“Es cobarde e indignante que MinSalud salga a vacaciones sin decretar UPC”: profesor de John Hopkins

Cada año, la definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se convierte en un tema central para las finanzas del sector salud en Colombia. Esta cifra, decretada por el Gobierno, impacta directamente en los recursos disponibles para el sistema sanitario, afectando la atención y los servicios a los que acceden los ciudadanos.

En el contexto de un 2024 marcado por la controversia, la definición de la UPC para el 2025 genera creciente preocupación. Durante el año, el sistema de salud enfrentó desafíos como la propuesta de reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuestionada por múltiples sectores y aún en debate en el Congreso. A esto se suma la intervención de las principales EPS, que atienden a la mayoría de la población, y problemas persistentes en el acceso a medicamentos esenciales, lo que evidencia una crisis en el sector.

Frente a esta situación, expertos han presentado propuestas de aumento para la UPC. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) sugiere un incremento del 16,9 %, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone un 16,4 %, cifras que, según ambas entidades, son necesarias para evitar un colapso del sistema.

Críticas al manejo del Ministerio de Salud

En medio de esta incertidumbre, el profesor Andrés Vecino, investigador de la Universidad John Hopkins, expresó su preocupación en una entrevista con Caracol Radio. Vecino criticó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por tomarse vacaciones antes de definir el aumento de la UPC, calificando esta decisión como «cobarde e indignante».

«La UPC representa el monto que el Gobierno destina por persona al sistema de salud. En el régimen contributivo, equivale a aproximadamente 1.400.000 pesos al año por paciente, y en el régimen subsidiado, 1.200.000. Esto significa que el sistema opera con un presupuesto diario de entre 3.500 y 4.000 pesos por persona, una cifra insuficiente para enfermedades crónicas como la diabetes, cuyo tratamiento puede costar hasta 7 millones de pesos al año sin incluir hospitalizaciones», explicó Vecino.

El académico enfatizó que, aunque históricamente se han identificado irregularidades en el manejo de recursos por parte de las EPS, la crisis actual también se debe a la falta de suficiencia presupuestaria. «Más del 50 % de los afiliados al sistema están bajo EPS intervenidas por el Gobierno, y los mismos interventores reconocen que los recursos no son suficientes», señaló.