💔🏃‍♀️ La Maratón Medellín 2026 terminó con una profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Juliana Ávila Saouda, una joven de 20 años que había viajado desde Bogotá para participar en la prueba de 21 kilómetros. Durante la competencia presentó una grave complicación cardíaca y posteriormente sufrió varias fallas respiratorias. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín, donde permaneció bajo atención médica hasta que finalmente falleció este lunes 7 de septiembre. 🕊️💐

La noticia generó consternación entre los participantes, organizadores y familiares de la joven, cuya emergencia médica se presentó durante una jornada que reunió a cerca de 26.000 atletas en las diferentes categorías de la competencia.

De acuerdo con la información conocida, Juliana recibió atención médica en el lugar donde se presentó la emergencia y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Medellín debido a la gravedad de su estado.

La joven permaneció hospitalizada con pronóstico reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, su condición no logró estabilizarse y falleció en horas de la tarde del lunes.

Una emergencia durante la competencia

Juliana participaba en la modalidad de 21 kilómetros cuando presentó la complicación que obligó a activar los protocolos médicos dispuestos para la carrera.

Según lo informado posteriormente, la joven sufrió una afección cardíaca y llegó a presentar tres paros cardíacos, por lo que tuvo que ser reanimada en varias oportunidades mientras recibía atención médica.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había informado durante la emergencia que estaba en comunicación con la familia de la joven y que permanecía atento a su evolución.

Finalmente, cerca de las 6:30 de la tarde del lunes se confirmó el fallecimiento.

Juliana era estudiante de Ingeniería Biomédica

Además de su afición por el deporte, Juliana Ávila se encontraba adelantando sus estudios universitarios.

Tenía 20 años y era estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, en Bogotá. También había estudiado en el colegio Anglo Colombiano, donde tuvo una destacada participación en actividades deportivas.

Durante su etapa escolar hizo parte del equipo de baloncesto y llegó a desempeñarse como capitana. También recibió reconocimientos por su desempeño académico y tenía un buen dominio del idioma inglés.

Su interés por el deporte continuó durante su vida universitaria y la llevó a participar en diferentes competencias atléticas en varias ciudades del país.

Antes de llegar a Medellín, había participado en otras carreras, entre ellas la Carrera por los Héroes, realizada en Cartagena en mayo de este año.

Era novia del hijo del vicepresidente

La muerte de Juliana también tomó relevancia en el ámbito público debido a su relación sentimental con Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.

La joven y Alejandro habían compartido diferentes momentos públicamente y, según la información publicada por El Colombiano, estuvieron juntos recientemente durante actividades de la Feria de las Flores de Medellín.

El vicepresidente llegó a publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparecían Juliana y su hijo, acompañada de un mensaje relacionado con el fallecimiento. Sin embargo, la publicación fue retirada posteriormente. El medio no reportó una explicación sobre las razones para eliminarla.

La noticia también generó mensajes de solidaridad desde diferentes sectores de Medellín.

El concejal Alejandro de Bedout expresó sus condolencias a la familia durante una sesión del Concejo de Medellín, donde además se realizó un minuto de silencio en memoria de la joven.

La organización de la Maratón Medellín lamentó el fallecimiento

Los organizadores de la competencia confirmaron el fallecimiento y expresaron su solidaridad con los familiares y seres queridos de la participante.

Desde la organización señalaron que la prioridad en este momento era acompañar a la familia y respetar su dolor ante la pérdida de la joven.

También destacaron que durante la competencia se habían activado los protocolos de atención médica establecidos para responder a las emergencias que pudieran presentarse entre los corredores.

La Maratón Medellín había informado inicialmente que dos participantes habían presentado complicaciones médicas durante la jornada.

Además de Juliana, un hombre de 39 años que participaba en la prueba de 42 kilómetros tuvo que ser trasladado a un centro asistencial después de presentar convulsiones. En su caso, posteriormente fue dado de alta y su estado evolucionó favorablemente.

