🚨 Una nueva denuncia puso bajo cuestionamiento la contratación de servicios en el Grupo Ecopetrol, luego de que Kevin Jair Beltrán Rojas, antiguo trabajador de Cenit, filial de la petrolera estatal, asegurara que recibió presiones para eliminar registros, documentos y conversaciones relacionadas con contratos otorgados a Antropos Consultores S. A. S., empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la ex primera dama Verónica Alcocer. Según su testimonio, la solicitud habría sido realizada por una directiva de la compañía y su negativa habría desencadenado una serie de decisiones laborales que terminaron con su traslado y posterior despido. Cenit, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que se hubiera impartido una instrucción de esa naturaleza.

El exfuncionario relató que los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026, cuando fue citado a una reunión con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. De acuerdo con su versión, antes de ingresar a la oficina le solicitaron dejar su teléfono celular en otro espacio, bajo el argumento de que tratarían un asunto confidencial.

Durante el encuentro, según Beltrán, le hablaron de contratos que habían sido entregados a una persona cercana al Gobierno del expresidente Gustavo Petro y le pidieron colaborar para eliminar cualquier registro que tuviera sobre esos negocios. El objetivo, de acuerdo con lo que denunció, habría sido evitar que quedaran rastros de la contratación de la empresa relacionada con el familiar de Alcocer.

Beltrán aseguró que se negó a cumplir la solicitud porque consideraba que la información debía conservarse. Posteriormente, afirmó que fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición, situación que interpretó como una consecuencia de su decisión.

Los contratos de Antropos Consultores

La empresa mencionada en la denuncia es Antropos Consultores S. A. S., sociedad constituida el 24 de abril de 2024 con un capital inicial de 25 millones de pesos. En sus registros, Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente.

Según la información conocida durante la investigación periodística, los activos de la compañía pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a cerca de 1.983 millones al finalizar 2025, lo que representa un crecimiento considerable en ese periodo.

En relación con sus negocios con el Grupo Ecopetrol, Cenit reconoció que Antropos prestó servicios durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., empresa contratada para desarrollar programas de formación. En particular, Antropos habría participado en la ejecución del programa denominado Negociación Consciente, entre septiembre y diciembre de ese año.

Además, la firma aparece vinculada en Ecopetrol al contrato 5207277, por un valor de 75 millones de pesos, relacionado con servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial.

Por su parte, Alberto Merlano Alcocer confirmó que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol durante 2024, los cuales, según indicó, le generaron ingresos por 157 millones de pesos en un periodo de seis meses. El familiar de la ex primera dama defendió la contratación al señalar que respondía a su trayectoria profesional y explicó que los servicios se prestaron a través de una empresa debido a las sanciones que había recibido de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de la competencia.

Cenit rechazó las acusaciones del exfuncionario

Ante los señalamientos, la filial de Ecopetrol negó que alguna de sus directivas hubiera solicitado a Kevin Beltrán eliminar información relacionada con los contratos de Antropos Consultores. La empresa aseguró que esa instrucción no se impartió ni durante la reunión del 15 de enero de 2026 ni en otra fecha.

Cenit también explicó que la gestión de los procesos contractuales corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que, según su versión, Beltrán no tenía acceso a la administración de esa información.

Frente a su desvinculación laboral, la compañía señaló que la terminación del contrato y el vencimiento del periodo de protección relacionado con una negociación sindical fueron acontecimientos diferentes. Por ello, sostuvo que la cercanía entre ambas fechas no demuestra que el despido estuviera relacionado con las denuncias del extrabajador.

Denunció persecución y acudió a organismos nacionales e internacionales

Beltrán manifestó que, después de negarse a eliminar los registros, su situación laboral comenzó a cambiar. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, terminó el 31 de julio de 2026 y, el 10 de agosto, recibió la notificación de su desvinculación.

Tras intentar obtener su reintegro mediante una acción de tutela que no prosperó, presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expuso los hechos que considera una persecución por no haber acatado la presunta instrucción.

El exfuncionario también contó que atravesaba una situación económica difícil junto con su familia. Según relató, en noviembre de 2025 sufrieron un desplazamiento forzado y perdieron la inversión que tenían en una finca ganadera donde residían.

