💰🇨🇳 El Gobierno de China puso en marcha una ofensiva fiscal dirigida contra ciudadanos con grandes patrimonios que mantienen inversiones y bienes fuera del país. La campaña busca recuperar impuestos que, en algunos casos, estarían pendientes desde el año 2000, mientras las autoridades aumentan la vigilancia sobre cuentas bancarias, propiedades, acciones, fideicomisos y otros activos ubicados en el extranjero. 🌎📊
La operación fue impulsada desde Beijing en un momento de presión sobre las finanzas públicas chinas. La disminución de los ingresos provenientes de la venta de terrenos, sumada al debilitamiento de la recaudación, llevó a las autoridades a reforzar los mecanismos destinados a identificar recursos que ciudadanos chinos mantienen fuera del territorio nacional.
De acuerdo con información citada por Infobae a partir de reportes del Financial Times, bancos y entidades financieras recibieron instrucciones para revisar las inversiones internacionales de ciudadanos chinos con grandes fortunas y comprobar si los rendimientos obtenidos en el extranjero fueron declarados correctamente ante las autoridades tributarias.
La revisión no se limita a las cuentas bancarias. Los controles abarcan bienes raíces, acciones, metales preciosos, criptomonedas y estructuras financieras establecidas en jurisdicciones offshore. También están bajo la lupa los fideicomisos utilizados por personas adineradas para administrar o proteger parte de su patrimonio fuera de China.
La medida ha generado preocupación entre los grandes inversionistas, especialmente porque las autoridades estarían reclamando obligaciones correspondientes a periodos considerablemente antiguos. Algunos casos identificados por medios financieros incluyen ganancias acumuladas desde comienzos de la década de 2000, aunque el periodo exigido no es igual para todos los contribuyentes.
En algunas regiones, la presión fiscal ya habría tenido consecuencias directas sobre las cuentas de personas con grandes patrimonios. Un banquero citado por el Financial Times señaló que determinadas entidades coordinaron con las autoridades tributarias el congelamiento de fondos pertenecientes a clientes adinerados hasta comprobar que hubieran cumplido con sus obligaciones fiscales.
Según ese reporte, algunos de los afectados terminaron pagando impuestos y multas para recuperar el acceso a sus recursos. La situación evidencia el nivel de control que Beijing busca ejercer sobre los movimientos de capital y sobre los ingresos que sus ciudadanos generan fuera de las fronteras nacionales.
La ofensiva también modificó las condiciones para quienes utilizan fideicomisos offshore. Nuevas reglas introducidas por el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria Nacional establecieron mecanismos para gravar los ingresos obtenidos mediante determinados activos transferidos a fideicomisos en el exterior.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la aplicación de una tasa del 20 % sobre determinados ingresos vinculados a estas estructuras. La modificación cerró una ventaja que durante años había permitido a algunos ciudadanos con grandes fortunas utilizar fideicomisos internacionales para administrar sus recursos y reducir o aplazar determinadas obligaciones tributarias.
La nueva estrategia llega además en un contexto de dificultades económicas para China. Los ingresos públicos se han visto afectados por la desaceleración posterior a la pandemia y por la crisis del sector inmobiliario, que redujo considerablemente los recursos obtenidos mediante la venta de terrenos.
Las cifras citadas en el informe muestran la dimensión del problema. Los ingresos derivados de las ventas de tierras pasaron de 8,7 billones de yuanes en 2021 a aproximadamente 4,15 billones después de la crisis inmobiliaria, reduciendo una fuente importante de financiación para los gobiernos locales.
Ante este escenario, el impuesto sobre la renta de las personas se convirtió en uno de los campos donde las autoridades encontraron posibilidades de aumentar la recaudación. En 2025, los ingresos provenientes de este impuesto crecieron 11,5 %, mientras que el crecimiento general de los ingresos fiscales fue de apenas 0,8 %.
Expertos consultados por medios internacionales consideran que el objetivo de la campaña es principalmente económico, aunque también representa un endurecimiento del control estatal sobre la salida de capitales. Beijing busca conocer con mayor precisión dónde se encuentran los recursos de sus ciudadanos y cuánto dinero generan fuera del país.
