🚨 La familia de Ana Lucía González, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Bogotá, enfrenta una nueva dificultad. La hermana mayor de la menor, de 24 años, fue desalojada del apartamento en Mosquera, Cundinamarca, donde vivía junto a José Rojas Lárez, señalado por las autoridades en el caso.

Daniel Solarte, abogado de la familia, explicó que la joven solo pudo permanecer una última noche en la vivienda después de que el propietario tomara la decisión de solicitarle que la abandonara. La situación habría dejado a la mujer sin un lugar estable para residir, en medio del proceso judicial por la muerte de su hermana.

Según el representante legal, la familia atraviesa una situación de gran vulnerabilidad económica y habitacional. La joven vivía en ese inmueble con Rojas Lárez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte de la menor.

El abogado manifestó que la situación de la hermana de Ana Lucía se volvió aún más compleja después de los hechos y aseguró que sus representados se encuentran desprotegidos. Ahora, sus allegados buscan alternativas para que la mujer pueda establecerse nuevamente en un lugar seguro.

La familia también busca trasladar el cuerpo a Venezuela

A las dificultades de vivienda se suma el proceso para recibir el cuerpo de Ana Lucía y trasladarlo a Venezuela, donde sus familiares esperan darle sepultura.

La entrega de los restos depende de los procedimientos de identificación y de las actuaciones de Medicina Legal. El abogado señaló que la situación económica de la familia representa un obstáculo adicional para cubrir los gastos de repatriación.

Ana Lucía, de aproximadamente ocho años, había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Por estos hechos, José Rojas Lárez fue capturado y permanece bajo medida de aseguramiento. La Fiscalía continúa recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La defensa de la familia ha insistido en la necesidad de que se esclarezca completamente lo ocurrido, mientras los allegados de la niña enfrentan tanto el impacto de la tragedia como las dificultades para garantizar su estabilidad y realizar el traslado de sus restos a Venezuela.

🚨 Dos hombres señalados de intentar llevarse un vehículo fueron retenidos y agredidos por habitantes del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Los presuntos implicados fueron despojados de su ropa y golpeados por varios ciudadanos antes de ser entregados a la Policía Metropolitana.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 y quedaron registrados en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales. Según la información compartida por la cuenta Pasa en Bogotá, los residentes del sector detectaron una presunta maniobra para apoderarse de un automóvil estacionado.

La alerta de los vecinos permitió impedir que los dos hombres abandonaran el lugar. Varias personas salieron a la calle, los interceptaron y los retuvieron mientras esperaban la llegada de las autoridades.

En las grabaciones se observa a los señalados rodeados por un grupo de ciudadanos, con aparentes lesiones y moretones en diferentes partes del cuerpo. Además, los hombres quedaron en ropa interior y fueron mantenidos en el suelo bajo la vigilancia de los habitantes.

Al sitio llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes recibieron a los dos individuos para adelantar el procedimiento correspondiente. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si los retenidos tuvieron participación en el supuesto intento de hurto.

El caso generó una nueva discusión sobre la llamada ‘paloterapia’, término utilizado para referirse a las agresiones que algunas comunidades cometen contra personas señaladas de participar en delitos antes de que sean puestas bajo custodia oficial.

Aunque algunos usuarios en redes sociales respaldaron la reacción de los vecinos, estos hechos también reabrieron el debate sobre la justicia por mano propia y los riesgos de que los ciudadanos agredan a personas cuya responsabilidad aún no ha sido determinada por las autoridades judiciales.

Por el momento, la situación jurídica de los dos hombres deberá definirse a partir de las investigaciones y los elementos de prueba recopilados por la Policía y la Fiscalía.

🚨 Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió realizar cuatro diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Orocué, Casanare, donde las autoridades afectaron una estructura que presuntamente se dedicaba a la distribución de estupefacientes bajo la modalidad de venta puerta a puerta.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron capturadas en flagrancia y quedaron vinculadas a investigaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína, 190 gramos de marihuana y 23 papeletas de bazuco. También fueron encontrados un arma de fuego de fabricación hechiza, 15 cartuchos calibre .38 y 100 cartuchos calibre .22.

El operativo permitió además la incautación de ocho teléfonos celulares, dos computadores portátiles, dos grameras y diferentes elementos que, según las autoridades, serían utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes. También fueron encontrados $200.000 en efectivo y cuatro motocicletas.

De las cinco personas capturadas, tres registran antecedentes como indiciadas en investigaciones por diferentes delitos, entre ellos acceso carnal violento, hurto calificado y agravado y tráfico de estupefacientes.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, destacó el trabajo conjunto desarrollado con la Fiscalía y señaló que este tipo de procedimientos buscan afectar las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el departamento.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir la situación jurídica de los detenidos dentro de los respectivos procesos.