La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud (EBS), uno de los programas centrales de la estrategia de atención primaria impulsada por el Gobierno nacional. Un informe del organismo de control advierte dificultades para establecer con claridad cómo se utilizaron los dineros asignados y qué resultados se obtuvieron en los territorios, pese a que las transferencias superaron los 4,1 billones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos conocidos por Noticias RCN y divulgados por El Colombiano, entre diciembre de 2022 y junio de 2026 un total de 2.927 entidades recibieron recursos para financiar estos equipos. Sin embargo, la información disponible no permite reconstruir de manera precisa el recorrido de todo el dinero ni comprobar plenamente si la atención llegó a las comunidades que estaban contempladas como beneficiarias.

Los Equipos Básicos de Salud están conformados por profesionales y trabajadores del sector, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios. Su propósito es llevar servicios de prevención, promoción y atención primaria directamente a los hogares y comunidades, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde el acceso a los centros médicos puede ser limitado.

Cifras millonarias y recursos pendientes de ejecución

El reporte técnico de la Contraloría señala que las asignaciones realizadas a las entidades superaron los $4,1 billones durante el periodo evaluado. De ese total, los pagos efectuados se acercaron a los $3,9 billones, mientras que los compromisos reportados por las instituciones sumaron aproximadamente $1,5 billones.

Adicionalmente, el informe identificó reintegros por $15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones. Estas cifras evidencian la necesidad de revisar cómo avanzó la utilización de los recursos y qué parte de la financiación se tradujo efectivamente en actividades y servicios para la población.

La diferencia entre los montos asignados, pagados, comprometidos y pendientes de ejecución es uno de los aspectos que requiere mayor seguimiento. Para el organismo de control, es necesario contar con información verificable que permita determinar qué entidades desarrollaron las actividades previstas y cuál fue el destino de los dineros transferidos.

Los equipos habrían llegado a menos del 40 % de la población prevista

Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con la cobertura del programa. La Contraloría encontró indicios de que los Equipos Básicos de Salud aprobados y financiados habrían alcanzado a menos del 40 % de la población que se tenía proyectada atender.

Esto significa que existiría una diferencia considerable entre la cantidad de personas que se esperaba beneficiar y aquellas que posiblemente recibieron los servicios de los equipos en sus territorios. La cifra plantea interrogantes sobre la capacidad de implementación del programa y la efectividad de los recursos destinados a fortalecer la atención primaria.

No obstante, el porcentaje corresponde a indicios identificados por el organismo de control y no debe interpretarse como una medición definitiva de todos los servicios prestados en el país. Precisamente, las dificultades en los registros impiden establecer con mayor exactitud el alcance real de la estrategia.

Problemas en los sistemas de información dificultan el seguimiento

La Contraloría también identificó debilidades en la calidad, oportunidad y consistencia de los datos que las entidades responsables deben reportar en diferentes plataformas institucionales.

Entre los sistemas mencionados se encuentran el SECOP, utilizado para registrar información relacionada con la contratación pública; el SIAPS y el SISPRO, herramientas de información del sector salud.

Según el reporte, las inconsistencias y los retrasos en el cargue de información dificultan verificar los movimientos financieros, las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por los Equipos Básicos de Salud. Esta situación limita la posibilidad de establecer con precisión cómo se ejecutaron los recursos y si las instituciones cumplieron los objetivos para los cuales recibieron financiación.

La falta de información completa también complica la identificación de posibles diferencias entre los servicios reportados y la atención que realmente llegó a las comunidades.

La Contraloría pide fortalecer la vigilancia de los recursos

Ante este panorama, el organismo de control considera necesario reforzar el seguimiento financiero y operativo del programa, con el propósito de establecer cuánto dinero se ha ejecutado, qué actividades se han realizado y cuál ha sido la cobertura efectiva en las diferentes regiones del país.

El caso pone nuevamente bajo discusión la ejecución de los recursos públicos destinados al sistema de salud y la necesidad de que las inversiones se reflejen en servicios concretos para la ciudadanía. Aunque los Equipos Básicos de Salud fueron concebidos para acercar la atención médica a las comunidades más apartadas, los hallazgos muestran que todavía existen dificultades para comprobar el alcance de la estrategia y el uso de los recursos asignados.

Por ahora, la información conocida no establece por sí sola que exista apropiación irregular del dinero ni identifica responsables de un posible detrimento patrimonial. Lo que advierte la Contraloría son dificultades de trazabilidad, ejecución y cobertura que requieren verificaciones adicionales para determinar qué ocurrió con los más de $4,1 billones destinados al programa.

