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Proyecto de ley propone nuevos derechos para trabajadores por prestación de servicios en Colombia
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10 horas agoon
📄🇨🇴💼 Los contratos de prestación de servicios podrían experimentar importantes modificaciones si avanza en el Congreso el Proyecto de Ley 218 de la Cámara de Representantes, una iniciativa que busca establecer mayores garantías para las personas vinculadas bajo esta modalidad. La propuesta contempla cambios en los tiempos de contratación, períodos de descanso, pago de honorarios, seguridad social, exámenes ocupacionales y protección frente a terminaciones unilaterales. Sin embargo, por ahora ninguna de estas medidas está vigente. 🏛️⚖️

La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y plantea modificar algunas de las condiciones bajo las cuales funcionan actualmente los contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector público.
Uno de los aspectos que el proyecto busca mantener claro es que estos contratos continuarían teniendo naturaleza civil o administrativa y no se convertirían automáticamente en contratos laborales.
La propuesta pretende establecer mayores garantías para quienes trabajan bajo esta modalidad sin modificar su esencia jurídica.
Buscan poner límites a la duración de los contratos
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la duración de los contratos.
El proyecto propone que los contratos de prestación de servicios tengan una temporalidad realmente relacionada con el tiempo necesario para cumplir el objeto contratado.
Además, se busca impedir que las entidades públicas utilicen esta modalidad para desarrollar actividades que sean permanentes y misionales dentro de su funcionamiento.
La propuesta también establece que los contratistas no podrían ser obligados a continuar trabajando gratuitamente mientras esperan que se firme una prórroga de su contrato.
Con esta medida se pretende evitar una situación que afecta a algunos contratistas cuando termina formalmente su vínculo, pero deben continuar realizando actividades mientras se completan los trámites administrativos para renovar el contrato.
Contratistas tendrían derecho a 16 días de descanso
Otro de los puntos que más llama la atención es la creación de un período obligatorio de descanso.
De acuerdo con el proyecto, quienes tengan un contrato de prestación de servicios tendrían derecho a 16 días calendario consecutivos de descanso por cada año de contrato.
En aquellos casos en los que el vínculo tenga una duración inferior a un año, el tiempo de descanso se calcularía de manera proporcional.
El período estaría incluido dentro de la vigencia del contrato y no podría significar una reducción de los honorarios del contratista.
Además, la propuesta establece que estos días deberán disfrutarse efectivamente y no podrían ser reemplazados por un pago en dinero.
De esta manera, se busca establecer una especie de período de desconexión y descanso para quienes actualmente trabajan mediante contratos de prestación de servicios, sin que esto implique convertir su vínculo en un contrato laboral.
También cambiaría la forma de establecer los honorarios
La iniciativa plantea modificar la manera en que las entidades públicas determinan los honorarios de los contratistas.
Para establecer el valor del contrato deberían tenerse en cuenta factores como la formación académica, experiencia, especialidad y funciones que desempeñará la persona contratada.
Además, las entidades estatales tendrían que elaborar y publicar en sus páginas web una tabla que permita comparar los honorarios de los contratistas con los salarios de funcionarios de planta que desempeñen tareas similares.
La intención es reducir las diferencias injustificadas en los pagos y establecer criterios más claros para determinar cuánto debería recibir una persona contratada bajo esta modalidad.
Habría plazos máximos para pagar los honorarios
El proyecto también busca ponerle límite a los tiempos que tienen las entidades públicas para pagar las cuentas de cobro.
Para las entidades del orden nacional, departamentos, distritos, corporaciones autónomas regionales y municipios de categoría especial y primera, el plazo máximo propuesto sería de 15 días calendario.
En el caso de los municipios de categorías segunda a sexta, el límite planteado sería de 30 días calendario.
Pero la iniciativa va más allá y establece una consecuencia económica para las entidades que incumplan estos plazos.
Si una entidad se demora en pagar una cuenta de cobro, tendría que reconocer al contratista un día de honorarios por cada día de retraso, con un límite máximo equivalente al valor total del contrato.
