🚨 La Alcaldía de Yopal reforzó las medidas de vigilancia y control para frenar la disposición ilegal de residuos en diferentes sectores de la ciudad. La estrategia, desarrollada en coordinación con la Policía Nacional y las secretarías de Infraestructura y Gobierno, busca reducir la acumulación de basuras, escombros y otros desechos en lugares no autorizados, una problemática que afecta la imagen urbana, la salubridad y el cuidado del medio ambiente.

Como parte de las acciones, la Administración Municipal instaló 22 vallas informativas en puntos identificados por la frecuente presencia de residuos abandonados. La señalización está distribuida en seis estructuras grandes, diez medianas y seis pequeñas, ubicadas de acuerdo con las características y necesidades de cada sector.

Los avisos buscan advertir a los ciudadanos sobre la prohibición de arrojar desechos en calles, zonas verdes y otros espacios públicos. Entre los materiales que generan preocupación se encuentran los escombros de construcción, los residuos de poda, las llantas usadas, los animales muertos y otros elementos que deben recibir un manejo adecuado.

La secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, destacó que mantener limpia la ciudad requiere tanto de la intervención institucional como del compromiso de los habitantes. La funcionaria hizo un llamado a evitar que los espacios públicos sean utilizados como sitios de disposición de residuos y recordó que las acciones de limpieza pierden efectividad cuando algunas personas reinciden en estas prácticas.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de los operativos de vigilancia para identificar a quienes incumplan las normas. En estas labores participan las autoridades municipales y la Policía Nacional, que podrán aplicar las medidas correctivas previstas en la legislación vigente cuando se comprueben comportamientos contrarios a la convivencia.

De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 1801 de 2016, arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no autorizados puede dar lugar a sanciones. La aplicación de estas medidas dependerá de la conducta verificada y del procedimiento correspondiente.

La problemática no es nueva para Yopal. Durante el año, las autoridades han identificado numerosos puntos críticos donde se acumulan desechos, incluso después de realizar jornadas de limpieza. Esta situación obliga a destinar nuevamente personal, maquinaria y recursos públicos para recuperar áreas que vuelven a deteriorarse por la disposición inadecuada de materiales.

Además de afectar el aspecto de los barrios y las vías, la acumulación de residuos puede favorecer la aparición de malos olores, la proliferación de vectores y el deterioro de las condiciones sanitarias. Cuando se abandonan escombros, llantas y restos vegetales en lugares inapropiados, también pueden obstruirse drenajes y generarse problemas adicionales durante las temporadas de lluvia.

La Administración Municipal busca que la señalización y los controles se complementen con acciones pedagógicas para promover una mayor responsabilidad ciudadana. La intención es que los habitantes conozcan las normas sobre el manejo de los desechos y utilicen los mecanismos de recolección y disposición autorizados, en lugar de abandonar materiales en zonas comunes.

Las autoridades reiteraron que el cuidado del espacio público no depende exclusivamente de las jornadas de aseo, sino también de los hábitos cotidianos de la comunidad. Por ello, anunciaron que continuarán las intervenciones en los sectores priorizados y las acciones para prevenir que los puntos críticos vuelvan a convertirse en focos de acumulación de residuos.

Con estas medidas, Yopal busca avanzar hacia una ciudad más limpia y organizada, reducir los impactos ambientales y fortalecer la convivencia. El resultado dependerá de la continuidad de los controles y de la colaboración de los ciudadanos para disponer correctamente sus residuos.

⚖️ El exgobernador de Casanare William Hernán Pérez Espinel recibió el beneficio de libertad por pena cumplida, luego de que el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, determinara que completará la totalidad de la sanción penal correspondiente al proceso que actualmente se encuentra en ejecución el próximo 25 de octubre de 2026. La decisión representa un nuevo capítulo en la situación judicial del exmandatario, quien permanece recluido en la Colonia Penal del Oriente, en ese municipio.

De acuerdo con la determinación judicial, la salida de prisión podrá hacerse efectiva a partir de la fecha establecida, siempre que las autoridades penitenciarias comprueben que Pérez Espinel no tiene otros requerimientos judiciales vigentes. Para ello, el juzgado ordenó expedir la respectiva boleta de libertad, sujeta a la verificación de su situación jurídica.