Una noche de rumba terminó en tragedia en el barrio San Javier, en la comuna 13 de Medellín. Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros dentro de una discoteca, luego de que un sujeto encapuchado ingresara al establecimiento y lograra evadir los controles de seguridad. Aunque varias personas intentaron detener al atacante y consiguieron quitarle el arma, este logró escapar. Posteriormente, dos hombres fueron capturados durante un operativo policial.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en la discoteca La Cura, ubicada en la calle 47A con carrera 98. La víctima fue identificada como Sergio Álvarez Jiménez, conocido como alias ‘Mello’, quien trabajaba como conductor de una plataforma de transporte y se encontraba en la barra del establecimiento cuando fue sorprendido por el agresor.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, el atacante llegó vestido con prendas oscuras y el rostro cubierto. Al ingresar, el detector de metales activó una alerta, por lo que el personal de vigilancia le pidió explicar qué objeto llevaba. El hombre aseguró que se trataba de un destornillador y lo entregó, pero no fue sometido a una segunda revisión.

Cuando los vigilantes le solicitaron que se retirara la capucha, el sujeto respondió que solamente iba a dar una vuelta por el lugar y que después saldría. De esta manera consiguió ingresar sin que detectaran el arma de fuego que llevaba consigo.

Una vez dentro, caminó hasta donde estaba Sergio Álvarez y disparó en cinco oportunidades. El hombre murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras los asistentes reaccionaban ante lo ocurrido.

El atacante fue desarmado, pero consiguió escapar

Después de cometer el crimen, el agresor intentó salir del establecimiento y dirigirse hacia una motocicleta negra que había dejado estacionada en el exterior. Sin embargo, el vehículo presentó una falla y no logró encenderlo.

La situación fue aprovechada por varias personas que se encontraban en el lugar, quienes lo enfrentaron y consiguieron quitarle la pistola. En medio del forcejeo, algunos ciudadanos intentaron retenerlo, pero el señalado responsable logró escapar antes de ser alcanzado.

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre abordó una segunda motocicleta en la que lo esperaba un presunto cómplice. Más adelante, este vehículo también fue abandonado y los involucrados continuaron la huida en una tercera motocicleta.

Los movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad, material que posteriormente fue revisado por los investigadores para reconstruir la ruta de escape e identificar a los posibles participantes.

Dos hombres fueron capturados durante la persecución

Con la información entregada por los testigos y el análisis de las grabaciones, la Policía desplegó un operativo en los alrededores de San Javier. Durante la persecución, los uniformados interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres, quienes fueron capturados.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Borja Piedrahita, de 24 años, y Juan Manuel Rivas Palacio, de 23. En el procedimiento las autoridades incautaron tres motocicletas y un arma de fuego, que habría sido la misma que la comunidad le quitó al atacante durante el forcejeo.

Las autoridades deberán establecer cuál fue la participación de cada uno de los capturados y determinar si alguno de ellos corresponde al hombre que disparó contra la víctima. La información disponible indica que el responsable material del homicidio consiguió escapar del lugar.

Investigan posibles retaliaciones entre estructuras delincuenciales

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el asesinato podría estar relacionado con retaliaciones o disputas entre grupos delincuenciales que operan en la comuna 13. Esta línea de investigación tendría en cuenta los antecedentes judiciales de la víctima, quien figuraba en un proceso por homicidio desde diciembre de 2016.

También se conoció que uno de los capturados, Brandon Borja Piedrahita, registra procesos judiciales anteriores por delitos como porte de armas de fuego, extorsión, hurto calificado y secuestro simple. El otro detenido no registraría antecedentes, según la información publicada.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen, establecer si hubo más personas involucradas y localizar al hombre que disparó contra Sergio Álvarez. El caso vuelve a poner la atención sobre los hechos de violencia registrados en establecimientos nocturnos de Medellín.

La trayectoria de Carlos Andrés Oyola Tovar, el exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva, comenzó mucho antes de su llegada al organismo de inteligencia. Su hoja de vida registra experiencia en empresas tecnológicas, instituciones educativas, el Congreso de la República y la Contraloría General, antecedentes que ahora cobran relevancia por las investigaciones judiciales y disciplinarias que lo rodean.

Oyola, ingeniero de sistemas, es investigado por presuntos accesos irregulares a información reservada y por posibles actuaciones relacionadas con los sistemas informáticos de entidades estatales. Además, documentos internos de la DNI, conocidos por Noticias Caracol, lo relacionan con una supuesta red de hackers que habría tenido como propósito intervenir los sistemas de la Registraduría durante las elecciones presidenciales de 2026. Estas afirmaciones hacen parte de señalamientos que todavía deben ser esclarecidos por las autoridades.

Sus primeros trabajos en el sector tecnológico

Uno de los primeros registros de su experiencia profesional aparece en Expansión TI S. A. S., empresa dedicada al desarrollo de soluciones informáticas. Según certificaciones laborales divulgadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, Oyola trabajó allí entre 2012 y 2015 como desarrollador de software, realizando actividades de programación, creación de aplicaciones, soporte técnico y administración de bases de datos.

Posteriormente regresó a esa compañía, donde se desempeñó como líder de Transformación Digital entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018. Entre sus responsabilidades estaban la coordinación de proyectos tecnológicos y el desarrollo de herramientas para proteger los sistemas informáticos de los clientes.

