🚨 Eva Ferrer, exasesora de la Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, al señalarla de presuntamente liderar una estructura con intereses económicos y políticos que habría estado relacionada con actividades ilícitas durante la campaña presidencial de 2022 y el periodo de gobierno. Sus declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la revista Semana y recogidas por medios nacionales.

Entre los señalamientos, Ferrer mencionó supuestos vuelos hacia Venezuela en los que, según su versión, se habrían transportado dinero en efectivo y sustancias ilícitas utilizando aeronaves oficiales. La exfuncionaria afirmó que Carolina Plata, cercana a Alcocer, habría participado en la coordinación de esos desplazamientos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su relato y no constituyen por sí mismas pruebas de que los hechos hayan ocurrido.

Ferrer también aseguró que en enero de 2023 habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. De acuerdo con su versión, parte de esos recursos estaría destinada a financiar actividades políticas relacionadas con Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Asimismo, afirmó que durante ese periodo se habrían presentado movimientos de dinero en efectivo dentro de espacios vinculados con la Casa de Nariño y personas cercanas al círculo político de Alcocer.

Otro de los asuntos expuestos por la exasesora tiene que ver con un presunto esquema de lavado de activos mediante la adquisición de propiedades en el extranjero y el uso de intermediarios para administrar recursos. En sus declaraciones, mencionó posibles operaciones en España e Italia, así como la participación de empresarios y personas cercanas a la exprimera dama que, según ella, habrían contribuido a financiar gastos personales y alojamientos de alto costo.

Las acusaciones también incluyen presuntos vínculos con el tráfico internacional de armas. Ferrer señaló a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino y aseguró que recibió advertencias sobre posibles actividades ilegales relacionadas con su entorno. Además, relacionó a Romagnoli con gestiones vinculadas a la adquisición de aeronaves militares Gripen. Estas afirmaciones requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

En materia política, la exfuncionaria habló de una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Petro en 2022. En su entrevista mencionó presuntos aportes en efectivo, intermediarios que habrían facilitado encuentros con posibles financiadores y recursos que, según su versión, no habrían sido reportados oficialmente. También sostuvo que se habrían solicitado pagos a cambio de nombramientos en entidades estatales, entre ellas ProColombia, Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones públicas.

Ferrer mencionó a distintas figuras políticas, empresarios y antiguos funcionarios, entre ellos Ricardo Roa, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Xavier Vendrell. A cada uno le atribuyó posibles vínculos o funciones dentro de la estructura que describe. No obstante, la inclusión de sus nombres en las declaraciones no demuestra participación en delitos, y cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales.

La exasesora también afirmó que Alcocer habría ejercido presión sobre funcionarios del Gobierno y relató un supuesto episodio de agresión contra Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según Ferrer, el entonces presidente Gustavo Petro habría conocido parte de las tensiones entre ambas. Estas afirmaciones también forman parte de su testimonio y requieren corroboración independiente.

Los señalamientos se conocen después de que la Fiscalía General de la Nación abriera, en agosto de 2026, una indagación preliminar relacionada con audios anteriores de Ferrer sobre presuntas irregularidades en el manejo de dinero y el direccionamiento de contratos. Esa actuación busca determinar si existen elementos que permitan establecer la posible comisión de delitos; no equivale a una declaración de culpabilidad.

Las nuevas declaraciones han generado atención pública por la gravedad de las conductas mencionadas y por la cantidad de personas vinculadas en el relato. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las pruebas que puedan recaudar las autoridades, la verificación de los movimientos financieros y los registros de los viajes señalados, así como de las actuaciones judiciales que correspondan.

🚔 Un hombre fue capturado en el municipio de Aguazul, Casanare, luego de ser señalado de presuntamente hurtar un teléfono celular a un ciudadano. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el dispositivo, un Motorola E14 de color rosado, cuyo valor comercial fue estimado en $400.000.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados recibieron un aviso sobre el hurto y se trasladaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido. Allí identificaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con la descripción proporcionada.

