🇨🇴🌎 El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el regreso de Alejandro Ordóñez Maldonado al escenario diplomático internacional. El exprocurador fue designado nuevamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, Estados Unidos. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026 y marca su retorno a una institución que ya conoció durante el Gobierno de Iván Duque. 🏛️📜

El nombramiento había sido conocido desde comienzos de agosto, pero solamente quedó oficialmente establecido con la expedición del decreto presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el documento, Ordóñez ocupará el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, dentro de la planta correspondiente a los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

Su misión estará adscrita a la representación permanente de Colombia ante la OEA, organismo multilateral con sede en Washington y en el que los países del continente abordan asuntos relacionados con democracia, derechos humanos, seguridad, cooperación y relaciones regionales.

Ordóñez ya había representado a Colombia ante la OEA

Esta no será la primera experiencia de Alejandro Ordóñez en este cargo.

El exprocurador ocupó la representación diplomática de Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022, durante la administración del expresidente Iván Duque.

Ahora, cuatro años después de terminar aquella misión, regresará a Washington por decisión del nuevo Gobierno.

Su conocimiento previo de la organización es uno de los elementos que acompañan la designación, pues ya tuvo experiencia directa en el funcionamiento de la misión colombiana ante el organismo hemisférico y en las discusiones diplomáticas que se desarrollan en ese escenario.

El nuevo nombramiento también significa su regreso al servicio público después de varios años alejado de cargos oficiales de primera línea.

Una trayectoria marcada por la política y la justicia

Alejandro Ordóñez tiene una extensa trayectoria dentro de la administración pública y la rama judicial.

Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y comenzó su recorrido político como concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989.

Posteriormente ocupó diferentes cargos en la rama judicial. Fue magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander y llegó al Consejo de Estado, corporación de la que también fue presidente.

Su carrera tomó especial relevancia nacional cuando llegó a la Procuraduría General de la Nación en 2009, después de ser elegido por el Senado.

En 2012 fue reelegido para continuar en el cargo durante el periodo 2013-2017, con 80 de los 93 votos emitidos en el Senado.

Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado anuló su reelección al considerar que durante el proceso se había desconocido la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución.

Una figura de fuertes posiciones políticas

Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez se convirtió en una de las figuras más visibles y controvertidas de la política colombiana.

Sus decisiones disciplinarias, sus posiciones frente a diferentes debates sociales y políticos y su marcada postura conservadora lo convirtieron en un personaje con amplio respaldo entre algunos sectores, pero también en blanco de críticas desde sectores políticos opositores.

Después de dejar la Procuraduría, incursionó directamente en la política electoral.

Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2018 y posteriormente asumió la embajada de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque.

Su regreso a ese mismo cargo bajo la administración de Abelardo de la Espriella vuelve a ubicarlo en uno de los escenarios diplomáticos más importantes del continente.

Su designación había generado debate político

La posibilidad de que Ordóñez regresara a la OEA ya había generado reacciones desde que se conoció la intención del nuevo Gobierno.

El nombramiento fue interpretado de diferentes maneras dentro de la política nacional, debido precisamente al perfil que ha construido el exprocurador durante décadas.

Sectores cercanos al Gobierno han destacado su experiencia institucional y su conocimiento de los organismos multilaterales.

Entre quienes respaldaron públicamente la designación estuvo Carlos Suárez, estratega cercano al presidente De la Espriella, quien había anunciado previamente el regreso de Ordóñez al servicio público y resaltó su trayectoria y sus posiciones políticas.

Desde otros sectores, la designación ha sido cuestionada por tratarse de una figura con una marcada trayectoria política y por sus posiciones frente a diferentes asuntos de debate nacional.

Tendrá una responsabilidad en un escenario internacional clave

La OEA es uno de los principales espacios multilaterales del continente americano.

La organización aborda asuntos relacionados con el fortalecimiento democrático, la defensa de los derechos humanos, la seguridad regional, la cooperación entre Estados y la resolución de diferentes controversias políticas.

En ese contexto, la misión de Colombia en Washington tendrá que representar los intereses del país ante los demás Estados miembros y participar en las discusiones que se desarrollen dentro del organismo.

Ordóñez llegará además en un momento en el que la política exterior colombiana atraviesa cambios importantes bajo la administración de Abelardo de la Espriella.