Los controles también podrían afectar a ciudadanos que poseen propiedades, inversiones o cuentas en lugares como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos. Según personas vinculadas al sector financiero citadas en el reporte, las autoridades estarían comenzando por los contribuyentes con mayores patrimonios para posteriormente ampliar las revisiones hacia otros tipos de activos.
Otro elemento que genera incertidumbre es la definición de residencia fiscal. Una persona puede ser considerada residente fiscal en China incluso si permanece menos de 183 días al año en el país, dependiendo de sus circunstancias y de sus vínculos con el territorio. Tener otra nacionalidad o un estatus migratorio diferente tampoco necesariamente elimina las obligaciones fiscales frente a China.
El endurecimiento de las medidas ya está provocando preocupación dentro del sector financiero internacional. Algunas empresas especializadas en gestión patrimonial y seguros con exposición a clientes chinos registraron movimientos negativos en sus acciones después de que se conocieran las nuevas disposiciones fiscales.
A esto se suma el uso de herramientas tecnológicas para facilitar las investigaciones. Abogados especializados en patrimonio internacional señalaron que las autoridades estarían recurriendo a sistemas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información financiera y detectar con mayor rapidez posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los activos mantenidos en el extranjero.
La estrategia representa un cambio importante para los ciudadanos chinos con grandes fortunas que durante años utilizaron estructuras internacionales para administrar sus bienes. Ahora, mantener patrimonio fuera del país no necesariamente significa quedar por fuera de las obligaciones fiscales establecidas por Beijing.
Con esta ofensiva, el Gobierno chino busca recuperar recursos que considera pendientes y reforzar la supervisión sobre los capitales que salen del país. La campaña podría extenderse durante los próximos meses a nuevas cuentas, inversiones y propiedades, aumentando la presión sobre las grandes fortunas que mantienen parte de su patrimonio en el extranjero.
🚨 Las autoridades de Medellín confirmaron la muerte de un joven de 17 años que permanecía hospitalizado desde el pasado 9 de septiembre, luego de ingresar con un arma traumática a una institución educativa del oriente de la ciudad y dispararse en la cabeza.
El adolescente, estudiante de décimo grado, falleció alrededor de las 6:00 de la tarde del viernes 25 de septiembre en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el incidente.
Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector de Villa Hermosa. Según la información conocida por las autoridades, el joven habría ingresado al plantel cerca de las 9:00 de la mañana después de saltar una de las tapias. Una vez dentro, realizó varios disparos en el patio, situación que provocó que estudiantes y docentes buscaran refugio en los salones.
Posteriormente, el adolescente utilizó el arma traumática para dispararse a sí mismo. Inicialmente fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires en estado crítico y posteriormente remitido al Hospital San Vicente Fundación, donde permaneció internado durante más de dos semanas.
Después del episodio, dos hombres ingresaron a las instalaciones del colegio y retiraron el arma que había quedado en el lugar. La Policía logró ubicarlos y capturarlos. Se trata de John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46, quienes quedaron a disposición de las autoridades por los delitos relacionados con el porte ilegal del arma y el uso de menores en actividades delictivas.
Desde la Alcaldía de Medellín también se habían entregado detalles sobre la situación que atravesaba el estudiante dentro de la institución. Según las secretarías de Educación y Seguridad, desde el año anterior se habían registrado episodios de comportamiento agresivo y violento hacia docentes y compañeros, por lo que se había activado un proceso de acompañamiento psicológico.
En las semanas previas al incidente, la situación habría aumentado de intensidad y llevó a la institución a realizar una reunión de su comité académico. Como medida, se determinó que el joven continuara temporalmente sus clases desde casa mientras se realizaba una nueva valoración.
La Administración Distrital también indicó que el adolescente había recibido acompañamiento psicosocial ante situaciones relacionadas con crisis emocionales y que en determinado momento se activaron rutas de atención en salud. Sin embargo, según lo informado por funcionarios de Medellín, el joven había expresado que no quería continuar con ese proceso.
Las autoridades educativas señalaron que no tenían conocimiento de una situación particular distinta a las dificultades de convivencia que ya habían sido identificadas. Ahora, tras su fallecimiento, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para establecer todas las circunstancias relacionadas con el ingreso del arma al colegio y el desarrollo de los hechos.
