El balance de seguridad de los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella muestra un incremento en varios indicadores relacionados con la violencia y la actividad de los grupos armados ilegales en Colombia. Entre los datos que más llaman la atención se encuentra el aumento del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, que pasó de 52 a 131 registros, así como el crecimiento de los casos de terrorismo, que subieron de 84 a 339, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

El informe compara el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 con los mismos días del Gobierno de Gustavo Petro. Los resultados reflejan un panorama con comportamientos diferentes: mientras aumentaron los hechos relacionados con el confinamiento, el secuestro, la extorsión y las afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública, otros indicadores, como los hurtos, el desplazamiento y las masacres, registraron disminuciones.

Aumentó el reclutamiento de menores y el confinamiento de comunidades

Uno de los datos más preocupantes corresponde al reclutamiento ilícito de menores de edad. Durante los primeros tres meses de la actual administración se contabilizaron 131 casos, frente a los 52 registrados en el periodo de comparación, lo que representa un incremento del 152 %.

La situación también se refleja en el número de personas afectadas por el confinamiento, una problemática que impide a las comunidades desplazarse libremente por sus territorios debido a la presencia de grupos armados, amenazas, enfrentamientos y restricciones impuestas por estructuras ilegales. Según el Ministerio de Defensa, la cifra pasó de 8.436 a 21.482 personas, un aumento del 155 %.

Por su parte, los registros de terrorismo crecieron de 84 a 339, lo que equivale a una variación del 304 %. También apareció un indicador de control criminal que pasó de no registrar casos en el periodo anterior a contabilizar 34 durante los primeros 90 días del nuevo Gobierno.

En contraste, el desplazamiento individual y masivo disminuyó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54 %. Las amenazas individuales y colectivas también bajaron, al pasar de 117 a 91 registros, mientras que los enfrentamientos entre actores criminales descendieron de 48 a 27.

Homicidios contra la población y ataques a la Fuerza Pública

Otro de los aspectos incluidos en el balance tiene que ver con los homicidios relacionados con la actividad de los grupos armados organizados. Aunque el total de homicidios intencionales presentó una reducción del 4,6 %, al pasar de 3.303 a 3.151 casos, algunas modalidades mostraron incrementos considerables.

Los homicidios de personas atacadas por grupos armados organizados aumentaron de 124 a 515, lo que representa un crecimiento del 315,3 %. Asimismo, los hechos clasificados como enfrentamientos entre estructuras criminales pasaron de 15 a 85, mientras que los homicidios asociados con enfrentamientos entre grupos armados organizados subieron de 16 a 26.

Las afectaciones contra integrantes de la Fuerza Pública también encendieron las alertas. El consolidado reportó 38 uniformados asesinados y 213 heridos durante el periodo analizado. De ese total, el Ejército Nacional registró 21 militares muertos y 131 lesionados; la Policía Nacional contabilizó 16 uniformados asesinados y 78 heridos, mientras que la Armada reportó un integrante fallecido y cuatro lesionados.

Estas cifras incluyen las consecuencias del ataque con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, donde murieron tres militares y otros 16 resultaron heridos.

Operaciones contra el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

El reporte también presentó resultados de las operaciones adelantadas contra las principales estructuras armadas ilegales del país. En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las afectaciones pasaron de 120 a 294, un incremento del 145 %. Las capturas de integrantes de esa guerrilla aumentaron de 99 a 238, mientras que los miembros muertos en operaciones militares pasaron de tres a 41.

Frente a los grupos armados organizados residuales, las afectaciones subieron de 406 a 469, lo que representa un crecimiento del 16 %. Sin embargo, las cifras correspondientes al Clan del Golfo mostraron un comportamiento diferente: las afectaciones a esa estructura disminuyeron de 707 a 321, una reducción del 55 %.

Al reunir los resultados operacionales contra los diferentes grupos armados organizados, el balance pasó de 1.233 a 1.187 registros, lo que representa una disminución general del 4 %.

Más incautaciones de cocaína, pero menor erradicación de cultivos ilícitos

En la lucha contra las economías ilegales también se presentaron resultados contrastantes. La incautación de clorhidrato de cocaína aumentó de 146.406 a 196.559 kilogramos, un crecimiento del 34 %. En las operaciones internacionales, los decomisos pasaron de 65.053 a 114.452 kilogramos, lo que representa un incremento del 76 %.

Las acciones contra la minería ilegal también mostraron aumentos. Las minas intervenidas pasaron de 531 a 1.700, mientras que la incautación de maquinaria amarilla subió de 77 a 223 unidades.

No obstante, la erradicación de cultivos ilícitos presentó una reducción del 66 %, al pasar de 13.696 a 4.591 hectáreas. La destrucción de laboratorios para la producción de drogas disminuyó de 1.519 a 1.105, mientras que los decomisos de pasta y base de coca bajaron un 23 % y los de hoja de coca un 34 %.

