⚖️ El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La decisión fue adoptada este 2 de octubre, luego de varias semanas de audiencias preliminares. La Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana, que actúa como víctima, habían solicitado que Quintero Calle fuera enviado a un establecimiento carcelario, pero el juez no acogió esa petición y determinó que la medida se cumplirá en su lugar de residencia.

El proceso está relacionado con seis contratos cuyo valor conjunto supera los $17.600 millones y que fueron celebrados durante la pandemia de covid-19 para la adquisición de elementos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según la Fiscalía, Quintero Calle habría tenido un papel de determinador en el presunto direccionamiento de estos procesos de contratación.

La investigación señala que los contratos habrían estado acompañados de un acuerdo para entregar un porcentaje de los recursos como contraprestación ilícita. La Fiscalía sostiene que inicialmente se habría planteado una comisión del 20 %, que posteriormente habría sido reducida al 15 %. El ente investigador calcula que alrededor de $2.481 millones habrían sido objeto del presunto desvío y atribuye a Quintero Calle una supuesta apropiación cercana a $1.387 millones. Estas cifras corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación, Quintero no tenía un cargo formal dentro del Área Metropolitana ni habría firmado directamente los contratos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en decisiones relacionadas con funcionarios de la entidad y que habría dado instrucciones para facilitar el desarrollo de los procesos cuestionados.

Durante la audiencia, Quintero Calle se declaró inocente. Su abogado, Santiago Trespalacios Carrasquilla, pidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran consideradas ilegales y excluidas del proceso, solicitud que fue rechazada por el despacho judicial. El juez consideró que existe una inferencia razonable de responsabilidad frente a los hechos investigados, pero esta determinación no constituye una condena.

En la misma audiencia también fue analizada la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los procesados. El juez decidió no imponerle una medida privativa de la libertad, por lo que quedó en libertad. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales de las personas vinculadas al caso y determinar qué ocurrió con los recursos públicos comprometidos en los contratos. Por ahora, Miguel Quintero Calle enfrentará el proceso bajo detención domiciliaria mientras avanzan las actuaciones judiciales.

🔥 Una denuncia por presunto maltrato animal generó polémica en Sabanalarga, Atlántico, luego de que la Plataforma Colombiana por los Animales (ALTO) difundiera un video en el que se observa a un toro con fuego encendido en sus cuernos mientras corre por el ruedo durante las tradicionales corralejas del municipio.

De acuerdo con la organización animalista, el hecho habría ocurrido durante una de las actividades de las corralejas que se realizan en esta zona del Caribe colombiano. En las imágenes compartidas en redes sociales se observa al animal desplazándose por la arena mientras las llamas permanecen encendidas en la zona de sus cuernos.

ALTO cuestionó lo ocurrido y relacionó el caso con el debate que actualmente existe en Colombia alrededor de las prácticas taurinas y su regulación. La organización reiteró su rechazo a este tipo de espectáculos y defendió la aplicación de las normas de protección animal.

El caso se conoce pocos días después de que la Corte Constitucional mantuviera vigente la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, que establece la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en el territorio nacional.

Sin embargo, la prohibición todavía no tiene aplicación plena. La legislación contempla un periodo de transición de tres años, por lo que estas actividades quedarán prohibidas completamente a partir del 22 de julio de 2027. Mientras tanto, los eventos que continúen autorizados deben cumplir determinadas condiciones relacionadas con el bienestar y la protección de los animales.

La reglamentación expedida durante este periodo establece, entre otras medidas, restricciones frente al uso de instrumentos o procedimientos que puedan causar dolor a los animales durante su manejo o participación en los eventos. También contempla controles veterinarios y la obligación de retirar a los ejemplares que presenten lesiones graves o sufrimiento extremo.

Las autoridades territoriales tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas condiciones en los espectáculos que continúen realizándose durante la transición. Por ahora, la denuncia difundida por ALTO pone nuevamente en el centro del debate las condiciones en las que se desarrollan las corralejas y las medidas de protección aplicadas a los animales.

El episodio también ocurre en medio de una discusión nacional sobre el futuro de estas prácticas. La Corte Constitucional ha mantenido el curso de la Ley No Más Olé y las medidas de transición previstas por el Congreso, mientras distintos sectores mantienen posiciones enfrentadas frente a la regulación y eventual prohibición de los espectáculos taurinos.

🌱 La directora general de Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, participó como vocera de la Orinoquía en un encuentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), liderado por el Ministerio de Ambiente, en el que fueron analizados los principales desafíos ambientales del país y se suscribió el Acuerdo SINA: Agua, Biodiversidad y Comunidades.

Durante la jornada, Mariño Mondragón presentó un diagnóstico sobre las principales situaciones socioambientales que afectan a los territorios de la Orinoquía y destacó la importancia de que las particularidades de esta región sean tenidas en cuenta en las decisiones y estrategias que se definan desde el ámbito nacional.

Entre los asuntos planteados estuvieron el ordenamiento territorial, la planificación de las cuencas hidrográficas y la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Estos elementos, según la entidad, son fundamentales para fortalecer la gestión ambiental y mejorar la toma de decisiones en una región caracterizada por su gran extensión y diversidad de ecosistemas.

“Este diagnóstico y esas problemáticas socioambientales que tenemos a lo largo de nuestra vasta jurisdicción, y sobre todo esas posibles soluciones, deben quedar en el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló la directora general de Corporinoquia.

Durante su intervención también propuso aprovechar herramientas tecnológicas para fortalecer el conocimiento del territorio. En ese sentido, planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto de inteligencia ambiental territorial que permita disponer de información oportuna para orientar las decisiones y, al mismo tiempo, identificar las particularidades de las diferentes zonas de la Orinoquía.

“Que podamos tener información para tomar decisiones, pero también donde se puedan revisar esas particularidades, esas dimensiones que se tienen sobre todo en la Orinoquía, que requieren financiación para poder atender esos retos”, explicó Mariño.

La directora señaló además que las dimensiones y características de la región representan desafíos que requieren recursos suficientes y mayores capacidades institucionales. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer a las autoridades ambientales para responder de manera adecuada a las problemáticas presentes en el territorio.

Como parte del encuentro, las entidades que conforman el SINA suscribieron el Acuerdo SINA: Agua, Biodiversidad y Comunidades, una hoja de compromisos orientada a fortalecer la gestión ambiental a partir del conocimiento, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades.

El acuerdo contempla diez compromisos relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la seguridad hídrica, la participación comunitaria, la recuperación de bosques y ecosistemas estratégicos, la sostenibilidad de la infraestructura, la transición energética y el aprovechamiento de la información y la tecnología para la toma de decisiones.

También incluye acciones dirigidas a la prevención y atención de conflictos socioambientales, con el propósito de fortalecer la articulación entre las instituciones y los territorios.

Para Corporinoquia, la participación en este espacio permitió poner sobre la mesa las necesidades específicas de la Orinoquía y plantear que las políticas ambientales nacionales incorporen las condiciones ecológicas, territoriales y sociales de esta región.