🚨 Un juez de Bogotá ordenó enviar a prisión a Sebastián Alejandro Mota Muete, señalado por la Fiscalía de asesinar a su exsuegra y de intentar atacar a su expareja en una vivienda del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy. El procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de septiembre de 2026, cuando, según la investigación de la Fiscalía, el hombre llegó hasta la vivienda de su expareja alrededor de las 9:32 de la noche. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, ingresó al inmueble y se dirigió al segundo piso, donde se encontraba la mujer.

La Fiscalía sostiene que allí se produjo una agresión contra la joven, cuyos gritos alertaron a su madre. La mujer bajó para intervenir y proteger a su hija, momento en el que, según la acusación, Mota Muete la atacó con un arma cortopunzante.

Las heridas provocadas durante la agresión le causaron la muerte a la mujer. El caso fue asumido como un posible feminicidio agravado, mientras que los hechos relacionados con el ataque contra la expareja fueron considerados por el ente acusador como una tentativa de feminicidio.

Después del ataque, el señalado habría intentado escapar por los tejados de las viviendas cercanas. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó ante la situación y logró capturarlo en flagrancia.

Fiscalía investiga antecedentes de violencia

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso elementos que apuntarían a que la agresión no habría sido un hecho aislado. El ente investigador señaló que Mota Muete presuntamente habría ejercido diferentes formas de violencia y control sobre su expareja antes del ataque.

Según la Fiscalía, el hombre habría seguido y vigilado a la joven en su lugar de trabajo y habría intentado controlar aspectos de su vida personal, entre ellos la manera de vestir y las personas con las que se relacionaba.

La investigación también contempla una agresión anterior en la que, presuntamente, el procesado le habría causado una fractura en la nariz a su expareja. Además, la Fiscalía indicó que la madre de la joven habría estado expuesta a situaciones de violencia psicológica al presenciar las agresiones contra su hija.

Con base en estos elementos, el ente acusador solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición que fue acogida por el juez.

Mota Muete fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. Al no aceptar los cargos, el proceso continuará en las siguientes etapas de la justicia penal para determinar su responsabilidad.

Bogotá reporta 11 feminicidios hasta julio

El caso se conoce en medio de las cifras de violencia contra las mujeres en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, entre enero y julio de 2026 se habían registrado 11 feminicidios en la capital.

Durante los primeros seis meses del año, 1.869 mujeres fueron valoradas por posible riesgo de feminicidio y 809 de ellas fueron clasificadas en nivel extremo.

La Secretaría Distrital de la Mujer también reportó más de 252.000 atenciones entre enero y julio, de las cuales cerca del 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Estos datos hacen parte de las acciones institucionales para identificar casos de riesgo y activar rutas de protección y atención para las mujeres.

💰 La implementación de la reforma pensional en Colombia podría requerir una transformación importante en la operación de Colpensiones, especialmente si la Corte Constitucional acepta la solicitud de la entidad para aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que fueron declaradas exequibles.

Colpensiones presentó el pasado 22 de septiembre una petición ante la Corte Constitucional para modificar el calendario establecido en la Sentencia C-264 de 2026. Actualmente, las disposiciones que quedaron vigentes están previstas para comenzar a aplicarse el 1 de abril de 2027, por lo que la entidad busca obtener un año adicional para completar los preparativos.

La solicitud está relacionada principalmente con las dificultades técnicas, financieras, administrativas y operativas que implica poner en funcionamiento el nuevo modelo pensional. Colpensiones sostiene que necesita tiempo adicional para adelantar procesos como la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales, las pruebas de sus sistemas y la preparación para recibir a un número mucho mayor de afiliados.

El abogado Camilo Cuervo Díaz, especialista en derecho laboral y seguridad social, explicó a Valora Analitik que el cambio representaría un desafío considerable para la entidad. Según su análisis, Colpensiones tendría que ampliar significativamente su capacidad para recibir cotizaciones, administrar información y atender el pago de las prestaciones contempladas en el nuevo esquema.

Uno de los principales cambios establecidos por la reforma está relacionado con el destino de las cotizaciones. Las personas que reciban hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes realizarían sus aportes al componente de Prima Media administrado por Colpensiones, mientras que el ingreso que supere ese límite, hasta los 25 salarios mínimos, tendría un componente de ahorro individual.

El experto señaló que esta modificación aumentaría de manera considerable el número de trabajadores vinculados al componente administrado por Colpensiones. Cuervo Díaz calculó que la entidad podría llegar a recibir las cotizaciones de más del 90 % de los trabajadores que ganen menos de 2,3 salarios mínimos. Esta proporción corresponde a una estimación del abogado y no a una cifra oficial presentada por Colpensiones.