El nuevo Gobierno ha comenzado a definir una estrategia diplomática que incluye el nombramiento de diferentes embajadores en países y organismos considerados estratégicos.

Los gastos del traslado estarán a cargo de la Cancillería

El Decreto 1365 también establece las condiciones administrativas relacionadas con el traslado del nuevo embajador.

Los gastos derivados del cumplimiento de sus funciones serán cubiertos con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

El decreto contempla el reconocimiento de viáticos, pasajes, transporte del menaje doméstico y otros gastos asociados al traslado y al ejercicio de sus funciones en Washington.

La Dirección de Talento Humano de la Cancillería será la encargada de comunicar oficialmente la decisión y adelantar los procedimientos correspondientes.

La designación comenzó a regir desde el mismo 4 de septiembre de 2026, fecha en la que fue expedido el decreto.

Ordóñez vuelve a un escenario que ya conoce

Con esta decisión, Alejandro Ordóñez vuelve a ocupar una posición diplomática que ya desempeñó durante cuatro años.

Su experiencia previa ante la OEA podría facilitar su regreso a la dinámica de la organización, aunque ahora tendrá que desarrollar su labor bajo las directrices de un Gobierno diferente y dentro de una nueva agenda internacional para Colombia.

Su designación también confirma que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está recurriendo a figuras con amplia experiencia política e institucional para ocupar algunas de sus posiciones diplomáticas.

El exprocurador tendrá ahora la responsabilidad de representar oficialmente al país ante uno de los principales organismos políticos del continente.

Desde Washington, deberá defender las posiciones del Gobierno colombiano, participar en las discusiones multilaterales y mantener interlocución con los representantes de los demás países miembros.

Regresa al servicio público con una amplia experiencia

La llegada de Ordóñez a la OEA representa, en definitiva, el regreso de una figura conocida de la política colombiana al servicio exterior.

Su trayectoria incluye cargos como concejal, magistrado, presidente del Consejo de Estado, procurador general, precandidato presidencial y embajador.

Ahora, nuevamente desde Washington, asumirá la representación de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El nombramiento ya es oficial y comenzó a regir desde el 4 de septiembre. Con ello, Alejandro Ordóñez vuelve a un escenario diplomático que conoce y en el que tendrá que representar los intereses de Colombia frente a los principales debates políticos y regionales del continente.

🚨🇨🇴 Unos audios atribuidos a Amelia Pérez, quien estuvo al frente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, volvieron a generar cuestionamientos alrededor de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia durante el gobierno de Gustavo Petro. En las grabaciones, Pérez expresa su molestia por unas solicitudes que, según su relato, Idárraga habría realizado para modificar la administración de bienes relacionados con un hombre señalado de narcotráfico, conocido con el alias de ‘Fortuna’. Idárraga niega haber cometido alguna irregularidad y sostiene que sus actuaciones estuvieron relacionadas con información sobre un posible atentado contra el entonces presidente Petro. ⚖️📢

La controversia gira alrededor de una conversación que habría ocurrido en 2025 y que posteriormente fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo. En ella, la entonces presidenta de la SAE manifiesta su inconformidad por las insistentes gestiones que, según asegura, venía recibiendo por parte de Idárraga.

De acuerdo con el relato de Pérez, el exfuncionario la habría citado en su oficina para hablar de un asunto que estaría relacionado con la seguridad nacional y con información entregada por una persona identificada como alias ‘Fortuna’.

El caso tomó especial relevancia porque, según la información conocida, los supuestos emisarios de narcotraficantes habrían buscado acercamientos con diferentes entidades del Estado ofreciendo información sobre posibles atentados a cambio de determinados beneficios.

¿Qué le habría solicitado Idárraga a la SAE?

Según lo manifestado por Amelia Pérez en la grabación, Idárraga le habría solicitado modificar al depositario de uno de los bienes que se encontraban bajo administración de la SAE.

La persona que, según el audio, habría sido propuesta para asumir esa función era Isabel Cristina Aguirre Piñeres. Pérez asegura que incluso recibió los datos de identificación de la mujer y que la solicitud habría sido presentada como un asunto urgente debido a información relacionada con armas y con la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro.

