El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha revelado detalles sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Este caso involucra presuntos desvíos de recursos destinados a la gestión de desastres para el enriquecimiento personal de algunos funcionarios.
Declaración de Desastre Nacional y Convenios Interadministrativos
El escándalo se remonta al 1 de noviembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto 2113, que declaraba una situación de desastre nacional debido al Fenómeno de La Niña. Este decreto permitió la creación de convenios interadministrativos con diversas entidades nacionales, gestionando recursos a través del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres sin los controles habituales. Esto facilitó el desvío de dinero que originalmente debía destinarse a la superación de la crisis por las lluvias.
Una investigación reveló que estos convenios comenzaron a firmarse en enero de 2023, dos meses después de la declaratoria de desastre, acumulando un valor superior a 600.000 millones de pesos. Los convenios más significativos incluyeron al Ministerio de Vivienda (218.500 millones de pesos), la Agencia Nacional de Tierras (201.500 millones de pesos) y el Ministerio de Educación (63.650 millones de pesos). Sin embargo, ninguno de los acuerdos fijó una zona de acción específica, lo que contraviene la ley que exige establecer áreas específicas afectadas.
Desviación de Fondos y Proyectos Irregulares
El convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) planeaba destinar 200.000 millones de pesos a la compra de predios, aunque el objetivo debía ser la prevención y atención de desastres. En la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector y el exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la fiscal Andrea Muñoz señaló que 100.000 millones