La entidad ha identificado 84 requerimientos relacionados con la puesta en marcha de la reforma. De ellos, 62 están directamente asociados con los cambios establecidos en la ley y los otros 22 corresponden a proyectos relacionados con la estrategia digital y la segunda fase del Sistema Nacional de Pensiones.

Entre las tareas pendientes se encuentran la interoperabilidad con otras entidades, el traslado y recepción masiva de afiliados, las pruebas de volumen, los procesos de ciberseguridad y la certificación de los sistemas tecnológicos. Colpensiones también deberá coordinar estas labores con fondos privados, entidades de recaudo, empleadores, redes financieras y organismos de control.

¿Qué pasaría con los afiliados?

Si la Corte Constitucional acepta la solicitud, el cambio principal sería el traslado de la fecha de entrada en funcionamiento de las disposiciones de la reforma del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. Esto no significaría que toda la reforma quede anulada ni que los recursos que actualmente tienen los afiliados en fondos privados sean trasladados automáticamente a Colpensiones.

El nuevo sistema mantiene un componente de ahorro individual administrado por entidades privadas para las cotizaciones que correspondan a ese segmento. Por ello, la implementación requeriría coordinación entre Colpensiones y las administradoras privadas para realizar los procesos previstos por la ley.

Colpensiones argumenta que contar con un año adicional permitiría reducir los riesgos durante la transición y garantizar una implementación más organizada. La entidad también señaló que busca proteger la seguridad jurídica, la confianza de los afiliados y la estabilidad del sistema pensional.

La decisión ahora está en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento, la fecha que continúa vigente para la entrada en funcionamiento de las disposiciones declaradas exequibles es el 1 de abril de 2027.

⚠️ La jornada de violencia y las restricciones que se registraron en Santa Marta dejaron un fuerte impacto sobre la actividad económica de la ciudad. La Cámara de Comercio estima que las pérdidas alcanzan los $39.590 millones, mientras que al incluir a Ciénaga y Zona Bananera el impacto supera los $42.000 millones.

Durante varias horas, buena parte de Santa Marta permaneció con establecimientos comerciales cerrados, calles con poca circulación y ciudadanos que optaron por permanecer en sus viviendas ante los hechos de seguridad registrados. Aunque la ciudad comenzó a recuperar progresivamente su actividad, los gremios ya iniciaron el cálculo de las consecuencias económicas.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos José Jaramillo, explicó que la estimación fue realizada por la Unidad Analítica Económica de la entidad, teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron diferentes sectores para desarrollar sus actividades con normalidad.

Uno de los grupos más afectados fue el comercio. En Santa Marta, alrededor de 48.000 personas trabajan en este sector, mientras que otras 26.000 están vinculadas al transporte y cerca de 25.000 a actividades relacionadas con hoteles, restaurantes y gastrobares. En conjunto, son más de 100.000 trabajadores que dependen de sectores que experimentaron afectaciones durante la jornada.

La situación también genera preocupación por el alto nivel de informalidad de la economía local. Según la Cámara de Comercio, cerca del 60 % de la actividad económica de Santa Marta corresponde a trabajos informales, por lo que una jornada sin ventas o sin posibilidad de trabajar puede representar directamente la pérdida de los ingresos destinados al sostenimiento de los hogares.

Jaramillo señaló que la prioridad es recuperar las condiciones de seguridad para que comerciantes y empresarios puedan volver a operar con tranquilidad. La Cámara pidió fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, las labores de inteligencia y las acciones de protección para el sector productivo.

El turismo es otro de los sectores que permanece bajo observación. Esta actividad representa cerca del 51 % del Producto Interno Bruto de Santa Marta, por lo que los empresarios están atentos al comportamiento de las reservas y de la llegada de visitantes, especialmente ante la proximidad de la semana de receso escolar.

Los gremios también buscan establecer si los hechos de violencia tendrán efectos más prolongados sobre hoteles, restaurantes, operadores turísticos y demás negocios que dependen de la llegada de visitantes. La Cámara de Comercio considera importante transmitir un mensaje de tranquilidad una vez se consoliden las condiciones de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades han anunciado refuerzos de la Fuerza Pública en Santa Marta después de los hechos atribuidos a una retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’. El Gobierno informó además sobre capturas relacionadas con los hechos y un mayor despliegue de uniformados en la ciudad.

El reto para comerciantes y trabajadores será recuperar la actividad económica afectada durante una jornada marcada por el temor y las restricciones. Para los gremios, garantizar la seguridad será fundamental para evitar que las consecuencias trasciendan el impacto inmediato y terminen afectando temporadas importantes para la economía de Santa Marta.