Un antecedente que vuelve a generar preocupación

El fallecimiento de Juliana no es el primer caso de un participante que pierde la vida en circunstancias relacionadas con la Maratón Medellín.

De acuerdo con el recuento realizado por El Colombiano, en 2018 murió Juan Camilo Arboleda Alzate después de completar la prueba de 21 kilómetros y sufrir posteriormente una emergencia cardíaca.

En 2022, Jorge Andrei Valencia García, también participante de los 21 kilómetros, se desplomó durante la competencia y posteriormente falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Dos años después, en 2024, Éver Alonso Peña Martínez sufrió una emergencia cardíaca mientras competía en los 21 kilómetros. Fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde murió dos días después.

Con la muerte de Juliana, son cuatro los fallecimientos registrados entre participantes de la competencia durante los últimos años.

Una joven que había llegado a Medellín para competir

La participación de Juliana en la carrera hacía parte de su afición por la actividad física y el deporte.

La joven había viajado desde Bogotá para participar en los 21 kilómetros y tenía antecedentes de participación en diferentes eventos deportivos.

También era aficionada al fútbol y seguidora de Millonarios. Su presencia en Medellín se había extendido más allá de la competencia, pues ya había visitado la ciudad durante la pasada Feria de las Flores, donde compartió con Alejandro Restrepo en diferentes actividades.

Su muerte, por eso, no solo generó tristeza entre quienes participaron en la carrera, sino también entre las personas cercanas a su entorno académico, deportivo y familiar.

La investigación sobre las circunstancias médicas continúa

Hasta el momento, la información divulgada públicamente señala que Juliana sufrió una emergencia cardíaca durante la prueba y posteriormente presentó complicaciones que terminaron ocasionando su fallecimiento.

Las autoridades y los servicios médicos deberán establecer con precisión las circunstancias clínicas que llevaron a la emergencia, mientras la organización de la competencia continúa acompañando a los familiares.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles médicos, la preparación física y los protocolos de atención en competencias deportivas de alta exigencia, especialmente en eventos que reúnen a miles de participantes.

Medellín despide a una joven de 20 años

La muerte de Juliana Ávila dejó un profundo sentimiento de tristeza entre sus familiares, amigos y personas que conocieron su trayectoria académica y deportiva.

Lo que comenzó como un viaje desde Bogotá para participar en una de las principales competencias atléticas del país terminó convirtiéndose en una tragedia para su familia.

La organización de la Maratón Medellín, autoridades locales y diferentes representantes de la ciudad expresaron sus condolencias y acompañamiento a sus seres queridos.

Mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para establecer todos los detalles de lo ocurrido, familiares y allegados enfrentan la pérdida de una joven de apenas 20 años, recordada por su pasión por el deporte, su desempeño académico y su entusiasmo por participar en diferentes actividades deportivas del país.

📚🇨🇴📉 Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a generar preocupación por el nivel de aprendizaje de los estudiantes colombianos. El país obtuvo resultados muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, especialmente en matemáticas y lectura. El 71 % de los jóvenes evaluados no alcanzó el nivel mínimo esperado en matemáticas y el 55 % tampoco llegó al nivel básico en lectura, mientras que apenas el 1,1 % logró ubicarse simultáneamente en los niveles superiores de las tres áreas evaluadas. 🎓📊

La evaluación fue aplicada a estudiantes de 15 años de 91 países y economías y busca medir no solamente los conocimientos adquiridos durante la etapa escolar, sino también la capacidad de los jóvenes para utilizar lo aprendido frente a situaciones de la vida cotidiana.

En el caso colombiano, los resultados muestran que el país prácticamente mantuvo el desempeño registrado en 2022, aunque se presentaron retrocesos en dos de las tres competencias analizadas: matemáticas y lectura.

La única área en la que Colombia consiguió avanzar fue ciencias, aunque el incremento fue pequeño y todavía permanece una distancia considerable frente a los resultados promedio de los países de la OCDE.

