⚖️ El diputado Heyder Alexander Silva, del partido Alianza Verde, deberá abandonar su curul en la Asamblea de Casanare en los próximos días, luego de que el Consejo de Estado revocara la sentencia emitida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, cambiando así el rumbo del proceso judicial que definía su permanencia en la corporación.
📄 Aunque la decisión de segunda instancia ya fue adoptada, el texto completo del fallo aún no ha sido publicado ni notificado oficialmente a la defensa del diputado, debido a que todavía se encuentran pendientes las firmas de todos los magistrados que integran la sala correspondiente.
🏛️ Una vez se surta la publicación de la providencia y se cumplan los trámites administrativos respectivos, Silva tendrá que dejar su cargo y su lugar será ocupado por Holman Tolosa, quien continúa en la lista electoral y sería llamado a asumir la curul en la Asamblea Departamental.
🧑⚖️ Sin embargo, la defensa del diputado anunció que llevará el caso ante la Corte Constitucional con el objetivo de intentar revertir la decisión del alto tribunal, mediante los mecanismos jurídicos disponibles.
📌 Una situación similar se presenta con el caso del destituido alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, cuya defensa también busca que la Corte Constitucional revise la decisión adoptada por el Consejo de Estado que provocó su salida del cargo.
⚠️ El panorama jurídico dentro de la Asamblea de Casanare podría tener más movimientos. También se conoció que la diputada del Centro Democrático, Maricela Duarte, enfrenta un proceso relacionado con una demanda de pérdida de investidura, cuya decisión de primera instancia fue apelada y actualmente está siendo estudiada por la misma sala del Consejo de Estado.
🗳️ Esto significa que la continuidad de Duarte en la Asamblea también permanece bajo incertidumbre, a la espera de lo que determine la justicia administrativa en segunda instancia.
🔎 Los próximos días serán decisivos para la conformación política de la Asamblea de Casanare, pues los fallos pendientes y las posibles acciones ante la Corte Constitucional podrían modificar la integración actual de la corporación departamental.