La entidad pública asumiría el trámite de seguridad social
Uno de los cambios que podría generar mayor impacto para los contratistas está relacionado con el pago de la seguridad social.
Actualmente, en términos generales, los trabajadores independientes deben encargarse de realizar sus aportes correspondientes.
El proyecto plantea que esta responsabilidad administrativa sea asumida directamente por la entidad pública contratante.
La entidad retendría de los honorarios el dinero correspondiente y realizaría los pagos de salud y pensión mediante la PILA.
También tendría que reportar ante el sistema correspondiente el inicio, suspensión o terminación del contrato.
Esto significaría un cambio importante en el procedimiento, pues el contratista ya no tendría que realizar personalmente el trámite mensual de pago de sus aportes, aunque el valor correspondiente continuaría siendo descontado de sus honorarios.
Protección especial durante el embarazo
El proyecto también contempla una medida relacionada con la maternidad y la paternidad.
En caso de embarazo de una contratista o cuando el contratista sea el padre de un menor por nacer, se podría solicitar que los aportes a seguridad social se calculen sobre el 100 % del valor del contrato hasta la semana 20 de gestación.
En estos casos, la entidad contratante asumiría directamente el 50 % de dicho aporte.
La medida busca brindar una protección adicional durante una etapa en la que actualmente los trabajadores independientes pueden enfrentar dificultades relacionadas con la continuidad de sus ingresos y la cobertura de seguridad social.
Los exámenes ocupacionales correrían por cuenta de la entidad
Otra modificación está relacionada con los exámenes médicos ocupacionales.
La propuesta establece que los exámenes iniciales y periódicos que sean obligatorios deberían ser pagados completamente por la entidad pública contratante.
El contratista no tendría que asumir ese costo ni se podría descontar de sus honorarios.
Tampoco podría exigirse que la persona contratada pague estos exámenes como una condición financiera previa a la firma del contrato.
Se eliminarían algunas pólizas de cumplimiento
El proyecto también contempla cambios en materia de garantías.
Se propone eliminar la exigencia obligatoria de pólizas de cumplimiento para determinadas personas naturales cuando los contratos correspondan exclusivamente a actividades de asesoría o labores intelectuales.
La medida también aplicaría, según el proyecto, a contratos que no incluyan anticipos ni manejo de recursos públicos o que tengan un valor inferior al 10 % de la menor cuantía de la entidad.
La intención es reducir costos y trámites para determinados contratistas cuando, por las características del servicio contratado, el riesgo para la administración sea menor.
Mayor protección frente a terminaciones unilaterales
La iniciativa también busca crear una protección especial para contratistas que se encuentren en determinadas condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta restringiría la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato cuando la persona informe que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, agravamiento de una discapacidad, embarazo o durante licencias de maternidad o paternidad.
Si la entidad incumple esta protección, podría tener que asumir indemnizaciones de hasta 180 días de honorarios.
El objetivo es evitar que personas que atraviesan circunstancias especialmente delicadas queden sin ingresos de manera repentina debido a la terminación de su contrato.
Podrían acceder a programas de bienestar
La propuesta también abre la posibilidad de que los contratistas participen voluntariamente en los programas de bienestar desarrollados por las entidades públicas.
Asimismo, podrían recibir beneficios relacionados con transporte y alimentación, dependiendo de las condiciones y programas establecidos por cada entidad.
Esto buscaría reducir algunas de las diferencias existentes entre trabajadores de planta y personas vinculadas mediante prestación de servicios, sin modificar la naturaleza jurídica del contrato.
Todavía no es una ley
Aunque las modificaciones planteadas podrían beneficiar a miles de personas que trabajan bajo contratos de prestación de servicios, es importante aclarar que todavía no son obligatorias.
El Proyecto de Ley 218 debe cumplir todo el procedimiento legislativo antes de convertirse en una norma vigente.
La iniciativa tendrá que superar dos debates en la Cámara de Representantes y posteriormente otros dos en el Senado de la República.
Si logra ser aprobada por el Congreso, todavía deberá recibir la respectiva sanción presidencial antes de convertirse en ley.