El planteamiento, de acuerdo con la versión de la exdirectora de la SAE, no se habría limitado a un único inmueble. Pérez mencionó además aproximadamente 24 bienes que estarían relacionados con alias ‘Fortuna’.

La entonces funcionaria cuestionó por qué la SAE debía intervenir directamente en ese asunto y manifestó que, de acuerdo con su percepción, Idárraga tenía contacto con otras autoridades que podían manejar la información.

Pérez también afirmó que había revisado los antecedentes de la persona propuesta como depositaria y encontró anotaciones relacionadas con procesos civiles. Ante esta situación, expresó su desacuerdo y dejó claro que la decisión sobre los depositarios correspondía a la entidad que dirigía.

Amelia Pérez aseguró que se sintió presionada

Uno de los elementos que más llamó la atención en el audio es el tono utilizado por Pérez al referirse a las comunicaciones que estaba recibiendo.

La entonces presidenta de la SAE manifestó su molestia por lo que calificó como insistencia de Idárraga y aseguró que no estaba dispuesta a aceptar una modificación que, según su interpretación, no correspondía realizar de esa manera.

Incluso advirtió que podría denunciar la situación si las presuntas presiones continuaban.

Sin embargo, es importante precisar que las grabaciones muestran la versión y percepción expresada por Pérez en esa conversación. Por sí solas, no constituyen una decisión judicial que determine que Idárraga haya cometido un delito o haya ejercido una presión ilegal.

¿Quién es alias ‘Fortuna’ dentro de esta historia?

El nombre de alias ‘Fortuna’ aparece relacionado con una cadena de contactos que, según la información revelada, habría comenzado con personas que decían representar a señalados narcotraficantes y que buscaban acercarse a organismos del Estado.

De acuerdo con la reconstrucción publicada, estos emisarios habrían acudido inicialmente a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y posteriormente a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

La intención habría sido entregar información relacionada con posibles hechos de seguridad y, a cambio, solicitar beneficios para ellos o para personas cercanas.

La información entregada habría permitido realizar un operativo en una finca ubicada en Puerto Boyacá, donde las autoridades encontraron armas y municiones, según el reporte citado por El Colombiano.

La información también habría llegado a Idárraga

Posteriormente, los supuestos emisarios habrían llegado hasta funcionarios de la Presidencia.

Según la versión entregada por Idárraga, la información que recibió estaba relacionada con un posible atentado contra Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio en Santa Marta.

El exsecretario de Transparencia sostiene que su intervención consistió en poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes y que no actuó por iniciativa personal para favorecer a ninguna persona.

De acuerdo con su versión, el propio Petro conocía la situación y le habría indicado que hablara con funcionarios encargados de la protección presidencial.

Idárraga también aseguró que explicó el caso a otras autoridades y que el asunto terminó siendo trasladado a funcionarios de la Fiscalía.

Idárraga niega haber ordenado modificar el depositario

Frente a los señalamientos, Andrés Idárraga rechazó que haya ejercido presiones indebidas sobre Amelia Pérez.

El exfuncionario explicó que su papel fue transmitir información que consideraba relevante para la seguridad del presidente y que cualquier eventual beneficio solicitado por las personas que entregaron esa información debía estar sometido estrictamente a la ley.

Según su versión, él nunca ordenó que la SAE designara a una persona específica como depositaria de los bienes.

También sostuvo que el procedimiento fue conocido por altos funcionarios del Estado, incluyendo al entonces presidente Gustavo Petro, la fiscal general y el comandante del Ejército.

Idárraga afirmó además que la información proporcionada por esas fuentes permitió realizar un operativo en Santa Marta durante la madrugada del 20 de julio, en el que, según su relato, fueron encontrados granadas de mortero, fusiles y proveedores.

El problema surgió cuando las fuentes reclamaron beneficios

Otro elemento de la controversia está relacionado con lo que ocurrió después de que se produjeran los operativos.

Según Idárraga, las personas que habían entregado información comenzaron a reclamar por los beneficios que esperaban recibir a cambio de su colaboración.

En ese contexto habría aparecido la hoja de vida de la mujer que pretendían que fuera designada como depositaria de uno de los bienes.

La documentación fue revisada por la SAE y, de acuerdo con la versión del exfuncionario, finalmente la entidad determinó que la candidata no cumplía con los requisitos para asumir esa responsabilidad.

La SAE, por tanto, no habría realizado el cambio solicitado.

