El Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para coordinar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, tendrá un nuevo gerente. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien llegará a la entidad después de la salida de Jaime Andrés Uribe, cuya renuncia fue solicitada y aceptada en medio de los cuestionamientos por los elevados costos de funcionamiento del organismo.

La decisión se conoció el viernes 13 de noviembre, luego de que se hicieran públicos los valores de la nómina mensual del Fondo Milagro, que alcanzaban aproximadamente los $765,6 millones, sin incluir primas ni prestaciones sociales. La cifra generó críticas por el monto de las remuneraciones asignadas a los directivos y coordinadores, especialmente porque la entidad contaba en ese momento con 26 trabajadores, aunque tenía capacidad para vincular hasta 130 personas.

El presidente De la Espriella había rechazado públicamente los pagos y ordenado reversar las decisiones relacionadas con esos salarios, al considerar que no correspondían a las directrices de austeridad de su administración. Posteriormente, confirmó que había solicitado la renuncia de Jaime Uribe y que esta había sido aceptada.

A través de un pronunciamiento, el mandatario sostuvo que los funcionarios de su Gobierno están sometidos a evaluación permanente y que ninguna persona tiene asegurada su permanencia en el cargo. También afirmó que, cuando se presentan errores administrativos, deben reconocerse y corregirse.

Los salarios que desataron la controversia

La polémica tomó fuerza después de que la senadora Kamelia Zuluaga divulgara información sobre los pagos asignados a los trabajadores del Fondo Milagro. Según los datos publicados por la congresista, el gerente Jaime Uribe recibía una remuneración mensual de $39,4 millones.

Por su parte, el secretario privado y los cuatro directores de área tenían asignados $36 millones mensuales cada uno, mientras que los 13 coordinadores de área recibían $33 millones. El coordinador regional tenía una remuneración de $30 millones, al igual que el coordinador de comunicaciones. Los profesionales técnicos, dependiendo de sus funciones, recibían entre $5,8 millones y $18,9 millones.

A estos valores se sumaba el costo de administración fiduciaria a cargo de Fiducoldex, cuya comisión mensual equivalía a 142 salarios mínimos, aproximadamente $248,6 millones antes de IVA. Al sumar este concepto con los gastos de nómina, el funcionamiento del Fondo Milagro superaba los $1.000 millones mensuales.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que no participó en la definición de los pagos, debido a que el Fondo funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por Fiducoldex. Por esa razón, sus trabajadores no son servidores públicos y sus relaciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.

Sin embargo, la entidad precisó que los recursos utilizados para cubrir estos gastos tienen origen público, por lo que el manejo administrativo y financiero continúa siendo objeto de atención y cuestionamientos.

¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo gerente?

El nuevo responsable del Fondo Milagro es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con especializaciones en Derecho de Empresa y Derecho Penal. Además, adelanta estudios doctorales en Derecho en la Universidad de Salamanca, España.

Su trayectoria en el sector público incluye su paso por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cartera que dirigió entre 2013 y 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Antes de ocupar ese cargo fue viceministro de Vivienda y también viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.

Henao igualmente desempeñó funciones en las secretarías generales de los ministerios del Interior, Justicia y Ambiente. En el sector privado ha trabajado como consultor en estrategia y gobierno corporativo.

También tuvo participación en la junta directiva de Ecopetrol desde marzo de 2025, donde ejerció como miembro independiente y presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. En julio de 2026 fue designado presidente de la junta directiva de la compañía.

El desafío de reconstruir las regiones afectadas

Con su llegada, Henao tendrá la responsabilidad de dirigir el mecanismo financiero creado para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, que afectó cerca de 500 municipios en 19 departamentos, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Su principal desafío será acelerar los procesos de contratación, garantizar la ejecución transparente de los recursos y convertir las partidas presupuestales en obras y ayudas concretas para las familias damnificadas.

La salida de Jaime Uribe también dejó bajo discusión el ritmo de ejecución de los recursos. En una respuesta entregada al Congreso, el entonces gerente había informado que el Fondo tenía aprobado un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, mientras que los procesos contractuales adelantados hasta ese momento sumaban $7.440 millones, equivalentes aproximadamente al 1,19 % de ese presupuesto.

Ahora, con Luis Felipe Henao al frente, el Gobierno deberá responder a las expectativas de las comunidades afectadas y demostrar que el Fondo Milagro puede avanzar en la reconstrucción sin que sus costos administrativos terminen opacando el propósito para el que fue creado.

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionada con señalamientos sobre posibles pagos y ofrecimientos económicos a exintegrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus testimonios. La decisión, fechada el 12 de noviembre de 2026, se produjo dentro de un expediente en el que el senador Iván Cepeda figuraba como denunciante.

El organismo investigador concluyó que, después de agotar las hipótesis y revisar los elementos probatorios recopilados, no encontró evidencias suficientes para establecer que los hechos denunciados hubieran ocurrido. Por esa razón, dispuso el archivo de las diligencias bajo la causal de inexistencia del hecho, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

¿Qué encontró la Fiscalía durante la investigación?

Dentro de las actuaciones se examinaron presuntas entregas de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, quienes habrían recibido ofrecimientos económicos a cambio de entregar declaraciones favorables o modificar sus versiones dentro de procesos judiciales.