También tuvo una vinculación con la Universidad Surcolombiana en 2012, relacionada con el mantenimiento y la implementación de un sistema integrado para el sitio web de la Facultad de Ingeniería. En registros académicos de esa institución correspondientes a 2013 aparece un estudiante con su mismo nombre en el programa de Ingeniería de Software, aunque esa información, por sí sola, no permite confirmar que allí hubiera obtenido un título profesional.

Su paso por el Congreso y la Contraloría

En diciembre de 2018, un documento oficial del Senado lo identificó como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera, con el cargo de asistente I. Una certificación posterior, expedida en julio de 2020, lo registró como asistente III.

Durante ese periodo habría participado en actividades de procesamiento de información, elaboración de documentos para proyectos legislativos, análisis de asuntos tributarios y fiscales, seguimiento a iniciativas relacionadas con el Sistema General de Regalías y preparación de insumos para debates de control político. Su vinculación con el equipo legislativo se habría extendido hasta 2022.

Después llegó a la Contraloría General de la República. En 2022 estuvo relacionado con el contrato de prestación de servicios CGR-903-2022, cuyo valor podía alcanzar los 9,9 millones de pesos. Su labor consistía en brindar apoyo técnico al despacho del contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad, especialmente en el manejo de bases de datos y fuentes de información utilizadas en actividades de control fiscal.

En 2023 volvió a aparecer vinculado a esa dependencia, esta vez en actividades de procesamiento y análisis de información. Las publicaciones periodísticas mencionan cifras diferentes sobre ese contrato: una propuesta de honorarios de 6,5 millones de pesos mensuales y un valor contractual reportado de 34,45 millones. La diferencia depende de aspectos como la duración y las condiciones definitivas del acuerdo.

También figura en registros contractuales del Fondo Colombia en Paz, relacionados con el proceso CPS-041-2023 y el contrato 041-2023 del administrador fiduciario.

La investigación académica que ya estaba en curso

En el ámbito académico, Oyola obtuvo el título de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) el 8 de octubre de 2021. Posteriormente cursó una Especialización en Gestión Pública y estudios de maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.

Sin embargo, su paso por la institución estuvo acompañado de una investigación disciplinaria. En junio de 2023, el Consejo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas examinó una queja relacionada con inconsistencias en las calificaciones registradas en diferentes plataformas académicas.

De acuerdo con las actas universitarias, se encontraron diferencias entre las notas del sistema centralizador, los registros académicos individuales y las aulas virtuales. Por esa razón, se solicitaron verificaciones técnicas y se dio apertura a procesos disciplinarios contra varios estudiantes.

El asunto volvió a ser examinado en marzo de 2024, cuando se hizo referencia a una posible sanción de cancelación de matrícula durante seis periodos académicos. No obstante, la documentación pública citada por El Colombiano no permite establecer con claridad cuál fue la decisión definitiva adoptada individualmente contra Oyola ni afirmar que sus títulos hayan sido anulados.

Su llegada a la Dirección Nacional de Inteligencia

Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024, durante la dirección de Alberto Casanova. Su vinculación se produjo antes de que Jorge Lemus asumiera la dirección de la entidad.

Según explicó Lemus a El Tiempo, cuando llegó al organismo encontró a Oyola trabajando en el equipo encargado de actualizar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), plataforma utilizada para registrar misiones y asuntos reservados.

El exdirector señaló que el propósito del proyecto era evitar que un contratista que anteriormente tenía el dominio de esa herramienta conservara el control sobre ella. Oyola habría presentado algunos pilotos de actualización, aunque Lemus afirmó desconocer si el desarrollo fue entregado finalmente o si cumplió con los requerimientos técnicos. Los inconvenientes del proyecto, según su versión, quedaron registrados en una investigación interna de la DNI.

Por otra parte, documentos internos conocidos por Noticias Caracol lo relacionan con presuntos accesos a bases de datos estatales, coordinación de activistas digitales y una supuesta operación para intervenir los sistemas de la Registraduría durante las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026. La Fiscalía deberá establecer si esas actividades ocurrieron, quiénes habrían participado y cuál habría sido su alcance.

La captura y lo que sigue en la investigación

Carlos Oyola fue detenido el viernes 6 de noviembre en Neiva, en un operativo del Gaula Militar con apoyo del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. Su captura está relacionada con una investigación por presuntos delitos informáticos y posibles irregularidades en los registros académicos de la UNAD.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre cómo permaneció vinculado a la DNI mientras existía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, según los reportes periodísticos. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de su permanencia en la entidad y determinar si hubo actuaciones de funcionarios que facilitaron o encubrieron sus presuntas actividades.

La trayectoria de Oyola permite reconstruir su paso por diferentes instituciones públicas y privadas antes de llegar al organismo de inteligencia. Sin embargo, los antecedentes laborales y académicos, así como los señalamientos sobre su presunta participación en operaciones informáticas, deben analizarse por separado: las investigaciones continúan y las responsabilidades penales tendrán que establecerse mediante las decisiones de la justicia.