Por esta razón, quienes actualmente trabajan por prestación de servicios no pueden exigir todavía los 16 días de descanso, los nuevos plazos de pago o que la entidad realice directamente sus aportes a seguridad social con base únicamente en esta propuesta.
Una discusión que busca cambiar las condiciones de miles de contratistas
La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en las que trabajan millones de colombianos vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
Esta modalidad fue diseñada para contratar actividades específicas y temporales, pero durante años ha sido objeto de cuestionamientos cuando se utiliza para desarrollar funciones permanentes dentro de entidades públicas.
El proyecto busca establecer límites más claros y otorgar algunas garantías adicionales, especialmente frente al descanso, los pagos oportunos, la seguridad social y la protección de personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Sin embargo, sus promotores tendrán que convencer al Congreso de la viabilidad de las modificaciones propuestas y lograr que el texto supere todos los debates correspondientes.
Por ahora, el proyecto representa una propuesta de cambio en las reglas de contratación por prestación de servicios, pero todavía falta todo el trámite legislativo para determinar cuáles de estas medidas terminarán convirtiéndose en una obligación para las entidades públicas.
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Gobierno proyecta construir 10 nuevas cárceles fuera de las ciudades para reforzar la seguridad en Colombia
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10 horas agoon
9 septiembre, 2026🚨🏛️🇨🇴 El Gobierno nacional avanza en los planes para construir 10 nuevos centros penitenciarios en Colombia, como parte de su estrategia para enfrentar la crisis carcelaria, reducir el hacinamiento y fortalecer el control sobre las personas privadas de la libertad. La información fue entregada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, luego de una reunión de la bancada con el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien confirmó que los nuevos establecimientos serían proyectados en zonas ubicadas por fuera de los principales centros urbanos. 🔒

La propuesta hace parte de la política penitenciaria que viene impulsando el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y retoma una de las principales promesas que el mandatario había planteado durante su campaña presidencial.
Según explicó Cepeda, durante el encuentro con el ministro de Justicia se abordó la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria del país y evitar que los nuevos establecimientos queden dentro de las ciudades.
La idea es que las nuevas cárceles sean construidas en sectores alejados de las zonas urbanas, una decisión que, de acuerdo con los argumentos presentados por los congresistas conservadores, permitiría disminuir algunos riesgos de seguridad asociados con la presencia de grandes centros penitenciarios dentro de las ciudades.
Las nuevas cárceles estarían fuera de las zonas urbanas
Uno de los aspectos centrales del anuncio tiene que ver con la ubicación de los futuros establecimientos.
Efraín Cepeda señaló que la bancada conservadora le planteó al ministro Cancino que las nuevas cárceles no fueran construidas dentro de las ciudades, sino en sectores periféricos o apartados.
De acuerdo con lo informado por el dirigente político, el jefe de la cartera de Justicia estuvo de acuerdo con este planteamiento y manifestó que precisamente así se estaban concibiendo los nuevos proyectos.
La decisión busca evitar que este tipo de infraestructura quede integrada directamente a zonas residenciales y comerciales, además de reducir posibles riesgos relacionados con seguridad, operativos de fuga, comunicaciones ilegales y actividades delictivas que puedan continuar desarrollándose desde el interior de las prisiones.
Sin embargo, hasta el momento no se han detallado públicamente los municipios en los que serían construidos los 10 establecimientos, ni se han divulgado cronogramas definitivos para el inicio de las obras.
Una propuesta que De la Espriella ya había anunciado durante su campaña
La construcción de las 10 cárceles no es una propuesta nueva.
Durante su campaña presidencial, en abril de 2026, Abelardo de la Espriella había anunciado que, de llegar al Gobierno, impulsaría la construcción de 10 megacárceles destinadas principalmente a personas responsables de delitos graves.
El entonces candidato planteó que estos establecimientos servirían especialmente para recluir a personas involucradas en la producción, distribución y comercialización de drogas, además de contribuir a enfrentar el hacinamiento que afecta al sistema penitenciario colombiano.