Auditoría sobre los negocios del entorno de Verónica Alcocer

El caso se conoce mientras avanzan revisiones sobre contratos y relaciones dentro del Grupo Ecopetrol que involucran a personas cercanas al entorno de la ex primera dama. La participación de Alberto Merlano Alcocer en negocios con empresas vinculadas a la petrolera forma parte de los asuntos que han despertado cuestionamientos y que están siendo examinados mediante una auditoría forense.

Por ahora, existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en la reunión denunciada por Beltrán: mientras el exfuncionario sostiene que recibió presiones para borrar información contractual, Cenit niega que esa solicitud se hubiera realizado. La documentación sobre los contratos, las decisiones laborales y las comunicaciones mencionadas será relevante para establecer qué ocurrió.

La denuncia abre nuevos interrogantes sobre los procedimientos de contratación en las empresas del Grupo Ecopetrol y los posibles vínculos de personas cercanas a figuras del anterior Gobierno con negocios financiados mediante recursos de la compañía. Las autoridades tendrán que determinar si existieron irregularidades y si las actuaciones denunciadas pueden dar lugar a responsabilidades.

🚨 La Alcaldía de Yopal anunció el fortalecimiento de los operativos de vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de evitar que continúe la acumulación y disposición inadecuada de residuos en espacios públicos. La estrategia se desarrolla de manera conjunta entre las secretarías de Infraestructura y Gobierno y la Policía Nacional, e incluye acciones pedagógicas y la aplicación de medidas correctivas a quienes incumplan las normas de convivencia.

Las intervenciones buscan atender una problemática que se presenta en distintos puntos de la capital casanareña, donde algunas personas abandonan escombros, residuos de poda, llantas, animales muertos y otros materiales en lugares que no están habilitados para este propósito. Estas prácticas generan afectaciones al entorno, deterioran la imagen de la ciudad y pueden representar riesgos para la salubridad pública.

Como parte de la estrategia, la Administración Municipal contempla la instalación de 22 vallas informativas en puntos críticos de Yopal. La señalización estará distribuida en seis estructuras de gran formato, diez medianas y seis pequeñas, de acuerdo con las características de los lugares priorizados por el equipo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Los avisos tienen como finalidad advertir a la ciudadanía sobre la prohibición de arrojar desechos en zonas no autorizadas y recordar las responsabilidades relacionadas con el manejo adecuado de los residuos. La medida también busca prevenir que los sitios intervenidos vuelvan a convertirse en puntos de acumulación de basura.

Habrá sanciones para quienes arrojen residuos en lugares prohibidos

La Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional acompañarán las jornadas de vigilancia para identificar a quienes realicen estas prácticas y aplicar las medidas contempladas en la normativa vigente.

De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 1801 de 2016, arrojar residuos sólidos y escombros en espacios públicos o lugares no autorizados constituye un comportamiento contrario a la convivencia, por lo que puede dar lugar a medidas correctivas, dependiendo de las circunstancias verificadas por las autoridades.

La secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, señaló que la recuperación y conservación de los espacios públicos no puede depender exclusivamente de las labores de limpieza que realiza la Administración, sino que requiere también del compromiso de los habitantes.

La funcionaria hizo un llamado a evitar el abandono de desechos en calles, zonas verdes y otros espacios de uso común, e insistió en la importancia de utilizar los mecanismos establecidos para su recolección y disposición final.

Con estas acciones, el municipio busca reducir los puntos críticos de acumulación de residuos, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer la cultura ciudadana frente al cuidado de los espacios compartidos. Las autoridades reiteraron que mantendrán los controles y las actividades de sensibilización para evitar que estas conductas continúen afectando la limpieza y el bienestar de los yopaleños.

🚔 Una extensa operación de seguridad se desarrolló entre la noche del lunes 26 y la madrugada del martes 27 de octubre en Medellín, con el objetivo de afectar a diferentes estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, hurtos, extorsiones y tráfico de estupefacientes. El balance final presentado por las autoridades reportó 97 personas capturadas, 102 allanamientos y 98 ciudadanos venezolanos deportados. El despliegue contó con la participación de más de 1.400 uniformados y se extendió durante más de 12 horas en 11 barrios de la capital antioqueña.

