El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó que asumirá con “honor” y “un enorme sentido de responsabilidad” la coordinación del denominado empalme anticorrupción del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, asegurando que el proceso estará guiado por el rigor y la transparencia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Restrepo señaló que trabajará junto al presidente electo y un equipo de más de 750 expertos para adelantar la transición presidencial. En ese contexto, advirtió que “no habrá complacencias ni pactos de silencio” y anunció la realización de una auditoría forense para establecer el estado en que recibirán la administración pública el próximo 7 de agosto.

El equipo de empalme tendrá como misión revisar el funcionamiento de las entidades estatales, identificar posibles riesgos para los recursos públicos y elaborar diagnósticos que sirvan de base para las primeras decisiones del nuevo gobierno. Según el comunicado oficial, la estrategia busca garantizar una transición transparente y fortalecer los mecanismos de integridad institucional.

La designación de Restrepo fue anunciada por el movimiento Defensores de la Patria, que respaldó la candidatura de De la Espriella. El documento también confirmó que el presidente electo no acudirá a la Casa de Nariño antes de su posesión y que cualquier interacción con el Gobierno saliente se realizará a través de los equipos técnicos de empalme.

De acuerdo con el gobierno entrante, la lucha contra la corrupción será uno de los principales ejes de la administración que iniciará el 7 de agosto. Por ello, el empalme buscará evaluar el estado de los principales programas estatales, detectar eventuales irregularidades y establecer mecanismos de alerta temprana para la protección de los recursos públicos.

Intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc se registraron en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, en el norte del Cauca, generando momentos de pánico entre la población civil. Durante la operación, un avión de la Fuerza Pública que brindaba apoyo aéreo estuvo cerca de ser impactado mientras realizaba labores de seguimiento a los integrantes del grupo armado.

Videos grabados por habitantes de la zona muestran sobrevuelos de aeronaves militares mientras se escuchan ráfagas de fusil y explosiones. Comerciantes, estudiantes y familias buscaron refugio en sus viviendas ante la intensidad de los enfrentamientos, que se extendieron durante varios minutos.

Según versiones de la comunidad, la ofensiva militar se desarrolló contra integrantes del grupo ilegal que se movilizaban cerca del centro poblado. Algunos testigos aseguraron que un proyectil impactó un vehículo próximo a viviendas civiles, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esa información ni han entregado un balance oficial sobre posibles víctimas o capturas.

La confrontación ocurre en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el norte del Cauca, donde las operaciones de la Fuerza Pública y las acciones de las disidencias continúan afectando a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que enfrentan restricciones de movilidad y riesgos constantes por la presencia de actores armados.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la operación militar ni sobre las consecuencias de los combates, mientras la población permanece a la espera de información sobre la situación de seguridad en la zona.

Las autoridades rescataron a una niña de tres años que fue encontrada sola al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. El caso fue atendido luego de que vecinos alertaran sobre el llanto constante de la menor y la ausencia de un adulto responsable.

Al llegar al lugar, uniformados de la Policía Nacional ingresaron al inmueble y confirmaron que la niña permanecía sola, por lo que fue puesta bajo protección de las autoridades competentes para garantizar su bienestar.

Tras el rescate, la menor recibió valoración médica y fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó que su estado de salud es estable. Posteriormente, quedó bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que activó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono e identificar a los responsables del cuidado de la menor, quienes podrían enfrentar procesos judiciales por el presunto delito de abandono de incapaz.

El caso generó rechazo entre la comunidad y reavivó el llamado de las autoridades para denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.