En aquel momento también propuso la construcción de 10 megacentros de rehabilitación destinados a atender a personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
La propuesta buscaba combinar una política de mayor firmeza frente al delito con espacios destinados a quienes estuvieran dispuestos a iniciar procesos de recuperación y rehabilitación.
El hacinamiento es uno de los problemas que busca atender el Gobierno
Uno de los argumentos para impulsar la ampliación de la infraestructura penitenciaria es la situación de hacinamiento que atraviesa el sistema carcelario.
Durante la campaña, De la Espriella señaló que el sistema tenía un nivel de hacinamiento superior al 27 %, situación que dificulta las condiciones de reclusión y también los procesos de resocialización.
La construcción de nuevos establecimientos pretende generar más cupos y distribuir de una manera diferente a la población privada de la libertad.
La medida también estaría relacionada con la intención del Gobierno de establecer centros con mayores condiciones de seguridad y tecnología, particularmente para personas consideradas de alta peligrosidad.
Gobierno también busca reforzar los inhibidores de señal
Además de la construcción de nuevas cárceles, el Ministerio de Justicia estaría implementando medidas para impedir que los internos continúen utilizando los establecimientos penitenciarios como centros de operación delictiva.
Uno de los principales puntos mencionados durante la reunión fue el funcionamiento de los inhibidores de señal.
Estos equipos buscan impedir o limitar las comunicaciones telefónicas desde el interior de las cárceles, una herramienta considerada fundamental para evitar que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales.
Según la información entregada por Cepeda, el ministro Iván Cancino explicó que algunos de estos sistemas estarían siendo desconectados de manera irregular.
Ante esta situación, el Gobierno pretende aumentar los controles y la vigilancia sobre los equipos para evitar que sean manipulados o desactivados.
La intención es que los sistemas de bloqueo de comunicaciones permanezcan funcionando y que las autoridades puedan detectar cualquier intento de interferencia sobre estos dispositivos.
También se habló de corrupción dentro del sistema penitenciario
Durante la reunión con los congresistas conservadores, el ministro de Justicia también habría expuesto algunas dificultades encontradas dentro de la cartera y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.
Según Efraín Cepeda, el Gobierno estaría documentando presuntos casos de corrupción relacionados con el funcionamiento del sistema carcelario.
La situación se suma a las dificultades presupuestales que enfrenta actualmente el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con lo señalado por Cepeda, la cartera habría recibido recursos insuficientes para atender todas las necesidades previstas durante este año, por lo que el ministro estaría adelantando un proceso de reorganización y revisión de prioridades.
La revisión incluiría tanto el manejo de los recursos como el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar y mantener la infraestructura penitenciaria.
El anuncio coincide con nuevos traslados de internos
El anuncio sobre las nuevas cárceles se conoció el mismo día en que se realizaron varios traslados de personas privadas de la libertad desde el Centro de Servicios Penitenciarios de la Policía, conocido como Cespo, hacia la cárcel La Picota, en Bogotá.
Entre los trasladados estuvieron el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, el exalcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa, el abogado Álex Vernot y el exdirector del DAS Emiro Rojas.
De acuerdo con la información divulgada, el objetivo de estos traslados era evitar que los internos conservaran las condiciones especiales de reclusión que tenían mientras permanecían en la guarnición policial.
Este tipo de decisiones hace parte de la política anunciada por el Ministerio de Justicia para fortalecer el control sobre los establecimientos penitenciarios y garantizar que las personas privadas de la libertad permanezcan en los lugares establecidos por las autoridades competentes.
Gobierno también analiza un proyecto de sometimiento a la justicia
La reunión con la bancada conservadora dejó sobre la mesa otro posible proyecto que podría llegar al Congreso.
Según lo informado, el Gobierno estudia presentar una iniciativa legislativa relacionada con el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.
La propuesta buscaría establecer mecanismos para que estructuras delincuenciales puedan acogerse a la justicia bajo determinadas condiciones.
Efraín Cepeda aseguró que el Partido Conservador analizará el proyecto una vez sea presentado y se conozcan sus detalles.
El dirigente político también mencionó que una organización criminal del departamento del Atlántico habría manifestado su intención de someterse a la justicia, aunque no reveló de qué grupo se trataría ni explicó bajo qué mecanismo se produciría ese eventual proceso.
