🚔 Las autoridades colombianas capturaron a Luis Alfonso Trujillo Martínez, conocido con el alias de ‘Cilindro’, señalado de ser uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia. El operativo se realizó en el corregimiento Juntas, zona rural del municipio de Uramita, durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El hombre figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades en el departamento y por información que permitiera localizarlo se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, alias Cilindro tendría influencia criminal en 22 municipios de Antioquia, principalmente en las subregiones del occidente, norte y suroeste. Entre las localidades donde se habría extendido la presencia de la estructura se encuentran Uramita, Dabeiba, Frontino, Ituango, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sopetrán y San Jerónimo.

Las autoridades lo señalan de cumplir un papel estratégico dentro de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, vinculada al Clan del Golfo. Su función estaría relacionada con la transmisión de instrucciones de los máximos responsables de la organización, el adoctrinamiento de sus integrantes y la imposición de reglas internas mediante amenazas y acciones violentas.

Además, las investigaciones apuntan a que habría coordinado redes de informantes encargadas de obtener datos sobre los movimientos de la Fuerza Pública, con el propósito de facilitar las actividades ilegales del grupo armado y mantener su presencia en distintos territorios.

Cerca de 19 años de trayectoria en organizaciones armadas

Según la información entregada por las autoridades, Trujillo Martínez tendría una trayectoria de aproximadamente 19 años en organizaciones armadas ilegales. Sus primeros vínculos se remontarían a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde presuntamente habría adquirido experiencia en tácticas de combate, manejo de personal armado y utilización de explosivos.

Posteriormente, habría asumido responsabilidades dentro del Clan del Golfo, organización en la que, según las investigaciones, llegó a desempeñar funciones relacionadas con el control interno y la expansión territorial de la estructura.

Su presunta actividad criminal habría tenido especial relevancia en zonas estratégicas de Antioquia, donde las autoridades identifican corredores utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

De acuerdo con los reportes oficiales, el grupo ejercería presión sobre las comunidades mediante amenazas, intimidaciones y el uso de armas de largo alcance y explosivos. Estas acciones buscarían mantener el control de los territorios y facilitar el desarrollo de sus economías ilegales.

Dinero, celulares y documentos fueron incautados

Durante el procedimiento realizado en Uramita, los uniformados encontraron e incautaron 16 millones de pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, un computador portátil, dos memorias USB y varios documentos relacionados, presuntamente, con aspectos doctrinarios y financieros de la organización criminal.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y determinar qué información podrían aportar sobre el funcionamiento de la estructura, sus integrantes y sus posibles actividades ilícitas.

Una vez concluido el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, deberá responder por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidios selectivos y actos terroristas. Su situación jurídica será definida durante las audiencias correspondientes ante un juez.

La captura representa un nuevo golpe a la estructura del Clan del Golfo que opera en varias zonas de Antioquia. Sin embargo, las autoridades deberán establecer el alcance de las actividades que presuntamente habría desarrollado Trujillo Martínez y determinar su responsabilidad penal dentro del proceso judicial.

Los organismos de seguridad mantienen las operaciones contra los integrantes y mandos de esta organización, con el objetivo de debilitar sus redes de apoyo, frenar las extorsiones y reducir la presión que ejercen sobre las comunidades de las regiones afectadas.

🏥 El Ministerio de Salud habilitó una plataforma digital para hacer seguimiento a los pacientes que aún esperan medicamentos y procedimientos médicos en Colombia. La herramienta permitirá conocer semanalmente los avances del plan de choque, identificar las principales dificultades en la atención y revisar los resultados por EPS, departamento y tipo de servicio. La iniciativa se conoce en medio de las preocupaciones por las deudas del sistema, las dificultades de acceso a los servicios y la necesidad de definir los recursos que financiarán la atención durante 2027.

Según los datos publicados por la cartera de Salud, el tablero reúne información de 1.849.649 personas incluidas en el seguimiento. Con corte al 20 de octubre, alrededor de 471.000 pacientes ya no registraban atenciones pendientes, mientras que cerca de 1,3 millones todavía esperaban la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos.

La base de datos fue ajustada y amplió el número inicial de usuarios identificados, que se encontraba en aproximadamente 1,06 millones. Con esta actualización, las autoridades buscan contar con una visión más amplia de las necesidades de los pacientes y establecer en qué entidades y regiones se concentran los retrasos.

La plataforma también permite consultar cuáles son los diez medicamentos y procedimientos que acumulan más casos sin resolver. Esta información busca facilitar la identificación de los servicios que requieren mayor atención y hacer seguimiento a las acciones que se implementen para reducir las demoras.

El Gobierno revisa las deudas y el estado financiero de las EPS

Otro de los asuntos prioritarios para el Ministerio de Salud es establecer el monto de los recursos que el sistema habría dejado de recibir por el rezago en el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante años anteriores. Para ello, los equipos técnicos de la entidad trabajan junto con una consultoría especializada que permitirá calcular las obligaciones acumuladas.

El análisis contempla los ajustes retroactivos de la UPC correspondientes al periodo entre 2021 y 2024, además de la información relacionada con 2025. La revisión se adelanta en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y pretende determinar cuánto dinero sería necesario reconocer para contribuir a normalizar el flujo de recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.