Un caso que vuelve a generar preguntas sobre el manejo de bienes incautados

La controversia también pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar bienes que se encuentran bajo control del Estado en diferentes procesos.

La figura del depositario es particularmente importante dentro de este sistema, ya que se trata de la persona encargada de custodiar y administrar un determinado bien, sin convertirse por ello en su propietario.

Precisamente por tratarse de bienes vinculados a procesos de extinción de dominio y otros procedimientos judiciales, cualquier modificación en su administración debe cumplir con requisitos establecidos por la legislación.

Las versiones enfrentadas mantienen abierta la controversia

El caso presenta dos versiones diferentes sobre lo ocurrido.

Por un lado, Amelia Pérez sostiene en el audio que recibió insistentes solicitudes y que interpretó esas gestiones como una presión para modificar la administración de determinados bienes relacionados con alias ‘Fortuna’.

Por otro, Andrés Idárraga afirma que no buscaba beneficiar ilegalmente a ninguna persona y que sus actuaciones estuvieron motivadas por información relacionada con un posible atentado contra el entonces presidente Petro.

El exfuncionario insiste además en que el asunto era conocido por altos funcionarios del Estado y que las actuaciones realizadas posteriormente permitieron verificar parte de la información entregada por las fuentes.

Hasta el momento, los señalamientos divulgados en torno a estos audios deben entenderse como acusaciones y versiones enfrentadas, y no como una condena o una decisión judicial que haya establecido responsabilidad penal de Idárraga.

La aparición nuevamente de estas grabaciones, sin embargo, reabre las preguntas sobre los contactos que presuntos narcotraficantes habrían intentado establecer con entidades estatales y sobre las condiciones en las que se manejaron sus solicitudes de información y eventuales beneficios.

El caso también vuelve a poner la atención sobre el manejo de los bienes administrados por la SAE y sobre los controles que deben existir para impedir que intereses particulares puedan influir en decisiones relacionadas con activos incautados al crimen organizado.

🚨🇨🇴 Una polémica alrededor del lenguaje utilizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, terminó en una protesta frente a la sede principal de la entidad en Bogotá. La manifestación, denominada “Marcha las niñas resisten”, cuestionó los cambios en la comunicación institucional que, según los participantes, han llevado a retirar la palabra “niñas” de algunos mensajes oficiales. La jornada también dejó daños en la fachada del edificio y provocó reacciones de diferentes figuras políticas. 🏛️👧

La movilización se realizó el domingo 6 de septiembre y reunió a personas que expresaron su rechazo a la decisión de modificar la manera en que la entidad se refiere a las menores de edad.

Durante la protesta, algunas personas escribieron mensajes en los muros de la sede central del ICBF utilizando crayones y pintura en aerosol. La situación generó la intervención de las autoridades y afectó temporalmente la circulación en el sector.

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, informó que se activó un Puesto de Mando Unificado, con participación de la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. Según explicó, el dispositivo tuvo como uno de sus objetivos proteger a los menores que se encontraban en los alrededores.

Directora del ICBF anunció acciones por los daños

Restrepo Cañavera aseguró que los daños ocasionados en la fachada serían reparados y anunció que los trabajos de pintura comenzarían durante la madrugada para recuperar el inmueble.

La funcionaria también manifestó que la entidad buscará establecer quiénes estuvieron detrás de los actos registrados durante la manifestación. Incluso señaló que se investigará quiénes pudieron haber promovido o financiado estas acciones.

La directora también advirtió que el ICBF podría emprender acciones judiciales una vez se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Al mismo tiempo, defendió la continuidad de las reformas internas que adelanta la institución y aseguró que estas seguirán avanzando pese a las críticas y protestas que se han presentado.

¿Por qué generó polémica la palabra “niñas”?

El origen de la controversia está relacionado con modificaciones en el lenguaje utilizado por el ICBF en sus comunicaciones institucionales.

Los manifestantes consideran que eliminar expresamente la palabra “niñas” puede invisibilizar situaciones particulares que afectan a las menores por su edad y género.

La discusión no se limita únicamente a una cuestión lingüística. Quienes cuestionan la medida sostienen que identificar de manera específica a las niñas permite reconocer determinadas formas de violencia y establecer políticas públicas dirigidas a sus necesidades.