Secuestro y extorsión aumentaron, mientras disminuyeron los hurtos

En materia de delitos contra la libertad y el patrimonio, el secuestro pasó de 54 a 84 casos, un incremento del 56 %. La extorsión también presentó un aumento, aunque más moderado, al pasar de 2.437 a 2.571 registros, equivalente al 5 %.

Por otro lado, la trata de personas registró una reducción del 79 %, al pasar de 241 a 50 casos. Los hurtos a personas disminuyeron de 103.329 a 56.030, mientras que los robos a establecimientos comerciales bajaron de 11.900 a 5.501 y los hurtos a residencias pasaron de 9.801 a 5.343.

Las masacres también presentaron una disminución: los casos bajaron de 27 a 22 y el número de víctimas pasó de 101 a 72, una reducción del 29 %.

Un balance con resultados contrastantes

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que los primeros tres meses de la administración de Abelardo de la Espriella estuvieron acompañados de aumentos importantes en problemáticas como el reclutamiento de menores, el confinamiento, el terrorismo y las afectaciones a la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, se registraron reducciones en delitos como el hurto, la trata de personas y el desplazamiento.

Los datos permiten comparar el comportamiento de distintos indicadores durante dos periodos de gobierno, pero por sí solos no determinan las causas de cada variación ni permiten atribuir todos los cambios a las decisiones de una administración. Para evaluar el impacto de la política de seguridad será necesario observar su evolución durante un periodo más amplio y analizar las condiciones territoriales y las acciones de los grupos armados.

El balance vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente frente a la protección de niños, niñas y adolescentes, la libertad de las comunidades rurales y las garantías para los integrantes de la Fuerza Pública.

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud (EBS), uno de los programas centrales de la estrategia de atención primaria impulsada por el Gobierno nacional. Un informe del organismo de control advierte dificultades para establecer con claridad cómo se utilizaron los dineros asignados y qué resultados se obtuvieron en los territorios, pese a que las transferencias superaron los 4,1 billones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos conocidos por Noticias RCN y divulgados por El Colombiano, entre diciembre de 2022 y junio de 2026 un total de 2.927 entidades recibieron recursos para financiar estos equipos. Sin embargo, la información disponible no permite reconstruir de manera precisa el recorrido de todo el dinero ni comprobar plenamente si la atención llegó a las comunidades que estaban contempladas como beneficiarias.

Los Equipos Básicos de Salud están conformados por profesionales y trabajadores del sector, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios. Su propósito es llevar servicios de prevención, promoción y atención primaria directamente a los hogares y comunidades, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde el acceso a los centros médicos puede ser limitado.

Cifras millonarias y recursos pendientes de ejecución

El reporte técnico de la Contraloría señala que las asignaciones realizadas a las entidades superaron los $4,1 billones durante el periodo evaluado. De ese total, los pagos efectuados se acercaron a los $3,9 billones, mientras que los compromisos reportados por las instituciones sumaron aproximadamente $1,5 billones.

Adicionalmente, el informe identificó reintegros por $15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones. Estas cifras evidencian la necesidad de revisar cómo avanzó la utilización de los recursos y qué parte de la financiación se tradujo efectivamente en actividades y servicios para la población.

La diferencia entre los montos asignados, pagados, comprometidos y pendientes de ejecución es uno de los aspectos que requiere mayor seguimiento. Para el organismo de control, es necesario contar con información verificable que permita determinar qué entidades desarrollaron las actividades previstas y cuál fue el destino de los dineros transferidos.

Los equipos habrían llegado a menos del 40 % de la población prevista

Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con la cobertura del programa. La Contraloría encontró indicios de que los Equipos Básicos de Salud aprobados y financiados habrían alcanzado a menos del 40 % de la población que se tenía proyectada atender.

Esto significa que existiría una diferencia considerable entre la cantidad de personas que se esperaba beneficiar y aquellas que posiblemente recibieron los servicios de los equipos en sus territorios. La cifra plantea interrogantes sobre la capacidad de implementación del programa y la efectividad de los recursos destinados a fortalecer la atención primaria.

No obstante, el porcentaje corresponde a indicios identificados por el organismo de control y no debe interpretarse como una medición definitiva de todos los servicios prestados en el país. Precisamente, las dificultades en los registros impiden establecer con mayor exactitud el alcance real de la estrategia.

Problemas en los sistemas de información dificultan el seguimiento

La Contraloría también identificó debilidades en la calidad, oportunidad y consistencia de los datos que las entidades responsables deben reportar en diferentes plataformas institucionales.

Entre los sistemas mencionados se encuentran el SECOP, utilizado para registrar información relacionada con la contratación pública; el SIAPS y el SISPRO, herramientas de información del sector salud.

Según el reporte, las inconsistencias y los retrasos en el cargue de información dificultan verificar los movimientos financieros, las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por los Equipos Básicos de Salud. Esta situación limita la posibilidad de establecer con precisión cómo se ejecutaron los recursos y si las instituciones cumplieron los objetivos para los cuales recibieron financiación.