La intervención fue encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Las acciones se realizaron en el marco de 13 investigaciones dirigidas contra organizaciones criminales que, de acuerdo con las autoridades, tienen presencia en distintos sectores de la ciudad y estarían relacionadas con actividades que afectan la seguridad de los habitantes.

Del total de capturados, 49 fueron detenidos en flagrancia, mientras que las otras 48 personas tenían órdenes judiciales en su contra. Durante los procedimientos también se incautaron seis armas de fuego y 100 detonadores electrónicos, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

En cuanto a las deportaciones, Migración Colombia reportó la salida del país de 98 ciudadanos venezolanos. Según el balance oficial, 11 de estas personas tenían órdenes de captura vigentes en Venezuela, información que fue destacada dentro de los resultados de la operación.

La Roja, una de las estructuras golpeadas por las autoridades

Uno de los principales resultados del operativo estuvo relacionado con la banda conocida como La Roja, investigada por su presunta participación en robos de relojes de alta gama, joyas y otros objetos de valor. En los procedimientos contra esta estructura fueron capturadas ocho personas y se incautaron oro, dinero en efectivo, un arma de fuego y varias motocicletas.

Las investigaciones buscan esclarecer al menos 12 casos de hurto en los que el valor de los bienes sustraídos superaría los 1.000 millones de pesos. De acuerdo con las hipótesis de los investigadores, los presuntos integrantes de la banda identificaban a sus posibles víctimas y las seguían antes de cometer los robos, especialmente en zonas concurridas por turistas.

Entre los lugares mencionados en las pesquisas se encuentran Provenza y el Pueblito Paisa, sectores reconocidos por su actividad turística y comercial. También se investigan posibles hechos relacionados con los aeropuertos Olaya Herrera, en Medellín, y José María Córdova, ubicado en Rionegro.

La operación contra La Roja también llamó la atención por la captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, y de Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido como alias ‘Risas’, su hijastro. Ambos son señalados de presuntos vínculos con esta estructura, pero su responsabilidad deberá establecerse dentro de los procesos judiciales.

Alias ‘Primo Sangre’ murió durante un procedimiento en San Cristóbal

Otro de los resultados destacados se produjo en el corregimiento de San Cristóbal, donde murió alias ‘Primo Sangre’, señalado por las autoridades como jefe de la comisión armada del Frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Durante el mismo procedimiento fueron capturadas en flagrancia otras tres personas. Además, los uniformados incautaron un fusil, cuatro pistolas, detonadores, municiones y radios de comunicación, materiales que serán analizados como parte de las investigaciones.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que el resultado era relevante por los antecedentes de operaciones contra integrantes de esa estructura que presuntamente buscaban consolidar nuevamente su presencia en Medellín. Según explicó, meses atrás se había realizado otro procedimiento contra una célula vinculada al Frente 36, que terminó con la captura de 12 personas.

Las autoridades buscan establecer si los elementos incautados y la información obtenida durante esta nueva intervención permiten identificar a otros integrantes, esclarecer hechos violentos y determinar posibles conexiones entre las diferentes estructuras investigadas.

Más de 30 diligencias en el Barrio Antioquia

El balance también destacó la realización de más de 30 diligencias judiciales en el Barrio Antioquia, ubicado en el suroccidente de Medellín. Esta zona fue incluida en el despliegue por las investigaciones que adelantan los organismos de seguridad contra redes delincuenciales.

Los allanamientos permitieron recopilar elementos que podrían servir como evidencia dentro de los procesos abiertos. La información obtenida será evaluada por los investigadores para identificar posibles responsables y establecer la relación entre los casos que dieron origen a las órdenes judiciales.

Con los resultados del megaoperativo, las autoridades buscan debilitar las capacidades de las organizaciones criminales, afectar sus recursos y avanzar en el esclarecimiento de delitos que preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, el proceso investigativo continúa y las capturas no equivalen por sí solas a una condena: la responsabilidad de cada persona señalada deberá ser determinada por la justicia.

La ofensiva se suma a las acciones de seguridad que se adelantan en Medellín y Antioquia para combatir el hurto, la extorsión, los homicidios y el tráfico de drogas. Las autoridades anunciaron que continuarán los procedimientos contra las estructuras identificadas, mientras se evalúan los resultados judiciales y operativos de la intervención.