🚨🇨🇴 El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quedó mencionado en una denuncia presentada ante autoridades financieras de Estados Unidos por un supuesto pago irregular de $300 millones relacionado con un contrato para realizar obras en la cárcel El Bosque de Barranquilla. El informe fue presentado por el empresario Luis Enrique Guzmán Chams ante la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense. ⚖️🇺🇸

La denuncia fue radicada el pasado 13 de agosto de 2026 y está relacionada con un contrato por $1.658 millones que fue adjudicado directamente a GPS Construcciones del Caribe, empresa de la que Guzmán Chams es representante legal y accionista.

De acuerdo con la información conocida, el contrato correspondía a una obra en la cárcel El Bosque y habría sido entregado en 2017 durante una declaratoria de urgencia manifiesta.

Guzmán Chams sostiene que, durante el desarrollo del negocio, habría recibido una solicitud para entregar $300 millones. El empresario afirma que ese dinero habría sido destinado a Char, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde de Barranquilla.

El señalamiento forma parte de una serie de denuncias que el constructor ha presentado durante varios años ante autoridades colombianas. Según su versión, desde 2020 ha entregado información relacionada con diferentes contratos públicos y posibles pagos irregulares.

El empresario también ha mencionado dentro de sus declaraciones el contrato del denominado megatanque de Barranquilla, una obra cuyo valor superó los $36.000 millones y sobre la cual ha realizado acusaciones relacionadas con presuntos pagos de dinero.

Según Guzmán Chams, en ese caso habría tenido que entregar $2.300 millones. Estas afirmaciones hacen parte de un expediente que ha sido objeto de investigaciones en Colombia y que ahora vuelve a adquirir relevancia a raíz de la denuncia presentada ante autoridades estadounidenses.

La nueva denuncia ante FinCEN no se concentra únicamente en el supuesto soborno. El documento también plantea interrogantes sobre una posible operación de lavado de activos que involucraría a Serfinanza, entidad financiera vinculada al grupo empresarial de la familia Char.

El denunciante sostiene que parte del dinero relacionado con estas operaciones habría tenido conexión con movimientos financieros que podrían alcanzar el sistema financiero estadounidense.

FinCEN es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La entidad recibe información sobre operaciones que podrían resultar sospechosas y, dependiendo de sus análisis, puede remitirla a organismos encargados de adelantar investigaciones.

Uno de los aspectos que ahora genera atención es la posible dimensión internacional del caso. La presentación ante las autoridades estadounidenses podría llevar a que los señalamientos sean revisados desde una perspectiva diferente a las investigaciones que ya se han adelantado en Colombia.

Guzmán Chams asegura que durante más de seis años ha buscado colaborar con la justicia colombiana para entregar información relacionada con estos hechos. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no se habría concretado un principio de oportunidad ni un preacuerdo con la Fiscalía.

El empresario también ha manifestado que esperaba que la Corte Suprema de Justicia investigara los hechos que, según afirma, ha puesto en conocimiento de las autoridades.

La denuncia incorpora además referencias a otros contratos y figuras políticas. Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen el exsenador Efraín Cepeda y otros actores relacionados con negocios públicos en Barranquilla.

El caso del supuesto pago de $300 millones corresponde a hechos que se remontan a 2017 y 2018, por lo que las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y verificar las afirmaciones realizadas por el denunciante.

Por ahora, la presentación ante FinCEN constituye una denuncia y no significa que las autoridades estadounidenses hayan establecido la responsabilidad de Alejandro Char ni que exista una condena en su contra.

Los señalamientos deberán ser contrastados con documentos, testimonios y demás elementos de prueba. También será necesario establecer si existieron movimientos financieros relacionados con las acusaciones y cuál habría sido su origen y destino.

La situación vuelve a poner bajo atención algunos de los contratos públicos ejecutados durante las administraciones de Char en Barranquilla y las denuncias que han surgido alrededor de ellos.

El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades estadounidenses y colombianas, así como de las pruebas que puedan ser incorporadas a las investigaciones.

🚨 El caso que involucra al periodista y presentador Rafael Poveda sumó cuatro nuevas denuncias por presunto acoso sexual, según reveló un nuevo informe publicado por Infobae. Los testimonios corresponden a mujeres que describieron situaciones en las que, presuntamente, el comunicador habría intentado besarlas o tocarlas sin su consentimiento, además de realizar insinuaciones de carácter sexual y ejercer presión relacionada con oportunidades laborales. ⚖️🗣️

Las nuevas denuncias se conocen semanas después de que comenzaran a hacerse públicas otras acusaciones contra Poveda, generando una amplia controversia en el ámbito periodístico y de los medios de comunicación en Colombia.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación, algunas de las mujeres señalaron que los presuntos comportamientos habrían ocurrido en contextos relacionados con espacios laborales o profesionales. En varios de los relatos aparecen situaciones en las que las denunciantes aseguran haberse sentido incómodas o intimidadas frente a las actuaciones del periodista.

Entre las conductas descritas se encuentran presuntos intentos de besos y tocamientos sin consentimiento, acercamientos físicos, insinuaciones de contenido sexual y situaciones en las que algunas mujeres habrían sido acorraladas en espacios cerrados.

Los testimonios también hacen referencia a posibles comentarios relacionados con oportunidades profesionales, ascensos o posibilidades de avanzar dentro del ámbito laboral. Según los relatos, estas circunstancias habrían generado una relación de presión para algunas de las mujeres que decidieron contar sus experiencias.