Al realizarle un registro personal, los policías encontraron el teléfono en el bolsillo derecho de su pantalón. Poco después, la presunta víctima llegó al sitio e identificó al ciudadano como quien, al parecer, le habría quitado el equipo. También reconoció el dispositivo como de su propiedad.

Tras estos señalamientos y el hallazgo del celular, los uniformados efectuaron la captura y le informaron al hombre los derechos que le asisten en esa condición. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.

El coronel Pablo Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, reiteró que la institución continuará desarrollando acciones de prevención y control para combatir el hurto y proteger los bienes de los ciudadanos.

Asimismo, invitó a la comunidad a informar oportunamente sobre cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, con el propósito de facilitar la respuesta de las autoridades y contribuir a la prevención de nuevos casos.

El procedimiento permitió recuperar el teléfono reportado como hurtado. Entretanto, la situación jurídica del capturado deberá definirse dentro del proceso correspondiente, respetando la presunción de inocencia.

🚨 La Personería Distrital de Medellín lanzó una alerta institucional por las vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas que habitan la ciudad. Entre las situaciones más preocupantes se encuentran la violencia sexual, la explotación, la mendicidad forzada y el aumento de los intentos de suicidio.

Uno de los datos más alarmantes del informe señala que el 65 % de las activaciones del Código Fucsia corresponde a menores de edad, principalmente integrantes de la comunidad Embera Katío. Este protocolo permite activar la atención de emergencia y la ruta integral de asistencia para personas que han sufrido violencia sexual o de género.

La entidad también advirtió sobre las afectaciones a la salud mental de esta población, entre ellas crisis emocionales y conductas suicidas que requieren atención oportuna. En estos casos, el Código Dorado permite activar la respuesta inmediata ante emergencias relacionadas con la salud mental, intentos de suicidio y otras situaciones críticas.

El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, hizo un llamado a las entidades responsables de la protección de la infancia para que coordinen acciones que garanticen una atención continua y adecuada. La alerta fue dirigida a distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Antioquia y a la Dirección Seccional de Fiscalías, entre otras instituciones.

Según la Personería, las dificultades no se limitan a la ocurrencia de los casos, sino que también incluyen barreras para acceder a los servicios de atención. Las diferencias lingüísticas, el temor a acudir ante las autoridades y ciertas dinámicas culturales pueden dificultar la denuncia, lo que ocasionaría que algunas situaciones no queden registradas en las cifras oficiales.

A estos obstáculos se suman las dificultades para garantizar atención psicológica especializada, acompañamiento después de las crisis y continuidad en los procesos. La falta de mediadores interculturales y los cambios frecuentes de profesionales también pueden afectar el seguimiento de los casos y la protección de los menores.

El organismo de control advirtió, además, sobre otras formas de vulneración de derechos, como la explotación sexual comercial, la violencia intrafamiliar y basada en género, el trabajo infantil, la permanencia prolongada en las calles y la mendicidad forzada. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y hacen necesaria una intervención coordinada entre las instituciones.

De acuerdo con datos de la Administración Distrital citados en el informe, en Medellín viven aproximadamente 5.500 personas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas, entre ellos Embera, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak. La Personería recordó que la atención a estas comunidades debe reconocer sus particularidades culturales y lingüísticas, sin que estas se conviertan en un impedimento para garantizar sus derechos.

Entre las recomendaciones formuladas se encuentran fortalecer las rutas de salud mental con enfoque intercultural, mejorar los servicios de interpretación y mediación, acompañar a las instituciones educativas y asegurar que cada caso tenga seguimiento. También se pidió promover la participación de las familias y de las autoridades indígenas en las medidas de prevención y protección.

La Personería insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá de atender las emergencias y avanzar hacia una protección integral y permanente. El objetivo es prevenir nuevas vulneraciones y garantizar que los niños, niñas y adolescentes indígenas reciban atención oportuna, respetuosa de su identidad cultural y centrada en la defensa de sus derechos.