Por eso, una de las principales consignas de la movilización fue precisamente defender que las niñas continúen siendo nombradas de manera explícita en las comunicaciones oficiales.

Naylea Barros cuestionó la decisión

Una de las voces que reaccionó con mayor contundencia fue la de Naylea Barros, excandidata a la Cámara por Magdalena.

Barros sostuvo que retirar la palabra “niñas” no debería considerarse un simple cambio de términos y argumentó que la manera en que el Estado nombra a determinados grupos también tiene implicaciones en la forma como se reconocen sus problemáticas.

La dirigente defendió la necesidad de mencionar directamente a las niñas en documentos, programas y mensajes institucionales, especialmente cuando se abordan asuntos relacionados con violencia y vulneración de derechos.

En sus declaraciones, sostuvo que las menores tienen realidades particulares y que reconocerlas permite visibilizar las situaciones de violencia que pueden enfrentar.

Barros también aseguró que continuará acompañando las movilizaciones y acciones que tengan como propósito defender los derechos de diferentes sectores de la sociedad.

Susana Muhamad también respaldó la protesta

La exministra de Ambiente Susana Muhamad se sumó al debate y expresó públicamente su respaldo a quienes participaron en la movilización.

La dirigente afirmó que las niñas deben ser reconocidas y defendidas y cuestionó que su referencia desaparezca de las comunicaciones institucionales.

Para Muhamad, dejar de utilizar el término puede contribuir a que determinadas violencias permanezcan menos visibles, particularmente aquellas que afectan de manera diferenciada a las menores.

También destacó que las personas que participaron en la concentración estaban ejerciendo su derecho a expresar públicamente su inconformidad frente a las decisiones del Gobierno.

Alejo Toro habló de violencia sexual contra las menores

El representante a la Cámara por Antioquia, Alejo Toro, calificó como preocupante la situación y defendió la necesidad de que las instituciones reconozcan las problemáticas específicas que afectan a las niñas.

El congresista relacionó el debate sobre el lenguaje del ICBF con una reciente discusión pública protagonizada por Enrique Gómez y la periodista Eva Rey, después de que la comunicadora mencionara la existencia de niñas víctimas de violencia sexual en Colombia.

Toro consideró que ambos episodios deben analizarse dentro de una misma discusión sobre la manera en que se reconocen las violencias específicas que afectan a las menores.

El congresista insistió en que las niñas existen, son titulares de derechos y enfrentan situaciones particulares que deben ser atendidas por las instituciones del Estado.

La protesta también abrió una discusión política

Más allá de la discusión sobre el lenguaje, la controversia terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de enfrentamiento político.

Los críticos de la decisión del ICBF consideran que modificar la terminología utilizada para referirse a las menores puede tener consecuencias en la manera en que se diseñan y comunican las políticas públicas.

Mientras tanto, desde la dirección de la entidad se ha defendido la continuidad de las reformas internas y se ha advertido que los actos de vandalismo registrados durante la protesta tendrán las consecuencias legales correspondientes.

La directora del ICBF incluso señaló que detrás de la movilización podría existir un componente político, aunque, según lo publicado, no presentó nombres ni pruebas para sustentar esa afirmación.

Un debate que va más allá de una palabra

La controversia deja sobre la mesa una discusión mucho más amplia sobre el lenguaje utilizado por las instituciones públicas y la manera en que este puede influir en la visibilidad de determinados grupos de población.

Para quienes participaron en la protesta, mencionar específicamente a las niñas permite reconocer que no todas las formas de violencia afectan de la misma manera a niños y niñas.

Por eso, consideran importante que las instituciones puedan identificar de manera diferenciada a las poblaciones que requieren protección especial y diseñar estrategias que respondan a sus necesidades particulares.

En el otro lado del debate está la posición del ICBF y las reformas de comunicación institucional que la entidad asegura que continuará implementando.

La discusión ha trascendido las redes sociales y llegó a las calles de Bogotá, donde la movilización dejó además daños materiales en la sede principal del Instituto.

Por ahora, el debate continúa abierto y ha generado posiciones encontradas entre dirigentes políticos, organizaciones y ciudadanos, mientras el ICBF mantiene su decisión de avanzar con los cambios internos y anuncia acciones para establecer quiénes participaron en los actos registrados durante la protesta.