🚨 Un informe pericial de informática forense reveló conversaciones que la exconsejera presidencial Eva Ferrer sostuvo con Gustavo Petro entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En los mensajes, Ferrer habría alertado al entonces presidente sobre presuntas irregularidades relacionadas con reuniones, contratos y asignación de cargos en el entorno de la Casa de Nariño.

Las conversaciones, conocidas por la revista Semana y divulgadas por Infobae, mencionan al exrepresentante a la Cámara Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer. Las afirmaciones hacen parte de los mensajes intercambiados a través de la aplicación Line y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Según el informe, una de las primeras advertencias de Ferrer ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando le escribió a Petro para informarle que, de acuerdo con una fuente que no identificó, algunos medios estarían preparando una investigación sobre una presunta trama de corrupción relacionada con el supuesto reparto de cargos por parte de familiares de Verónica Alcocer y Agmeth Escaf.

Posteriormente, Ferrer habría expresado al entonces mandatario sus diferencias con Carlos Ramón González, quien en ese momento estaba al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). También manifestó que su relación con Verónica Alcocer se había deteriorado y señaló a Mario Fernández Alcocer por su presunta intención de involucrarla en reuniones y contratos.

Entre los temas mencionados en los mensajes aparece la compañía de gas de Barranquilla. Ferrer aseguró que Fernández Alcocer habría intentado incluirla en asuntos relacionados con reuniones y contratación, aunque los chats no establecen por sí mismos que se hubiera cometido un delito.

En otro intercambio, la exasesora afirmó que estaría enfrentando situaciones de acoso laboral y aislamiento dentro del círculo de la entonces primera dama. Según su versión, estas presiones estarían relacionadas con su negativa a colaborar con Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer.

Ante los señalamientos, Petro le habría respondido: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. La conversación también refleja el deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, así como las diferencias que surgieron dentro del entorno presidencial.

Los mensajes abarcan varios años de comunicación y exponen denuncias sobre presuntos manejos irregulares, además de conflictos personales y laborales. Sin embargo, las acusaciones deben ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes y contrastadas con las versiones de las personas mencionadas.

La divulgación del informe vuelve a poner bajo la atención pública las relaciones políticas y administrativas que rodearon al Gobierno de Gustavo Petro, aunque hasta el momento el contenido de las conversaciones no equivale a una sentencia ni demuestra de manera definitiva la existencia de una red de corrupción.

Las autoridades competentes deberán determinar si los señalamientos cuentan con elementos suficientes para dar lugar a investigaciones formales y establecer eventuales responsabilidades individuales.

⚖️ La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició la ejecución de las sanciones impuestas a los siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por su responsabilidad en la política de secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pablo Catatumbo, quienes deberán cumplir ocho años de sanciones restaurativas. Las medidas no contemplan el ingreso a prisión, pero sí incluyen restricciones a la movilidad, vigilancia electrónica y la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.

La decisión hace parte del macrocaso 01, en el que la JEP investigó los secuestros, las privaciones de la libertad y otros delitos relacionados con la política implementada por las extintas Farc. El tribunal determinó la responsabilidad de los antiguos integrantes del Secretariado como máximos responsables de estos hechos.

Los tiempos de sanción establecidos para cada compareciente son los siguientes: Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.

Como parte de las primeras actividades restaurativas, varios de los sancionados participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en labores de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. El proceso estará dirigido técnicamente por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Los comparecientes realizarán labores de apoyo físico y logístico, como adecuación de terrenos, excavación manual y tamizado. Sin embargo, no tendrán responsabilidades relacionadas con las labores forenses, que estarán a cargo del personal especializado.

La JEP también estableció una serie de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sanciones. Los siete exintegrantes del Secretariado deberán permanecer en las zonas asignadas para cada etapa de ejecución, cumplir una jornada de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y portar de manera permanente dispositivos electrónicos de monitoreo.

Además, tendrán prohibido salir del país durante el periodo de la sanción y no podrán cambiar de residencia sin autorización previa de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. También deberán solicitar permiso para desplazarse fuera del departamento donde desarrollen sus actividades restaurativas.

La sentencia contempla 79 actividades distribuidas en siete regiones y 12 departamentos. Estas labores buscan contribuir a la reparación de las víctimas mediante acciones relacionadas con la búsqueda de desaparecidos, el medioambiente, el desminado humanitario y proyectos de infraestructura.

Con la activación de estas medidas, la JEP avanza en la fase de cumplimiento de su primera sentencia contra el antiguo Secretariado de las Farc por los hechos relacionados con el secuestro. Las autoridades correspondientes estarán encargadas de realizar el seguimiento a las condiciones y obligaciones impuestas a los sancionados.

🚨 Una tragedia se registró este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca, donde Cristian Garzón, un guarda de seguridad de 27 años, murió tras ser atacado con un arma blanca mientras realizaba labores de control para evitar el ingreso irregular de usuarios al sistema.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando una pareja habría intentado ingresar a la estación sin pagar el pasaje. Garzón, quien trabajaba para la empresa Top Guard Ltda. y hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir que las personas accedieran de manera irregular.

Según los testimonios conocidos sobre el caso, durante el procedimiento uno de los involucrados habría intentado agredir a una guarda de seguridad. En medio de la situación, Garzón se habría interpuesto para proteger a su compañera y recibió dos heridas en el pecho.

Una de las trabajadoras que se encontraba en el lugar relató a Blu Radio los momentos posteriores al ataque. Según su testimonio, el guarda inicialmente le manifestó que se encontraba bien, pero luego ella observó las heridas que tenía debajo de su chaleco de protección.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones, que presuntamente habrían comprometido uno de sus órganos vitales.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre y una mujer, quienes son señalados como presuntos responsables del ataque. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de los detenidos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato y aseguró que se brindará apoyo a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, también rechazó el crimen y destacó la labor de los organismos de seguridad y justicia.

TransMilenio S.A. y la empresa Top Guard Ltda. expresaron sus condolencias por la muerte del trabajador y reiteraron el llamado a respetar las normas de ingreso al sistema. La empresa de transporte señaló que la vida de los usuarios y trabajadores debe estar por encima de cualquier situación relacionada con la evasión del pasaje.

El caso ha generado preocupación por las agresiones que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso a las estaciones y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad dentro del sistema de transporte público.