Una política penitenciaria con énfasis en seguridad
La construcción de las 10 nuevas cárceles se suma a una serie de medidas que el Gobierno pretende implementar para modificar el funcionamiento del sistema penitenciario.
La estrategia combina la ampliación de la infraestructura con mayores controles tecnológicos, especialmente en materia de comunicaciones, y una revisión de la administración de los recursos destinados al sector.
La intención también es impedir que los establecimientos penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior.
El Gobierno considera que ampliar la capacidad carcelaria es necesario para enfrentar el hacinamiento, pero también deberá resolver otros problemas relacionados con la infraestructura existente, el personal de custodia, la atención de los internos y los procesos de resocialización.
Aún faltan detalles sobre las obras
Aunque el Gobierno ya confirmó que trabaja en la construcción de los 10 establecimientos, todavía quedan por definirse varios aspectos.
No se conocen oficialmente los terrenos en los que serán construidos, el presupuesto total requerido, la capacidad que tendrá cada cárcel ni las fechas exactas en las que comenzarían las obras.
Tampoco se ha establecido públicamente si todos los establecimientos tendrán características de máxima seguridad o si serán destinados a diferentes perfiles de población privada de la libertad.
Estos detalles serán determinantes para conocer el verdadero alcance de la iniciativa y cuánto representará para las finanzas públicas.
El Gobierno busca cumplir una de sus principales promesas en materia de seguridad
La construcción de las 10 cárceles representa uno de los primeros pasos concretos hacia una propuesta que Abelardo de la Espriella presentó durante su campaña presidencial.
El objetivo anunciado es contar con una mayor capacidad para recluir a quienes cometan delitos graves y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.
La decisión de ubicar los nuevos establecimientos en las afueras de las ciudades responde además a una solicitud planteada por sectores políticos que consideran necesario mantener este tipo de infraestructura alejada de las zonas urbanas.
Mientras avanzan los estudios y la planeación de los proyectos, el Ministerio de Justicia también trabaja en el fortalecimiento de los controles dentro de las cárceles existentes y en la revisión de posibles irregularidades en la administración del sistema.
Por ahora, el Gobierno tiene sobre la mesa una ambiciosa apuesta: construir 10 nuevos centros penitenciarios, reforzar el control tecnológico de las cárceles y modificar la estrategia frente a las organizaciones criminales, en un intento por responder a la crisis de seguridad y al hacinamiento que durante años ha afectado al sistema carcelario colombiano.
Judicial
Tragedia en la Maratón Medellín: Juliana Ávila, de 20 años, murió tras sufrir una emergencia cardíaca
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2 días agoon
8 septiembre, 2026💔🏃♀️ La Maratón Medellín 2026 terminó con una profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Juliana Ávila Saouda, una joven de 20 años que había viajado desde Bogotá para participar en la prueba de 21 kilómetros. Durante la competencia presentó una grave complicación cardíaca y posteriormente sufrió varias fallas respiratorias. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín, donde permaneció bajo atención médica hasta que finalmente falleció este lunes 7 de septiembre. 🕊️💐

La noticia generó consternación entre los participantes, organizadores y familiares de la joven, cuya emergencia médica se presentó durante una jornada que reunió a cerca de 26.000 atletas en las diferentes categorías de la competencia.
De acuerdo con la información conocida, Juliana recibió atención médica en el lugar donde se presentó la emergencia y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Medellín debido a la gravedad de su estado.
La joven permaneció hospitalizada con pronóstico reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, su condición no logró estabilizarse y falleció en horas de la tarde del lunes.
Una emergencia durante la competencia
Juliana participaba en la modalidad de 21 kilómetros cuando presentó la complicación que obligó a activar los protocolos médicos dispuestos para la carrera.
Según lo informado posteriormente, la joven sufrió una afección cardíaca y llegó a presentar tres paros cardíacos, por lo que tuvo que ser reanimada en varias oportunidades mientras recibía atención médica.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había informado durante la emergencia que estaba en comunicación con la familia de la joven y que permanecía atento a su evolución.