Matemáticas sigue siendo el principal desafío

El resultado más preocupante corresponde a matemáticas, competencia en la que Colombia obtuvo 381 puntos, dos menos que los 383 registrados en la evaluación de 2022.

El problema se hace más evidente cuando se analiza el porcentaje de estudiantes que consiguió alcanzar el nivel considerado básico.

En PISA, el nivel 2 es utilizado como referencia para determinar si un estudiante cuenta con las competencias mínimas que se esperan para su edad.

En Colombia, aproximadamente siete de cada diez estudiantes no alcanzaron ese nivel.

Esto significa que una amplia mayoría de los jóvenes evaluados presentó dificultades para resolver problemas matemáticos que requieren aplicar conocimientos básicos a situaciones sencillas de la vida real.

La diferencia con la OCDE también resulta significativa. En promedio, alrededor de tres de cada diez estudiantes de los países miembros de la organización no alcanzan el nivel 2, una proporción considerablemente menor a la registrada en Colombia.

Muy pocos estudiantes llegan a los niveles más altos

El panorama también evidencia una dificultad para formar estudiantes con desempeños sobresalientes.

En matemáticas, menos del 1 % de los estudiantes colombianos alcanzó los niveles 5 y 6, considerados los rangos de mayor desempeño dentro de la prueba.

En los países de la OCDE, el porcentaje promedio de estudiantes que llega a esos niveles es cercano al 8 %.

La diferencia muestra que Colombia no solamente enfrenta un problema relacionado con quienes presentan mayores dificultades, sino también con la capacidad del sistema educativo para desarrollar talentos y llevar a un número más amplio de estudiantes hacia niveles avanzados.

Lectura también presenta un retroceso

La comprensión lectora tampoco mostró resultados positivos.

Colombia obtuvo 399 puntos, una disminución de 10 puntos frente a los 409 alcanzados en 2022.

El dato significa que el 55 % de los estudiantes evaluados no llegó al nivel 2 de competencia lectora, frente al 31 % registrado como promedio entre los países de la OCDE.

Además, el problema se observa cuando se amplía la mirada hacia años anteriores. Desde 2015, el porcentaje de estudiantes colombianos que no alcanza el nivel básico de lectura aumentó en 12 puntos porcentuales.

Esto representa una señal de alerta porque la comprensión lectora es una habilidad transversal que influye directamente en el desempeño en otras áreas académicas.

Un estudiante que tiene dificultades para interpretar instrucciones, identificar información relevante o comprender textos complejos también puede encontrar mayores obstáculos al momento de resolver problemas de matemáticas, ciencias o incluso situaciones cotidianas.

Solo el 1 % alcanzó el nivel más alto en lectura

Los resultados en los niveles superiores de lectura también son reducidos.

Apenas 1 % de los estudiantes colombianos alcanzó el nivel 5, mientras que el promedio de la OCDE llega al 6 %.

Esto evidencia una brecha importante entre Colombia y los sistemas educativos que consiguen desarrollar con mayor fuerza las capacidades de análisis, interpretación y comprensión de textos.

El reto, por lo tanto, no está únicamente en lograr que los estudiantes superen el nivel mínimo, sino también en conseguir que una mayor proporción pueda desarrollar habilidades avanzadas de lectura crítica.

Ciencias fue la única área que mejoró

No todos los resultados fueron negativos.

En ciencias, Colombia consiguió aumentar ligeramente su puntaje y llegó a 414 puntos, frente a los 411 obtenidos en 2022.

Aunque representa una mejora, el resultado continúa bastante por debajo del promedio de la OCDE, que alcanzó los 461 puntos.

Colombia también quedó por debajo de Chile, que con 436 puntos registró el mejor desempeño de la región latinoamericana en esta competencia.

Por eso, aunque ciencias representa el único resultado con una tendencia positiva, todavía existe una brecha considerable que el sistema educativo debe reducir.

¿Qué evalúan realmente las pruebas PISA?