Uno de los elementos revisados fue un negocio inmobiliario relacionado con Gabriel Muñoz Ramírez y el levantamiento de una hipoteca. Según la valoración de la Fiscalía, estas operaciones se realizaron entre 2009 y 2011 y respondían a un acuerdo comercial con justificación económica.

La entidad también tuvo en cuenta que las declaraciones que supuestamente habrían motivado los pagos fueron realizadas en 2015. Con base en el análisis de las fechas y los elementos disponibles, no encontró una relación probatoria que permitiera vincular las operaciones comerciales con un eventual soborno.

Asimismo, el despacho señaló que parte de la información sobre las supuestas entregas de dinero no contaba con respaldo suficiente y provenía de comentarios o rumores conocidos por uno de los declarantes durante su permanencia en un centro de reclusión.

En consecuencia, la Fiscalía determinó que no era posible establecer la existencia de los hechos denunciados ni acreditar la conducta de soborno en actuación penal.

La reacción de Álvaro Uribe

Tras conocerse la determinación, el expresidente celebró el resultado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Uribe manifestó que el archivo de esta investigación complementaba la absolución que había obtenido anteriormente del Tribunal Superior de Bogotá.

Su defensa también destacó la decisión como un resultado favorable dentro de las controversias judiciales que han rodeado los señalamientos sobre manipulación de testigos.

Por su parte, el caso se enmarca en una prolongada disputa judicial y política entre Uribe e Iván Cepeda, relacionada con las declaraciones de antiguos integrantes de estructuras paramilitares y los señalamientos sobre presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas.

El archivo no cierra definitivamente la posibilidad de reabrir el expediente

Aunque la Fiscalía ordenó el archivo de esta investigación, la determinación no impide que las diligencias puedan retomarse. La entidad dejó establecido que, si aparecen nuevas evidencias capaces de modificar las conclusiones, podrá reabrir la actuación mientras la acción penal continúe vigente.

También es importante diferenciar este expediente de otros procesos relacionados con Álvaro Uribe. La investigación archivada no equivale a una decisión general sobre todos los señalamientos que han sido formulados contra el exmandatario.

Por ejemplo, el caso principal por presunta manipulación de testigos tuvo un recorrido judicial independiente: el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena de primera instancia y esa decisión fue objeto de recursos de casación.

De igual manera, continúa siendo distinto el expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990, cuya investigación permanece en la Fiscalía.

Así, la decisión conocida el 14 de noviembre representa el cierre de una investigación concreta por presunto soborno a testigos y fraude procesal, pero no pone fin a todos los asuntos judiciales que han involucrado al expresidente.

La Policía Nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del subintendente Marcelo Miranda Cordero, quien permanecía en estado crítico luego de resultar gravemente herido durante un ataque armado contra una patrulla motorizada en Hato Corozal, Casanare. El uniformado murió en la madrugada del viernes 13 de noviembre, después de permanecer dos días bajo atención médica en Yopal.

El atentado ocurrió hacia las 7:30 de la noche del miércoles 11 de noviembre, cuando Miranda Cordero y el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas adelantaban labores de registro y control en el casco urbano del municipio. Según los primeros reportes, varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas interceptaron a los policías y dispararon en repetidas ocasiones contra ellos.

Como consecuencia de la agresión, el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el subintendente Miranda Cordero sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado inicialmente para recibir atención médica. Posteriormente, permaneció hospitalizado en el Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, donde los profesionales de salud realizaron procedimientos quirúrgicos para intentar salvarle la vida.

Su familia había solicitado el traslado a Bogotá

Durante los días en que permaneció hospitalizado, los familiares de Marcelo Miranda hicieron un llamado a las autoridades para agilizar su traslado a un centro médico de mayor complejidad en Bogotá, debido a la gravedad de las lesiones, especialmente en una de sus extremidades.

Lorena Miranda, hermana del uniformado, manifestó públicamente su preocupación por la demora en el proceso de remisión y señaló que la familia esperaba información clara sobre la disponibilidad del transporte aéreo y los trámites necesarios para concretar el traslado.

Aunque se contemplaba su remisión en un avión ambulancia, el subintendente falleció antes de que se conociera si este procedimiento había podido realizarse. Pese a los esfuerzos del personal médico y las intervenciones practicadas, su condición no logró estabilizarse.

Dos policías asesinados y una civil herida

Con la muerte de Marcelo Miranda Cordero, el ataque ocurrido en Hato Corozal dejó dos integrantes de la Policía Nacional fallecidos. La primera víctima fue el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, quien murió durante la agresión.

Además, una mujer civil resultó lesionada en medio del intercambio de disparos, aunque las autoridades informaron que sus heridas no comprometían su vida.

La Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares de ambos uniformados y manifestó su acompañamiento a sus seres queridos y compañeros de institución. El director de la institución también aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para llevar ante la justicia a quienes participaron en el crimen.

Autoridades buscan identificar a los responsables

Tras el atentado, las autoridades desplegaron capacidades de inteligencia e investigación criminal para establecer quiénes fueron los responsables, reconstruir la forma en que ocurrió el ataque y determinar las motivaciones detrás de la agresión.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de los atacantes ni la estructura criminal a la que podrían pertenecer. Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho que enluta a la Policía Nacional y genera preocupación entre los habitantes de Hato Corozal y el departamento de Casanare.