Pérez Espinel estuvo al frente de la Gobernación de Casanare entre 2001 y 2003, periodo tras el cual enfrentó diferentes procesos penales relacionados con su gestión pública y otros hechos judiciales. A lo largo de los años, la Corte Suprema de Justicia emitió cuatro condenas en su contra por delitos que incluyeron vínculos con estructuras paramilitares, concusión, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Una de las condenas más conocidas se produjo en 2009, en un proceso relacionado con la parapolítica. Posteriormente, en 2014, fue condenado por concusión e interés indebido en la celebración de contratos. En 2016 recibió otra sentencia por enriquecimiento ilícito, mientras que en 2019 fue condenado por irregularidades relacionadas con la contratación pública y el manejo de recursos.

La trayectoria judicial del exgobernador también incluyó una solicitud para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentada años después de sus condenas. Sin embargo, su solicitud no prosperó, por lo que sus procesos continuaron bajo la jurisdicción ordinaria.

La decisión de conceder la libertad por pena cumplida debe distinguirse de otros beneficios judiciales, como la libertad condicional. En este caso, el juzgado determinó que la sanción correspondiente al proceso en ejecución habrá sido completada en la fecha señalada, teniendo en cuenta el tiempo de privación de la libertad y los reconocimientos legales aplicables al cómputo de la pena.

En una solicitud anterior, el exmandatario había buscado acceder a la libertad condicional, pero esta fue negada en el trámite judicial debido a que no se consideraron satisfechos todos los requisitos exigidos para ese beneficio. La decisión actual responde a un análisis diferente: el cumplimiento total de la pena correspondiente al proceso que se ejecuta.

La eventual salida de Pérez Espinel ha despertado interés en Casanare, debido al papel que desempeñó en la política departamental y a los antecedentes judiciales que marcaron su paso por la administración pública. Su situación también vuelve a poner sobre la mesa las discusiones acerca de la responsabilidad de los funcionarios públicos, la reparación derivada de las condenas y las consecuencias de los delitos contra la administración pública.

Por ahora, la materialización de la libertad dependerá de que el establecimiento penitenciario complete las verificaciones correspondientes y confirme que no existe otra orden judicial que impida su salida. La decisión no elimina las condenas que ya recibió, sino que establece el cumplimiento de la pena objeto de ejecución.

🚨 El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó de manera contundente el atentado con explosivos ocurrido durante la madrugada de este viernes 23 de octubre en el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey. La explosión dejó cuatro personas heridas y provocó graves daños en la infraestructura de la estación de cobro, por lo que el mandatario anunció su desplazamiento al lugar y la realización de un consejo extraordinario de seguridad para coordinar acciones frente a lo sucedido.

El hecho se registró en horas de la madrugada y afectó varias casetas del peaje, además de generar una emergencia que obligó a activar los protocolos de atención y seguridad en este corredor vial del sur del departamento. Las personas lesionadas son trabajadoras de la concesionaria Covioriente y fueron trasladadas a un centro asistencial de Villanueva para recibir atención médica. Los primeros reportes indicaron que su estado de salud era favorable.

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas, un vehículo habría sido abandonado en las inmediaciones del peaje y, minutos después, se produjo la detonación. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y trabajan para establecer quiénes estarían detrás de la acción violenta.

Tras conocer lo ocurrido, Ortiz Zorro manifestó su rechazo y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias. El gobernador advirtió que no se permitirá que este tipo de hechos ponga en riesgo la vida de los habitantes ni la tranquilidad de las comunidades casanareñas.

Como parte de la respuesta institucional, el mandatario anunció un consejo extraordinario de seguridad en Villanueva, con participación de las autoridades competentes, para analizar la situación de orden público y definir medidas que permitan avanzar en la identificación y captura de los responsables.

La emergencia también provocó afectaciones en la movilidad entre Villanueva y Monterrey. Mientras los organismos de seguridad adelantaban las verificaciones para descartar otros riesgos en la zona, el corredor permaneció cerrado de manera preventiva. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se activaron los protocolos de atención y que se trabajaba de forma coordinada para recuperar la transitabilidad en condiciones seguras.

El atentado generó preocupación por sus consecuencias tanto para los trabajadores de la concesión como para los usuarios de esta vía, fundamental para la conexión de varios municipios de Casanare. Además de los daños materiales, el hecho volvió a poner en el centro de la discusión la seguridad de la infraestructura vial y de quienes trabajan diariamente en ella.

Ortiz Zorro reiteró que su administración actuará en coordinación con la Fuerza Pública y las entidades judiciales para esclarecer lo sucedido. También envió un mensaje a los habitantes del departamento, asegurando que las autoridades mantendrán las acciones necesarias para proteger a la población y evitar que la violencia afecte la vida cotidiana de las comunidades.

Por ahora, la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la explosión y establecer la identidad de los responsables. Las autoridades deberán entregar nuevos detalles a medida que avancen las labores de investigación y seguridad en el sector.