🚨 Un informe de Policía Judicial de la Fiscalía reveló nuevos elementos dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El documento reconstruyó los desplazamientos de las camionetas asignadas al esquema de seguridad de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y las ubicaría en el edificio donde residía el entonces presidente del Senado, Iván Name, durante dos fechas en las que presuntamente se habrían entregado $3.000 millones.

La investigación señala que el dinero habría sido entregado en dos pagos de $1.500 millones, realizados el 12 y 13 de octubre de 2023. Según la hipótesis de la Fiscalía, los recursos habrían tenido como propósito conseguir el respaldo político de Name para asuntos de interés del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el trámite de reformas y la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

El informe, de 53 páginas, cruzó las coordenadas GPS de los vehículos utilizados por el esquema de seguridad de Ortiz con registros de antenas de telefonía celular. Los investigadores establecieron que las camionetas identificadas con las placas KGF361 y OBG165 sí contaban con información suficiente para reconstruir sus trayectorias durante las fechas analizadas.

El 12 de octubre de 2023, según la reconstrucción, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, llegaron a las Residencias Tequendama, donde se encontraba Ortiz. El encuentro habría ocurrido entre las 3:15 y las 3:46 de la tarde.

Posteriormente, entre las 3:46 y las 4:12 p. m., las camionetas del esquema de seguridad se desplazaron hasta el edificio Bassel I, ubicado en el sector de Santa Bárbara Central, en Usaquén, donde residía Iván Name.

Los vehículos llegaron aproximadamente a las 4:12 de la tarde y permanecieron en el lugar hasta las 4:35 p. m. La Fiscalía considera que esta coincidencia de horarios y ubicaciones sería compatible con la primera entrega de $1.500 millones.

Al día siguiente se habría producido un segundo traslado. Según el informe, Sneyder Pinilla llegó nuevamente a las Residencias Tequendama alrededor de las 8:00 de la noche y, aproximadamente media hora después, Ortiz habría iniciado el recorrido hacia el edificio Bassel I. Las camionetas habrían llegado cerca de las 9:00 p. m., en un desplazamiento que la investigación relaciona con la segunda entrega de otros $1.500 millones.

La reconstrucción contradice la versión que Ortiz había presentado sobre estos hechos. La exfuncionaria ha negado haber llevado el dinero hasta la vivienda de Name y había cuestionado una versión de Pinilla, argumentando que los registros de su teléfono celular no mostraban que hubiera estado en las inmediaciones del apartamento.

Sin embargo, el nuevo informe se concentra en los GPS de los vehículos de seguridad de Ortiz y no únicamente en la ubicación del teléfono de Pinilla. Además, una integrante del esquema de seguridad de la exconsejera, la subintendente Yennifer Labastidas, declaró que acompañó el desplazamiento del 12 de octubre y recordó que llegaron al edificio Bassel I porque se dirigían a donde el entonces senador Name.

La investigación también revisó otros encuentros previos entre los involucrados. Uno de ellos corresponde al 21 de septiembre de 2023, fecha en la que los investigadores encontraron coincidencias espacio-temporales entre Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name, a partir de los registros de telefonía y GPS de los vehículos de sus esquemas de seguridad.

El caso hace parte del proceso por el entramado de corrupción de la UNGRD, en el que también han sido señalados Olmedo López, Sneyder Pinilla y Carlos Ramón González. La Fiscalía sostiene que los $3.000 millones habrían sido parte de un esquema destinado a obtener apoyos políticos y beneficios para sectores vinculados al Gobierno.

Sandra Ortiz, por su parte, ha entregado diferentes versiones durante el desarrollo de la investigación y mantiene su negativa frente a haber transportado el dinero hasta el apartamento de Name.

Los registros de GPS, testimonios y demás elementos recopilados deberán ser valorados por las autoridades judiciales para establecer qué ocurrió realmente y determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.

🌧️ Una creciente súbita registrada en la zona rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, destruyó un puente peatonal y afectó una vía terciaria, dejando incomunicadas a cerca de 160 familias de varias veredas. La emergencia llevó a la Alcaldía a declarar la calamidad pública y solicitar apoyo de las autoridades departamentales y nacionales.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 16 de septiembre, luego de que las fuertes lluvias provocaran un aumento repentino del caudal en el sector de la vereda El Pescado. La corriente arrasó con la estructura que permitía la conexión entre las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín y otros sectores del municipio.