Finalmente, cerca de las 6:30 de la tarde del lunes se confirmó el fallecimiento.
Juliana era estudiante de Ingeniería Biomédica
Además de su afición por el deporte, Juliana Ávila se encontraba adelantando sus estudios universitarios.
Tenía 20 años y era estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, en Bogotá. También había estudiado en el colegio Anglo Colombiano, donde tuvo una destacada participación en actividades deportivas.
Durante su etapa escolar hizo parte del equipo de baloncesto y llegó a desempeñarse como capitana. También recibió reconocimientos por su desempeño académico y tenía un buen dominio del idioma inglés.
Su interés por el deporte continuó durante su vida universitaria y la llevó a participar en diferentes competencias atléticas en varias ciudades del país.
Antes de llegar a Medellín, había participado en otras carreras, entre ellas la Carrera por los Héroes, realizada en Cartagena en mayo de este año.
Era novia del hijo del vicepresidente
La muerte de Juliana también tomó relevancia en el ámbito público debido a su relación sentimental con Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.
La joven y Alejandro habían compartido diferentes momentos públicamente y, según la información publicada por El Colombiano, estuvieron juntos recientemente durante actividades de la Feria de las Flores de Medellín.
El vicepresidente llegó a publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparecían Juliana y su hijo, acompañada de un mensaje relacionado con el fallecimiento. Sin embargo, la publicación fue retirada posteriormente. El medio no reportó una explicación sobre las razones para eliminarla.
La noticia también generó mensajes de solidaridad desde diferentes sectores de Medellín.
El concejal Alejandro de Bedout expresó sus condolencias a la familia durante una sesión del Concejo de Medellín, donde además se realizó un minuto de silencio en memoria de la joven.
La organización de la Maratón Medellín lamentó el fallecimiento
Los organizadores de la competencia confirmaron el fallecimiento y expresaron su solidaridad con los familiares y seres queridos de la participante.
Desde la organización señalaron que la prioridad en este momento era acompañar a la familia y respetar su dolor ante la pérdida de la joven.
También destacaron que durante la competencia se habían activado los protocolos de atención médica establecidos para responder a las emergencias que pudieran presentarse entre los corredores.
La Maratón Medellín había informado inicialmente que dos participantes habían presentado complicaciones médicas durante la jornada.
Además de Juliana, un hombre de 39 años que participaba en la prueba de 42 kilómetros tuvo que ser trasladado a un centro asistencial después de presentar convulsiones. En su caso, posteriormente fue dado de alta y su estado evolucionó favorablemente.
Un antecedente que vuelve a generar preocupación
El fallecimiento de Juliana no es el primer caso de un participante que pierde la vida en circunstancias relacionadas con la Maratón Medellín.
De acuerdo con el recuento realizado por El Colombiano, en 2018 murió Juan Camilo Arboleda Alzate después de completar la prueba de 21 kilómetros y sufrir posteriormente una emergencia cardíaca.
En 2022, Jorge Andrei Valencia García, también participante de los 21 kilómetros, se desplomó durante la competencia y posteriormente falleció por un paro cardiorrespiratorio.
Dos años después, en 2024, Éver Alonso Peña Martínez sufrió una emergencia cardíaca mientras competía en los 21 kilómetros. Fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde murió dos días después.
Con la muerte de Juliana, son cuatro los fallecimientos registrados entre participantes de la competencia durante los últimos años.
Una joven que había llegado a Medellín para competir
La participación de Juliana en la carrera hacía parte de su afición por la actividad física y el deporte.
La joven había viajado desde Bogotá para participar en los 21 kilómetros y tenía antecedentes de participación en diferentes eventos deportivos.
También era aficionada al fútbol y seguidora de Millonarios. Su presencia en Medellín se había extendido más allá de la competencia, pues ya había visitado la ciudad durante la pasada Feria de las Flores, donde compartió con Alejandro Restrepo en diferentes actividades.
Su muerte, por eso, no solo generó tristeza entre quienes participaron en la carrera, sino también entre las personas cercanas a su entorno académico, deportivo y familiar.