La falta de información completa también complica la identificación de posibles diferencias entre los servicios reportados y la atención que realmente llegó a las comunidades.

La Contraloría pide fortalecer la vigilancia de los recursos

Ante este panorama, el organismo de control considera necesario reforzar el seguimiento financiero y operativo del programa, con el propósito de establecer cuánto dinero se ha ejecutado, qué actividades se han realizado y cuál ha sido la cobertura efectiva en las diferentes regiones del país.

El caso pone nuevamente bajo discusión la ejecución de los recursos públicos destinados al sistema de salud y la necesidad de que las inversiones se reflejen en servicios concretos para la ciudadanía. Aunque los Equipos Básicos de Salud fueron concebidos para acercar la atención médica a las comunidades más apartadas, los hallazgos muestran que todavía existen dificultades para comprobar el alcance de la estrategia y el uso de los recursos asignados.

Por ahora, la información conocida no establece por sí sola que exista apropiación irregular del dinero ni identifica responsables de un posible detrimento patrimonial. Lo que advierte la Contraloría son dificultades de trazabilidad, ejecución y cobertura que requieren verificaciones adicionales para determinar qué ocurrió con los más de $4,1 billones destinados al programa.

Una noche de rumba terminó en tragedia en el barrio San Javier, en la comuna 13 de Medellín. Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros dentro de una discoteca, luego de que un sujeto encapuchado ingresara al establecimiento y lograra evadir los controles de seguridad. Aunque varias personas intentaron detener al atacante y consiguieron quitarle el arma, este logró escapar. Posteriormente, dos hombres fueron capturados durante un operativo policial.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en la discoteca La Cura, ubicada en la calle 47A con carrera 98. La víctima fue identificada como Sergio Álvarez Jiménez, conocido como alias ‘Mello’, quien trabajaba como conductor de una plataforma de transporte y se encontraba en la barra del establecimiento cuando fue sorprendido por el agresor.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, el atacante llegó vestido con prendas oscuras y el rostro cubierto. Al ingresar, el detector de metales activó una alerta, por lo que el personal de vigilancia le pidió explicar qué objeto llevaba. El hombre aseguró que se trataba de un destornillador y lo entregó, pero no fue sometido a una segunda revisión.

Cuando los vigilantes le solicitaron que se retirara la capucha, el sujeto respondió que solamente iba a dar una vuelta por el lugar y que después saldría. De esta manera consiguió ingresar sin que detectaran el arma de fuego que llevaba consigo.

Una vez dentro, caminó hasta donde estaba Sergio Álvarez y disparó en cinco oportunidades. El hombre murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras los asistentes reaccionaban ante lo ocurrido.

El atacante fue desarmado, pero consiguió escapar

Después de cometer el crimen, el agresor intentó salir del establecimiento y dirigirse hacia una motocicleta negra que había dejado estacionada en el exterior. Sin embargo, el vehículo presentó una falla y no logró encenderlo.

La situación fue aprovechada por varias personas que se encontraban en el lugar, quienes lo enfrentaron y consiguieron quitarle la pistola. En medio del forcejeo, algunos ciudadanos intentaron retenerlo, pero el señalado responsable logró escapar antes de ser alcanzado.

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre abordó una segunda motocicleta en la que lo esperaba un presunto cómplice. Más adelante, este vehículo también fue abandonado y los involucrados continuaron la huida en una tercera motocicleta.

Los movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad, material que posteriormente fue revisado por los investigadores para reconstruir la ruta de escape e identificar a los posibles participantes.

Dos hombres fueron capturados durante la persecución

Con la información entregada por los testigos y el análisis de las grabaciones, la Policía desplegó un operativo en los alrededores de San Javier. Durante la persecución, los uniformados interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres, quienes fueron capturados.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Borja Piedrahita, de 24 años, y Juan Manuel Rivas Palacio, de 23. En el procedimiento las autoridades incautaron tres motocicletas y un arma de fuego, que habría sido la misma que la comunidad le quitó al atacante durante el forcejeo.

Las autoridades deberán establecer cuál fue la participación de cada uno de los capturados y determinar si alguno de ellos corresponde al hombre que disparó contra la víctima. La información disponible indica que el responsable material del homicidio consiguió escapar del lugar.

Investigan posibles retaliaciones entre estructuras delincuenciales

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el asesinato podría estar relacionado con retaliaciones o disputas entre grupos delincuenciales que operan en la comuna 13. Esta línea de investigación tendría en cuenta los antecedentes judiciales de la víctima, quien figuraba en un proceso por homicidio desde diciembre de 2016.

También se conoció que uno de los capturados, Brandon Borja Piedrahita, registra procesos judiciales anteriores por delitos como porte de armas de fuego, extorsión, hurto calificado y secuestro simple. El otro detenido no registraría antecedentes, según la información publicada.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen, establecer si hubo más personas involucradas y localizar al hombre que disparó contra Sergio Álvarez. El caso vuelve a poner la atención sobre los hechos de violencia registrados en establecimientos nocturnos de Medellín.