La destrucción del puente complicó el desplazamiento de los habitantes hacia el casco urbano, así como el transporte de alimentos, productos agrícolas y el acceso a servicios básicos. Además, los daños en un tramo de la vía terciaria redujeron las alternativas de movilidad para las comunidades afectadas.

La emergencia también dejó afectaciones en viviendas y establecimientos comerciales de la vereda El Pescado. El balance preliminar reportó una persona lesionada, una vivienda afectada y al menos cuatro negocios comprometidos por el desbordamiento.

Entre las personas afectadas se encuentra un adulto mayor que fue arrastrado por la corriente. El hombre logró salir del agua y fue trasladado al hospital municipal para recibir atención médica. Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

La situación también perjudicó a la comunidad educativa. Nueve estudiantes de la institución educativa de la vereda Venecia no pudieron asistir a clases debido a la destrucción del puente y las condiciones de la carretera. Algunos menores han tenido que utilizar caballos o mulas para desplazarse hacia la escuela, lo que ha generado preocupación entre sus familias y docentes.

Ante la magnitud de los daños, la administración municipal, encabezada por el alcalde Carlos Molina, convocó al Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Tras evaluar la situación, las autoridades señalaron que el municipio no cuenta con la capacidad financiera y operativa suficiente para asumir por sí solo la reconstrucción del puente y la recuperación de la vía.

Por esta razón, se declaró la calamidad pública y se solicitó la intervención de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno nacional. Entre las prioridades se encuentran habilitar pasos provisionales, garantizar el abastecimiento de las veredas y establecer rutas seguras para el traslado de los estudiantes.

La Alcaldía también busca facilitar la movilización de los habitantes y la salida de los productos agrícolas mientras se adelantan las gestiones para reparar la infraestructura afectada.

Las comunidades de Venecia, La Esperanza, Cuquín y El Pescado permanecen bajo seguimiento de los organismos de socorro, que continúan con la evaluación de los daños y el registro de las familias afectadas por la creciente.

🚨 Un informe pericial de informática forense reveló conversaciones que la exconsejera presidencial Eva Ferrer sostuvo con Gustavo Petro entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En los mensajes, Ferrer habría alertado al entonces presidente sobre presuntas irregularidades relacionadas con reuniones, contratos y asignación de cargos en el entorno de la Casa de Nariño.

Las conversaciones, conocidas por la revista Semana y divulgadas por Infobae, mencionan al exrepresentante a la Cámara Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer. Las afirmaciones hacen parte de los mensajes intercambiados a través de la aplicación Line y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Según el informe, una de las primeras advertencias de Ferrer ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando le escribió a Petro para informarle que, de acuerdo con una fuente que no identificó, algunos medios estarían preparando una investigación sobre una presunta trama de corrupción relacionada con el supuesto reparto de cargos por parte de familiares de Verónica Alcocer y Agmeth Escaf.

Posteriormente, Ferrer habría expresado al entonces mandatario sus diferencias con Carlos Ramón González, quien en ese momento estaba al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). También manifestó que su relación con Verónica Alcocer se había deteriorado y señaló a Mario Fernández Alcocer por su presunta intención de involucrarla en reuniones y contratos.

Entre los temas mencionados en los mensajes aparece la compañía de gas de Barranquilla. Ferrer aseguró que Fernández Alcocer habría intentado incluirla en asuntos relacionados con reuniones y contratación, aunque los chats no establecen por sí mismos que se hubiera cometido un delito.

En otro intercambio, la exasesora afirmó que estaría enfrentando situaciones de acoso laboral y aislamiento dentro del círculo de la entonces primera dama. Según su versión, estas presiones estarían relacionadas con su negativa a colaborar con Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer.

Ante los señalamientos, Petro le habría respondido: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. La conversación también refleja el deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, así como las diferencias que surgieron dentro del entorno presidencial.

Los mensajes abarcan varios años de comunicación y exponen denuncias sobre presuntos manejos irregulares, además de conflictos personales y laborales. Sin embargo, las acusaciones deben ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes y contrastadas con las versiones de las personas mencionadas.

La divulgación del informe vuelve a poner bajo la atención pública las relaciones políticas y administrativas que rodearon al Gobierno de Gustavo Petro, aunque hasta el momento el contenido de las conversaciones no equivale a una sentencia ni demuestra de manera definitiva la existencia de una red de corrupción.

Las autoridades competentes deberán determinar si los señalamientos cuentan con elementos suficientes para dar lugar a investigaciones formales y establecer eventuales responsabilidades individuales.