ provocará un nuevo reacomodo dentro de la organización criminal, teniendo en cuenta que su llegada a la jefatura se habría producido precisamente después de la captura de otro cabecilla.
Las autoridades mantienen las operaciones en el Bajo Cauca con el propósito de afectar las estructuras de mando, las fuentes de financiación y las redes encargadas de ejercer presión sobre las comunidades.