La aparición de estas cuatro nuevas denuncias amplía el número de señalamientos que actualmente son conocidos públicamente contra Poveda y vuelve a poner el caso en el centro de la discusión sobre las relaciones de poder y las conductas de carácter sexual dentro de los espacios de trabajo de los medios de comunicación.

Una de las primeras denunciantes que hizo público su testimonio fue la abogada y activista Sofía Vela, quien señaló al periodista por presuntos tocamientos sin su consentimiento después de participar en un curso de presentación. Posteriormente, Vela aseguró haber recibido amenazas de muerte luego de que su denuncia se hiciera pública.

El caso también provocó una discusión sobre la manera en que fueron divulgadas las denuncias. El colectivo “Yo te creo colega”, integrado por periodistas que acompañaron la investigación, sostuvo que Poveda tuvo la posibilidad de responder a los señalamientos.

Las periodistas afirmaron que le enviaron un documento con información sobre dos de los casos y un cuestionario de más de 20 preguntas, además de concederle más de 48 horas para entregar su versión. El colectivo también manifestó que mantiene abiertos sus espacios para que el presentador pueda responder públicamente.

Poveda, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha cuestionado la manera en que se manejó periodísticamente la información relacionada con las denuncias. El comunicador ha insistido en la importancia de garantizar su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció recientemente sobre los casos relacionados con Poveda y otros periodistas, señalando que las investigaciones penales representan una garantía tanto para las personas denunciadas como para quienes aseguran haber sido víctimas. La entidad además pidió respeto por las personas involucradas en estos procesos.

La controversia ha trascendido las redes sociales y ha generado pronunciamientos de diferentes sectores del periodismo y del entretenimiento. Al mismo tiempo, algunas de las mujeres que han dado a conocer sus experiencias han enfrentado ataques y señalamientos en internet.

En el caso de Sofía Vela, por ejemplo, se conocieron mensajes intimidatorios en los que incluso se profirieron amenazas contra la denunciante, situación que aumentó la preocupación alrededor de la exposición pública que han tenido las mujeres que decidieron hablar.

Con la aparición de cuatro nuevos testimonios, el caso vuelve a generar interrogantes sobre las presuntas conductas denunciadas y sobre las condiciones laborales que habrían rodeado algunas de las situaciones relatadas.

⚖️🚨 El Tribunal Superior de Bogotá legalizó este miércoles 19 de agosto la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. El exfuncionario se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó cobijado con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial. 🇨🇴

La decisión judicial está relacionada con una investigación de la Fiscalía que señala a Velasco por su posible participación en una estructura que habría intervenido en el direccionamiento de contratos públicos para conseguir respaldo político a proyectos y reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

De acuerdo con el expediente, al exministro se le atribuyen los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que habría tenido participación en actuaciones relacionadas con contratos del Instituto Nacional de Vías, Invías, y de la UNGRD.

La investigación hace parte del amplio proceso que las autoridades adelantan para esclarecer el entramado de corrupción que se habría desarrollado alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según la hipótesis de la Fiscalía, desde diferentes sectores del Gobierno se habrían utilizado contratos y recursos públicos como mecanismo para conseguir apoyos de congresistas en asuntos de interés para la administración de ese momento.

En este contexto, el nombre de Luis Fernando Velasco quedó vinculado al expediente por su presunta intervención en las gestiones políticas y contractuales que habrían buscado asegurar votos en el Congreso.

El exministro se presentó de manera voluntaria ante las autoridades después de que existiera una orden de captura en su contra. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá adelantó la audiencia correspondiente y determinó que la captura cumplía con los requisitos legales.

La medida establecida por la autoridad judicial no contempla, por ahora, su traslado a un establecimiento carcelario. Velasco deberá permanecer en su residencia mientras continúa el proceso y se desarrollan las diferentes etapas de la investigación.

Durante la audiencia de legalización, el exfuncionario solicitó que se le permitiera permanecer en libertad y defendió su trayectoria política. Velasco aseguró ante la magistrada que no representa un peligro y pidió que se tuviera en cuenta su disposición para comparecer ante la justicia.

El exministro también hizo referencia a diferentes episodios de su vida pública y recordó que en el pasado fue víctima de amenazas y atentados. Además, mencionó un antiguo proceso judicial en el que, según su declaración, terminó siendo declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la decisión del Tribunal mantuvo vigente la medida restrictiva de la libertad, aunque bajo detención domiciliaria.

La situación judicial de Velasco también ha tenido cambios recientes. El pasado 6 de agosto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había dejado sin efectos una decisión anterior del Tribunal Superior de Bogotá, lo que permitió que el exministro recuperara su libertad.

Ahora, con la nueva orden de captura y la medida de aseguramiento domiciliaria, su situación procesal vuelve a estar restringida mientras avanza el expediente.

La Fiscalía considera que el exministro habría desempeñado un papel dentro de las actuaciones relacionadas con contratos públicos y supuestos acuerdos políticos que son materia de investigación. No obstante, estas acusaciones deberán ser demostradas dentro del proceso judicial y Velasco mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

El caso de Velasco se suma al de otros exfuncionarios y personas investigadas por el escándalo de la UNGRD, uno de los procesos de corrupción que más impacto ha tenido en la política colombiana durante los últimos años.