Las pruebas PISA no funcionan como un examen tradicional en el que se busca comprobar cuánto contenido puede memorizar un estudiante.

La evaluación pretende establecer si los jóvenes son capaces de utilizar sus conocimientos para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida real.

Por esa razón, los resultados sirven como una herramienta para analizar qué tan preparados están los sistemas educativos para desarrollar competencias que puedan ser utilizadas posteriormente en la educación superior, el trabajo y la vida cotidiana.

El desempeño colombiano evidencia que una parte importante de los estudiantes todavía tiene dificultades para aplicar conocimientos básicos en situaciones que requieren razonamiento, interpretación y resolución de problemas.

El acoso escolar también aparece entre los indicadores

El informe no se limita a medir los resultados académicos.

También recoge información sobre las condiciones en las que estudian los jóvenes y algunos factores que pueden influir en su desempeño.

En Colombia, 20,7 % de los estudiantes manifestó haber sufrido algún tipo de acoso escolar, una cifra ligeramente superior al promedio registrado entre los países de la OCDE.

Este tipo de situaciones puede afectar la convivencia, la concentración y el bienestar de los estudiantes, por lo que representa otro desafío para las instituciones educativas.

La calidad de la educación, en ese sentido, no depende exclusivamente de los contenidos académicos, sino también de las condiciones sociales y emocionales en las que los jóvenes desarrollan sus procesos de aprendizaje.

La inteligencia artificial también aparece en el panorama

Otro elemento que llamó la atención en el informe está relacionado con el uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas escolares.

Los estudiantes colombianos se encuentran entre quienes más utilizan este tipo de tecnologías con fines académicos, incluso por encima de estudiantes de países que obtuvieron algunos de los mejores resultados internacionales.

El dato abre un nuevo debate sobre la manera en que las herramientas digitales están transformando los procesos de aprendizaje.

La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta educativa, pero su utilización para resolver completamente las tareas también puede generar dificultades si reemplaza procesos fundamentales como la lectura, el razonamiento, la escritura y la resolución independiente de problemas.

El desafío para los sistemas educativos será encontrar una manera de aprovechar estas tecnologías sin que terminen debilitando las competencias que precisamente buscan desarrollar.

Colombia mantiene una brecha frente a la OCDE

Los resultados muestran que el problema colombiano no es únicamente el puesto que ocupa dentro de una clasificación internacional.

La principal preocupación está en la cantidad de jóvenes que no alcanzan las competencias consideradas fundamentales.

En matemáticas, el 71 % quedó por debajo del nivel básico; en lectura, el porcentaje fue del 55 %.

Al mismo tiempo, menos del 1 % alcanzó los niveles superiores en matemáticas y apenas el 1 % llegó al nivel 5 en lectura.

Estos datos muestran una estructura educativa en la que existe una gran cantidad de estudiantes con dificultades para alcanzar las competencias mínimas y, paralelamente, un grupo muy reducido que llega a los niveles más avanzados.

Un reto que va más allá de una prueba

Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner sobre la mesa una discusión que Colombia ha tenido durante años: cómo mejorar la calidad de la educación y reducir las brechas de aprendizaje.

El país ha ampliado el acceso a la educación y ha logrado avances en cobertura, pero los resultados muestran que todavía existe una tarea pendiente en materia de aprendizaje efectivo.

La situación es especialmente importante porque las dificultades en lectura y matemáticas pueden tener consecuencias posteriores en la educación superior y en las posibilidades de los jóvenes para acceder a empleos que requieran mayores niveles de formación.

Las cifras también muestran que no basta con que los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo. El verdadero desafío consiste en garantizar que durante esos años desarrollen las capacidades necesarias para comprender, analizar, resolver problemas y tomar decisiones.

El desafío ahora es convertir los resultados en acciones

Los resultados de las pruebas PISA 2025 representan una nueva señal de alerta para Colombia.

Aunque el país consiguió una pequeña mejora en ciencias, el retroceso en lectura y matemáticas evidencia que todavía existen dificultades profundas en competencias esenciales.