La meta del Ministerio es tener una estimación de estos compromisos a finales de 2026 o, a más tardar, en enero de 2027. El trabajo se realizará en coordinación con el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, los resultados se llevarían a una mesa técnica para discutir las cifras con los diferentes actores del sistema.

Paralelamente, las autoridades examinan la situación económica de las EPS intervenidas. De acuerdo con las cifras reportadas, estas entidades acumulan un patrimonio negativo cercano a los 16 billones de pesos y obligaciones superiores a los 30 billones de pesos. Además, alrededor de 21 millones de afiliados están vinculados a estas aseguradoras.

La situación representa un desafío para la continuidad de los servicios médicos, pues las dificultades financieras pueden repercutir en las relaciones entre las EPS, los hospitales, las clínicas y otros prestadores de salud. Por eso, cualquier decisión sobre el futuro de las entidades debe considerar tanto sus obligaciones económicas como la capacidad del sistema para garantizar la atención de sus usuarios.

Aunque se ha planteado la posibilidad de liquidar algunas EPS, la determinación corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Una eventual liquidación implicaría organizar el traslado de los afiliados y establecer mecanismos para que las personas no pierdan la continuidad de sus tratamientos, especialmente aquellas que requieren atención permanente.

UPC de 2027 deberá presentarse ante la Corte Constitucional

Mientras se adelanta la revisión financiera, el Ministerio también trabaja en la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación de 2027. Este valor es el dinero que se reconoce por cada afiliado para financiar las atenciones y los servicios incluidos en el sistema de salud, por lo que su definición es uno de los asuntos centrales para la planeación del próximo año.

El procedimiento contempla un estudio técnico de suficiencia elaborado por el Ministerio y revisado con la participación de otras entidades, entre ellas el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la Presidencia y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets).

El propósito es sustentar el monto que se establecerá para 2027 mediante una metodología y una justificación técnica que expliquen los criterios utilizados. Según el cronograma divulgado, el cálculo deberá presentarse ante la Corte Constitucional el 15 de enero de 2027.

La definición de la UPC y la estimación de los recursos pendientes son dos procesos relacionados con la financiación del sistema, pero responden a necesidades diferentes: mientras el primero determinará los recursos para cubrir la atención durante el próximo año, el segundo busca establecer el alcance de los rezagos acumulados en periodos anteriores.

Con el tablero de seguimiento, el cálculo de la UPC y la revisión de las obligaciones financieras, el Ministerio busca disponer de información más detallada sobre los problemas que enfrenta el sector. Sin embargo, las cifras de pacientes que continúan esperando atención y las deudas acumuladas muestran que todavía existen importantes retos para mejorar el acceso a los servicios y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.

⚖️ El exgobernador de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, recuperó su libertad este martes 27 de octubre de 2026, después de permanecer durante 15 años y cuatro meses privado de la libertad. La noticia fue divulgada por el medio regional El Relator del Llano y vuelve a poner en el centro de la atención pública al exmandatario, quien estuvo vinculado a procesos judiciales por hechos relacionados con su gestión al frente de la administración departamental.

Según la información publicada, Porras Pérez fue notificado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para retirar el dispositivo de seguridad que portaba. Para cumplir con este procedimiento, tuvo que acudir a las instalaciones penitenciarias y, poco tiempo después, se concretó su salida.

El exgobernador quedó en libertad condicional, de acuerdo con el reporte del medio regional. Esta condición le permitiría movilizarse por el territorio nacional e incluso viajar al exterior, conforme a lo señalado en la publicación. No obstante, las condiciones específicas de la decisión judicial y las obligaciones que deba cumplir deberán establecerse a partir del correspondiente documento oficial.

Tras recuperar su libertad, Porras Pérez tiene previsto retomar sus actividades particulares como economista y realizar algunos viajes al centro del país. Por ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre sus planes inmediatos ni sobre un eventual regreso a la actividad política en Casanare.

Whitman Herney Porras Pérez estuvo al frente de la Gobernación de Casanare durante un periodo marcado por investigaciones relacionadas con la contratación pública. A lo largo de los años, su nombre apareció en distintos procesos judiciales por hechos ocurridos durante su paso por la administración departamental.

Uno de los casos más conocidos estuvo relacionado con convenios interadministrativos suscritos con la Universidad de Pamplona para la adquisición de material destinado a bibliotecas escolares. Por esos hechos, la Corte Suprema de Justicia profirió una condena en su contra en 2018 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso en el que se le impuso una pena de prisión y una multa.

Además, en diciembre de 2023, la Corte Suprema lo absolvió en otro proceso relacionado con presuntas irregularidades en la liquidación de un contrato para la construcción de viviendas de interés social. En esa actuación, el alto tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad por los delitos que se le atribuían.

La recuperación de la libertad representa un nuevo capítulo en la vida del exmandatario, cuya trayectoria ha estado marcada tanto por su paso por la administración pública como por las decisiones judiciales que se han conocido a lo largo de los años. Su salida de prisión también despierta interés en distintos sectores sociales y políticos del departamento, donde su nombre sigue siendo reconocido.

Por el momento, no se ha informado oficialmente si Porras Pérez tiene previsto participar nuevamente en escenarios políticos o si concentrará sus esfuerzos exclusivamente en sus actividades personales y profesionales. Su futuro inmediato dependerá de sus decisiones y de las condiciones establecidas en el proceso que permitió su salida del centro penitenciario.