La investigación sobre las circunstancias médicas continúa
Hasta el momento, la información divulgada públicamente señala que Juliana sufrió una emergencia cardíaca durante la prueba y posteriormente presentó complicaciones que terminaron ocasionando su fallecimiento.
Las autoridades y los servicios médicos deberán establecer con precisión las circunstancias clínicas que llevaron a la emergencia, mientras la organización de la competencia continúa acompañando a los familiares.
La tragedia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles médicos, la preparación física y los protocolos de atención en competencias deportivas de alta exigencia, especialmente en eventos que reúnen a miles de participantes.
Medellín despide a una joven de 20 años
La muerte de Juliana Ávila dejó un profundo sentimiento de tristeza entre sus familiares, amigos y personas que conocieron su trayectoria académica y deportiva.
Lo que comenzó como un viaje desde Bogotá para participar en una de las principales competencias atléticas del país terminó convirtiéndose en una tragedia para su familia.
La organización de la Maratón Medellín, autoridades locales y diferentes representantes de la ciudad expresaron sus condolencias y acompañamiento a sus seres queridos.
Mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para establecer todos los detalles de lo ocurrido, familiares y allegados enfrentan la pérdida de una joven de apenas 20 años, recordada por su pasión por el deporte, su desempeño académico y su entusiasmo por participar en diferentes actividades deportivas del país.
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Alejandro Ordóñez regresa a la OEA como embajador de Colombia por decisión de Abelardo de la Espriella
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3 días agoon
7 septiembre, 2026🇨🇴🌎 El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el regreso de Alejandro Ordóñez Maldonado al escenario diplomático internacional. El exprocurador fue designado nuevamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, Estados Unidos. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026 y marca su retorno a una institución que ya conoció durante el Gobierno de Iván Duque. 🏛️📜

El nombramiento había sido conocido desde comienzos de agosto, pero solamente quedó oficialmente establecido con la expedición del decreto presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con el documento, Ordóñez ocupará el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, dentro de la planta correspondiente a los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares.
Su misión estará adscrita a la representación permanente de Colombia ante la OEA, organismo multilateral con sede en Washington y en el que los países del continente abordan asuntos relacionados con democracia, derechos humanos, seguridad, cooperación y relaciones regionales.
Ordóñez ya había representado a Colombia ante la OEA
Esta no será la primera experiencia de Alejandro Ordóñez en este cargo.
El exprocurador ocupó la representación diplomática de Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022, durante la administración del expresidente Iván Duque.
Ahora, cuatro años después de terminar aquella misión, regresará a Washington por decisión del nuevo Gobierno.
Su conocimiento previo de la organización es uno de los elementos que acompañan la designación, pues ya tuvo experiencia directa en el funcionamiento de la misión colombiana ante el organismo hemisférico y en las discusiones diplomáticas que se desarrollan en ese escenario.
El nuevo nombramiento también significa su regreso al servicio público después de varios años alejado de cargos oficiales de primera línea.
Una trayectoria marcada por la política y la justicia
Alejandro Ordóñez tiene una extensa trayectoria dentro de la administración pública y la rama judicial.
Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y comenzó su recorrido político como concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989.
Posteriormente ocupó diferentes cargos en la rama judicial. Fue magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander y llegó al Consejo de Estado, corporación de la que también fue presidente.
Su carrera tomó especial relevancia nacional cuando llegó a la Procuraduría General de la Nación en 2009, después de ser elegido por el Senado.
En 2012 fue reelegido para continuar en el cargo durante el periodo 2013-2017, con 80 de los 93 votos emitidos en el Senado.
Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado anuló su reelección al considerar que durante el proceso se había desconocido la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución.
Una figura de fuertes posiciones políticas
Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez se convirtió en una de las figuras más visibles y controvertidas de la política colombiana.
Sus decisiones disciplinarias, sus posiciones frente a diferentes debates sociales y políticos y su marcada postura conservadora lo convirtieron en un personaje con amplio respaldo entre algunos sectores, pero también en blanco de críticas desde sectores políticos opositores.