La magnitud del problema queda reflejada en una cifra: cerca de siete de cada diez estudiantes colombianos no alcanzan las competencias básicas en matemáticas.

A esto se suma que más de la mitad tampoco logra el nivel mínimo en lectura.

Frente a este panorama, el reto para las autoridades educativas, docentes, instituciones y familias será encontrar estrategias que permitan fortalecer desde los primeros años la comprensión lectora, el pensamiento matemático y la capacidad de resolver problemas.

Los resultados de PISA no son únicamente una clasificación entre países. Son, sobre todo, una fotografía de las habilidades que están desarrollando los estudiantes y una oportunidad para identificar qué debe cambiar para que las próximas generaciones puedan tener mejores herramientas para enfrentar su futuro.

🇨🇴🔫 El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes 8 de septiembre el decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión permite que los ciudadanos que ya cuentan con permisos individuales vigentes puedan volver a portar las armas autorizadas sin requerir una autorización especial adicional, aunque se mantienen los requisitos, controles y restricciones establecidos por la ley. 🏛️⚖️

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde defendió la medida como una de las promesas que hizo durante su campaña presidencial.

De la Espriella sostuvo que durante los últimos años se restringió a ciudadanos que cumplen con la legislación, mientras que las organizaciones criminales continuaron utilizando armas de manera ilegal.

“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente”, afirmó el presidente al explicar las razones que llevaron a su Gobierno a levantar la suspensión.

El decreto no significa que cualquier persona pueda portar armas

Uno de los puntos que el Gobierno quiso dejar claro es que la decisión no establece un porte libre o indiscriminado de armas de fuego.

El Decreto 1368 de 2026 restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes, pero mantiene el sistema de control establecido por la legislación colombiana.

Esto significa que una persona no puede simplemente comprar un arma y comenzar a llevarla consigo. Para portar legalmente un arma debe contar con el respectivo permiso otorgado por la autoridad militar competente y cumplir las condiciones establecidas.

La medida tampoco beneficia a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. También quedan por fuera las personas que tengan alguna prohibición legal o judicial para portar armas.

¿Qué cambia entonces con la decisión?

La principal modificación consiste en que quienes ya tenían un permiso vigente para portar un arma dejan de estar sometidos a la suspensión general que durante varios años impedía ejercer ese permiso, salvo que obtuvieran una autorización especial.

El Gobierno explicó que la suspensión general se había convertido en una regla que, en la práctica, impedía el porte incluso a personas que cumplían con los requisitos legales.

Con el nuevo decreto, esos permisos recuperan su eficacia y las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para restablecerlos.

La norma comenzará a aplicarse desde el 9 de septiembre de 2026, después de su publicación en el Diario Oficial.

Se mantienen los controles para obtener un permiso

Aunque se levantó la suspensión general, continúan vigentes las condiciones establecidas para acceder a un permiso de porte.

Entre los requisitos se mantienen las evaluaciones y verificaciones relacionadas con las condiciones físicas, psíquicas y emocionales del solicitante, además de la revisión de antecedentes y las demás exigencias establecidas por las autoridades.

La decisión tampoco elimina las facultades del Estado para expedir, renovar, suspender, cancelar o revocar permisos.

La Policía Nacional, además, conserva sus funciones de inspección, control e incautación de armas cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen.

Por esa razón, el Gobierno insiste en que la medida no representa una apertura generalizada del mercado de armas ni significa que cualquier ciudadano pueda portar una sin autorización.

De la Espriella defendió la medida con cifras de incautaciones

Para justificar su decisión, el presidente presentó cifras sobre el número de armas de fuego incautadas por la Fuerza Pública durante los primeros meses de 2026.

Según los datos divulgados por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego en Colombia.

De ese total, De la Espriella aseguró que 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

El presidente también indicó que 980 armas estaban vinculadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.

Dentro del armamento relacionado con las disidencias, mencionó además 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.