⚡ El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno retomará la firma de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas, incluido el fracking. El pronunciamiento se dio durante la posesión de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, en un acto realizado el viernes 25 de septiembre en Santa Marta.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que su administración reactivará plenamente las actividades de exploración y la suscripción de nuevos acuerdos para el sector de hidrocarburos. Según explicó, la estrategia busca fortalecer la soberanía energética del país y reducir la dependencia de las importaciones.
“Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking”, afirmó De la Espriella, quien sostuvo que estas actividades deberán desarrollarse bajo criterios de responsabilidad ambiental.
El jefe de Estado también cuestionó la política energética del Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, que limitó la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de su estrategia de transición hacia fuentes de energía más limpias.
De la Espriella defendió un cambio de rumbo para el sector y manifestó que la transición energética no debe traducirse en una mayor dependencia de combustibles importados. En ese sentido, planteó que el país debe recuperar su capacidad de exploración y producción de hidrocarburos.
Por su parte, Joaquín Gutiérrez, quien asumió la presidencia de Ecopetrol, señaló que comienza una nueva etapa para la compañía estatal. El directivo manifestó que uno de sus propósitos será impulsar el desarrollo de la empresa y generar beneficios para los colombianos.
La llegada de Gutiérrez a la dirección de la petrolera fue anunciada por la junta directiva el jueves 24 de septiembre. El empresario, administrador de empresas, no cuenta con experiencia previa en el sector de hidrocarburos y fue gerente de la campaña presidencial de De la Espriella.
El anuncio representa un giro en la orientación de la política energética nacional, especialmente frente a la exploración de nuevos yacimientos y la posibilidad de utilizar técnicas no convencionales como el fracking. La implementación de estas medidas y sus condiciones ambientales serán parte de los asuntos centrales para el futuro del sector.
🚨 Una grave denuncia de la comunidad de La Macarena, Meta, señala a integrantes del Ejército Nacional de presuntamente disparar contra un campesino que se acercó a una vivienda rural para conocer lo que estaba ocurriendo. En el mismo hecho, ocurrido el 22 de septiembre, también se habrían presentado irregularidades durante el abordaje de una familia campesina, incluidos dos menores de edad.
La denuncia fue presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza y difundida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En el documento, la comunidad identificó al campesino fallecido como Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, según el relato, no portaba armas ni representaba una amenaza para los uniformados.
De acuerdo con la versión entregada por la organización comunal, las tropas llegaron hacia las 12:30 del mediodía a una vivienda donde se encontraba una pareja de campesinos junto a sus hijos. Allí, presuntamente, los militares habrían ingresado de manera violenta y abordado a la mujer, identificada como Yuli Andrea Motta Tovar, mientras otros uniformados permanecían con su pareja y los menores.
La Junta aseguró que, horas después, aproximadamente a las 3:35 de la tarde, Luis Carlos Mojica llegó al lugar para averiguar qué sucedía. Según el testimonio recogido en la denuncia, el hombre habría recibido disparos por parte de los militares, sin que mediara una agresión de su parte.
La comunidad también manifestó que, tras los disparos, los uniformados habrían retirado el cuerpo del lugar. Hasta el momento de la publicación de la denuncia, los habitantes aseguraban desconocer su paradero. Además, señalaron que se habrían escuchado nuevos disparos y que algunas personas que intentaron acercarse para verificar lo ocurrido fueron intimidadas.
Cuando los habitantes lograron ingresar a la finca, encontraron a la familia en estado de angustia. Según el documento, en el lugar también observaron casquillos, impactos de bala y otros rastros que, a su juicio, estarían relacionados con la muerte del campesino.
Frente a estos señalamientos, fuentes del Ejército Nacional indicaron a Infobae que la Fiscalía adelanta una investigación sobre lo sucedido. La institución señaló que será el ente investigador el encargado de establecer si la persona fallecida corresponde a Luis Carlos Mojica Guzmán.
Indepaz pidió que las autoridades adelanten una investigación urgente, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias de la muerte, establecer qué unidades participaron en la operación y determinar qué ocurrió con el cuerpo. También solicitó garantías de protección para la familia, los menores de edad y los posibles testigos, con el fin de evitar presiones o estigmatizaciones.
La denuncia fue puesta en conocimiento de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y otras autoridades. Por ahora, los hechos continúan bajo investigación y las acusaciones de la comunidad deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.