Después de dejar la Procuraduría, incursionó directamente en la política electoral.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2018 y posteriormente asumió la embajada de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque.
Su regreso a ese mismo cargo bajo la administración de Abelardo de la Espriella vuelve a ubicarlo en uno de los escenarios diplomáticos más importantes del continente.
Su designación había generado debate político
La posibilidad de que Ordóñez regresara a la OEA ya había generado reacciones desde que se conoció la intención del nuevo Gobierno.
El nombramiento fue interpretado de diferentes maneras dentro de la política nacional, debido precisamente al perfil que ha construido el exprocurador durante décadas.
Sectores cercanos al Gobierno han destacado su experiencia institucional y su conocimiento de los organismos multilaterales.
Entre quienes respaldaron públicamente la designación estuvo Carlos Suárez, estratega cercano al presidente De la Espriella, quien había anunciado previamente el regreso de Ordóñez al servicio público y resaltó su trayectoria y sus posiciones políticas.
Desde otros sectores, la designación ha sido cuestionada por tratarse de una figura con una marcada trayectoria política y por sus posiciones frente a diferentes asuntos de debate nacional.
Tendrá una responsabilidad en un escenario internacional clave
La OEA es uno de los principales espacios multilaterales del continente americano.
La organización aborda asuntos relacionados con el fortalecimiento democrático, la defensa de los derechos humanos, la seguridad regional, la cooperación entre Estados y la resolución de diferentes controversias políticas.
En ese contexto, la misión de Colombia en Washington tendrá que representar los intereses del país ante los demás Estados miembros y participar en las discusiones que se desarrollen dentro del organismo.
Ordóñez llegará además en un momento en el que la política exterior colombiana atraviesa cambios importantes bajo la administración de Abelardo de la Espriella.
El nuevo Gobierno ha comenzado a definir una estrategia diplomática que incluye el nombramiento de diferentes embajadores en países y organismos considerados estratégicos.
Los gastos del traslado estarán a cargo de la Cancillería
El Decreto 1365 también establece las condiciones administrativas relacionadas con el traslado del nuevo embajador.
Los gastos derivados del cumplimiento de sus funciones serán cubiertos con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
El decreto contempla el reconocimiento de viáticos, pasajes, transporte del menaje doméstico y otros gastos asociados al traslado y al ejercicio de sus funciones en Washington.
La Dirección de Talento Humano de la Cancillería será la encargada de comunicar oficialmente la decisión y adelantar los procedimientos correspondientes.
La designación comenzó a regir desde el mismo 4 de septiembre de 2026, fecha en la que fue expedido el decreto.
Ordóñez vuelve a un escenario que ya conoce
Con esta decisión, Alejandro Ordóñez vuelve a ocupar una posición diplomática que ya desempeñó durante cuatro años.
Su experiencia previa ante la OEA podría facilitar su regreso a la dinámica de la organización, aunque ahora tendrá que desarrollar su labor bajo las directrices de un Gobierno diferente y dentro de una nueva agenda internacional para Colombia.
Su designación también confirma que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está recurriendo a figuras con amplia experiencia política e institucional para ocupar algunas de sus posiciones diplomáticas.
El exprocurador tendrá ahora la responsabilidad de representar oficialmente al país ante uno de los principales organismos políticos del continente.
Desde Washington, deberá defender las posiciones del Gobierno colombiano, participar en las discusiones multilaterales y mantener interlocución con los representantes de los demás países miembros.
Regresa al servicio público con una amplia experiencia
La llegada de Ordóñez a la OEA representa, en definitiva, el regreso de una figura conocida de la política colombiana al servicio exterior.
Su trayectoria incluye cargos como concejal, magistrado, presidente del Consejo de Estado, procurador general, precandidato presidencial y embajador.
Ahora, nuevamente desde Washington, asumirá la representación de Colombia ante la OEA durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El nombramiento ya es oficial y comenzó a regir desde el 4 de septiembre. Con ello, Alejandro Ordóñez vuelve a un escenario diplomático que conoce y en el que tendrá que representar los intereses de Colombia frente a los principales debates políticos y regionales del continente.
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