Para el jefe de Estado, estas cifras demuestran que la principal amenaza está representada por las armas que utilizan las organizaciones criminales y que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en combatirlas.

“La seguridad no puede construirse desarmando al ciudadano”

El presidente defendió la idea de que los ciudadanos que cumplen con las normas deben tener la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa dentro de los límites establecidos por la legislación.

En su mensaje, aseguró que la política de seguridad de su Gobierno estará enfocada en perseguir a quienes utilizan armas de manera ilegal y retirarles ese armamento.

De la Espriella también insistió en que los ciudadanos que cuenten con permisos y cumplan rigurosamente las condiciones legales tendrán garantías dentro del marco de la ley.

Su argumento central es que el levantamiento de la suspensión no pretende armar indiscriminadamente a la población, sino permitir nuevamente el uso de los permisos que ya habían sido concedidos y que permanecían vigentes.

Una suspensión que llevaba varios años

La decisión modifica una política que se había mantenido durante diferentes gobiernos.

La suspensión general del porte de armas fue establecida durante la administración de Juan Manuel Santos en 2015 y posteriormente fue mantenida por los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pese a las diferencias políticas entre esas administraciones.

Durante esos años, el argumento principal para mantener la restricción estuvo relacionado con la necesidad de reducir la circulación de armas entre la población civil y prevenir que estas terminaran siendo utilizadas en hechos violentos o llegaran posteriormente a manos de organizaciones criminales.

Ahora, el Gobierno de De la Espriella ha optado por una estrategia diferente, bajo el argumento de fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos que cumplen la ley.

La medida ya genera fuertes críticas

La decisión provocó reacciones encontradas en el escenario político colombiano.

Mientras sectores de derecha celebraron el levantamiento de la suspensión y consideran que la medida devuelve una posibilidad de defensa a los ciudadanos autorizados, desde sectores de oposición surgieron advertencias sobre los posibles efectos que podría generar un aumento de armas en circulación.

El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, calificó la decisión como un error y manifestó preocupación porque armas que inicialmente fueron adquiridas legalmente puedan terminar posteriormente en manos de organizaciones criminales.

Su argumento apunta a la pérdida de trazabilidad que puede producirse cuando un arma legal es robada, vendida ilegalmente o termina en poder de estructuras delincuenciales.

También cuestionó la idea de que la seguridad pueda depender de que los civiles estén armados y defendió el papel del Estado como responsable del monopolio legítimo de la fuerza.

Gustavo Petro también reaccionó

El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de su sucesor y cuestionó fuertemente el levantamiento de la suspensión.

Petro calificó la medida como “necropolítica”, término con el que expresó su rechazo a una política que, desde su perspectiva, podría aumentar la exposición de la población a hechos violentos.

La reacción de Petro se suma al debate político que se abrió inmediatamente después de que De la Espriella anunciara la firma del decreto.

El debate queda abierto

La decisión del Gobierno cambia de manera importante la política que Colombia venía aplicando frente al porte de armas de fuego.

Sin embargo, no se trata de una autorización general para que los ciudadanos porten armas sin control. El beneficio está dirigido a quienes ya cuentan con permisos individuales vigentes y cumplen las condiciones establecidas por las autoridades.

Los permisos vencidos, cancelados, suspendidos o revocados continúan sin permitir el porte, al igual que las situaciones en las que exista una restricción judicial o administrativa.

La discusión ahora se concentra en los posibles efectos de la medida sobre la seguridad ciudadana.

Mientras el Gobierno sostiene que los ciudadanos que cumplen la ley no deberían quedar en desventaja frente a los delincuentes armados, sus críticos advierten que aumentar la circulación de armas podría generar nuevos riesgos y facilitar que algunas de ellas terminen posteriormente en manos de organizaciones criminales.

El levantamiento de la suspensión comenzará a regir este miércoles 9 de septiembre y marcará un cambio frente a la política de desarme civil que Colombia había mantenido durante más de una década.