La Fiscalía General de la Nación formulará imputación contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal, en un nuevo capítulo del caso Odebrecht en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, Prieto habría omitido reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un aporte en servicios de investigación, valorado en un millón de dólares, que presuntamente fue financiado por la constructora brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014. Según la investigación, esos recursos no quedaron registrados en los informes oficiales de ingresos y gastos de la campaña presidencial.

La Fiscalía sostiene que la omisión permitió que las cuentas de la campaña fueran aprobadas y que posteriormente se autorizara el pago de la reposición de votos, pese a que, presuntamente, se habrían superado los topes de financiación establecidos para la contienda electoral. Como consecuencia, el Partido de la U recibió cerca de 16.000 millones de pesos por concepto de reposición de gastos de campaña.

La investigación señala que el pago por la encuesta habría sido canalizado a través de empresas offshore vinculadas a la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad que, según las autoridades, administraba el esquema de sobornos de la multinacional en varios países de América Latina.

Este proceso reabre el frente judicial contra Prieto, quien anteriormente cumplió una condena relacionada con el caso Odebrecht por tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de la Ruta del Sol. Su defensa rechazó la decisión de la Fiscalía y aseguró que el exgerente de campaña no conocía ni participó en la contratación de la encuesta financiada por Odebrecht, insistiendo en que los hechos investigados eran conocidos por las autoridades desde 2017.

En desarrollo de operaciones orientadas a debilitar las capacidades logísticas de los grupos armados organizados ilegales, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron 475 buzos militares tipo híbrido en el terminal de transporte del municipio de Paz de Ariporo, Casanare.

La incautación fue posible gracias a labores de control y verificación, durante las cuales fueron ubicados cinco costales que contenían el material de intendencia. De acuerdo con las primeras investigaciones, las prendas habrían sido enviadas desde Bogotá y tenían como destino el departamento de Arauca.

Según información de las autoridades militares, el material presuntamente estaría dirigido a grupos armados organizados ilegales que delinquen en la zona limítrofe entre Casanare y Arauca.

Con este resultado operacional, el Ejército señaló que se evita que cerca de 475 integrantes de estas estructuras criminales utilicen prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares para suplantar a la Fuerza Pública, instalar retenes ilegales, fortalecer su capacidad logística, intimidar a la población civil y facilitar la comisión de actividades delictivas.

La institución destacó que esta incautación representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico ilegal de material de intendencia y contribuye a proteger la confianza de la ciudadanía en las autoridades, al impedir que organizaciones armadas hagan uso indebido de elementos militares.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para afectar las capacidades de los grupos armados organizados, fortalecer la seguridad en Casanare y la región de la Orinoquía, y proteger a la población civil.

En desarrollo de operaciones ofensivas, tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, localizaron un depósito ilegal con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare.

La operación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, que permitió a los soldados llegar hasta el lugar donde, tras realizar un registro perimétrico, encontraron un escondite con 21 artefactos explosivos improvisados de alto poder, un medio de lanzamiento y 22 detonadores, elementos que, según las autoridades, pertenecerían al grupo armado organizado ELN.

Durante la inspección también fueron incautados 220 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, equipos de campaña, radios de comunicación, baterías, un cargador para radio, 60 tarjetas SIM y otros elementos de interés para las labores de inteligencia militar.

Una vez asegurada la zona, personal especializado en explosivos realizó la destrucción controlada de los artefactos, con el fin de evitar que fueran utilizados en acciones contra la población civil, la Fuerza Pública o la infraestructura estratégica del departamento.

La Décima Sexta Brigada destacó que este resultado representa un golpe a las capacidades logísticas del ELN y reiteró su compromiso con la seguridad de Casanare.

Asimismo, la institución agradeció el apoyo de la comunidad, señalando que la información suministrada por los ciudadanos continúa siendo fundamental para el desarrollo de operaciones que permitan neutralizar las acciones de los grupos armados organizados y proteger a la población del departamento.